ROBO: Absolución: La declaración del coprocesado por sí sola no enerva la presunción de inocencia.
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Robo agravado. La preexistencia de los bienes se produce con las actas de hallazgo y de entrega.
9 agosto, 2020

CORTE SUPREMA DE JUSTICIA DE LA REPÚBLICA

SALA PENAL PERMANENTE
RECURSO DE NULIDAD N.° 653-2019
LIMA NORTE

DELITO DE ROBO AGRAVADO

La versión incriminatoria del agraviado tiene credibilidad, es verosímil y se encuentra corroborada con medios probatorios que la sustentan, así como, la concurrencia de prueba indiciaria, los mismos que acredita tanto la materialidad del delito de robo agravado como la vinculación del acusado Gómez Camacho.

DELITO DE RECEPTACIÓN

El acusado Tantavilca Tapullima fue intervenido a bordo del vehículo robado de placa de rodaje número A8Y-347, conforme al acta de intervención policial. Además, al ser intervenido junto al procesado Gómez Camacho, pretendió huir, conducta que no se condice con la de una persona que no está vinculada a un hecho delictivo y, por el contrario, genera un indicio de sospecha. En estas circunstancias, no resulta creíble la versión exculpatoria del procesado, respecto a que desconocía el origen ilícito del bien, porque solo fue contratado para trasladar el vehículo. Más aún, si se considera que el tipo penal de receptación no exige certeza sobre el origen ilícito del bien, sino que impone deberes de prudencia, al señalar que el autor debía presumir el origen ilícito.

Lima, dieciséis de septiembre de dos mil diecinueve

VISTOS: los recursos de nulidad interpuestos por los sentenciados Joel Enrique Tantavilca Tapullima y Edgar Marcial Gómez Camacho contra la sentencia del diecinueve de diciembre de dos mil dieciocho (foja 302), emitida por la Tercera Sala Penal Liquidadora de la Corte Superior de Justicia de Lima Norte, que condenó a: i) Edgar Marcial Gómez Camacho como autor del delito contra el patrimonio en la modalidad de robo agravado, en agravio de Franklin Martín Morales Mejía y Eduardo Ramírez Tarazona, a siete años de pena privativa de libertad, y ii) Joel Enrique Tantavilca Tapullima como autor del delito contra el patrimonio en la modalidad de receptación agravada, en agravio de Franklin Martín Morales Mejía, a cinco años de pena privativa de libertad, y fijó en S/ 1500 (mil quinientos soles) el monto que, por concepto de reparación civil, deberá abonar el procesado Gómez Camacho, a favor de los agraviados, y en S/ 500 (quinientos soles) el monto que, por concepto de reparación civil, deberá abonar el procesado Tantavilca Tapullima a favor de Franklin Martín Morales Mejía. Intervino como ponente la señora jueza suprema CHÁVEZ MELLA.CONSIDERANDO

I. EXPRESIÓN DE AGRAVIOS

Primero. El encausado Joel Enrique Tantavilca Tapullima fundamentó su recurso de nulidad (foja 320) alegando que:

1.1. En el proceso no se ha logrado enervar su presunción de inocencia, en tanto que en el juicio oral no se incorporaron medios probatorios que denoten que tenía conocimiento o no del origen ilícito del vehículo en el cual se trasladaba. Su teoría se basa en que una persona conocida como “Ángel” le entregaría un monto de dinero por trasladar el vehículo, razón por la cual se contactó con Gómez Camacho, y no ha sido desbaratada.

1.2. Se vulneró el principio acusatorio, toda vez que la Sala Sentenciadora refiere que “habría ayudado a su coprocesado Gómez Camacho a comercializar el vehículo”, pero esto no ha sido materia de imputación y en el supuesto de que le haya sido imputada dicha conducta, no existen elementos suficientes para acreditarlo, pues no se aprecia ningún acto de comercialización.

1.3. El agraviado Morales Mejía no concurrió a juicio oral; por lo tanto, su declaración no supera las garantías de certeza establecidas en el Acuerdo Plenario número 2-2005/CJ-116.

Como pretensión solicitó su absolución de los cargos imputados.

