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TID. Presunción de inocencia. No basta la sola presencia en el lugar de los hechos
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CORTE SUPREMA DE JUSTICIA DE LA REPÚBLICA

PRIMERA SALA PENAL TRANSITORIA 
RECURSO DE NULIDAD N.° 1020-2016
SAN MARTÍN

La duda en la responsabilidad atribuida conlleva a la absolución

Sumilla. La presunción de inocencia, como derecho que asiste al encausado, prevalecerá en el caso de generarse duda respecto a la responsabilidad, lo que implica su absolución.

Lima, veinticuatro de julio de dos mil diecisiete

VISTO: el recurso de nulidad formulado por la defensa del sentenciado don Felipe Isminio Lao (folios doscientos ochenta a doscientos ochenta y cuatro), con los recaudos adjuntos.
Intervino como ponente en la decisión el señor Salas Arenas, juez de la Corte Suprema.

OÍDO: el informe oral.

1. DECISIÓN CUESTIONADA

La sentencia de quince de diciembre de dos mil quince (folios doscientos sesenta y nueve a doscientos setenta y siete), emitida por la Sala Penal Liquidadora de San Martín-Tarapoto, de la Corte Superior de Justicia de San Martín, que condenó a don Felipe Isminio Lao como autor del delito de violación sexual de menor, en agravio de la adolescente identificada con iniciales T. P. G.; le impuso la pena de diez años de privación de libertad, y fijó por concepto de reparación civil la suma de dos mil nuevos soles a favor de la agraviada.

2. FUNDAMENTOS DEL RECURSO

Solicita se le absuelva en mérito a que:

2.1. La sentencia acusa falta de razonabilidad y logicidad, y dice basarse en los Acuerdos Plenarios N.os 1-2001/CJ-116 y 2-2005/CJ-116, al haber desestimado la versión exculpatoria brindada por la agraviada en el juicio oral.

2.2. El relato de la víctima con relación al suceso, no ha sido acreditado y no se entiende por qué no pidió ayuda al encontrarse en un lugar público y tampoco por qué no se registraron lesiones si, como refirió, el ultraje se produjo con violencia.

2.3. La agraviada no dio a conocer el indicado ultraje cuando se suscitó sino hasta cuatro días después; asimismo, la versión de que fue abandonada en el alojamiento por el imputado fue desmentida por la hermana de la víctima, doña Gina Paola Pinchi Gómez, quien refirió que el día de los hechos la vio a las diecinueve horas con el imputado en la discoteca.

2.4. Por otro lado, el encargado del alojamiento, don Segundo Justo Paredes Murrieta, señaló que en horas de la tarde le alquiló una habitación al encausado, quien regresó luego de una hora, pero que no vio que ingresara, menos vio a la agraviada; además, la cama de la habitación no mostraba señales de haber sido usada y tampoco escuchó bullicio alguno.

2.5. El DNI que se encuentra registrado en el alojamiento no le corresponde.

2.6. Tampoco se ha valorado que la víctima afirmó que el imputado apagó la luz, lo que resulta extraño dado que el hecho en apariencia ocurrió a las diecisiete horas, aproximadamente, hora en la que hay luz natural.

2.7. El móvil de la denuncia fue por la fuerte presión de la madre, dado que la víctima no le pudo explicar el por qué se separó de su hermana mayor en la discoteca y regresó al anochecer.

2.8. Finalmente, al momento de pasar el reconocimiento médico legal, presenta desfloración antigua y no se evidencian lesiones traumáticas recientes, por lo que la retractación de la víctima en juicio oral es razonable.

3. SINOPSIS FÁCTICA DE LA IMPUTACIÓN

Conforme con los términos de la acusación y requisitoria fiscal, se atribuye a don Felipe Isminio Lao, el delito de violación sexual de menor, en agravio de la adolescente identificada con las iniciales T. P. G.

