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CORTE SUPREMA DE JUSTICIA DE LA REPÚBLICA

SALA PENAL TRANSITORIA
RECURSO DE NULIDAD N.º 370-2019
LIMA SUR

ABSOLUCIÓN POR PRUEBA INSUFICIENTE

Sumilla. En este caso, la materialidad del delito de robo con agravantes se encuentra acreditada; sin embargo, la prueba actuada no es suficiente para sustentar la condena impuesta al acusado. En consecuencia, se mantiene el derecho fundamental a la presunción de inocencia que le asiste y debe ser absuelto.

Lima, cuatro de junio de dos mil veinte

VISTO: El recurso de nulidad interpuesto por la defensa del sentenciado WILSON WALTER PEREDO MORE contra la sentencia del veintisiete de noviembre de dos mil dieciocho (foja 1071), emitida por la Sala Penal Transitoria de la Corte Superior de Justicia de Lima Sur, que lo condenó como autor del delito de robo con agravantes, en perjuicio de Servicentro Alameda Sociedad Anónima Grifo Pecsa de Villa Chorrillos y Sonilda Peña Auccasi; y, como tal, le impuso quince años de pena privativa de libertad y fijó en cuatro mil soles el importe de la reparación civil que deberá pagar a las agraviadas (tres mil y mil soles, respectivamente). Con lo expuesto por el fiscal supremo en lo penal.

Intervino como ponente la jueza suprema CASTAÑEDA OTSU.

CONSIDERANDO AGRAVIOS FORMULADOS EN EL RECURSO DE NULIDAD

PRIMERO. La defensa del sentenciado WILSON WALTER PEREDO MORE, en su recurso de nulidad (foja 1101), solicitó se absuelva a su patrocinado, con base en los siguientes agravios:

1.1. Se condenó a Peredo More únicamente con la declaración preliminar del testigo Oscar Jesús Montero Montes de Oca y el reconocimiento que efectuó, testigo que en juicio oral manifestó que fue inducido por los miembros de la
Policía.

1.2. La agraviada Sonilda Peña Auccasi no sindicó directamente a su patrocinado, por lo que su declaración es insuficiente y no cumple con los presupuestos del Acuerdo Plenario N.° 2-2005/CJ-116, además, carece de corroboraciones periféricas.

1.3. El acta de registro personal, comiso e incautación carece de legitimidad, pues solo se realizó en presencia de la policía y no del fiscal.

1.4. Su patrocinado, en todo momento, negó su participación en los hechos incriminados.

IMPUTACIÓN FÁCTICA Y JURÍDICA

SEGUNDO. Conforme con la acusación fiscal (foja 392), su aclaración (foja 443) y la requisitoria oral (foja 1055), se imputó a Wilson Walter Peredo More la presunta comisión de cuatro robos; no obstante, la Sala Superior lo absolvió de tres de ellos y lo condenó, únicamente, por el siguiente hecho:

El veintidós de setiembre de dos mil cinco, a las 2:40 horas, aproximadamente, Peredo More, junto con otros sujetos desconocidos, llegó al servicentro Grifo Pecsa (ubicado en la Alameda Sur, manzana Q, lote 11, urbanización San Juan Bautista, en el distrito de Chorrillos) a bordo del vehículo de placa de rodaje AIP-400, tomó del cuello a la agraviada Sonilda Peña Auccasi y, bajo amenazas, se apoderaron de mil quinientos soles producto de las ventas y, luego, huyeron del lugar.

Este hecho guardaría conexión con el presunto robo del vehículo de placa de rodaje AIP-400 (marca Peugeot, modelo Sedan, año 1996, color azul), ocurrido el veintiuno de setiembre de dos mil cinco, a las 21:40 horas, aproximadamente, en agravio de Víctor Raúl Rodríguez Monteza, cuando conducía por la calle Gibertio cuadra 01, la Calera de La Merced, en el distrito de Surquillo, el cual fue utilizado para el robo objeto de condena.

