TID. No resulta suficiente indicar que en su condición de conviviente conociera sobre la actividad ilícita que realizaba el sentenciado.
29 julio, 2020
Plazo Razonable. Su influencia en la suspensión de la pena.
30 julio, 2020

La declaración del coimputado es una prueba sospecha cuando persigue alcanzar beneficios legales o procesales.

CORTE SUPREMA DE JUSTICIA DE LA REPÚBLICA

SALA PENAL PERMANENTE
RECURSO DE NULIDAD N.° 1778-2019
ICA

Tráfico ilícito de drogas, vigencia de la acción penal, declaración del coimputado e insuficiencia probatoria.

La evaluación conjunta de los actuados refleja que el sentenciado Ángel Trillo Chalco incriminó originalmente al procesado RUFINO YDELSO FARFÁN PORTILLA como responsable del delito de tráfico ilícito de drogas, en su condición de “pasero”. Después, arguyó que solo fue consumidor y no supo del accionar ilícito. Y, en último lugar, se retractó y reveló haber mentido, porque sintió temor. No fue convocado al juicio oral respectivo con el propósito de que rinda su declaración y explique estas incongruencias. Tal omisión procesal, no es atribuible al justiciable. En ese sentido, no se aprecia un relato lineal y persistente de lo sucedido, con datos fácticos precisos, concretos y/o detalles compatibles que permitan hacer una correlación intrínseca entre una declaración y otra.

En resguardo del principio de legalidad, solo corresponde declarar la culpabilidad de un agente cuando la hipótesis criminal ha alcanzado un grado de confirmación razonable, en atención a los elementos de juicio disponibles.

En consecuencia, este Tribunal Supremo establece que la prueba de cargo edificada principalmente sobre la declaración de un coimputado es insuficiente para desvirtuar el derecho fundamental de presunción de inocencia del acusado RUFINO YDELSO FARFÁN PORTILLA. Por ello, en aplicación del artículo 284 del Código de Procedimientos Penales, la sentencia condenatoria será revocada y, reformándola, corresponde absolverlo de los cargos atribuidos.

Lima, veinte de julio de dos mil veinte

VISTOS: el recurso de nulidad interpuesto por el encausado RUFINO YDELSO FARFÁN PORTILLA contra la sentencia de fojas setecientos veintiocho, del veintitrés de mayo de dos mil diecinueve, emitida por la Segunda Sala Penal de Apelaciones y Liquidadora de la Corte Superior de Justicia de Ica, que lo condenó como autor del delito contra la salud pública-tráfico ilícito de drogas, en agravio del Estado, a siete años de pena privativa de libertad y fijó como reparación civil la suma de dos mil quinientos soles; con lo demás que contiene.

De conformidad en parte con el dictamen del señor fiscal supremo en lo penal.

Intervino como ponente el señor juez supremo COAGUILA CHÁVEZ.

CONSIDERANDO

§ I. Expresión de agravios

Primero. El procesado RUFINO YDELSO FARFÁN PORTILLA, en su recurso de nulidad de fojas setecientos setenta y tres, del seis de junio de dos mil diecinueve, precisó tres cuestionamientos. En primer lugar, la declaración del testigo impropio Ángel Trillo Chalco no fue persistente y, por el contrario, este último se retractó, lo que motivó la absolución de los imputados María Trillo Chalco y Pedro Campos Ángeles. En segundo lugar, no fue encontrado en el lugar de la intervención policial y, menos aún, en posesión de drogas. En tercer lugar, los hechos acaecieron el dieciséis de mayo de mil novecientos noventa y siete, por lo que, teniendo en cuenta lo previsto en el segundo párrafo del artículo 296 del Código Penal, la acción penal ha prescrito.

Finalmente, solicitó su absolución de los cargos incriminados o, subsidiariamente, la prescripción respectiva.