El hecho concreto se circunscribe a que el veinticuatro de junio de dos mil cinco, cuando la menor se encontraba en la discoteca La Kumba, el imputado se le acercó y salieron a conversar al exterior. Ya afuera, se tomaron de la mano y subieron a una motocar para ir a una pollería. Después, con engaños, la hizo ingresar a un alojamiento ubicado en el jirón Picota N.° 670, en el distrito de Picota, donde la lanzó a la cama y procedió a asegurar la puerta de ingreso. Le indicó que sostendrían relaciones sexuales, y ante la negativa de esta, la sujetó de las manos, le alzó la falda y quitó su ropa interior, para practicarle el acto sexual en una sola oportunidad. Luego de ello, el imputado se retiró y la dejó abandonada en el lugar, acto seguido la menor retornó a la discoteca.

CONSIDERANDO

PRIMERO. SUSTENTO NORMATIVO

1.1. Es principio y derecho de la función jurisdiccional la observancia del debido proceso y la tutela jurisdiccional, conforme lo señala el inciso tercero, del artículo ciento treinta y nueve, de la Constitución Política del Estado; así como el artículo ocho de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, aprobada y ratificada por el Estado peruano.

1.2. El numeral cinco, del artículo ciento treinta y nueve, de la Constitución Política del Perú, establece que las decisiones judiciales deben ser motivadas.

1.3. El numeral tres, del primer párrafo, del artículo ciento setenta y tres, del Código Penal –modificado por la Ley N.° 28251–, sanciona con pena privativa de libertad no menor de veinte años ni mayor de veinticinco, al que tiene acceso carnal por vía vaginal, anal o bucal, o realiza otros actos análogos introduciendo objetos o partes del cuerpo por alguna de las dos primeras vías, con un menor cuya edad oscile entre diez y menos de catorce años.

1.4. El artículo sesenta y dos del Código de Procedimientos Penales determina que la investigación policial previa que se hubiera llevado a cabo con intervención del Ministerio Público, constituye elemento probatorio que deberá ser apreciado, en su oportunidad, por los jueces y tribunales, conforme con lo dispuesto en el artículo doscientos ochenta y tres del Código.

1.5. El artículo doscientos ochenta, del Código de Procedimientos Penales, señala que en la sentencia debe evaluarse el conjunto probatorio.

1.6. El Acuerdo Plenario N.° 02-2005/CJ-116, de treinta de septiembre de dos mil cinco, establece que la declaración incriminatoria de la agraviada tiene entidad para ser considerada como prueba válida de cargo y, por ende, virtualidad procesal para enervar la presunción de inocencia del imputado; siempre y cuando no se adviertan razones objetivas que invaliden sus afirmaciones, por lo que se debe tener en cuenta la ausencia de incredibilidad subjetiva, debiendo descartarse las relaciones basadas en el odio, resentimiento o enemistad; es decir, sentimientos que puedan condicionar una declaración contraria a la verdad; verosimilitud, es decir, no solo coherencia y solidez de la propia declaración sino la corroboración periférica; persistencia en la incriminación, aunque el cambio de versión no necesariamente inhabilita la apreciación judicial de la declaración.

1.7. En la Sentencia del Tribunal Constitucional –de trece de octubre de dos mil ocho– recaída en el Expediente Número setecientos veintiocho-dos mil ocho-PHC/TC-Lima, caso Giuliana Flor de María Llamoja Hilares, se señaló que el texto constitucional establece expresamente, en su artículo segundo, inciso veinticuatro, literal e, que: “Toda persona es considerada inocente mientras no se haya declarado judicialmente su responsabilidad […]. Este dispositivo constitucional supone, en primer lugar, que por el derecho a la presunción o estado de inocencia toda persona es considerada inocente antes y durante el proceso penal; es precisamente mediante la sentencia firme que se determinará si mantiene ese estado de inocencia o si, por el contrario, se le declara culpable; mientras ello no ocurra, es inocente; y, en segundo lugar, que el juez ordinario, para dictar esa sentencia condenatoria, debe alcanzar la certeza de culpabilidad del acusado, y esa certeza debe ser el resultado de la valoración razonable de los medios de prueba practicados en el proceso penal. El principio in dubio pro reo , por otro lado, significa que en caso de duda sobre la responsabilidad del procesado, debe decidir por lo que sea más favorable a este (la absolución por contraposición a la condena). Si bien es cierto que el principio in dubio pro reo no está expresamente reconocido en el texto de la Constitución, también lo es que su existencia se desprende tanto del derecho a la presunción de inocencia, que sí goza del reconocimiento constitucional, como de la defensa de la persona humana y el respeto de su dignidad, fin supremo de la sociedad y del Estado (artículo uno de la Carta Fundamental)”.

