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CORTE SUPREMA DE JUSTICIA DE LA REPÚBLICA

SALA PENAL PERMANENTE
R. N. N.° 1666-2019
LIMA

Haber nulidad en la pena

La determinación judicial de la pena deberá tomar en cuenta un tiempo razonable de juzgamiento, así como la forma y las circunstancias del delito, y se debe advertir la mínima intervención de la sentenciada, sus calidades personales y la coherencia y proporcionalidad que ha de existir con la sanción impuesta a sus demás co- sentenciados (que fueron los autores ejecutivos del evento delictual), a quienes se les fijó una pena de ejecución suspendida. Por lo tanto, en un juicio de ponderación entre la sanción punitiva y el fin perseguido, corresponde efectuar la rebaja de pena respectiva a una suspendida bajo reglas de conducta. En consecuencia, corresponde ordenar la inmediata libertad de la procesada Evelin Dora Rojas Chávez

Lima, veintisiete de julio de dos mil veinte

VISTOS: el recurso de nulidad interpuesto por la defensa técnica de Evelin Dora Rojas Chávez y María Elisa Pricila Rojas Chávez contra la sentencia emitida el treinta y uno de mayo de dos mil diecinueve por la Tercera Sala Pena para Procesos con Reos Libre de la Corte Superior de Justicia de Lima, que condenó a Evelin Dora Rojas Chávez por el delito contra el patrimonio-robo agravado, en perjuicio de Juan Edward Pérez Pallin, y le impuso –por mayoría– cinco años de pena privativa de libertad; y que por unanimidad declaró infundada la excepción de prescripción de la acción penal deducida por María Elisa Pricila Rojas Chávez, en el proceso que se le sigue por el delito y el agraviado antes citados, con lo demás que contiene.

Intervino como ponente el señor juez supremo Sequeiros Vargas.

CONSIDERANDO

Primero. Fundamentos de la impugnación

1.1. En cuanto a la acusada Evelin Dora Rojas Chávez, la defensa alega que la acusación fiscal citó hechos falsos, pues el agraviado descartó la participación de su patrocinada al señalar que “no hizo nada”, y se ratificó de ello en el juicio oral. Refiere que se le condenó sin pruebas de cargo y no se efectuó una valoración conjunta, razonada y motivada de los medios probatorios actuados; además, no existen elementos periféricos y las declaraciones del agraviado no son coherentes ni uniformes. Por ende, solicita que se revoque la sentencia y se le absuelva de los cargos formulados en su contra.

1.2. Respecto a la acusada María Elisa Pricila Rojas Chávez, la defensa alega que se ha interpretado erróneamente la parte final del artículo primero de la Ley número 26641, pues no existe suspensión automática del plazo con la resolución de contumacia, que se debe ordenar, lo que no ocurrió en la resolución que la declaró contumaz. La Sala violó el derecho de la motivación de las resoluciones judiciales y el principio de arbitrariedad, ya que al declarar infundada dicha excepción no señaló las razones de hecho y derecho por las que se consideraba que le era aplicable la citada ley. Tampoco señaló cuál era el plazo de suspensión de la prescripción de la acción penal que se estaba aplicando para desestimar la excepción deducida. En el supuesto negado de que sea aplicable dicho precepto normativo, se debió aplicar la doctrina jurisprudencial del Recurso de Nulidad número 1835-2015/Lima (caso Ernesto César Schutz Landázuri), en el que se dejó establecido que el plazo razonable para la suspensión del plazo de prescripción de la acción penal seguida contra un procesado contumaz en ningún caso puede ser mayor a seis años. La procesada a la fecha de los hechos contaba con veinte años de edad, por lo que el plazo ordinario de prescripción de la acción penal de veinte años se redujo a diez. En consecuencia, atendiendo a que los hechos sucedieron el quince de junio de dos mil tres, prescribieron el quince de junio de dos mil trece o, en todo caso, aplicando el plazo que establece la cita jurisprudencia, esto es, seis años, el plazo de prescripción operó el quince de junio de dos mil diecinueve.

Segundo. Contenido de la acusación

Se imputó a la acusada Evelin Dora Rojas Chávez el delito de robo agravado en circunstancias en que el quince de junio de dos mil tres, aproximadamente a las 7:00 horas, junto con los procesados conformados César Campos Peña y Janeth Edith García Larrea, así como la reo contumaz María Elisa Pricila Rojas Chávez, luego de haber libado licor con el agraviado Juan Edward Pérez Pallin, cuando este se desplazaba por las inmediaciones del Hospital Almenara de la avenida Grau en el distrito La Victoria, lo inmovilizaron cogiéndolo del cuello y lo despojaron violentamente de su dinero para después darse a la fuga. Posteriormente, fueron intervenidos por efectivos policiales y puestos a disposición de la comisaría del sector.