§ II. Imputación fiscal

Segundo. Conforme a la acusación fiscal de fojas doscientos setenta y nueve, del seis de noviembre de mil novecientos noventa y ocho, los hechos penalmente relevantes son:

2.1. El dieciséis de mayo de mil novecientos noventa y siete, aproximadamente a las 22:30 horas, personal policial de la SEANDRO- Chincha tomó conocimiento de que en el centro poblado Huayabo, distrito de El Carmen, se comercializaba droga. De este modo, se inició un operativo en coordinación con el representante del Ministerio Público.

2.2. Se intervino el domicilio de los procesados Ángel Trillo Chalco, María Trillo Chalco y RUFINO YDELSO FARFÁN PORTILLA. La segunda y el tercero eran convivientes. Se encontraron doscientos sesenta envoltorios y un paquete mediano embalado con cinta adhesiva que contenía droga. Además, se incautaron veinticinco papeles manteca, cincuenta papeles de periódico recortados, treinta bolsas de plástico, una balanza romana, billetes de diferente denominación por un monto total de S/ 150 (ciento cincuenta soles) y un revólver calibre veintidós milímetros. El Dictamen Pericial de Química número 3137/97 determinó que las muestras analizadas corresponden a pasta básica de cocaína con un peso neto de 340 g (trescientos cuarenta gramos); mientras que el Dictamen Pericial de Balística Forense número 2339/97 estableció que el arma de fuego ubicada presentó características de haber sido utilizada para disparos.

§ III. Fundamentos del Tribunal Supremo

Tercero. Previamente a dilucidar la materia controvertida, cabe reseñar los antecedentes procesales de la causa penal.

3.1. En primer lugar, mediante sentencia de fojas trescientos veintidós, del veintinueve de diciembre de mil novecientos noventa y ocho, se condenó a Ángel Trillo Chalco como autor del delito de tráfico ilícito de drogas, en agravio del Estado, a siete años de pena privativa de libertad y se fijó como reparación civil la suma de S/ 2500 (dos mil quinientos soles); y se absolvió a María Luz Trillo Chalco de la acusación fiscal por el mismo delito y agraviado. Además, se reservó el juzgamiento a Pedro Campos Ángeles y RUFINO YDELSO FARFÁN PORTILLA.

El Tribunal Superior estableció que María Luz Trillo Chalco negó su participación delictiva y, además, Ángel Trillo Chalco sostuvo que ella no tuvo conocimiento de sus actividades ilícitas.

Trasciende del acta de fojas trescientos veintiocho, que no se promovió impugnación.

3.2. En segundo lugar, a través de la sentencia de fojas trescientos ochenta y uno, del diecisiete de mayo de mil novecientos noventa y nueve, se absolvió a Pedro Campos Ángeles de la acusación fiscal por el delito de tráfico ilícito de drogas, en perjuicio del Estado.

La Sala Penal Superior determinó que Pedro Campos Ángeles rechazó su vinculación criminal; asimismo, en sede preliminar, Ángel Trillo Chalco efectuó una sindicación genérica, la cual fue modificada en la confrontación realizada en la etapa de instrucción; adicionalmente, no fluyen otros elementos de cargo.

Emerge del acta de fojas trescientos ochenta y cinco, que el señor fiscal superior expresó su conformidad con la sentencia absolutoria. Quien sí recurrió fue la parte civil, por escrito de fojas trescientos ochenta y siete, del diecisiete de mayo de mil novecientos noventa y nueve.

A su turno, la Sala Penal de la Corte Suprema de Justicia de la República, mediante ejecutoria suprema número 1064-97/Lima, de fojas trescientos noventa y uno, del doce de octubre de mil novecientos noventa y nueve, declaró no haber nulidad en la sentencia aludida.

Cuarto. La impugnación formalizada por el acusado RUFINO YDELSO FARFÁN PORTILLA conlleva que este Tribunal Supremo disgregue su análisis jurisdiccional en dos tópicos, la vigencia de la acción penal y el juicio de responsabilidad penal.

El orden metodológico seguido es conforme al detalle anotado.

A. De la vigencia de la acción penal

Quinto. El principio de legalidad, de un lado impide acudir a un tipo penal no vigente en la fecha de la comisión delictiva, salvo el caso en que fuera más favorable, y de otro lado hace imposible imponer una pena superior a la prevista entonces para aquel delito1.