SEGUNDO. ANÁLISIS JURÍDICO FÁCTICO

2.1. La doctrina procesal ha considerado, objetivamente, que para imponer una condena es preciso que el juzgador haya llegado a la certeza respecto a la responsabilidad penal del encausado, la cual solo puede ser generada por una actuación probatoria suficiente, que permita crear, en él, la convicción de culpabilidad; sin la cual no es posible revertir la inicial condición de inocencia que tiene todo acusado dentro del proceso; ello implica que, para ser desvirtuada, se exige una mínima actividad probatoria efectivamente incriminatoria, producida con las debidas garantías procesales y de la cual pueda deducirse la culpabilidad del procesado, puesto que, “[…] los imputados gozan de una presunción iuris tantum ; por tanto, en el proceso ha de realizarse una actividad necesaria y suficiente para convertir la acusación en verdad probada; […] asimismo, las pruebas deben haber posibilitado el principio de contradicción y haberse actuado […], con escrupuloso respeto a las normas tuteladoras de los derechos fundamentales” .

2.2. El Colegiado Superior llegó a la conclusión de condena sobre la base de lo declarado por la víctima a escala preliminar y de instrucción (folios siete y cuarenta), quien refirió que el encausado la hizo salir de la discoteca La Kumba, donde se encontraba con su hermana doña Gina Pinchi Gómez y su cuñado, y ya afuera, mediando engaño, la llevó hasta un alojamiento en el que abusó sexualmente de ella, para luego dejarla abandonada en dicha habitación.

2.3. La testigo Pinchi Gómez ratificó a escala preliminar y de instrucción (folio diez y treinta y ocho), parte de lo señalado por la víctima, respecto a que acudieron a la discoteca aproximadamente a las dieciséis horas, y es en el interior que el imputado se acercó a la menor. Asimismo, este aprovechó que salió a bailar con su esposo y después de ello ya no vio a ninguno de los dos.
Por otro lado, el testigo don Segundo Justo Paredes Murrieta (cuartelero del alojamiento Picota), corroboró también parte de lo dicho por la agraviada, en cuanto el imputado estuvo en la localidad de Picota y alquiló una habitación en horas de la tarde (cfr. folios doce y cincuenta y siete).

2.4. No obstante, las manifestaciones primigenias de la víctima y el respaldo parcial con relación a la presencia del acusado en la discoteca y en el alojamiento Picota, referido por los testigos antes señalados; sin embargo, la prueba para corroborar la violencia sexual, de quien dijo haber sido su primera relación sexual, es el reconocimiento médico legal, y en este se concluyó que el veintiocho de junio de dos mil cinco, es decir, cuatro días después del hecho denunciado, la víctima presentaba “desfloración antigua”.

2.5. Los tratados de sexología forense establecen que para que la desfloración sea considerada como antigua, debe haber transcurrido más de ocho días desde el acceso carnal, lo que no se condice con el relato de la víctima y el resultado del examen médico.

2.6. Aunque el mencionado examen no fue expedido por un profesional del Departamento de Medicina Legal sino por la médico del Hospital Rural de Picota, perteneciente al Ministerio de Salud de la Región San Martín, no fue materia de cuestionamiento por parte de la Fiscalía ni tampoco analizado por los señores jueces superiores en el contexto que corresponde. Aun si se tratase de un error en el criterio del médico a cargo (dado que también presentaba vulvovaginitis ), por no habérsele examinado adecuadamente en la instrucción, limitándose a ratificar su examen, aquella negligencia no puede ir contra el reo.