Segundo. El encausado Edgar Marcial Gómez Camacho fundamentó su recurso de nulidad (foja 335), bajo los siguientes argumentos:

2.1. El agraviado Morales Mejía, a nivel preliminar, lo reconoció y sindicó como la persona que tomó el taxi junto con las dos féminas; empero, a nivel de instrucción, sindicó al procesado Tantavilca Tapullima como quien tomó sus servicios de taxi junto con las dos féminas. Es decir, existen versiones contradictorias. Asimismo, no concurrió a juicio oral para aclarar estas contradicciones.

2.2. Su coprocesado Tantavilca Tapullima, a lo largo del proceso, ha sostenido también una versión uniforme y persistente, y manifestó que se limitaron a trasladar el vehículo, cuyo origen desconocen. En consecuencia su conducta se ubica dentro de la prohibición de regreso, por lo que debe ser excluido de la responsabilidad penal.

Como pretensión solicita la nulidad de la sentencia recurrida y reformándola se le absuelva de los cargos imputados.

II. HECHOS MATERIA DE IMPUTACIÓN

Tercero. Fluye de la acusación fiscal (foja 205), que el dieciocho de abril de dos mil dieciocho, aproximadamente a las 22:45 horas, cuando el agraviado Franklin Martín Morales Mejía realizaba servicio de taxi en el vehículo de placa de rodaje número A8Y-347 (de propiedad de Eduardo Ramírez Tarazona), al llegar al cruce de las avenidas Túpac Amaru y Carlos Izaguirre, distrito de Independencia, una persona solicitó su servicio para trasladarse hasta el puente Pacífico del referido distrito. Dicho sujeto estaba acompañado por dos mujeres, quienes se sentaron en la parte posterior del vehículo, mientras el varón ocupó el asiento del copiloto; tras llegar al lugar de destino, las féminas descendieron del auto mientras que el copiloto levantó el freno de mano, apagó el motor y se quedó con las llaves de contacto; inmediatamente se acercaron dos sujetos, quienes reclinaron el asiento del agraviado (conductor) y lo reubicaron en la parte posterior del vehículo, mientras lo agredían. Asimismo, lo despojaron de sus pertenencias (documentos personales y dinero en efectivo), lo maniataron y lo dejaron en un cerro del distrito de Independencia, en donde fue auxiliado por moradores del lugar.

La Policía Nacional del Perú conoció los hechos en mérito de la denuncia del agraviado e inició la búsqueda de los asaltantes. Al día siguiente, aproximadamente a las 15:10 horas, los efectivos policiales advirtieron que el vehículo de placa de rodaje A8Y-347 se trasladaba, de sur a norte, por el kilómetro 18 de la avenida Túpac Amaru, distrito de Carabayllo, por lo que procedieron a su intervención, pero los sujetos que lo ocupaban, al percatarse de la presencia policial, intentaron fugar sin éxito, pues fueron capturados por el kilómetro 23.5 de la avenida Túpac Amaru. En el asiento del conductor del vehículo se encontró al procesado Edgar Marcial Gómez Camacho (quien fue identificado por el agraviado como la persona que solicitó los servicios de taxi y luego le robó), mientras que en el asiento del copiloto se halló al acusado Joel Enrique Tantavilca Tapullima (esta persona no fue reconocida por el agraviado Morales Mejía), ambos fueron trasladados a la dependencia policial para el esclarecimiento de los hechos.

III. FUNDAMENTOS DEL SUPREMO TRIBUNAL.

A. SUSTENTO NORMATIVO

Cuarto. Conforme a la acusación fiscal y al verificar la aplicación temporal de la ley penal en el tiempo, se tiene que el delito imputado al acusado Edgar Marcial Gómez Camacho se encuentra previsto y sancionado en el artículo 188 (tipo base), con las circunstancias agravantes de los incisos 3, 4 y 8 del primer párrafo del artículo 189 del Código Penal, conforme a la Ley número 30076, del diecinueve de agosto de dos mil trece, vigente a la fecha de los hechos, cuyo texto es el siguiente: “La pena será no menor de doce ni mayor de veinte años si el robo es cometido: 3. A mano armada; 4. Con el concurso de dos o más personas […] 8. Sobre vehículo automotor, sus autopartes o accesorios. […]”.

