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Robo agravado. Complicidad primaria. Prueba indiciaria

CORTE SUPREMA DE JUSTICIA DE LA REPÚBLICA

SALA PENAL PERMANENTE
RECURSO DE NULIDAD N.° 109-2019
UCAYALI

Suficiencia de pruebas: cómplice primario

No se afectó la unidad del título de imputación, pues se identificó plenamente al autor del hecho, pero respecto a este la acción penal se extinguió por su muerte. En consecuencia, el procesado Lara Haro fue debidamente declarado como partícipe del mismo hecho, por lo que corresponde confirmar este extremo del juicio de condena en su contra.

Lima, veintitrés de septiembre de dos mil diecinueve

VISTOS: los recursos de nulidad interpuestos por el representante del Ministerio Público y por el procesado Jhon Carlos Lara Haro contra la sentencia del seis de diciembre de dos mil dieciocho (foja 887), que lo condenó como cómplice primario del delito contra el patrimonio-robo agravado en grado de tentativa, en perjuicio de Ítalo Jaime Llanto Ramírez, a diez años de pena privativa de la libertad efectiva y fijó el pago de S/ 3000 (tres mil soles) por concepto de reparación civil.

Intervino como ponente el señor juez supremo Príncipe Trujillo.

CONSIDERANDO

§ I. De la pretensión impugnativa del procesado

Primero. Al formalizar el presente recurso (foja 913), el encausado Jhon Carlos Lara Haro solicitó su absolución y que se aplique el principio in dubio pro reo, en atención a que:

1.1. El recurrente admitió haber estado en el lugar de los hechos, pero negó haber participado en ellos: era el chofer que transportó a Hugo Huamán Diego y otra persona desconocida, quienes dispararon contra el agraviado. No tenía conocimiento de que perpetrarían tal ilícito ni que tenían armas.

1.2. A pesar de que se modificó su grado de participación de coautor a cómplice primario, no se acreditó que este hubiera tenido conocimiento del ilícito, que actuara con dolo, que existiera el acuerdo de voluntades y que su aporte haya sido necesario.

1.3. Al condenarlo como cómplice primario, aun cuando no se determinó quien es el autor del hecho delictivo, se afectó el principio de presunción de inocencia.

1.4. No se demostró que el occiso hubiera realizado los disparos contra el agraviado; además, existió otro sujeto implicado que no fue identificado.

1.5. No se acreditó que el agraviado hubiera sido víctima de intento de robo ni se acreditó la preexistencia de su moto. Tampoco se probó el móvil.

1.6. No existe prueba para acreditar que el procesado estuvo en el lugar de los hechos, salvo su propia manifestación. Si bien el agraviado dio características físicas, no se llegó a individualizar al procesado.

§ II. De la pretensión impugnativa del fiscal

Segundo. El representante del Ministerio Público fundamentó su recurso (foja 925) y manifestó su inconformidad respecto a la determinación de la pena. Expresó sus agravios bajo los siguientes puntos:

2.1. El Colegiado inobservó principios y criterios de individualización para determinar la pena. Debió tener en cuenta los principios de legalidad, lesividad, culpabilidad y proporcionalidad.

2.2. La comisión del delito fue en concurso de dos o más personas, a bordo de un vehículo (motocar), hubo amenaza contra el agraviado para robarle su motocicleta y, si bien el ilícito quedó en grado de tentativa, el agraviado resultó herido por proyectil de arma de fuego, lo que demuestra la agresividad con la que actuaron.

2.3. La pena impuesta es demasiado benigna, y no debió ser menor de dieciocho años de pena privativa de libertad, a fin de disuadir eficazmente este tipo de delitos.

2.4. El acusado, al momento de los hechos, contaba con veintiún años y diez meses de edad, por lo que no podría aplicarse la responsabilidad restringida.

§ III. De los hechos objeto del proceso

Tercero. El ocho de julio de dos mil once, aproximadamente a las 23:25 horas, el agraviado Ítalo Llanto Ramírez se encontraba conversando con Elina Marina Domínguez López, su amiga, por un espacio de diez minutos, en las inmediaciones del pasaje Los Helechos, manzana D, lote 4 del asentamiento humano Nazareno (a la altura del Colegio Faustino Maldonado), en Pucallpa, Ucayali, cuando se percató de que un motocar de color rojo, conducido por el procesado Jhon Carlos Lara Haro, se detuvo cerca de ellos.

