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ROBO: Absolución: La declaración del coprocesado por sí sola no enerva la presunción de inocencia.

CORTE SUPREMA DE JUSTICIA DE LA REPÚBLICA

SALA PENAL PERMANENTE
RECURSO DE NULIDAD N.° 2135-2019
AYACUCHO

Absolución por insuficiencia probatoria

Las reglas de la valoración probatoria señalan que, ante la insuficiencia de medios de prueba que corroboren o ratifiquen la sindicación del agraviado o el coimputado, corresponde únicamente absolver al procesado, al no cumplirse con todos los requisitos indicados por el Acuerdo Plenario número 02-2005.

Lima, cinco de agosto de dos mil veinte

VISTOS: el recurso de nulidad interpuesto por la defensa del procesado Heriberto de la Cruz Palomino contra la sentencia del veintidós de octubre de dos mil diecinueve, que lo condenó como autor del delito contra el patrimonio-robo agravado, en perjuicio de Jaime Serna Jorge, a diez años de pena privativa de libertad y fijó el pago de S/ 1 000 (mil soles) por concepto de reparación civil.

Intervino como ponente el señor juez supremo Castañeda Espinoza.

CONSIDERANDO

§ I. De la pretensión impugnativa

Primero. La defensa del recurrente De la Cruz Palomino, al desarrollar su recurso impugnatorio (foja 557), mostró su disconformidad con la sentencia recurrida debido a que:

1.1. Se vulneraron sus derechos de presunción de inocencia, suficiencia probatoria y debida motivación de las resoluciones judiciales, pues únicamente existió la sindicación de su coprocesado Roque Arango Eyzaguirre, la cual no fue corroborada con ninguna otra prueba, por lo que no tiene entidad suficiente para sustentar la condena en su contra.

1.2. Esta sindicación no tiene corroboración periférica ni persistencia, puesto que no se le permitió concurrir a Arango Eyzaguirre a su juicio oral, por lo que no se cumplió con los requisitos indicados en el Acuerdo Plenario número 02-2005.

1.3. El proceso (conocimiento sobre la causa) en su contra se inició recién en el juicio oral, ya que antes de ello nunca se le notificó de las diligencias preliminares y judiciales, situación que no fue de su responsabilidad.

§ II. Imputación fáctica y jurídica

Segundo. Según la acusación fiscal (fojas 52 y192), se incriminó al recurrente haber participado en la comisión del delito de robo contra el agraviado Jaime Serna Jorge el día veintiséis de febrero de dos mil dos, junto con sus coprocesados (condenados) Roque Arango Eyzaguirre y Humberto Sosa Villanueva, quienes provistos de armas blancas (chuchillos) amenazaron a la víctima para robarle sus pertenencias (casaca, reloj y S/ 150 –ciento cincuenta soles–), tras lo cual lo agredieron y se fugaron. Empero, gracias al apoyo de efectivos policiales que se encontraban cerca del Hospital Regional, se logró capturar a Roque Arango Eyzaguirre en posesión de la casaca del agraviado, mientras que los demás partícipes lograron escapar.

§ III. Análisis del caso

Tercero. De la revisión de lo actuado, se advierte se trata de un proceso reservado, por ende la materialidad de los hechos en perjuicio del agraviado Jaime Serna Jorge no resulta controvertida, en razón, que el veintiséis de febrero de dos mil dos los agresores lo asaltaron, le quitaron sus pertenencias y le causaron lesiones para conseguir su objetivo. Ello se acredita, entre otros, con lo siguiente:

3.1. La sindicación del agraviado, durante la etapa preliminar, contra el detenido Roque Arango Eyzaguirre, en flagrancia (quien inicialmente se identificó con otro nombre –Nelson Quispe Rojas1–).

3.2. El acta de reconocimiento del agraviado (foja 10) y el acta de incautación (foja 11), en que se aprecia que la víctima identificó plenamente a Arango Eyzaguirre, así como el hallazgo de su casaca en posesión de dicho imputado.