4.1. En cuanto al acusado Tantavilca Tapullima, su conducta se encuentra prevista y sancionada en el artículo 195 del Código Penal, en concordancia con el artículo 194 del mismo cuerpo normativo, conforme al Decreto Legislativo número 1215, del veinticuatro de septiembre de dos mil quince, vigente a la fecha de la comisión de los hechos, que dice: “La pena privativa de libertad será no menor de cuatro ni mayor de seis años y de sesenta a ciento cincuenta días- multa: 1.Si se trata de vehículos automotores, sus autopartes o accesorios […]”.

B. DEL DELITO DE ROBO AGRAVADO

Quinto. Se advierte que contra el acusado Gómez Camacho se tiene como prueba fundamental la declaración incriminatoria del agraviado Franklin Martín Morales Mejía, quien lo ha sindicado como uno de los autores del robo perpetrado en su agravio. En el caso bajo análisis, se ha de partir de que la declaración de un testigo único, sea la víctima de un delito o un testigo sin tal condición, puede contar con actitud probatoria hábil, en principio, para enervar el derecho a la presunción de inocencia del imputado; por ello, cabe destacar lo establecido en el Acuerdo Plenario número 2-2005/CJ-116, del treinta de septiembre de dos mil cinco; es decir, que con dicha declaración no queda automáticamente desvirtuada la presunción de inocencia del acusado, pues al momento de su valoración, cuando el testimonio de la víctima se erige en prueba de cargo, como normalmente sucede en hechos como el analizado, está sujeto a los siguientes criterios:

i) Ausencia de incredibilidad subjetiva, que no existan relaciones entre agraviado e imputado basadas en odio, resentimientos, enemistad u otras que puedan incidir en la parcialidad de la deposición que, por ende, le nieguen aptitud para generar certeza.

ii) Verosimilitud, que no solo incide en la coherencia y solidez de la propia declaración, sino que debe estar rodeada de ciertas corroboraciones periféricas, de carácter objetivo que la doten de aptitud probatoria.

iii) Persistencia en la incriminación, que la versión incriminatoria perdure durante todo el trámite del proceso. Estos parámetros se erigen como cuantificaciones mínimas de contraste, establecidas como pautas lógicas y criterios orientativos que ayudan a la racionalidad de su valoración.

5.1. En cuanto a la primera garantía se advierte, que no han concurrido elementos objetivos que establezcan que la incriminación realizada por el agraviado Morales Mejía en contra del recurrente Gómez Camacho se encuentre motivada por sentimientos de odio, rencor, venganza o algún motivo espurio concebidos con precedencia a los hechos incriminados materia de juzgamiento, al contrario, el relato histórico de los hechos fluye con evidentes características de espontaneidad; más aún si tomamos en cuenta que tanto el agraviado como el procesado han sostenido en todas las etapas del proceso que no se conocían ni se habían visto sino hasta el momento de la perpetración del ilícito (véase la manifestación de Morales Mejía en la etapa policial, foja 26, y su declaración preventiva, foja 188; así como, la declaración de Gómez Camacho en la etapa preliminar, foja 32, y su instructiva, foja 182). En consecuencia, se advierte ausencia de incredibilidad subjetiva, y se verifica el cumplimiento de la primera garantía.

5.2. Respecto a la garantía de verosimilitud y persistencia, obra la declaración del agraviado Morales Mejía en la etapa policial (foja 26, con presencia fiscal), que conforme al artículo 62 del Código de Procedimientos Penales, tiene un valor probatorio preponderante.

En aquella ocasión, detalló que el dieciocho de abril de dos mil dieciocho, aproximadamente a las 22:45 horas, mientras realizaba servicio de taxi, se presentó un sujeto acompañado de dos féminas, quienes requirieron sus servicios de transporte hacia el puente Pacífico, ubicado en la avenida Túpac Amaru; al llegar al lugar de destino, las dos féminas –quienes iban en la parte trasera– descendieron, mientras que el varón –quien iba de copiloto– subió la manija de freno de mano y quitó la llave del contacto del auto, momentos en los cuales aparecieron dos sujetos más, quienes lo “cogotearon” y lo trasladaron al asiento posterior, para luego atarlo de pies y manos y dejarlo por inmediaciones del cerro de Independencia, donde fue auxiliado por los moradores del lugar. Posteriormente, puso en conocimiento de estos hechos a la autoridad policial.

