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CORTE SUPREMA DE JUSTICIA DE LA REPÚBLICA

PRIMERA SALA PENAL TRANSITORIA
RECURSO DE NULIDAD N.° 1740-2016
CALLAO

La prueba indiciaria en el proceso penal

Sumilla. La configuración de la prueba indiciaria requiere de características tales como seriedad, rigor y consistencia, y principalmente que estén correlacionados entre sí.

Lima, once de julio de dos mil diecisiete

VISTO: el recurso de nulidad formulado por la encausada doña Vanessa Velásquez Aguilar (folios mil setenta y cinco a mil setenta y nueve), con los recaudos adjuntos.

Interviene como ponente en la decisión el señor Salas Arenas, juez de la Corte Suprema.

1. DECISIÓN CUESTIONADA

La sentencia del veinte de mayo de dos mil dieciséis (folios mil cuarenta y dos a mil cincuenta y dos), emitida por la Tercera Sala Penal, de la Corte Superior de Justicia del Callao, que por mayoría condenó a doña Vanessa Velásquez Aguilar como autora del delito de lavado de activos en grado de tentativa, en perjuicio del Estado, y como tal, le impuso cuatro años de privación de libertad suspendida en su ejecución por el periodo de tres años, bajo de reglas de conducta , así como, cien días multa, y veinte mil soles que por concepto de reparación civil deberá pagar a favor de la parte agraviada, y ordenó el decomiso a favor del Estado de la suma de cien mil euros.

2. FUNDAMENTOS DEL RECURSO

La recurrente solicitó se declare la nulidad de la sentencia, en mérito a que:

2.1. Se acreditó con suficiencia la procedencia lícita del dinero, el cual provino de las operaciones comerciales que realizó la empresa peruana Exportaciones Vivanco SAC y la empresa venezolana Corporación Ramírez y Seijas C. A.

2.2. Aunque en el contrato de suministro se precisó que todo pago sería bancarizado, la situación político financiera de Venezuela, obligó a que las referidas empresas obvien los términos de dicho contrato y busquen una salida alternativa para realizar los pagos aplazados.

2.3. No se valoró adecuadamente la pericia oficial, puesto que en ningún momento se precisó la existencia de un desbalance patrimonial, por el contrario, concluyó que el dinero provino de operaciones comerciales.

2.4. Finalmente, resulta errado, que el Colegiado Superior considere los indicios y el Informe de la UIF como prueba suficiente para condenarla, cuando fueron desvirtuados.

3. SINOPSIS FÁCTICA

Según los términos del dictamen acusatorio y requisitoria oral, se atribuyó a la encausada el delito de lavado de activos en la modalidad de transporte de dinero.

El veintisiete de setiembre de dos mil doce, aproximadamente a las nueve horas, la encausada arribó a Lima (al aeropuerto Jorge Chávez) procedente de Venezuela. Fue seleccionada aleatoriamente para pasar control aduanero, y al preguntársele si portaba dinero por un monto mayor a los diez mil dólares americanos, manifestó que no, afirmación que también realizó al llenar el formato de Declaración Jurada de Equipaje-Ingreso de Aduanas-SUNAT; sin embargo, al ser revisado con el equipo BODY SCAN (rayos x) se detectó una imagen densa a la altura de su vientre por debajo del pantalón; momento en que la intervenida aceptó que llevaba veinticinco mil euros camuflados en su cuerpo y setenta y cinco mil euros en el equipaje.

Al realizar el registro personal, apertura y revisión de equipaje, se verificó la existencia de doscientos billetes de quinientos euros cada uno (de los cuales, cincuenta billetes fueron hallados en su cuerpo, y ciento cincuenta en el equipaje) haciendo un total de cien mil euros, cuya licitud no fue probada en el plazo de setenta y dos horas ante la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF).

4. OPINIÓN DE LA FISCALÍA SUPREMA EN LO PENAL

Mediante Dictamen N.° 1320-2016 (folios treinta y tres a treinta y siete del cuadernillo formado en esta instancia), la Segunda Fiscalía Suprema en lo Penal opinó que se declare no haber nulidad en sentencia condenatoria impugnada.