Tercero. Fundamentos de la sentencia impugnada

3.1. En cuanto a la condenada Evelin Dora Rojas Chávez:

• Conforme a la manifestación policial del agraviado, quien ratificó su versión en el juicio oral, dijo que estuvo bebiendo licor con la acusada y permaneció durante el robo.

• En la instrucción, el policía Zózimo Durán Parco prestó su testimonial y narró el momento de la intervención. Señaló que con apoyo policial redujeron al sentenciado César Campos y a las tres mujeres que se encontraban con él, entre ellas la acusada.

• En la etapa de juzgamiento, la sentenciada Janeth Edith García Larrea se acogió a la conclusión anticipada del juicio oral y reconoció los cargos formulados en su contra, así como que estuvo con la acusada.

• Por ende, existen suficientes indicios que prueban su participación en forma concertada, conforme a los alcances del Acuerdo Plenario número 1-2006, que estableció el carácter vinculante del fundamento jurídico cuarto del Recurso de Nulidad número 1912- 2005.

3.2. Respecto a la excepción de prescripción deducida por María Elisa Pricila Rojas Chávez:

• Aplicó el Acuerdo Plenario número 5-2006/CJ-116, fundamento jurídico 8.

• Además, la Ley número 26641, que en su artículo 1 indica lo siguiente:

Interprétese por la vía auténtica que,  tratándose de contumaces, el principio de la función jurisdiccional de no ser condenado en ausencia, se aplica sin perjuicio de la interrupción de los términos prescriptorios, la misma que opera desde que existen evidencias irrefutables que el acusado rehúye del proceso y hasta que el mismo se ponga a derecho. El juez encargado del proceso declara la condición de contumaz y la suspensión de la prescripción.

• La Sala Superior emitió la resolución del diez de agosto de dos mil cinco, que declaró reos contumaces a los procesados, incluyendo a la recurrente. Sin embargo, esta mostró una actitud evasiva al proceso pese a tener conocimiento de él, según se advierte de su manifestación policial, instructiva e inconcurrencia al juicio oral. Por ello, se concluyó que se sustrajo del llamado de la autoridad y rehuyó del proceso, en virtud de lo cual operó la suspensión del plazo de prescripción. Por ende, computando el plazo de prescripción y teniendo en cuenta su suspensión desde el diez de agosto de dos mil cinco, no ha operado la prescripción.

Cuarto. Delimitación del ámbito de pronunciamiento

Corresponde evaluar, por un lado, si con las pruebas actuadas en autos se ha enervado la presunción de inocencia que le asiste a la procesada Evelin Dora Rojas Chávez que conlleve una decisión absolutoria, conforme a los términos expresados en el escrito de impugnación, y si concurren causas trascendentes para declarar la nulidad del pronunciamiento recurrido en alguno de sus extremos; asimismo, si ha operado el plazo de prescripción de la acción penal de la excepción deducida, respecto a la procesada María Elisa Pricila Rojas Chávez.

Quinto. Opinión de la señora fiscal suprema

En el Dictamen número 115-2020-MP-FN-SFSP, del veinte de enero de dos mil veinte, el señor fiscal supremo en lo penal opinó que se declare haber nulidad en la sentencia recurrida en el extremo en el que condenó a Evelin Dora Rojas Chávez y, reformándola, se le absuelva de la acusación fiscal; y no haber nulidad en los demás extremos.

Sexto. Fundamentos del Tribunal Supremo

6.1. En cuanto a la condena de la acusada Evelin Dora Rojas Chávez, se determina de los medios de prueba analizados, valorados y concatenados entre sí que en el día y la hora de los hechos la acusada se encontraba con sus demás coprocesados (sentenciados conformados y procesada reo contumaz) libando licor con el agraviado.

6.2. El que pagó el licor fue el agraviado, quien trabajaba de cambista. Luego se trasladaron a otro lugar para seguir bebiendo y por las inmediaciones del Hospital Almenara su coprocesado César Campos Peña cogió del cuello a aquel; había otros muchachos que se le abalanzaron y lo neutralizaron con las acusadas.