Asimismo, detalló que la persona que le solicitó el servicio de taxi tenía las siguientes características: “tez trigueña, contextura delgada, 1.70 estatura aprox., 30 a 40 años aprox., cabello corto y lacio, vestía polo color negro como de militar […] mientras las personas que subieron al asiento posterior uno era de tez trigueña, contextura gruesa 20 a 30 años de edad, 1.60 de estatura […].” (foja 27).

5.3. En torno a la segunda garantía, la sindicación del agraviado se encuentra corroborada con:

5.3.1. Acta de reconocimiento físico de personas (foja 42, con la presencia del representante del Ministerio Público y con todas las garantías exigidas por la ley), en esta diligencia, el agraviado Morales Mejía, antes de identificar al acusado Gómez Camacho, volvió a detallar las características del procesado y señaló: “Que dentro de las cuatro personas que se me muestran a la vista puedo reconocer plenamente al sujeto signado con el número 02, cuando los otros dos me maniataron, incluso esta con el mismo polo que estuvo ese día […]”. Se dejó constancia de que la persona signada con el número 02 era Edgar Marcial Gómez Camacho.

Debe considerarse que la diligencia de reconocimiento físico de personas, se llevó a cabo un día después de ocurridos los hechos materia de juzgamiento, es decir, a pocas horas de ocurrido los hechos, resulta lógico suponer que el agraviado recuerde plenamente las características físicas de quien abordó su vehículo con las dos féminas, pues incluso el recurrente se sentó en el asiento del copiloto.

5.3.2. Acta de intervención policial (foja 10), que detalla que por las inmediaciones de la avenida Túpac Amaru, kilómetro 18 de la Panamericana Norte, se ubicó el vehículo de placa de rodaje A8Y-347, el cual se encontraba requisitoriado, por asalto y robo de vehículo; así, el sujeto que lo conducía (quien resultó ser el acusado Gómez Camacho), al notar la presencia policial, intentó escapar, se inició su persecución y, finalmente, la policía logró intervenirlos en el kilómetro 23 ½. Así, se identificó a los acusados Edgar Marcial Gómez Camacho (conductor del vehículo) y Joel Enrique Tantavilca Tapullima (copiloto), lo cual se encuentra corroborado con la declaración del policía Ulises Segundo Grandez Viera (foja 35).

5.3.3. Asimismo, convergen los siguientes indicios:

Indicios de mala justificación, pues el acusado Gómez Camacho, a nivel preliminar (foja 32, en presencia fiscal), refirió: “Que yo estaba con mi amigo Joel en Independencia por la comisaría de mujeres […] mi amigo se había contactado con una persona de nombre Ángel y me dice para mover un carro hasta Carabayllo y lo hemos trasladado y cuando estábamos por Carabayllo nos hemos estacionado y cuando estábamos por timbrar a la persona de Ángel nos intervienen los efectivos”. Sin embargo, Ulises Segundo Grandez Viera, policía que participó de la intervención de los acusados, en su manifestación (foja 35, con presencia fiscal), refirió:

Que, cuando los sujetos estaban a bordo del vehículo por la altura del km 18 de Túpac Amaru y se solicitó la verificación de placa de carro, y al estar reportada con orden de captura se procede a dar seguimiento […] el vehículo en que íbamos es de civil pero de lunas polarizadas se identifica fácilmente como policial, y ahí es que estos sujetos doblan en otra dirección pero logramos interceptando momento en que los sujetos descienden del vehículo y pretenden huir a pie, pero fueron reducidos en ese mismo momento.

Seguidamente, el policía señaló: “Que, si dijeron que sabían que el carro era robado […]”. Es decir, la versión de descargo del acusado Gómez Camacho no resulta consistente, pues no fue intervenido estacionado como él sostuvo1, sino que fue luego de una persecución por parte de efectivos policiales, quienes incluso los redujeron luego de advertir que pretendían huir a pie, todo ello, con el conocimiento de que el vehículo que conducía fue objeto del robo perpetrado el día anterior.

