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CORTE SUPREMA DE JUSTICIA DE LA REPÚBLICA

SALA PENAL PERMANENTE
RECURSO DE NULIDAD N.° 17-2018
LIMA ESTE

Tráfico ilícito de drogas: reparación civil

Al no existir ningún argumento específico de la Sala Superior para descartar la pretensión de la parte civil y en virtud de que la Corte Supre

ma considera razonables los argumentos expuestos por esta en su recurso, se acogerá –en parte– y se procederá a aumentar el monto de la reparación civil a S/ 30 000 (treinta mil soles), que los encausados deberán abonar de forma solidaria, ya que corresponde a la afectación del bien jurídico protegido y resulta proporcional a la conducta ilícita por la que fueron condenados.

Lima, cuatro de junio de dos mil diecinueve

VISTOS: el recurso de nulidad interpuesto por la Procuraduría Pública a cargo de Asuntos Judiciales del Ministerio del Interior contra la sentencia del veintiséis de septiembre de dos mil diecisiete (foja 1209), en los extremos en los que: i) absolvió a Adán Carlos Chávez Álvarez de la acusación como autor por el delito contra la salud pública-tráfico ilícito de drogas (comercialización de insumos químicos fiscalizados), en perjuicio del Estado; ii) fijó la reparación civil en S/ 12 000 (doce mil soles), que deberán pagar, en forma solidaria, Johel Zambrano Maíz y Hemmler Luis Ayra Castañeda, condenados como coautores del delito contra la salud pública-tráfico ilícito de drogas (comercialización de insumos químicos fiscalizados), a favor del Estado, y iii) declaró infundada la petición de comiso del vehículo de placa de rodaje número D3Q-832. De conformidad, en parte, con lo opinado por el señor fiscal supremo en lo penal.
Intervino como ponente el señor juez supremo Príncipe Trujillo.

CONSIDERANDO

§ I. De la pretensión impugnativa del procurador público

Primero. El recurso de nulidad (foja 1260) presentado diferencia tres aspectos del pronunciamiento:

A. Respecto a la absolución del procesado Adán Carlos Chávez Álvarez

1.1. El que no exista un registro de llamadas entre los procesados y el absuelto no quiere decir que este sea inocente, pues los tres procesados iban en el mismo vehículo, por lo que era innecesario dicho tipo de comunicación.

1.2. Es un criterio subjetivo que se considere el registro personal del procesado, en el cual no se le incautó ningún objeto que evidencie su participación en los hechos.

1.3. Además, Adán Carlos Chávez Álvarez estaba registrado en el teléfono celular de Ayra Castañeda como “Carlos Bur” con el número 948527776, es decir, existió coordinación previa entre las partes.

1.4. No es razonable que el absuelto Adán Carlos Chávez Álvarez haya entregado las llaves del vehículo de placa de rodaje número D3Q-832 para que se introduzca la carga, pues ello es opuesto a una conducta neutra. El referido procesado no corroboró la correspondencia entre lo que se cargó en su vehículo y lo señalado en las guías de remisión, por lo que su conducta no puede ser calificada como neutral.

1.5. No es necesario que las tres o más personas se encuentren plenamente identificadas en la participación del delito. Así en el supuesto negado de que Adán Carlos Chávez Álvarez sea inocente, se describió la participación de Piero, quien sería propietario de los insumos, y de los estibadores (personas de Lurín y Lima Norte que acondicionaron la droga), por lo que no es correcta la desvinculación de la agravante prevista en el inciso 6 del artículo 297 del Código Penal.

B. Respecto al monto por concepto de reparación civil

1.6. Sostiene que el monto de la reparación civil debió ser de S/ 35 000 (treinta y cinco mil soles), en atención al bien jurídico lesionado y al daño moral que se le ocasiona al Estado con el transporte de 4451.50 kilogramos de ácido sulfúrico, en desmedro de la salud pública.

C. Respecto a la denegatoria de decomiso del vehículo de placa de rodaje número D3Q-832

1.7. La motivación sobre este extremo es deficiente. El vehículo fue el instrumento del delito, pese a que exista un contrato de leasing financiero entre el sentenciado Hemmler Luis Ayra Castañeda y el banco Scotiabank, por lo que procede el decomiso en mérito del artículo 102 del Código Penal. El término consentimiento debe entenderse como utilización y el citado banco tendrá expedito su derecho contra Hemmler Luis Ayra Castañeda.