6.3. El agraviado, en su manifestación policial –de la cual se ratificó en el juzgamiento–, señaló cuando se le preguntó por los intervenidos que el conformado César Campos lo “cogoteó”, mientras que la conformada Janeth García y María Elisa Pricila Rojas le rebuscaban los bolsillos y Evelin Dora “no hizo nada”. Tal versión se contradice con la de dicha acusada, pues ella refirió en el juicio oral que, cuando estaban asaltando al agraviado los mismos chicos con quienes estaba tomando, las acusadas –incluyéndose– se sorprendieron y comenzaron a gritar para que lo dejaran de agredir. Además, se cuenta con la testimonial del policía interviniente, referente a que cuando estuvo buscando a los asaltantes vio a los cuatro procesados juntos, pese a que la acusada dijo no conocer a César Campos Peña y, cuando dio la voz de alto, los intervenidos se dieron a la fuga.

6.4. Asimismo, si bien no se les encontró el dinero en su poder, se puede inferir que, conforme a la propia declaración preliminar del agraviado, un sujeto le robó el canguro y otro le rebuscó las medias, es decir, hubo otros sujetos más no identificados en el robo. También precisó que una de las muchachas vio que tenía dinero en las medias.

6.5. Por ende, la acusada estuvo en el lugar y el momento del robo junto con los otros dos sentenciados conformados, y en vez de auxiliar a la víctima –como refirió– no hizo nada al respecto e intentó darse a la fuga. La defensa alega que su patrocinada no hizo nada y, por lo tanto, no sería responsable del robo en grupo que se cometió. Sin embargo, es del caso señalar que la participación de un sujeto en el delito no necesariamente implica acción; también hay omisión y actitud pasiva, a los que se denomina, según sea el caso, elemento de contención, de bulto, de distracción, o de campana; condiciones que, en efecto, no determinan una participación activa, sino más bien de colaboración, en cumplimiento de un determinado rol que contribuye en la ejecución del delito, pues en todo caso lo que corresponde a quien no interviene ni siquiera pasivamente es impedir que se produzca el delito, de estar en sus posibilidades, o alejarse del lugar y dar cuenta de su producción. Ello no ocurrió con la encausada, quien luego de haber bebido con el grupo participó en el robo sin ejecutar labor activa, pero permaneciendo y observando dicho acto, lo que la convierte en coautora bajo el criterio de distribución de roles que normalmente ocurre en este tipo de intervenciones delictivas con participación de varios sujetos. Queda bastante claro que la procesada no es ajena al hecho, y la conclusión a la que arribó la sentencia de grado sobre su participación constituye una inferencia lógica de la secuencia del acontecimiento; tanto así que luego del hecho fugó con el resto de las personas y fue intervenida por la policía. En consecuencia, la afirmación de que “no hizo nada” no está referida a que no intervino con los demás, sino que su participación fue de contención o de campana, rol esencial en esta clase de eventos delictivos.

6.6. La imputación, pues, se encuentra acreditada con suficiente prueba que ha sido analizada en forma conjunta, por lo que sus agravios deben tomarse como mecanismos de defensa a fin de evadir su responsabilidad en los hechos materia de imputación. Y, aun cuando las declaraciones del agraviado difieren en algunos detalles –lo cual se entiende por el tiempo transcurrido–, en lo nuclear se mantienen, más aún si cuentan con prueba periférica que las corrobora. Asimismo, respecto a que en la acusación y la sentencia se citaron hechos falsos cuando se afirmó que el agraviado sindicó a la acusada como unas de las personas que lo despojaron de su dinero junto a otros sujetos, lo cierto es que aquel señaló que el sentenciado conformado lo cogió del cuello y los otros sujetos se le abalanzaron, lo neutralizaron y le robaron junto con las muchachas; y que la acusada no hizo nada y que las otras dos féminas le rebuscaron los bolsillos. Así, ha quedado claro y determinado por la inferencia lógica de la secuencia del acontecimiento antes descrito cuál fue el rol de la acusada. En consecuencia, se ha enervado la presunción de inocencia que asistía a la acusada Evelin Dora Rojas Chávez.

6.7. Ahora, respecto a la determinación judicial de la pena, debe ser parte de esta decisión suprema si a la sentenciada le corresponde la sanción penal impuesta en la recurrida. Para ello se debe establecer que el tipo penal vigente a la fecha de los hechos preveía una pena mínima de diez años de privación de libertad.

6.8. De allí, se ha de precisar que para imponer la sanción penal se deberá tener en cuenta que los hechos datan de hace más de diecisiete años, por lo que se atenderá a un tiempo razonable de juzgamiento. Asimismo, a la forma como se produjeron los hechos, y se ha determinado que la acusada no ha podido evadir su responsabilidad conforme a la prueba actuada; sin embargo, existió su mínima intervención en la perpetración del delito.

6.9. Además, a sus calidades personales –persona joven de veinticinco años de edad al momento de los hechos, reo primaria y sin antecedentes penales– y a la coherencia y proporcionalidad que debe existir con la pena impuesta a sus demás cosentenciados –que fueron los autores ejecutivos del evento delictual–, a quienes se les impuso una pena de ejecución suspendida.