El hecho criminal se suscitó el dieciséis de mayo de mil novecientos noventa y siete. Esta data es la referencia temporal para la aplicación de la ley penal.

Así, para determinar si la potestad persecutora del Estado se encuentra o no vigente, concierne remitirse al sustento normativo contemplado en el texto original del artículo 296 del Código Penal, que estipulaba una pena privativa de libertad no menor de ocho ni mayor de quince años. Ello según la calificación jurídica propuesta por el representante del Ministerio Público.

Al respecto, el artículo 80, primer párrafo, del Código Penal, prevé que: “La acción penal prescribe en un tiempo igual al máximo de la pena fijada por la ley para el delito, si es privativa de libertad”. Por su parte, el artículo 83, último párrafo, del Código Penal estatuye que: “La acción penal prescribe, en todo caso, cuando el tiempo transcurrido sobrepasa en una mitad el plazo ordinario de prescripción”.

El cálculo que dimana de dichas disposiciones normativas es el siguiente: el plazo de prescripción ordinario era de quince años, mientras que el plazo de prescripción extraordinario fue de veintidós años y seis meses.

El resultado del cotejo entre la fecha del evento incriminado, dieciséis de mayo de mil novecientos noventa y siete, y el cómputo de prescripción extraordinario mencionado, evidencia que la acción penal contra RUFINO YDELSO FARFÁN PORTILLA, por el delito de tráfico ilícito de drogas, solo estuvo vigente hasta el quince de noviembre de dos mil diecinueve; por ende, es indudable que en la actualidad se ha extinguido por prescripción.

Sexto. Es cierto que el señor fiscal supremo en lo penal emitió opinión en el sentido de prescribir la acción penal. Sin embargo, en el caso, con el propósito de afianzar el derecho fundamental a la presunción de inocencia, consagrado en el literal e) del numeral 24 del artículo 2 de la Constitución Política del Estado, es preferible y recomendable emitir pronunciamiento de fondo, en observancia de la jurisprudencia expedida en esta Sede Suprema2.

B. Del juicio de responsabilidad penal

Séptimo. La Sala Penal Superior, en la sentencia condenatoria, expresó en síntesis las siguientes conclusiones:

7.1. La versión inicial de Ángel Trillo Chalco, sobre la vinculación delictiva del procesado RUFINO YDELSO FARFÁN PORTILLA, tiene mayor relevancia y credibilidad; se corrobora con las actas de registro domiciliario, comiso, incautación, pesaje y lacrado, y con la pericia de análisis químico.

7.2. El sentenciado Ángel Trillo Chalco se contradijo en su retractación, que resulta poco creíble. Asimismo, todos han vivido en el mismo domicilio y tienen vínculos familiares, por lo que es ilógico que no tuvieran conocimiento de la pasta básica de cocaína.

7.3. El imputado RUFINO YDELSO FARFÁN PORTILLA no se puso a disposición de la autoridad judicial, aun cuando su esposa María Trillo Chalco fue juzgada, y huyó por veintidós años.

Octavo. Sobre lo glosado, conviene efectuar las siguientes precisiones:

8.1. Las actas de fojas treinta y cuatro, treinta y seis, y treinta y nueve, con presencia del fiscal provincial, y el Dictamen Pericial de Química número 3137/97 de fojas ciento ochenta y cinco, objetivamente, solo demuestran la materialidad del tráfico ilícito de drogas. En modo alguno vinculan inexcusablemente a RUFINO YDELSO FARFÁN PORTILLA con el hallazgo de estupefacientes o instrumentos afines para su comercialización. No se efectuaron inferencias adicionales para probar aquello. En todo caso, él no fue mencionado en los documentos y, si bien la intervención policial y fiscal se produjo en su domicilio, no consta que haya estado presente durante esta. Nótese que quien sí se encontraba en el lugar fue María Trillo Chalco, pero fue absuelta definitivamente de la acusación fiscal.