3.3. El certificado médico legal (foja 20) practicado al agraviado, que concluyó en la presencia de heridas ocasionadas por agente contundente duro que requirieron tres días de atención facultativa por ocho días de incapacidad médico legal (como consecuencia de la violencia ejercida en el robo en su perjuicio).

La valoración respectiva condujo a la emisión de la sentencia condenatoria del cinco de diciembre de dos mil dos (foja 75), mediante la cual se condenó a Roque Arango Eyzaguirre a ocho años de privación de libertad y al pago de S/ 1000 (mil soles) de reparación civil (ratificada por la ejecutoria suprema del nueve de abril de dos mil tres, obrante a foja 84), habiéndose reservado el juzgamiento para el recurrente.

Cuarto. Se debe precisar que la vinculación del recurrente al hecho imputado, se originó en virtud de las versiones ampliatorias del detenido en flagrancia Roque Arango Eyzaguirre- hoy sentenciado- durante la etapa de instrucción y en el juicio oral. Que se advierte :

4.1. En su declaración instructiva (foja 17), señaló que antes de los hechos se encontró con sus amigos “Humberto” y “Edilberto”, con quienes libó licor.

4.2. En la diligencia de confrontación (foja 40), se puso a llorar y precisó que sus acompañantes, con quienes robó al agraviado, fueron “Beto Villanueva Sosa” y “Edilberto de la Cruz”.

4.3. A nivel plenarial (foja 58 y 68), reiteró la participación de “Humberto Sosa Villanueva” y de su cuñado “Edilberto de la Cruz Palomino” (ratificado en el juicio oral contra Sosa Villanueva, obrante a foja 128).

Quinto. Ahora bien, conforme al marco constitucional (numeral 4 del artículo 159 de la Constitución Política), la carga de la prueba corresponde al Ministerio Público a efectos de reunir las pruebas adecuadas y suficientes para acreditar su pretensión penal efectuada en la acusación2. Sin embargo, en el presente caso, se aprecia que dicha actividad procesal resultó insuficiente, pues solo se limitó a recabar el examen de Roque Arango Eyzaguirre (foja 197) en la instrucción como prueba de cargo.

Sexto. Este Supremo Tribunal considera que la co-sindicación del condenado Arango Eyzaguirre en el curso del proceso ( única prueba de cargo) que sirvió de sustento para la condena del recurrente, se debe apreciar en su contexto general y con las reservas del caso , debido a que :

6.1. Desde un primer momento, aquel no declaró con toda la verdad no solo por haberse identificado con un nombre distinto al real, sino porque tampoco quiso brindar los datos de las personas con las que había participado en los hechos en perjuicio del agraviado.

6.2. Cuando finalmente brindó los datos de sus coprocesados, lo hizo equivocadamente o con falta de precisión; pues, respecto al encausado Sosa Villanueva, indicó que se llamaba “Villanueva Sosa” y al procesado De la Cruz Palomino lo llamó “Edilberto” y no brindó su apellido materno.

6.3. Precisamente esta falta de identificación certera del recurrente motivó que desde la fecha de los hechos (febrero de dos mil dos) recién se pudiera identificar plenamente (debido a las precisiones de Martina Arango Eyzaguirre, a foja 251) a Heriberto de la Cruz Palomino el treinta de diciembre de dos mil nueve (foja 441), y se prolongara su ubicación hasta el veintitrés de julio de dos mil diecinueve (foja 467).

Así, no resulta coherente ni lógico que, si el recurrente era excuñado del sentenciado Roque Arango Eyzaguirre, este último no haya podido identificarlo plenamente desde un inicio y, más bien, haya promovido la prolongación innecesaria de la presente causa con datos vagos e imprecisos (por lo que su versión no reuniría los requisitos señalados por el Acuerdo Plenario número 02-2005). Lo que denota una actitud nada correcta frente al sistema de justicia.