CONSIDERANDO

PRIMERO: SUSTENTO NORMATIVO (en adelante SN)

1.1. En el artículo dieciséis del Código Penal (en adelante CP), se señala que en la tentativa el agente comienza la ejecución de un delito, que decidió cometer, sin consumarlo; por lo que el juez reprimirá dicha acción al disminuir prudencialmente la pena.

1.2. En el artículo tres del Decreto Legislativo número mil ciento seis, se sanciona con no menos de ocho ni más de quince años de pena privativa de libertad y con ciento veinte a trescientos cincuenta días multa, al que transporte o traslade, dentro del territorio nacional, dinero o títulos valores cuyo origen ilícito conoce o debía presumir, con la finalidad de evitar la identificación de su origen, incautación o decomiso, o hace ingresar o salir del país tales bienes con igual finalidad.

1.3. En el artículo doscientos ochenta del Código de Procedimientos Penales (en adelante C. de PP.) se precisa que en la sentencia debe evaluarse el conjunto probatorio.

1.4. En el artículo doscientos ochenta y cinco del C. de PP., se establecieron los presupuestos para la sentencia condenatoria, precisándose que deben apreciarse las declaraciones de los testigos o de las otras pruebas en que se funda la culpabilidad, las circunstancias del delito y la pena principal que debe sufrir el reo.

1.5. En el fundamento cuarto del Recurso de Nulidad número mil novecientos doce guion dos mil cinco/PIURA, citado en el Acuerdo Plenario número uno guion dos mil seis/ESV-22, del trece de octubre de dos mil seis, se estableció como precedente vinculante que los requisitos que han de cumplirse al valorarse la prueba indiciaria está en función tanto al indicio, en sí mismo, como a la deducción o inferencia, respecto de los cuales ha de tenerse el cuidado debido, en tanto que lo característico de esta prueba es que su objeto no es directamente el hecho constitutivo del delito, tal y como está regulado en la ley penal, sino otro hecho intermedio que permita llegar al primero por medio de un razonamiento basado en el nexo causal y lógico existente entre los hechos probados y los que se tratan de probar; y respecto al indicio que:

(a) El hecho base ha de estar plenamente probado por los diversos medios de prueba que autoriza la ley, pues, de lo contrario, sería una mera sospecha sin sustento real alguno.

(b) Deben ser plurales o excepcionalmente únicos, pero de una singular fuerza acreditativa.

(c) Deben ser concomitantes al hecho que se trata de probar –los indicios deben ser periféricos respecto al dato fáctico a probar y, desde luego, no todos lo son.

(d) Deben estar interrelacionados, cuando sean varios, de modo que se refuercen entre sí y que no excluyan el hecho consecuencia –no solo se trata de suministrar indicios, sino que estén imbricados entre sí–; que es de acotar que no todos los indicios tienen el mismo valor, pues en función a la mayor o menor posibilidad de alternativas diversas de la configuración de los hechos –ello está en función al nivel de aproximación respecto al dato fáctico a probar– pueden clasificarse en débiles y fuertes, en que los primeros únicamente tienen un valor acompañante y dependiente de los indicios fuertes, y solos no tienen fuerza suficiente para excluir la posibilidad de que los hechos hayan ocurrido de otra manera –esa es, por ejemplo, la doctrina legal sentada por el Tribunal Supremo español en la Sentencia del veinticinco de octubre de mil novecientos noventa y nueve que aquí se suscribe–; que en lo atinente a la inducción o inferencia, es necesario que sea razonable, esto es, que responda plenamente a las reglas de la lógica y de la experiencia, de suerte que de los indicios surja el hecho consecuencia y que entre ambos exista un enlace preciso y directo […]”.

SEGUNDO: ANÁLISIS JURÍDICO FÁCTICO

2.1. El colegiado condenó a la encausada operando con prueba indiciaria recabada durante toda la investigación y actuada en el juzgamiento oral.

2.2. En el caso materia de análisis, se acreditó la materialidad del hecho delictivo, con el arribo de la encausada, desde la República Bolivariana de Venezuela, al aeropuerto Jorge Chávez del Perú, momento en que se halló la suma de cien mil euros, tal como se describió en el acta fiscal de veintisiete de setiembre de dos mil doce y la de apertura y registro de equipaje, conteo de dinero, incautación y lacrado del dinero .