Por lo tanto, en un juicio de ponderación entre la sanción punitiva y el fin perseguido, corresponde efectuar la rebaja de pena respectiva a una suspendida bajo reglas de conducta.

6.10. En cuanto a la excepción de prescripción deducida por la acusada María Elisa Pricila Rojas Chávez, se advierte que, conforme al tipo penal previsto en el artículo 189 del Código Penal, modificado por la Ley número 27472, que sanciona con una pena no menor de diez ni mayor de veinte años de pena privativa de libertad (plazo ordinario), y a lo establecido en el artículo 83 del citado código, que prevé el plazo extraordinario, para el caso de autos este sería de treinta años. Sin embargo, según se advierte de la partida de nacimiento de la acusada, esta tenía veinte años al momento de la comisión del delito, por lo que conforme al artículo 81 del código en referencia los plazos se reducen a la mitad, esto es, quince años.

6.11. Así, una vez dictada la resolución de contumacia del diez de agosto de dos mil cinco, operó la suspensión de la prescripción, dado que es una consecuencia necesaria y no discrecional del juez, por lo que no se requiere que se consigne expresamente en la resolución, pues opera de pleno derecho1. Por ende, desde esa fecha se suspendió la prescripción.

6.12. De esta manera, atendiendo a que los hechos ocurrieron el quince de junio de dos mil tres y el diez de agosto de dos mil cinco se suspendió el plazo de prescripción, en aplicación de la Ejecutoria Suprema recaída en el Recurso de Nulidad número 1835-2015/Lima (del siete de diciembre de dos mil dieciséis) invocada por la defensa, el plazo de prescripción no es ilimitado, sino que debe ser razonable, esto es, de seis años. Entonces, hasta allí transcurrieron dos años, un mes y veinticinco días, cuando se suspenden los plazos. Y, aplicando el plazo razonable de prescripción –seis años–, este venció el diez de agosto de dos mil once, fecha en la que se continúa computando el plazo de prescripción (extraordinario), que es de quince años. En consecuencia, hasta el momento solo han transcurrido de tal plazo once años, un mes y ocho días, por lo que aún no opera la prescripción de la acción penal en contra de la citada acusada.

DECISIÓN

Por estos fundamentos, de conformidad en parte con el dictamen de la señora fiscal suprema en lo penal, los jueces integrantes de la Sala Penal Permanente de la Corte Suprema de Justicia de la República:

I. DECLARARON NO HABER NULIDAD en la sentencia emitida el treinta y uno de mayo de dos mil diecinueve por la Tercera Sala Penal para Procesos con Reos Libre de la Corte Superior de Justicia de Lima, que condenó a Evelin Dora Rojas Chávez por el delito contra el patrimonio- robo agravado, en perjuicio de Juan Edward Pérez Pallin.

II. HABER NULIDAD en el extremo en el que, por mayoría, impuso a Evelin Dora Rojas Chávez cinco años de pena privativa de libertad y, REFORMÁNDOLA, le IMPUSIERON cuatro años de pena privativa de libertad suspendida en su ejecución por el plazo de dos años, bajo el cumplimiento de las siguientes reglas de conducta: i) no variar de domicilio ni ausentarse del lugar de su residencia sin previo conocimiento y autorización del juez de la causa; ii) no volver a cometer nuevo delito doloso; iii) concurrir cada sesenta días a la Oficina Distrital de Registro y Control Biométrico de Procesados y Sentenciados Libres a fin de cumplir con registrar su firma, y iv) pagar el íntegro de la reparación civil en el Banco de la Nación en un plazo no mayor a doce meses, bajo apercibimiento de aplicarse lo dispuesto en el numeral 3 del artículo 59 del Código Penal, en caso de incumplimiento de las reglas de conducta impuestas.

III. En consecuencia, ORDENARON la inmediata libertad de la sentenciada Evelin Dora Rojas Chávez, siempre y cuando no exista en su contra otro mandato emanado de autoridad competente. OFÍCIESE para tal fin, vía fax, al órgano jurisdiccional de su procedencia.

IV. DECLARARON NO HABER NULIDAD en la misma sentencia en el extremo en el que, por unanimidad, declaró infundada la excepción de prescripción de la acción penal deducida por María Elisa Pricila Rojas Chávez, en el proceso que se le sigue por el delito contra el patrimonio- robo agravado, en perjuicio de Juan Edward Pérez Pallin; y NO HABER NULIDAD en lo demás que contiene.

V. DISPUSIERON que se transcriba la presente ejecutoria suprema al Tribunal de origen. Hágase saber.

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