2.7. Por otro lado, a escala del juzgamiento la víctima se retractó de la imputación y refirió que mintió y el encausado nunca la ultrajó; también agregó que a la edad de doce años sostuvo relaciones sexuales con un vecino en la ciudad de Lima (cfr. folio doscientos cincuenta y tres), lo que explicaría por qué en las conclusiones del reconocimiento médico legal aparece la referencia indicada en el apartado 2.4. y, a la vez, genera duda en relación a la conducta atribuida al acusado.

2.8. El acusado mantuvo firme su negativa respecto a la relación sexual; mientras que la imputación no ha sido persistente.

2.9. En cuanto al principio in dubio pro reo : “[…] es incuestionable que […] es un corolario del principio madre que es el de la ‘presunción de inocencia’. […] el valor cognoscitivo jurídico de la duda en el proceso penal radica en que no se ha logrado establecer fidedignamente ni la verdad ni el error respecto de la culpabilidad del procesado a causa de la insuficiencia de los elementos probatorios; en cuanto a su efecto, que viene a ser la absolución del procesado, se parece a la inocencia probada; pero, en cuanto a su fundamento, difiere totalmente, por cuanto en la duda no se ha probado plenamente la inocencia, pero tampoco fehacientemente la culpabilidad. La duda resulta, a nuestro juicio, del hecho de que el juzgador ha logrado solamente el grado probable del conocimiento respecto de la culpabilidad del procesado, de modo que la trayectoria del conocimiento hacia la verdad objetiva tiene mucho todavía de error como de verdad; por lo tanto, resulta riesgoso condenar a alguien sin haber establecido nítidamente que es el culpable; entonces, en aras de evitar el riesgo de resultar condenado un inocente, se ha optado porque en tal circunstancia el procesado sea absuelto […]” .

2.10. El razonamiento efectuado por el Colegiado Superior para condenar al encausado se basó únicamente en el relato proporcionado por la agraviada a escala preliminar y de instrucción; sin embargo, en consideración al análisis antes desarrollado, no se ha llegado a la certeza suficiente y se mantiene la duda razonable respecto de la responsabilidad del encausado, correspondiendo, en consecuencia, por serle favorable, la absolución de los cargos formulados en su contra.

DECISIÓN

Por ello, de conformidad con lo opinado por la Fiscalía Suprema en lo Penal, impartiendo justicia a nombre del pueblo, los integrantes de la Primera Sala Penal Transitoria ACORDARON:

I. Declarar HABER NULIDAD en la sentencia del quince de diciembre de dos mil quince, emitida por la Sala Penal Liquidadora de San Martín-Tarapoto, de la Corte Superior de Justicia de San Martín, que condenó a don Felipe Isminio Lao como autor del delito de violación sexual de menor, en agravio de la adolescente identificada con las iniciales T. P. G.; le impuso la pena de diez años de privación de libertad, y fijó por concepto de reparación civil la suma de dos mil nuevos soles a favor de la agraviada.

II. REFORMAR la sentencia, y ABSOLVER al encausado de los cargos formulados en la acusación fiscal por el delito imputado.

III. ORDENAR la inmediata libertad del encausado, siempre y cuando no subsista en su contra orden o mandato de detención emanado por autoridad competente, procediéndose a la anulación de sus antecedentes policiales y judiciales, como consecuencia del presente proceso.

IV. DISPONER el archivo definitivo del proceso, y se oficie en el día a la Sala Penal Liquidadora de San Martín-Tarapoto, de la Corte Superior de Justicia de San Martín, para los fines de la excarcelación respectiva. Tómese razón y los devolvieron. Interviene la señora jueza suprema Chávez Mella, por licencia del señor Prado Saldarriaga.

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