El fiscal superior precisó que el trece de enero de dos mil seis, a las 9:30 horas, aproximadamente, personal policial de la División de Investigación Criminal lo capturó en inmediaciones del inmueble ubicado en el sector 3, grupo 13, manzana D, lote 12, en el distrito de Villa El Salvador, y se le halló una réplica de pistola Piero Beretta, color plateado y negro, seis envoltorios de papel periódico con pasta básica de cocaína con un peso de 0,45 gramos y dos envoltorios de papel periódico con cannabis sativa-marihuana, con un peso neto de 2,18 gramos.

TERCERO. Los hechos fueron tipificados por el fiscal superior en el delito de robo (artículo 188 del Código Penal), con las circunstancias agravantes especificadas en los incisos 2 (durante la noche), 3 (empleo de arma) y 4 (pluralidad de agentes), previstos en el artículo 189 del acotado Código. Señaló que le correspondía veintiún años de pena privativa de libertad por cada uno de los hechos atribuidos y, por ser un concurso real de delitos, solicitó la pena de treinta y cinco años1. Por concepto de reparación civil solicitó tres mil soles y mil soles a favor de Servicentro Alameda S. A. Grifo Pecsa de Villa Chorrillos y Sonilda Peña Auccasi, respectivamente.

FUNDAMENTOS DE LA SALA PENAL SUPERIOR PARA CONDENAR

CUARTO. Respecto a los hechos cometidos en agravio del Grifo Pecsa y Sonilda Peña Auccasi, la Sala Superior dio por acreditada la materialidad del delito y la responsabilidad de Wilson Walter Peredo More, con base en que la agraviada Peña Auccasi manifestó haber sido víctima de un violento robo por parte de cuatro sujetos, quienes con armas de fuego la redujeron cuando laboraba en el citado grifo, y le arrebataron el dinero de la venta de combustible.

Estos hechos, a su criterio, se corroboran con la declaración del testigo presencial Oscar Jesús Montero Montes de Oca, quien sindicó directamente al acusado como uno de los autores del robo, y con la declaración del efectivo policial Edwin Morales Bautista, quien participó como instructor y señaló que la declaración del citado testigo se realizó con las garantías de ley.

CONSIDERACIONES DEL SUPREMO TRIBUNAL

Sustento normativo y jurisprudencial

QUINTO. El principio de presunción de inocencia, consagrado en el literal e, inciso 24, artículo 2, de la Constitución Política, prescribe que toda persona es considerada inocente mientras no se haya declarado judicialmente su responsabilidad2. Conforme con la doctrina y jurisprudencia, sus dimensiones en el proceso penal son las de principio y como regla: de tratamiento, probatoria y de juicio. Como regla probatoria exige la actuación de suficiente prueba de cargo directa o indiciaria sobre la existencia del hecho y la intervención del acusado. Como regla de juicio, que si luego de la valoración de la prueba el juzgador no llega a la certeza sobre la culpabilidad del acusado, debe declarar su inocencia.

SEXTO. El delito materia de acusación y condena es el de robo, previsto y sancionado en el artículo 188 CP, conforme con el cual: “El que se apodera ilegítimamente de un bien mueble, total o parcialmente ajeno, para aprovecharse de él, sustrayéndolo del lugar en que se encuentra, empleando violencia contra la persona o amenazándola con un peligro inminente para su vida o integridad física, será reprimido con pena privativa de libertad no menor de tres ni mayor de ocho años«.

SÉPTIMO. Conforme con el Acuerdo Plenario 3-2009/CJ-116, este delito tiene como nota esencial —que lo diferencia del delito de hurto— el empleo, por el agente, de violencia o amenaza contra la persona —no necesariamente sobre el titular del bien mueble—. La conducta típica, por tanto, integra el apoderamiento de un bien mueble, total o parcialmente ajeno, con la utilización de violencia física o intimidación sobre un tercero. Esto es, la violencia o amenazas —como medio para la realización típica del robo— han de estar encaminadas a facilitar el apoderamiento o a vencer la resistencia de quien se opone al apoderamiento. En consecuencia, la violencia es causa determinante del desapoderamiento y está siempre orientada a neutralizar o impedir toda capacidad de actuación anterior o de reacción concomitante de la víctima que pueda obstaculizar la consumación del robo.

