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Peculado. Nulidad. Sentencia no profundiza análisis de estructura típica de la imputación

CORTE SUPREMA DE JUSTICIA DE LA REPÚBLICA
PRIMERA SALA PENAL TRANSITORIA

RECURSO DE NULIDAD N.° 1436-2017/LIMA
PONENTE: DR. JOSÉ LUIS LECAROS CORNEJO

Causales de nulidad

Sumilla. El artículo 298, inciso 1, del Código de Procedimientos Penales, establece que procede el recurso de nulidad “cuando en la sustentación de la instrucción o en la del proceso de juzgamiento, se hubiera incurrido en graves irregularidades u omisiones de trámites o garantías establecidas en la ley procesal penal”.

Lima, dieciséis de mayo de dos mil dieciocho

VISTO: el Recurso de Nulidad interpuesto por el procurador público contra la sentencia del veintidós de noviembre de dos mil dieciséis (foja cuatro mil setecientos setenta y seis), que ABSOLVIÓ de la acusación fiscal a LUIS ALBERTO PÉREZ PIÑAS, por el delito contra la administración pública-colusión, en agravio del Estado; y a JOSÉ AKAMINE OSHIRO, ROBERTO FRANCISCO ROTTA BISSO, JESÚS VILCA MASÍAS, JERRY FRANKLIN CAIRAMPOMA ÁVILA, HILDEBRANDO MIGUEL GUTIÉRREZ PONCE; JULIO CÉSAR REBAZA BERROCAL, ZENOVIO CHALCO MEZA y FRANCISCO GRIMALDO ZAPATA como autores del delito contra la administración pública-peculado, en agravio del Estado; y contra JOSÉ CANCIO CAMARENA DELGADO como cómplice del delito contra la Administración Pública-peculado, en agravio del Estado.

CONSIDERANDO

I. De la imputación

Primero. El fiscal, al formular su acusación (foja dos mil ochocientos sesenta y siete), sostiene que la imputación dirigida contra los procesados está relacionada con la construcción del Club Social Centromin Cupiche y los desembolsos que se habrían efectuado a favor del Club Social Deportivo Unión Minas. Para ello, los procesados participaron directa o indirectamente en el desvío de fondos de la empresa Centromin Perú S. A., otorgando préstamos de materiales y servicios al mencionado club hasta por US$ 228 900, pero sin contar con un sustento legal y en condiciones desfavorables para la empresa.

El informe de auditoría realizado por la Contraloría General de la República, determinó la existencia de gastos efectuados por las Unidades de Producción de Cerro de Pasco y Callao a favor del club social; gastos que se habrían efectuado entre los meses de junio y setiembre de mil novecientos noventa y nueve por actividades ajenas a la operatividad de las unidades de producción de la mencionada empresa. Asimismo, en mayo del mencionado año habrían girado US$ 15 000,00 de los fondos de la empresa agraviada, a favor del club social para premiar a cincuenta trabajadores por el desempeño de sus labores.

II. De la expresión de agravios

Segundo. El procurador público, al fundamentar su recurso de nulidad (foja cuatro mil ochocientos dos), sostiene que la sentencia adolece de motivación aparente porque los procesados fueron absueltos bajo el argumento de existir insuficiencia probatoria. Sin embargo, en la sesión del ocho de julio de dos mil dieciséis, los auditores de la Contraloría General de la República sustentaron que los gastos fueron encubiertos con documentos, facturas, guías de remisión y todo trabajo de equipo, buscando aparentar la mejoría de una unidad de la empresa agraviada, cuando en realidad estaba orientada a beneficiar a una entidad privada.

La imputación, además, se encuentra corroborada con la declaración de Elizabeth Higinio Ventocilla Ascarraz, representante legal de Covepa, cuando señaló que la única oportunidad que ha trabajado para Centromin Perú S. A., fue en Santa Eulalia, desde la construcción de los cimientos hasta la terminación total de la obra; todos los materiales fueron entregados por la empresa minera y únicamente ejecutó la mano de obra.