8.2. Se da por acreditado que, por haberse encontrado droga en la vivienda familiar ocupada por Ángel Trillo Chalco, María Trillo Chalco y RUFINO YDELSO FARFÁN PORTILLA, todos debieron estar al tanto del tema. En este punto, se incurre en un vicio de logicidad, que se verifica cuando el juzgador, desconociendo otras posibilidades, cree que la consecuencia valorativa que extrae de lo que ha resultado probado es la única posible y, por tanto, considera que es la indefectiblemente obligada3. Si se acoge la tesis acusatoria, se debe desechar el planteamiento defensivo, para lo cual tienen que identificarse las premisas que lo sustentan y, seguidamente, esgrimir razones y juicios de valor para demostrar su no acreditación.

El imputado RUFINO YDELSO FARFÁN PORTILLA afirmó en el plenario a fojas setecientos cuatro, y setecientos doce, que es inocente, negó los cargos y arguyó que, no obstante se ubicó droga en el domicilio en el que residía, él solo ocupaba una habitación y Ángel Trillo Chalco llegó de visita. A partir de ello, lo objetable es que no se hayan descartado otras hipótesis alternativas que, siendo igualmente racionales, podrían haber conllevado un resultado fáctico distinto. Tan es así que nunca se evaluó la probable configuración de un error de tipo, lo que, naturalmente, hubiese excluido el dolo.

8.3. El acusado RUFINO YDELSO FARFÁN PORTILLa, en el juicio oral a fojas setecientos cuatro, sostuvo que no se dio a la fuga, puesto que estuvo trabajando en una empresa agroindustrial. Esta afirmación no fue sustentada ni desestimada probatoriamente, por lo que sus efectos son nimios y no respaldan con solidez ni a la acusación ni a la defensa. Lo que sí abona a favor de su posición de no huida es el auto de fojas doscientos ochenta y tres, del diez de noviembre de mil novecientos noventa y ocho, mediante el cual fue declarado reo ausente. Como se sabe, esta condición se aplica a aquel de quien se ignora su ubicación y no se tiene certidumbre que conoce el procedimiento instaurado en su contra. En ese orden de ideas, de plano, no puede connotárselo como indicio criminal.

Noveno. Ha constituido punto de partida de la investigación y procesamiento del imputado RUFINO YDELSO FARFÁN PORTILLA, la sindicación efectuada por el condenado Ángel Trillo Chalco.

Este último declaró en cuatro ocasiones a lo largo del proceso penal.

9.1. En primer lugar, a nivel preliminar a fojas diecinueve, con intervención del representante del Ministerio Público, admitió su responsabilidad. Señaló que la droga hallada en su vivienda fue entregada por un sujeto llamado José, el diez de mayo de mil novecientos noventa y siete, a las 16:00 horas. Indicó que tuvo tres “paseros” –o microcomercializadores-, es decir, las personas conocidas como Tifo y Tello, así como su cuñado RUFINO YDELSO FARFÁN PORTILLA, a quienes les entregó diversos paquetes de pasta básica de cocaína para su venta. Afirmó que el resto del estupefaciente lo fumó con el tercero de los nombrados.

9.2. En segundo lugar, en la etapa sumarial a fojas setenta y tres, si bien insistió en su autoinculpación, aclaró que el procesado RUFINO YDELSO FARFÁN PORTILLA no era su “pasero” y solo le proveía droga para su consumo. Aseveró que este último y su hermana María Trillo Chalco no sabían que poseía sustancias ilícitas en su domicilio. Puntualizó que primigeniamente mintió porque se sintió asustado. Luego, adujo que Pedro Campos Ángeles fue primero su amigo y después su “pasero”.

9.3. En tercer lugar, en la diligencia de confrontación de fojas doscientos treinta y cinco, el sentenciado Ángel Trillo Chalco refirió que Pedro Campos Ángeles no conocía sus negocios y depuso en su contra, debido a que anteriormente habían tenido problemas porque le faltó el respeto de una de sus hijas.

9.4. En cuarto lugar, en el acto oral seguido contra María Luz Trillo Chalco, según acta de fojas trescientos veintiocho, adujo que ella y el encausado RUFINO YDELSO FARFÁN PORTILLA no sabían que hubiera escondido o vendido drogas en la vivienda.