OCTAVO. En cuanto a las circunstancias agravantes, que en este caso son: los incisos 2 (durante la noche), 3 (empleo de arma) y 4 (pluralidad de agentes), del artículo 189, del CP, representan diferentes condiciones o indicadores que circundan o concurren a la realización del delito. Su eficacia común se manifiesta como un mayor desvalor de la conducta ilícita realizada o como una mayor intensidad de reproche hacia el delincuente, con la cual se justifica el incremento de la punibilidad y penalidad que corresponde aplicar al autor o partícipe del hecho punible3.

Análisis del caso concreto

NOVENO. En atención a los agravios formulados por la defensa de Peredo More en el recurso de nulidad, se tiene que estos se centran en cuestionar la valoración realizada por la Sala Superior sobre la declaración incriminatoria del testigo Oscar Jesús Montero Montes de Oca, alegando que si bien lo sindicó en la etapa de investigación, en juicio oral se retractó e indicó que fue inducido por personal policial para reconocerlo como autor de un robo que no cometió y que además no existirían otras pruebas en su contra, pues la agraviada Sonilda Peña Auccasi no lo reconoció como partícipe del hecho atribuido.

DÉCIMO. En efecto, conforme con la declaración policial de la agraviada Sonilda Peña Auccasi (foja 22), trabajadora del Grifo Peccsa de Villa Chorrillos, manifestó que el veintidós de setiembre de dos mil cinco, al promediar las 02:45 horas, cuando se encontraba sentada al lado de un surtidor, sintió que una persona de sexo masculino la sujetó de los cabellos, le apuntó con un revólver y, bajo amenazas, la llevó al Minimarket y sustrajo setecientos soles de la venta del día y cien soles que tenía en su bolsillo; luego abordó un vehículo color azul con lunas polarizadas con otros tres sujetos. Su versión solo permite corroborar el modo y las circunstancias en que fue perpetrado el robo, mas no la participación de Peredo More, en la medida de que por los actos de violencia ejercidos en su contra no pudo reconocer a nadie.

DECIMOPRIMERO. Es por ello que la prueba de cargo fundamental y que sirvió de sustento para la condena de Peredo More fue la declaración incriminatoria del testigo presencial Montero Montes de Oca, por lo que corresponde ser analizada conforme con los requisitos señalados en el Acuerdo Plenario N.° 2-2005/CJ-1164 y, de este modo, estar en condiciones de concluir si constituye o no una prueba válida de cargo que desvirtúe la presunción de inocencia del referido acusado.

DECIMOSEGUNDO. El citado acuerdo plenario establece tres requisitos que dan valor a la sindicación del coacusado, testigo o agraviado: a) Ausencia de incredibilidad subjetiva, es decir, que no existan relaciones entre el coacusado o agraviado e imputado basadas en el odio, resentimientos, enemistad u otras que puedan incidir en la parcialidad de la deposición que, por ende, le nieguen aptitud para generar certeza. b) Verosimilitud, que no solo incide en la coherencia y solidez de la propia declaración, sino que esta debe estar rodeada de ciertas corroboraciones periféricas de carácter objetivo, que la doten de aptitud probatoria. c) Persistencia en la incriminación de sus afirmaciones en el curso del proceso. Esta debe estar referida al núcleo de la imputación que sustenta la tesis acusatoria.

DECIMOTERCERO. En cuanto a la ausencia de incredibilidad subjetiva, no existen pruebas de una situación o relación preexistente a los hechos imputados, que pueda haber generado entre el testigo o algún familiar de este y el sentenciado, enemistad o sentimientos de venganza por parte de estos que justifiquen una sindicación inicial en su contra.