El hecho colusorio se acreditaría con el Informe Especial de la Contraloría General de la República, donde se evidencia que el procesado Luis Alberto Pérez Piña se valió de su condición de gerente general de Centromin Perú S. A., para suscribirla resolución contractual por mutuo disenso del contrato celebrado con el Club Social Cupiche (asociación civil privada), a través de la que habrían reconocido los gastos efectuados a favor del mencionado club; entre ellos el haber asumido la empresa estatal el pago de los tributos municipales. Por otro lado, la Sala Penal no ha merituado el accionar de cada uno de los procesados según el cargo que ostentaban.

Tercero. El artículo 298, inciso 1, del Código Procedimientos Penales, establece que procede recurso de nulidad: “Cuando en la sustentación de la instrucción o en la del proceso de juzgamiento, se hubiera incurrido en graves irregularidades u omisiones de trámites o garantías establecidas en la Ley Procesal Penal”. Dichas omisiones procesales se encuentran vinculadas a la inobservancia de las garantías del debido proceso, regulado en el artículo 139, inciso 3, de la Constitución Política del Perú.

Se entiende al “debido proceso” como la observancia de los derechos fundamentales esenciales del procesado, principios y reglas esenciales exigibles dentro del proceso como instrumento de tutela de los derechos subjetivos; y, a su vez, ostenta dos expresiones: formal y sustantiva. En la primera, los principios y reglas que lo integran tienen que ver con las formalidades establecidas, tales como el procedimiento preestablecido, el derecho de defensa y la motivación de resoluciones; en la segunda (faz sustantiva), se relaciona con los estándares de justicia, como son la razonabilidad y proporcionalidad que toda decisión judicial debe suponer, tal como lo ha remarcado el Tribunal Constitucional en el Expediente N.º 8125-2005-PHC-TC .

Cuarto. El Acuerdo Plenario N.° 6-2011/CJ-116 al hacer referencia a la motivación escrita de las resoluciones, en sus fundamentos jurídicos 11 y 12, respectivamente, señala:

Fundamento 11. La motivación de las resoluciones es una exigencia constitucional específica reconocida por el artículo 139.5 de la Ley Fundamental, y a la vez es un derecho que integra el contenido constitucionalmente garantizado de la garantía procesal de tutela jurisdiccional, que impone al juez la obligación de que las decisiones que emita han de ser fundadas en derecho. Las resoluciones judiciales deben ser razonadas y razonables en dos grandes ámbitos: 1. En la apreciación –interpretación y valoración– de los medios de investigación o de prueba, según el caso –se ha de precisar el proceso de convicción judicial en el ámbito fáctico–. 2. En la interpretación y aplicación del derecho objetivo. En este último ámbito, si se trata de una sentencia penal condenatoria –las absolutorias requieren de un menor grado de intensidad–, requerirá de la fundamentación: i) de la subsunción de los hechos declarados probados en el tipo legal procedente, con análisis de los elementos descriptivos y normativos, tipo objetivo y subjetivo, además de las circunstancias modificativas; y, ii) de las consecuencias penales y civiles derivadas, por tanto, de la individualización de la sanción penal, responsabilidades civiles, costas procesales y de las consecuencias accesorias.

Fundamento 12. En función a lo anterior, es evidente que la motivación, desde la perspectiva del deber de exhaustividad –decisión razonada del derecho vigente con relación a la pretensión esgrimida, de todos los puntos litigiosos, y en función de los hechos probados en el proceso–, tendrá lugar cuando la resolución judicial: 1. Carece llanamente de motivación, es decir, omite pronunciarse sobre las pretensiones y resistencias relevantes formuladas por las partes e impide conocer el desarrollo del juicio mental realizado por el juez y cuya conclusión es el fallo que pronuncia. 2. Es notoriamente insuficiente, vale decir, no se apoya en razones que permitan conocer cuáles fueron los criterios jurídicos esenciales que la fundamentan, cuya apreciación está en función al caso concreto. 3. Es arbitraria por ilógica, incoherente, incomprensible o contradictoria (supuestos de motivación aparente) –desconexión entre motivación y decisión, o ausencia de coherencia interna de la resolución–. En vía de impugnación, la sentencia de vista o la de casación exige una contestación individualizada a la motivación del recurso o a la pretensión impugnativa, aunque la motivación por remisión o implícita es tolerable en la media en que la parte de la decisión objeto de remisión esté razonablemente fundamentada (criterio establecido en la Casación N.° 05-2007/Huaura) (negrita nuestra).