Asimismo, se advierte un indicio de participación delictiva, cuando el procesado Gómez Camacho, a nivel preliminar, sostuvo que, el veintiocho de abril de dos mil dieciocho (fecha en que se perpetraron los hechos materia de juzgamiento), salió de su casa a las 21:30 horas y acudió al centro comercial Megaplaza, donde encontró a unas chicas, a quienes no conoce ni sabe sus nombres, con quienes cenó y subió en un taxi hasta el puente Pacífico, “avanzado dos cuadras volteó a la derecha dos cuadras se estacionó porque nos íbamos a bajar y de allí cuando estaba fuera del carro veo que vienen de tres a cuatro personas y me retiré a mi casa no vi nada más”; es decir, admite haber tomado un taxi con destino al puente Pacífico en compañía de dos mujeres, precisamente en las horas y el lugar donde se perpetró el delito, pero no resulta verosímil que haya cenado con dos mujeres con quienes no guarda un mínimo de relación y que, incluso, haya abordado con ellas el taxi del agraviado con destino al acotado puente, sin señalar cuál era el propósito de dicho traslado; y, aun cuando se haya retractado de esta información en su declaración instructiva (foja 182), esta no resulta apreciable para esta Sala Suprema, pues se debe considerar la doctrina jurisprudencial establecida en el considerando quinto del Recurso de Nulidad número 3044-2004/Lima, del primero de diciembre de dos mil cuatro, que refiere que en el interior del proceso penal frente a dos o más declaraciones carentes de uniformidad o persistencia, en cuanto a los hechos incriminados, por parte de un mismo sujeto procesal, es posible hacer prevalecer como confiable aquella con contenido de inculpación por sobre las otras de carácter exculpante; por lo que, valorada la consistencia de sus declaraciones iniciales, no es posible brindarle valor a esta última declaración.

Por otro lado, tampoco brindó mayor información sobre el sujeto denominado Ángel, quien fuera la persona que por medio de su coacusado lo habría contactado para “mover” (conducir) el vehículo robado de un punto a otro; aunado a ello, el acusado Gómez Camacho, a nivel preliminar (véase respuesta 8, foja 33), indicó que le pagarían cien soles por sus servicios; no obstante, a nivel de instrucción (foja 184), sostuvo que le pagarían cincuenta soles y a nivel plenarial (véase sesión del treinta y uno de octubre de dos mil dieciocho, foja 236), volvió a señalar que le pagarían cien soles, pero que no sabía cuándo le iban a dar el dinero y señaló “a esas alturas no sabíamos”.

Lo anteriormente expresado, sumado a la declaración del agraviado Morales Mejía, la cual se encuentra debidamente acreditada con el acta de reconocimiento físico, hace llegar al grado de certeza sobre la participación del acusado Gómez Camacho en el delito de robo agravado imputado en su contra, y enerva su presunción de inocencia.

5.4. En cuanto a la tercera garantía, la sindicación primigenia del agraviado Franklin Martín Morales Mejía fue ratificada a nivel de instrucción en su declaración preventiva2 (nota de persistencia). Ahora bien, cierto es que en esta etapa, el agraviado sindicó al acusado Tantavilca Tapullima como el autor del robo, lo que hace presumir al recurrente que existe una contradicción en las versiones del agraviado. Empero, a consideración de esta Sala Suprema, existe por parte del agraviado una confusión al respecto, más aún cuando el agraviado ratificó plenamente su declaración preliminar y así como el reconocimiento efectuado al acusado Gómez Camacho. Además, conforme a los indicios detallados se sitúa al acusado Gómez Camacho, en el lugar de los hechos.

Sexto. En conclusión, se aprecia que la versión incriminatoria del agraviado tiene credibilidad, es verosímil y se encuentra corroborada con medios probatorios que la sustentan, además, de la concurrencia de la prueba indiciaria, los mismos que acreditan la materialidad del delito de robo agravado como la vinculación del acusado Gómez Camacho. En consecuencia, se ha generado un estado de convicción plena respecto a la culpabilidad del referido acusado. Los argumentos exculpatorios de los acusados quedaron desvirtuados por las inconsistencias e incongruencias advertidas entre sí, y se deben tomar como meros argumentos de defensa que asisten a toda persona sometida a un proceso penal.

C. DEL DELITO DE RECEPTACIÓN AGRAVADA

Séptimo. Sobre la impugnación del procesado Joel Enrique Tantavilca Tapullima se debe señalar que las pruebas actuadas en el proceso demuestran, más allá de la duda razonable, su autoría del delito de receptación agravada. Por lo que sus argumentos, destinados a poner en tela de juicio los hechos materia de imputación, no son de recibo.