Séptimo. De ello, resulta evidente que siendo la única prueba de cargo contra el recurrente (sindicación de Roque Arango Eyzaguirre) no fue corroborada objetiva y periféricamente con alguna otra prueba directa, pues el agraviado no dijo conocer al recurrente y, más aún, no se le volvió a citar (se prescindió de su presencia) para los juicios orales de Sosa Villanueva (quien tampoco ratificó dicha versión) y del impugnante. En estas circunstancias, la Sala de mérito no tomó en cuenta los lineamientos para un correcto análisis e incorporación de la prueba indiciaria, ya que este órgano partió de una sospecha de responsabilidad (por la sindicación de Arango Eyzaguirre) y la corroboró solamente con el indicio de mala justificación como prueba única y principal, la cual por sí sola resulta incapaz de sustentar una sentencia condenatoria. Más todavía si esta se desprendió de supuestas contradicciones de lo señalado por la exconviviente del recurrente, Martina Arango Eyzaguirre (hermana de Roque Arango Eyzaguirre), respecto a las actividades que desempeñaban antes y durante los hechos, cuando en el fondo dicha testimonial (ofrecida por la defensa del acusado) únicamente demuestra que el recurrente se encontraba con su familia en el día y la hora de los hechos, el mismo que no fue contradicho con otro elemento de prueba.

Octavo. Respecto al indicio de mala justificación que la Sala de Mérito aplicó para sustentar la condena del recurrente, debe recordarse que esta cumple una función de complemento para los demás indicios (de presencia u oportunidad física, de participación delictiva, de capacidad para delinquir o de personalidad, o de móvil delictivo de actitud sospechosa), por lo que considerarlo como prueba principal y exclusiva de corroboración conllevaría el peligro de dejar vacío y sin efecto el principio de no autoincriminación que resguarda a todo imputado, sobre el cual se permite a los procesados declarar o abstenerse de ello conforme a su mejor parecer, sin que esto acarree consecuencias adversas por tratarse de un mecanismo de defensa y no de una prueba en sí (puesto que la Sala Superior contrapuso la versión del recurrente De la Cruz Palomino brindada en juicio oral con la de su exconviviente).

Noveno. Por lo tanto, se advierte la transgresión a la garantía de la tutela jurisdiccional efectiva y el debido proceso porque el Tribunal de Instancia no efectuó una debida apreciación del evento analizado ni evaluó adecuadamente todo el material probatorio existente, a fin de establecer con certeza la responsabilidad del encausado; pues a criterio de este Supremo Colegiado no se enervó la presunción de inocencia que lo ampara. En consecuencia, a tenor del artículo 301 del Código de Procedimientos Penales, se debe anular la sentencia recurrida y absolver de la acusación fiscal.

DECISIÓN

Por estos fundamentos, los jueces integrantes de la Sala Penal Permanente de la Corte Suprema de Justicia de la República:

I. DECLARARON HABER NULIDAD en la sentencia del veintidós de octubre de dos mil diecinueve, que condenó a Heriberto de la Cruz Palomino como autor del delito contra el patrimonio-robo agravado, en perjuicio de Jaime Serna Jorge, a diez años de pena privativa de libertad y fijó el pago solidario de S/ 1 000 (mil soles) por concepto de reparación civil; y, REFORMÁNDOLA, lo absolvieron delito contra el patrimonio-robo agravado, en perjuicio de Jaime Serna Jorge.

II. ORDENARON su inmediata libertad, siempre y cuando no exista en su contra orden o mandato de detención emanado de autoridad competente.

III. DISPUSIERON que, con tal fin, se oficie por correo electrónico y vía fax a la Sala Liquidadora de Huamanga de la Corte Superior de Justicia de Ayacucho.

IV. MANDARON SE PROCEDA con la anulación de los antecedentes policiales y judiciales del imputado, generados como consecuencia de la tramitación de la presente causa y, posteriormente, se archive definitivamente el proceso. Y los devolvieron.


1 Aclarado mediante el auto del tres de abril de dos mil dos (foja 24).

2 Fundamento jurídico octavo de la Sentencia del Tribunal Constitucional número 3960- 2005-PHC/TC (del veinte de julio de dos mil quince).

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