Inmediatamente, un sujeto –identificado como Hugo Huamán Diego–, pasajero de dicho vehículo, junto con otra persona –no identificada– descendieron de aquel, portando armas de fuego con las cuales apuntaron al agraviado a fin de sustraerle su motocicleta (marca Honda de color rojo). Sin embargo, este –que es policía– instintivamente sacó su propia arma de fuego de reglamento y apuntó a Hugo Huamán Diego, quien al observar que estaba armado le disparó y le causó lesiones en el hombro izquierdo.

El agraviado reaccionó y disparó dos tiros a su agresor, retrocedió hacia un árbol que estaba, aproximadamente, a tres metros y, en ese momento, recibió otro impacto de bala a la altura del abdomen.

Al advertir estos hechos, el procesado Lara Haro reinició la marcha de su motocar para emprender la huida, por lo que Hugo Huamán Diego subió rápidamente al vehículo y se dieron a la fuga.
Horas después, el cuerpo de Hugo Huamán Diego fue encontrado en las inmediaciones del mercadillo del lugar, donde había sido abandonado.

§ IV. De la absolución en grado

Cuarto. Es pertinente realizar algunas precisiones sobre el tipo penal imputado al procesado, recogido en el artículo 188 del Código Penal, concordado con las agravantes contenidas en el artículo 189, incisos 2 (durante la noche o en lugar desolado), 3 (a mano armada), 4 (con el concurso de dos o más personas) y 8 (sobre vehículo automotor) del mismo cuerpo normativo; así como con la agravante del inciso 1 (cuando se cause lesiones a la integridad física o mental de la víctima) del segundo párrafo del último artículo citado.

Los elementos típicos del delito citado son el apoderamiento o sustracción –desplazamiento físico de la cosa del ámbito de custodia y la realización de actos de disposición de esta– de un bien mueble –ajeno o que parcialmente lo sea– mediante el empleo de violencia o amenaza que debe recaer sobre una persona.

Quinto. La materialidad del delito fue acreditada con la declaración del agraviado Ítalo Jaime Llanto Ramírez a lo largo del proceso1, quien sostuvo que el día de los hechos se encontraba en la vía pública con su moto lineal y dos sujetos que descendieron del vehículo menor tipo motocar (mientras el procesado –que era el chofer– los esperaba) dispararon en su contra y lo hirieron en el hombro. Este extremo se acreditó con la Historia Clínica número 005371-PF-HC y el Certificado Médico Legal número 005371-PF-HC, que concluyó que el agraviado Llanto Ramírez presentó fractura expuesta en la clavícula del hombro izquierdo y traumatismo toraco abdominal, ambos generados por impactos de proyectiles de arma de fuego (fojas 791 y 792).

Sexto. Además, en el lugar de los hechos –vía pública– se halló un revólver (acta a foja 30, oralizada a foja 854), que fue entregado a las autoridades. Al ser analizado en el Informe Técnico número 086-2011-VI-DIRTEPOL- P/OFAD-SAM (foja 34, oralizado a foja 857), se concluyó que se trataba de un revólver 0.38’’ SPL, marca Amadeo Rossi SA, no registró modelo, con número de serie erradicado, en regular estado de conservación, buen estado de funcionamiento, arma operativa. Y por las características de color y olor en el ánima del tubo cañón, se pudo deducir que había disparado recientemente.

Séptimo. El móvil de los agentes es consustancial a la naturaleza de este ilícito, ya que su finalidad es netamente lucrativa –beneficiarse con el patrimonio de un tercero mediante la sustración y el posterior apoderamiento– y, como sostuvo el agraviado en juicio oral (foja 724), escuchó que mencionaban la palabra “moto” cuando bajaron a abordarlo, por lo que su intención era despojarlo de su motocicleta lineal.

Si bien este delito es pluriofensivo, ya que al realizar los medios comisivos se puede afectar otros bienes jurídicos –como la integridad física–, esto no debe confundirse con la orientación de obtener un provecho económico, es decir, el móvil siempre será obtener un beneficio de naturaleza material.

Octavo. La ejecución del delito fue frustrada por la pronta reacción del agraviado, quien es policía y usó su arma de reglamento para repeler el ataque de los dos sujetos que se presentaron –y también abrieron fuego contra él con las armas que portaban–.

En el supuesto de delito contra el patrimonio tentado (como el presente) no es exigible la acreditación de la preexistencia del bien; basta con que de la actividad probatoria se constate la realización de actos típicos orientados a la obtención del apoderamiento, ya que, incluso si la víctima no hubiera poseído ningún bien al sufrir la agresión, los hechos tendientes a lograr el apoderamiento son los que califican como típicos2.