DECIMOCUARTO. Respecto a la persistencia en la declaración del testigo, se observa que Oscar Montero Montes de Oca prestó su declaración preliminar, con presencia del fiscal, el dieciséis de enero de dos mil seis (foja 24), en la cual refirió que el día de los hechos se encontraba en el Grifo Pecsa en compañía de su enamorada Luisa, y observó que un vehículo color azul, marca Peugeot frenó intempestivamente al costado del minimarket, del cual bajaron cuatro sujetos premunidos con armas de fuego, por lo que trataron de retirarse del lugar. No obstante, uno de los sujetos, bajo amenazas, los llevó al surtidor, donde dormía una empleada del grifo, a quien condujo al minimarket, de donde se llevaron una bolsa con monedas de una caja y luego se dieron a la fuga. Asimismo, mediante Acta de reconocimiento físico (foja 32), también llevada a cabo con presencia del fiscal, reconoció al acusado Wilson Walter Peredo More, como aquel que se le acercó y lo amenazó con un arma de fuego.

El citado testigo, en el juicio oral, si bien se ratificó en el modo y las circunstancias en que se produjo el robo, se retractó de haber reconocido al acusado Peredo More como uno de los autores del mismo. Así, se tiene que de forma literal señaló:

“¿Podría, usted, señalar por qué se retracta?” Dijo: “Porque yo tengo familia, recuerdo que ese día me llevaron a la comisaría y me dijeron que habían hecho varios estudios de Inteligencia y que ya sabían quiénes eran las personas que habían participado en el robo […]. Estoy cansado de que me estén citando, así que he venido a declarar […]. Un policía me decía que lo sindicara al acusado porque ellos ya habían investigado […]. Eran más de cuatro, no vi más, solo agaché la cabeza por temor a que me pase algo […]. Era chibolo y no era consciente”.

DECIMOQUINTO. Su versión guarda concordancia con lo consignado en el Atestado N.° 009-2006-DIRINCRI-PNP/DIVINROB-D3-E4, conforme con el cual la policía tuvo conocimiento, por información confidencial, de que uno de los presuntos autores del hecho en agravio del Grifo Pecsa y Sonilda Peña Auccasi, ocurrido el veintidós de setiembre de dos mil cinco, sería el acusado Peredo More, ello explica por qué su captura se produjo luego de casi cuatro meses de ocurrido el hecho delictivo (trece de enero de dos mil seis).

Además, se tiene en cuenta que la declaración incriminatoria y el reconocimiento físico efectuado por este testigo en contra del citado acusado se llevaron a cabo el dieciséis de enero de dos mil dieciséis; esto es, después de que fue detenido. Una valoración distinta de los hechos se efectuaría si la declaración y el reconocimiento se hubiesen llevado a cabo antes de la captura del acusado.

DECIMOSEXTO. En relación a la verosimilitud de la declaración del testigo Montero Montes de Oca, para que tenga aptitud probatoria debe estar rodeada de ciertas corroboraciones periféricas de carácter objetivo, las que son valoradas, incluso, si este se retracta de su versión inicial.

Sobre este requisito, como se ha indicado, la declaración policial de la agraviada Sonilda Peña Auccasi solo corrobora el extremo de la versión del testigo respecto al modo y las circunstancias en que fue perpetrado el robo, mas no brinda un dato objetivo acerca de la participación del acusado en el hecho.

DECIMOSÉTIMO. Por otro lado, según la acusación, la vinculación del acusado con el robo fue que en su realización se utilizó el vehículo de placa de rodaje AIP-400 (marca Peugeot, modelo Sedan, año 1996, color azul), que un día antes fue sustraído al agraviado Víctor Raúl Rodríguez Monteza. Sin embargo, en el atestado policial ya referido, se indicó que el vehículo utilizado para el robo del grifo tenía como placa BQD.-781. Para la policía se trataría de una placa presuntamente clonada; no obstante, esta conclusión no fue acreditada con la pericia respectiva y no pasa de ser una simple sospecha. Por lo tanto, en este extremo tampoco existe un dato objetivo que permita vincular al acusado con los hechos, más aún si el acusado fue absuelto del cargo respecto al robo en perjuicio del citado Rodríguez Monteza.