§ II. Hechos materia de imputación

Segundo. Conforme a la acusación fiscal (foja 679), el tres de septiembre de dos mil quince, en horas de la noche, personal policial de la DIE DIVICDIQ Y OFINT-DIREJANDRO-PNP-Dirección Ejecutiva Antidrogas se encontraba por las inmediaciones de la Carretera Central, en el kilómetro 16 500 (referencia: grifo el Negro-Pecsa), a dos cuadras de la entrada de Huaycán, en el distrito de Ate, para realizar un operativo de interdicción, en mérito de información reservada sobre un posible trasteo de insumos químicos en dicho lugar, con la finalidad de confirmar o descartar tal información.

Entonces, a las 22:50 horas, se observó el desplazamiento de un camión con placa de rodaje número D3Q-832, de marca Isuzu, con carrocería de madera, de color blanco con verde, que era conducido por Adán Carlos Chávez Álvarez, acompañado por Johel Zambrano Maíz, quienes fueron intervenidos. Del mismo modo, se intervino a Hemmler Luis Ayra Castañeda, quien se encontraba por inmediaciones del lugar y era propietario del vehículo antes mencionado.

Al revisarse la carga del camión, se pudo apreciar que se transportaban sacos de guano orgánico, pero al retirarse tales sacos se observó que en la parte inferior había setenta y cinco bidones de plástico con tapa de rosca que contenían ácido sulfúrico, los cuales unidos daban un peso bruto de 4451.50 kilogramos, conforme al Dictamen de Insumos Químicos número 329/2015.

§ III. De la absolución en grado

Tercero. La imputación fiscal se dirigió contra los tres procesados señalados, pero solo se condenó a Johel Zambrano Maíz y Hemmler Luis Ayra Castañeda como coautores del delito de tráfico de drogas en la modalidad de comercialización de insumos químicos fiscalizados, mientras que se absolvió al conductor Adán Carlos Chávez Álvarez, por lo que la materialidad del ilícito no se encuentra en discusión.

El extremo de la condena no fue recurrido por las partes1. Si bien la Procuraduría cuestionó que no se les aplicara la agravante (de pluralidad de intervinientes, prevista en el artículo 297, inciso 6, del Código Penal), este aspecto –que incidiría solo en el incremento de la pena a imponerse– no corresponde a las facultades de impugnación previstas en el artículo 57 del Código de Procedimientos Penales, por lo que no será analizado.

A. Sobre el extremo absolutorio

Cuarto. Respecto al cuestionamiento sobre la absolución de Chávez Álvarez, se verificó de la requisitoria oral (foja 1048) que su participación específica en el delito se fundamentó con los registros de llamadas telefónicas que mantuvo con su coencausado Ayra Castañeda, además de las precisiones respecto a su labor como conductor de vehículos de carga.

Quinto. Por su parte, la Sala Superior analizó que su conducta se desarrolló dentro de su rol como conductor, que ninguno de sus coencausados o terceros lo sindicó como presunto autor del delito de tráfico ilícito de drogas y que quien dirigió la operación de carga y trasporte fue su coprocesado Johel Zambrano Maíz.

Sexto. En ese sentido, se verificó que los argumentos expresados por el procurador recurrente son similares a los que fueron señalados por el fiscal superior y se sustentan en indicios sobre la conducta del encausado consistente en entregar el camión que manejaba a un tercero y no revisar la carga; además de los registros de llamadas entre Adán Carlos Chávez Álvarez y su coencausado Hemmler Luis Ayra Castañeda.

Al respecto, se consideró probado que Chávez Álvarez era un chofer con experiencia y que conocía a Ayra Castañeda –por previos trabajos de trasporte–, por lo que resulta razonable dar por cierta la versión de ambos acerca de que, en esa oportunidad, se procedió de la misma forma que en anteriores ocasiones: como una prestación de servicios.

Séptimo. Además, con las condenas de Ayra Castañeda y Zambrano Maíz (no recurridas), se indicó que estos coordinaron la carga de la mercadería incautada (sacos de guano y ácido sulfúrico) y que el primero – quien se identificó como propietario del vehículo y se encontraba a cargo de la mercadería– realizó numerosas llamadas al chofer Chávez Álvarez para controlar de manera cercana dicho trasporte.

En ese sentido, a pesar de no ser una conducta usual, se analizó que, si bien el chofer entregó el camión –que no era de su propiedad– a un tercero para que completara la carga de la mercadería, actuó por disposición expresa de Zambrano Maíz (quien acompañó al conductor Chávez Álvarez en todo momento), que se encontraba realizando las coordinaciones pertinentes en contacto con el dueño de aquella, Ayra Castañeda.

Por tanto, este Colegiado Supremo considera que este extremo absolutorio se encuentra debidamente motivado, por lo que será confirmado.