Noveno. Por otro lado, el agraviado reconoció plenamente a Hugo Huamán Diego (conforme al acta de foja 21, oralizada a foja 854) y a Jhon Carlos Lara Haro como los intervinientes en el intento de robo (fojas 335 y 724): sostuvo que el primero bajó del motocar con un arma de fuego con la que le apuntó –y luego efectuó disparos– y el segundo era el conductor del vehículo en el que llegaron y huyeron los sujetos del lugar de los hechos (a quienes esperó mientras se producían los disparos en su contra).

Debe indicarse que Huamán Diego fue hallado sin vida en la vía pública en la madrugada del nueve de julio de dos mil once, conforme al acta de levantamiento de cadáver (foja 19, oralizada a foja 853), y que la causa de muerte fue shock hipovolémico y herida por proyectil de arma de fuego en cavidad torácica, según el Protocolo de Necropsia número 118-2011 (foja 831).

Además, en la sentencia recurrida –argumento séptimo– se estableció que el occiso Hugo Huamán Diego fue el autor del hecho, mientras que –en juicio oral (foja 670)–, ante una solicitud de la defensa, se modificó el título de imputación de Jhon Carlos Lara Haro de coautor a cómplice primario.

Décimo. Por su parte, el recurrente Lara Haro admitió haber transportado a Hugo Huamán Diego y una persona desconocida en el motocar que conducía, y que se encontraron en el lugar de los hechos. No obstante, expuso como teoría defensiva el cumplimiento de un rol neutral al alegar que su conducta se limitó a brindar un servicio (conducir la motocar) sin tener conocimiento de que sus pasajeros portaban armas ni que realizarían un hecho ilícito.
Aunque, de forma contradictoria, en el presente recurso cuestiona la suficiencia probatoria para acreditar su presencia en el lugar de los hechos.

Undécimo. A nivel preliminar, asesorado por su abogado defensor y en presencia del representante del Ministerio Público (foja 125), especificó que, previamente a los hechos, se encontraba libando licor con el occiso Huamán Diego, luego de que este y otro sujeto le pidieron que los trasladara a otro lugar, y solo siguió las órdenes de Huamán Diego, quien en una calle le dijo que detuviera la motocar y lo esperara; a los segundos oyó disparos de armas de fuego e inmediatamente Hugo Huamán Diego subió y le dijo: “¡Vamos, sácame de aquí!”. Luego notó que aquel estaba sangrando y lo dejó en el mercadillo de La Hoyada ante su pedido, mientras iba a buscar a los padres de este.
En su declaración instructiva y en sede plenarial (fojas 653 y 675, respectivamente) ratificó el relato previo, en lo esencial.

Duodécimo. La atribución de responsabilidad penal al procesado se desprende, en primer lugar, del análisis conjunto de sus versiones y de la del agraviado, que coinciden en que: i) la motocar de donde bajaron sus agresores era la misma que conducía el encausado, ii) este vehículo detuvo su marcha mientras se efectuaban los disparos y los esperó, y iii) los agresores regresaron a la motocar y se retiraron del lugar.

Es decir, objetivamente resulta evidente que brindó un aporte esencial para la realización de los hechos, por lo que le corresponde la calificación de cómplice primario (artículo 25, primer párrafo, del Código Penal).

Decimotercero. El aspecto subjetivo –sobre su intención y conocimiento de la ilicitud de los hechos– se desprende, evidentemente, de la prueba indiciaria:

13.1. Como circunstancias previas, se tiene que el procesado Jhon Carlos Lara Haro no se encontraba laborando de manera regular con su motocar, sino que estaba trasportándose con esta de manera particular con diversas amistades (asistió a discotecas, libó licor), como él mismo lo reconoció y también fue corroborado por la testigo Wendy Huamán Diego (foja 302), hermana del occiso Hugo Huamán Diego, con quien estuvieron en una discoteca horas antes de los hechos (y luego la dejaron en su casa para dirigirse a otro lugar). Así, debe anotarse que su coprocesado Huamán Diego no era un pasajero cualquiera, sino que era su amigo, se frecuentaban y se encontraba en su compañía desde horas anteriores a los hechos.

13.2. Luego de los hechos, el procesado Jhon Carlos Lara Haro no condujo al autor de los hechos Hugo Huamán Diego a un nosocomio pese a que se encontraba herido, sino que lo dejó en la vía pública (conforme al acta de levantamiento de cadáver, a foja 19) a la espera de que sus familiares lo atendieran. De ello se colige que pretendían evitar que las autoridades tomaran conocimiento de su vinculación con el hecho (robo en el que se usaron armas de fuego).