DECIMOCTAVO. Por las razones anotadas, la sindicación inicial del testigo Montero Montes de Oca no es suficiente para sustentar una condena; por el contrario, se requiere de elementos de prueba que la corroboren, lo que en este caso no ha ocurrido. Es por ello que ante la insuficiencia de pruebas de cargo que demuestren de modo fehaciente la responsabilidad del acusado Peredo More, su derecho fundamental a la presunción de inocencia se mantiene y debe ser absuelto de la acusación fiscal.

DECIMONOVENO. Finalmente, con relación a la situación jurídica de Peredo More, se precisa que conforme con sus antecedentes penales (foja 621) y a lo establecido en el fallo condenatorio por la Sala Superior, registra una condena de veinte años impuesta en el expediente N.° 491-20115, la cual vencerá el primero de setiembre de dos mil treinta y tres, y se encuentra en ejecución. Ahora bien, como se decreta su absolución, debe ordenarse su libertad en el presente proceso, lo cual no genera su excarcelación, pues se mantiene su privación de libertad por la pena impuesta ya referida.

DECISIÓN

Por estos fundamentos, los jueces y las juezas integrantes de la Sala Penal Transitoria de la Corte Suprema de Justicia de la República, ACORDARON:

I. Declarar HABER NULIDAD en la sentencia del veintisiete de noviembre de dos mil dieciocho, emitida por la Sala Penal Transitoria de la Corte Superior de Justicia de Lima Sur que condenó a WILSON WALTER PEREDO MORE como autor del delito de robo agravado, en perjuicio del Servicentro Alameda Sociedad Anónima Grifo Pecsa de Villa Chorrillos y Sonilda Peña Auccasi; y, como tal, le impuso quince años de pena privativa de libertad y fijó en cuatro mil soles el importe de la reparación civil que deberá pagar a las agraviadas (tres mil y mil soles, respectivamente); y, REFORMÁNDOLA, lo ABSOLVIERON de la acusación fiscal. DISPUSIERON la anulación de los antecedentes penales, policiales y judiciales generados en su contra como consecuencia de este proceso y se archive definitivamente.

II. ORDENAR se oficie y se cursen las comunicaciones correspondientes para la inmediata libertad de WILSON WALTER PEREDO MORE, en este proceso, debiendo tenerse presente lo expuesto en el decimonoveno considerando de la presente ejecutoria.

III. MANDAR se oficie al Tribunal Superior para los fines de ley y se haga saber a las partes apersonadas en esta Sede Suprema.

Intervino el juez supremo Castañeda Espinoza por licencia de la jueza suprema Pacheco Huancas.


1 En caso de concurso real de delitos, conforme con el artículo 50 del Código Penal, la pena concreta no puede exceder de treinta y cinco años, si es pena privativa de libertad temporal. Artículo 50. Cuando concurran varios hechos punibles que deban considerarse como otros tantos delitos independientes, se sumarán las penas privativas de libertad que fije el juez para cada uno de ellos, hasta un máximo del doble de la pena del delito más grave, no pudiendo exceder de treinta y cinco años. Si alguno de estos delitos se encuentra reprimido con cadena perpetua se aplicará únicamente esta.

2 Una disposición de desarrollo del mandato constitucional se encuentra en el artículo II, del Título Preliminar, del Código Procesal Penal, el cual precisa de una suficiente actividad probatoria de cargo, obtenida y actuada con las debidas garantías procesales, para desvirtuar este principio- derecho fundamental; y que, en caso de duda sobre la responsabilidad penal, debe resolverse a favor del imputado.

3 PRADO SALDARRIAGA, Víctor Roberto. Delitos y penas. Una aproximación a la parte especial. Lima: Ideas Solución Editorial, 2017, p. 117.

4 Asunto. Requisitos de la sindicación del coacusado, testigo o agraviado, del 30 de septiembre de 2005.

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