7.1. Por cuanto fue intervenido a bordo del vehículo robado de placa de rodaje número A8Y-347 (conforme al acta de intervención policial, foja 10); además, cuando el procesado Tantavilca Tapullima fue intervenido junto al procesado Gómez Camacho, pretendió huir (según la declaración del policía Ulises Segundo Grandez Viera), conducta que no se condice con la de una persona que no está vinculada a un hecho delictivo y que, por el contrario, genera un indicio de sospecha. En estas circunstancias, no resulta creíble la versión exculpatoria del procesado, quien afirma que desconocía el origen ilícito del vehículo, pues solo fue contratado para trasladarlo. Más aún, si se toma en cuenta que el tipo penal de receptación3 no exige certeza en el origen ilícito del bien, sino que impone deberes de prudencia al señalar que el autor debía presumir el origen ilícito.

7.2. Ese conocimiento respecto de la procedencia ilícita del bien debe ser deducida desde las circunstancias en que ocurrieron los hechos y desde una perspectiva normativa. Es decir que para determinar si el agente conocía o debía presumir esta condición del bien, se analizan las circunstancias del caso y se evalúa si un ciudadano medio habría estado en condiciones de conocer o poder presumir ese origen ilícito4. Estos fundamentos encuentran su similar en la sentencia impugnada, que también basó su fallo en las pruebas actuadas en el proceso. Sobre ellas realizó su valoración y logró arribar a la convicción de que los hechos materia de imputación fueron ciertos y, por ello, condenó a la recurrente.

Octavo. En esta línea, se descarta cualquier tipo de vicio en la sentencia recurrida y se constata la responsabilidad penal de los procesados, corresponde confirmar el fallo condenatorio.

DECISIÓN

Por estos fundamentos los señores jueces supremos de la Sala Penal Permanente de la Corte Suprema de Justicia de la República DECLARARON NO HABER NULIDAD en la sentencia del diecinueve de diciembre de dos mil dieciocho (foja 302), emitida por la Tercera Sala Penal Liquidadora de la Corte Superior de Justicia de Lima Norte, que condenó a: i) Edgar Marcial Gómez Camacho como autor del delito contra el patrimonio en la modalidad de robo agravado, en agravio de Franklin Martín Morales Mejía y Eduardo Ramírez Tarazona, a siete años de pena privativa de libertad, y ii) Joel Enrique Tantavilca Tapullima como autor del delito contra el patrimonio en la modalidad de receptación agravada, en agravio de Franklin Martín Morales Mejía, a cinco años de pena privativa de libertad, y fijó en S/ 1500 (mil quinientos soles) el monto que, por concepto de reparación civil, deberá abonar el procesado Gómez Camacho a favor de los agraviados y en S/ 500 (quinientos soles), el monto que, por concepto de reparación civil, deberá abonar el procesado Tantavilca Tapullima a favor de Franklin Martín Morales Mejía; y, con lo demás que contiene, los devolvieron.

Intervinieron los señores jueces supremos Castañeda Espinoza y Pacheco Huancas por licencia de los señores jueces supremos Figueroa Navarro y Sequeiros Vargas


1 Cfr. con acta de intervención policial (foja 10).

2 Foja 188.

3 Artículo 194 del Código Penal. Receptación

El que adquiere, recibe en donación o en prenda o guarda, esconde, vende o ayuda a negociar un bien de cuya procedencia delictuosa tenía conocimiento o debía presumir que provenía de un delito, será reprimido con pena privativa de libertad no menor de uno ni mayor de cuatro años y con treinta a noventa días-multa.

4 Esto que pareciera ser sumamente abstracto al ser postulado teóricamente, en realidad no lo es. Basta con recordar alguna vez que se nos haya acercado un desconocido en la calle a ofrecernos una variada gama de celulares muy costosos ofertados en ese momento por el sujeto ambulante a un precio sumamente bajo. Es natural que todo ciudadano promedio está en condiciones de presumir que dichos celulares son producto de algún tipo de delito contra el patrimonio. Existe la posibilidad que ese mismo sujeto se haya agenciado esos equipos de modo lícito, pero por las circunstancias se puede deducir que esos equipos no tienen origen lícito.

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