En lo pertinente, el imputado Ángel Trillo Chalco no prestó su manifestación en los juzgamientos de Pedro Campos Ángeles y RUFINO YDELSO FARFÁN PORTILLA, de conformidad con las actas de fojas trescientos setenta y tres, setecientos, setecientos cuatro, setecientos doce y setecientos veinticuatro.

Décimo. En el contexto de la valoración de la prueba personal, son frecuentes las ocasiones en las que se verifican contradicciones entre lo declarado en el juzgamiento y lo manifestado momentos previos, en particular, durante el sumario judicial. La lógica impulsa a concluir que esencialmente son dos los motivos que explican esta situación: o bien porque el transcurso del tiempo generó olvido en el deponente (acusado, testigo o perito) o bien porque se está frente a una actitud dolosa de faltar a la verdad. El primer motivo reduce la eficacia conviccional del testimonio, aunque no lo descarta plenamente si se le suministran otros indicios plurales; en cambio, el segundo rescinde el valor de la declaración.

Undécimo. A nivel internacional, es consabida la doctrina respecto a:

La limitada eficacia probatoria que debe asignarse a la declaración de un coimputado, más allá de su contenido específico, cuando es la única prueba en la que se fundamenta una decisión de condena, pues objetivamente no sería suficiente por si sola para desvirtuar la presunción de inocencia. Por lo tanto, fundar una condena sobre la base de una declaración de un coimputado sin que existan otros elementos de corroboración vulneraría la presunción de inocencia4.

Siguiendo la jurisprudencia comparada, atañe puntualizar las características de la declaración incriminatoria de un coencausado: es prueba legítima desde la perspectiva constitucional; es prueba insuficiente y no constituye por sí misma actividad probatoria de cargo mínima para enervar la presunción de inocencia; la aptitud como prueba de cargo mínima se adquiere a partir de que su contenido quede mínimamente corroborado; se considera corroboración mínima la existencia de hechos, datos o circunstancias externas que avalen de manera genérica la veracidad de la declaración; y, la valoración de la existencia de corroboración mínima ha de realizarse caso por caso5.

Desde una posición análoga, para considerar que la declaración del coimputado es creíble, será necesario que esté corroborada y no sea artificialmente coherente; además, será imprescindible que esté correctectamente contextualizada, de manera que los relatos vagos sobre la escena de los hechos que no confirmen la existencia de datos obvios, pueden ser vistos como posiblemente falsos6.

La declaración de los coacusados, en sí misma, no derruye la presunción de inocencia, puesto que, en virtud de la condición que ostentan, es perfectamente comprensible que su delación se derivara de la heteroinculpación –o deseo de atribuir responsabilidad al resto de imputados-, o estuviera motivada por fines exculpatorios o beneficios legales o procesales. De ahí que estos últimos, a diferencia de los testigos, no tienen la obligación de decir la verdad7.

Justamente, a efectos de compensar estas dificultades cognitivas y de apreciación, ha de exigirse un plus adicional de corroboraciones externas cualificadas. La verificación cruzada de las incriminaciones de los coprocesados es insuficiente.

Duodécimo. En línea de principio, los actos de investigación recabados en la fase policial con presencia del representante del Ministerio Público, al amparo del artículo 62 del Código de Procedimientos Penales, solo constituyen elementos valorables en el acervo de pruebas. Empero, no debe entenderse que en virtud de ello gozan de idoneidad natural y fiabilidad absoluta o que, por ejemplo, tratándose de una declaración o manifestación, la información proporcionada por el deponente constituya una verdad incondicionada a la que necesariamente ha de concedérsele un valor epistémico pleno. En estos casos, los elementos indiciarios son el baremo de medición de su peso probatorio y virtualidad.

Decimotercero. La evaluación conjunta de los actuados, refleja que el sentenciado Ángel Trillo Chalco incriminó originalmente al procesado RUFINO YDELSO FARFÁN PORTILLA como responsable del delito de tráfico ilícito de drogas, en su condición de “pasero”. Después, arguyó que solo fue consumidor y no supo del accionar ilícito. Y, en último lugar, se retractó y reveló haber mentido porque sintió temor. No fue convocado al juicio oral respectivo, con el propósito de que rinda su declaración y explique estas incongruencias. Tal omisión procesal no es atribuible al justiciable.