2.3. La defensa alegó que el dinero tuvo origen lícito, por cuanto, provino de las operaciones comerciales entre la empresa peruana Exportaciones Vivanco S. A. C. y la empresa venezolana Corporación Ramírez y Seijas C. A. y que la licitud del dinero se corroboraría con el contenido del Informe Pericial Contable en el que se indicó que el dinero corresponde a una transacción comercial; al respecto, en el informe de Unidad de Inteligencia Financiera de la Superintendencia de Banca y Seguros , se señaló que la empresa venezolana Corporación Ramírez & Seijas C. A., no registraba autorización para transferir fondos de CADAVI .

2.4. Aunado a ello, se aprecia contradicción en el contrato realizado por ambas empresas, conforme se indicó en el Informe de Inteligencia financiera de la SBS , ya que en la cláusula cuarta de dicho contrato se precisó que se deberían cumplir las normas de bancarización y que no se reconocerían pagos que pretendan realizarse en efectivo o fuera de cuenta corriente. Por lo que resultó poco razonable que la encausada alegue que se trató de una transacción comercial, menos aún cuando no contaba con permiso para realizar dicha transacción.

2.5. Asimismo, se valoró que a lo largo del proceso la encausada incurriera en contradicciones respecto al origen del dinero incautado; a escala policial refirió que el dinero fue producto del comercio de compra y venta de ropa de vestir; sin embargo, inicialmente no mencionó a los representantes legales de las empresas, lo que posteriormente citó en su declaración indagatoria, donde precisó que recibió dinero de don Hernán Ramírez Seijas, representante legal de la empresa Corporación Ramírez Seijas.

2.6. Por tanto, la encausada evidenció su pretensión de ocultar el dinero, pues negó que lo traía consigo y en el equipaje, dado que hizo declaración negativa , lo que se corroboró con el contenido del acta de incautación y hallazgo, al describir que el dinero hallado se encontraba camuflado en parte de su cuerpo, tampoco indicó en primer momento el origen pretendidamente licito que luego alegó.

2.7. En consecuencia, se acreditó que la encausada ocultó el dinero para ingresarlo al Perú; existieron contradicciones en la versión de la encausada, puesto que la empresa venezolana no estaba autorizada para transferir fondos, indicios que se encontraron correlacionados de conformidad con el Acuerdo Plenario número uno-dos mil seis/ESV-veintidós (ver apartado 1.5 del SN), y que permite concluir que la encausada intentó hacer entrar subtérfugamente dinero cuyo origen ilícito conocía razón por la que lo ocultó.

2.8. Aunque, los hechos imputados a la encausada revisten gravedad lo cual ameritaría mayor penalidad ya que el delito se encuentra sancionado con no menos de ocho ni más de quince años de privación de libertad y con ciento veinte a trescientos cincuenta días multa, motivo por el cual en la acusación se solicitó se imponga ocho años de privación de libertad, sin embargo, la decidida resulta incorrecta dado que se debía realizar una disminución prudencial de la dimensión al tratarse de un delito en grado de tentativa, dicha detracción debió ser moderada y no desmesurada; no obstante, en aplicación del principio de interdicción de la reforma peyorativa, no se puede modificar la condena incrementando el castigo impuesto ya que el señor Fiscal Superior no formuló recurso impugnatorio; en consecuencia la dimensión fijada deberá mantenerse.

DECISIÓN

Por ello, impartiendo justicia a nombre del pueblo, de conformidad con lo opinado por el señor Fiscal Supremo en lo Penal, los miembros integrantes de la Primera Sala Penal Transitoria de la Corte Suprema de Justicia de la República, ACORDARON:

DECLARAR NO HABER NULIDAD en la sentencia del veinte de mayo de dos mil dieciséis, emitida por la Tercera Sala Penal, de la Corte Superior de Justicia del Callao, que condenó a doña Vanessa Velásquez Aguilar como autora del delito de lavado de activos en grado de tentativa, en perjuicio del Estado, y como tal, le impuso cuatro años de pena privativa de libertad, suspendida por el periodo de tres años bajo el cumplimiento de reglas de conducta, así como, cien días multa, fijó en veinte mil soles el monto que por concepto de reparación civil deberá pagar a favor de la parte agraviada, y ordenó el decomiso a favor del Estado de la suma de cien mil euros.

Tómese razón y los devolvieron.

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