B. Sobre el extremo de la reparación civil

Octavo. En la sentencia recurrida, la Sala Superior solo refirió genéricamente que para fijar la reparación civil en el presente caso consideraba la afectación al bien jurídico (salud pública), que el presente delito es de peligro y la cantidad de insumos químicos incautados.

Esta Sala Suprema no corrobora que se motivara debidamente por qué impuso el pago de S/ 12 000 (doce mil soles) cuando la pretensión resarcitoria de la parte civil –Procuraduría Pública competente– fue de S/ 35 000 (treinta y cinco mil soles), como solicitó en la sesión IV de juicio oral (foja 986).

Noveno. El procurador público indicó en su recurso diferentes datos específicos sobre el tráfico ilícito de drogas en nuestro país –como el costo de la venta de las sustancias ilícitas de la droga que se elaboraría con los insumos incautados– que permiten establecer la afectación que produjo la conducta sancionada de los encausados Johel Zambrano Maíz y Hemmler Luis Ayra Castañeda, sobre todo si se toma en cuenta la ingente cantidad de ácido sulfúrico que se trasportaba: setenta y cinco bidones con un total de 4452 kilogramos (peso bruto), según se indicó en el Dictamen Pericial de Insumos Químicos número 329/2015 (foja 422).

Décimo. Por tanto, al no existir ningún argumento específico de la Sala Superior para descartar la pretensión de la parte civil y en virtud de que la Corte Suprema considera razonables los argumentos expuestos por esta en su recurso, se acogerá –en parte– y se procederá a aumentar el monto de la reparación civil a S/ 30 000 (treinta mil soles), que los encausados deberán abonar de forma solidaria, ya que corresponde a la afectación del bien jurídico protegido y resulta proporcional a la conducta ilícita por la que fueron condenados.

C. Sobre el decomiso del vehículo

Undécimo. Los representantes del Ministerio Público y de la Procuraduría Pública solicitaron, durante el juicio oral, que se proceda a ordenar el decomiso del vehículo (camión) de placa de rodaje número D3Q-832, de propiedad de la entidad financiera Scotiabank Perú S. A. A. (como se verifica de la tarjeta de identificación vehicular a foja 79), que se encontraba en poder del encausado Hemmler Luis Ayra Castañeda, en virtud de la suscripción del contrato de arrendamiento financiero con dicha entidad (foja 757).

Ante la denegatoria del pedido en la sentencia recurrida, solo la parte civil interpuso recurso por este extremo y cuestionó la motivación de la Sala.

Duodécimo. Al margen del proceso civil seguido por la entidad propietaria del bien, este Colegiado Supremo advierte que no se configuró la causal prevista en el artículo 102, primer párrafo, del Código Penal sobre el decomiso de bienes de terceros, ya que en este supuesto se excluye dicha consecuencia a los terceros que “no hayan prestado su consentimiento” para la utilización de estos bienes.

Tal precisión hace referencia, como ya ha señalado esta Sala2, a que el decomiso solo procederá respecto a terceros afectados de mala fe. Este extremo no fue postulado ni motivado en el presente recurso de la parte civil y, de autos, tampoco se desprende que la entidad financiera Scotiabank –propietaria del bien– haya actuado de mala fe en la transacción del vehículo, por lo que deberá confirmarse este extremo.

DECISIÓN

Por estos fundamentos, los jueces integrantes de la Sala Penal Permanente de la Corte Suprema de Justicia de la República DECLARARON:

I. NO HABER NULIDAD en la sentencia del veintiséis de septiembre de dos mil diecisiete (foja 1209), en el extremo en el que absolvió a Adán Carlos Chávez Álvarez de la acusación como autor por el delito contra la salud pública-tráfico ilícito de drogas (comercialización de insumos químicos fiscalizados), en perjuicio del Estado.

II. HABER NULIDAD en la misma sentencia, en el extremo en el que fijó la reparación civil en S/ 12 000 (doce mil soles) y, REFORMÁNDOLA, fijaron en S/ 30 000 (treinta mil soles) el monto de reparación civil que Johel Zambrano Maíz y Hemmler Luis Ayra Castañeda deberán pagar en forma solidaria, como coautores del delito contra la salud pública-tráfico ilícito de drogas (comercialización de insumos químicos fiscalizados), a favor del Estado.

III. NO HABER NULIDAD en la misma sentencia, en el extremo en el que declaró infundada la petición de comiso del vehículo de placa de rodaje número D3Q-832. Y, con lo demás que contienen, los devolvieron.

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