En ese sentido, no se aprecia un relato lineal y persistente de lo sucedido, con datos fácticos precisos, concretos y/o detalles compatibles que permitan hacer una correlación intrínseca entre una declaración y otra.

En resguardo del principio de legalidad, solo corresponde declarar la culpabilidad de un agente cuando la hipótesis criminal ha alcanzado un grado de confirmación razonable, en atención a los elementos de juicio disponibles.

En consecuencia, este Tribunal Supremo establece que la prueba de cargo, edificada principalmente sobre la declaración de un coimputado, es insuficiente para desvirtuar el derecho fundamental de presunción de inocencia del acusado RUFINO YDELSO FARFÁN PORTILLA.

Por ello, en aplicación del artículo 284 del Código de Procedimientos Penales, la sentencia condenatoria será revocada y, reformándola, corresponde absolverlo de los cargos atribuidos.

El recurso de nulidad defensivo es estimado plenamente.

DECISIÓN

Por estos fundamentos, los señores jueces integrantes de la Sala Penal Permanente de la Corte Suprema de Justicia de la República:

I. Declararon HABER NULIDAD en la sentencia de fojas setecientos veintiocho, del veintitrés de mayo de dos mil diecinueve, emitida por la Segunda Sala Penal de Apelaciones y Liquidadora de la Corte Superior de Justicia de Ica, que condenó a RUFINO YDELSO FARFÁN PORTILLA como autor del delito contra la salud pública-tráfico ilícito de drogas, en agravio del Estado, a siete años de pena privativa de libertad y fijó como reparación civil la suma de dos mil quinientos soles; con lo demás que contiene; reformándola, ABSOLVIERON a RUFINO YDELSO FARFÁN PORTILLA de la acusación fiscal por el delito y el agraviado antes mencionados.

II. MANDARON que se proceda a la anulación de los antecedentes peales, judiciales y policiales generados a RUFINO YDELSO FARFÁN PORTILLA como consecuencia de este proceso, de conformidad con el artículo 284 del Código de Procedimientos Penales, y el archivo definitivo de los actuados en este extremo.

III. ORDENARON la inmediata libertad de RUFINO YDELSO FARFÁN PORTILLA, que se ejecutará siempre y cuando no se haya dictado en su contra otra orden de detención por autoridad competente, oficiándose, para tal efecto, vía fax, al Tribunal Superior de origen. Y los devolvieron.

Intervino el señor juez supremo Bermejo Ríos por impedimento del señor juez supremo Castañeda Espinoza.


1 SALA DE LO PENAL. Tribunal Supremo de España. Recurso de Casación número 10049/2006, del primero de octubre de dos mil siete, fundamento jurídico sexto.

2 SALA PENAL TRANSITORIA. Corte Suprema de Justicia de la República. Recurso de Nulidad número 1711-2014/Lima, del trece de mayo de dos mil quince, fundamento jurídico octavo.

3 SÁNCHEZ VERA-GÓMEZ TRELLES, Javier. Variaciones sobre la presunción de inocencia. Madrid: Editorial Marcial Pons, 2012, p. 168.

4 CORTE INTERAMERICANA DE DERECHOS HUMANOS. Sentencia caso “Ruano Torres y otros vs. El Salvador (fondo, reparaciones y costas), del cinco de octubre de dos mil quince, fundamento jurídico centésimo trigésimo tercero.

5 SALA DE LO PENAL. Tribunal Supremo de España. Recurso de casación número 1245/2015, del primero de junio de dos mil dieciséis, fundamento jurídico tercero.

6 NIEVA FENOLL, Jordi. La valoración de la prueba. Madrid: Editorial Marcial Pons, 2010, p. 246.

7 FERNÁNDEZ LÓPEZ, Mercedes. Prueba y presunción de inocencia. Madrid: Editorial Iustel, 2005, p. 266.

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