Quinto. De la revisión de los actuados, se verifica que la sentencia se limita a desarrollar argumentos fácticos, sin ahondar en el desarrollo de la estructura típica de los delitos objeto de imputación, conforme se advierte en el fundamento jurídico F, cuando sostiene:

Luego de evaluado todo ello surge, entonces, la siguiente interrogante: ¿Actuaron o no todos los acusados en concierto de voluntades, en forma liberal, sin requerimiento alguno; es decir, de mottu propio, para beneficiarse con las acciones que el Cepri había ordenado, perjudicando deliberadamente así los intereses del Estado?
De la revisión de todos los actuados y especialmente del Acuerdo Cepri (signado con el número dieciséis guion noventa y ocho) se concluye con claridad meridiana que no.

En el fundamento jurídico H señala:

Frente a la inicial interrogante mencionada anteriormente, cabe también mencionar las reglas de la experiencia; es decir, aplicar, al caso concreto, hechos de la realidad cotidiana, que son públicos y notorios, con lo que se formula el segundo cuestionamiento: ¿Podía entonces, el funcionario o servidor de Centromin Perú, inejecutar, incumplir u omitir el Acuerdo Imperativo de la Cepri, signado con el número 16-98? La respuesta igualmente es “no”, en forma inconcusa o inobjetable, desee que un funcionario público o servidor de la Administración Pública, siempre cuida su puesto laboral, ya que el sustento diario, el hacer caso omiso o ignorar el acuerdo acotado implicaría, en buena cuenta, que el superior jerárquico informara por escrito de cualquier funcionario o servidor que fuera renuente, reluctante u obstruyera el proceso de privatización ya iniciado por el supremo Gobierno, poniendo, en consecuencia, en riesgo, su estabilidad laboral; situación que, evidentemente, tenían muy presente los acusados.

En el fundamento jurídico J, al hacer referencia al Informe Pericial Contable y al documento emitido por la Contraloría General de la República, del análisis genérico se determinó que eran diametralmente opuestos (negrita nuestra); por ello, nos encontramos ante una motivación aparente que vulnera el debido proceso y se incurre en la causal de nulidad regulada en el inciso 1, artículo 298, del Código de Procedimientos Penales.

DECISIÓN

Por estas razones, de conformidad con lo dictaminado por el fiscal, declararon NULA la SENTENCIA del veintidós de noviembre de dos mil dieciséis (foja cuatro mil setecientos setenta y seis), que ABSOLVIÓ de la acusación fiscal a LUIS ALBERTO PÉREZ PIÑAS del delito contra la Administración Pública-colusión, en agravio del Estado; a JOSÉ AKAMINE OSHIRO, ROBERTO FRANCISCO ROTTA BISSO, JESÚS VILCA MASÍAS, JERRY FRANKLIN CAIRAMPOMA ÁVILA, HILDEBRANDO MIGUEL GUTIÉRREZ PONCE, JULIO CÉSAR REBAZA BERROCAL, ZENOVIO CHALCO MEZA y FRANCISCO GRIMALDO ZAPATA, como autores del delito contra la Administración Pública-peculado, en agravio del Estado; y contra JOSÉ CANCIO CAMARENA DELGADO, como cómplice del delito contra la Administración Pública-peculado, en agravio del Estado. DISPUSIERON se lleve a cabo un nuevo juzgamiento por otro Colegiado; debiendo remitirse la causa al Tribunal de origen para los fines de ley correspondientes. DISPUSIERON se haga saber a las partes apersonadas en esta Sede Suprema.

Interviene el Doctor Cevallos Vegas, por licencia del Doctor Castañeda Espinoza.

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