13.3. Además, se desprende otro indicio de ocultamiento de los hechos; pues, como este reconoció (foja 653) y fue corroborado por los testigos Wendy Huamán Diego (foja 8, y su oralización a foja 848) y Francisco Paulino Huamán Broncano (foja 737) –hermana y padre del occiso, respectivamente–, el procesado, al llegar a casa de este, empezó inmediatamente a lavar las manchas de sangre que tenía la moto.

13.4. Además, el encausado brindó una versión distinta de los hechos a Francisco Paulino Huamán Broncano –según este afirmó (foja 10)–, pues le comunicó que su hijo se encontraba herido, y no acudió con los familiares del coprocesado al lugar donde lo había dejado herido; y luego se encontró no habido, como afirmó su hermano Aurelio Lara Haro (foja 12 y su oralización a foja 850), y solo se apersonó a la investigación once días después de los hechos (foja 55).

Decimocuarto. Los elementos expuestos deben ser valorados de forma conjunta y así es posible determinar que el procesado actuó dolosamente en calidad de cómplice primario: aportó a la comisión de los hechos ilícitos transportando a Huamán Diego hasta el lugar donde se encontraba el agraviado; aguardó para trasladar al ahora occiso; su vehículo era la vía de escape; si los hechos no se consumaron fue por la pronta reacción del agraviado, quien repelió el ataque con su arma reglamentaria; y, posteriormente, pretendió ocultar su vinculación con los hechos, conforme a lo narrado previamente.

Por otro lado, no se afectó la unidad del título de imputación. En el presente caso existe un autor; no obstante, la acción penal se extinguió contra Huamán Diego por su muerte y, en consecuencia, el procesado Lara Haro fue debidamente declarado como partícipe, por lo que corresponde confirmar este extremo del juicio de condena en su contra.

§ IV. Sobre la determinación de la pena

Decimoquinto. Entre sus agravios, el fiscal sostuvo que se aplicó indebidamente la figura de la responsabilidad restringida (artículo 22 del Código Penal); no obstante, en el presente caso el Tribunal Superior no disminuyó la pena conforme lo establece la norma citada, solo consideró la edad del procesado cuando ocurrieron los hechos (veintiún años y diez meses de edad) con relación a su “personalidad en estado de estructuración”.

Decimosexto. El delito imputado de robo agravado, contemplado en el artículo 188 del Código Penal, concordado con las agravantes contenidas en el artículo 189, incisos 2 (durante la noche o en lugar desolado), 3 (a mano armada), 4 (con el concurso de dos o más personas) y 8 (sobre vehículo automotor) del mismo cuerpo normativo, así como con la agravante del inciso 1 (cuando se causen lesiones a la integridad física o mental de la víctima) del segundo párrafo del último artículo citado, establece una pena no menor de veinte ni mayor de treinta años –conforme a la modificación de la Ley número 29407–.

No obstante, la Sala Superior redujo la sanción por debajo del mínimo, en atención a que el delito quedó en grado de tentativa (artículo 16 del Código Penal) y fijó la pena en diez años.

Sin embargo, este Tribunal Supremo no comparte dicha determinación de la pena concreta en atención a la gravedad de los hechos, por lo que, en aplicación de los principios de lesividad, proporcionalidad y cumplimiento de los fines de la pena, previstos en los artículos IV, VIII y IX del Título Preliminar del Código Penal, debe declararse nulo este extremo y, reformándolo, fijar la pena privativa de la libertad en once años y seis meses.

DECISIÓN

Por estos fundamentos los jueces integrantes de la Sala Penal Permanente de la Corte Suprema de Justicia de la República DECLARARON:

I. NO HABER NULIDAD en la sentencia del seis de diciembre de dos mil dieciocho (foja 887), que condenó a Jhon Carlos Lara Haro como cómplice primario del delito contra el patrimonio-robo agravado en grado de tentativa, en perjuicio de Ítalo Jaime Llanto Ramírez, al pago de S/ 3000 (tres mil soles) por concepto de reparación civil.

II. HABER NULIDAD en la misma sentencia, en el extremo en el que condenó a Jhon Carlos Lara Haro a la pena privativa de la libertad de diez años; y, REFORMÁNDOLA, le impusieron once años con seis meses de pena privativa de la libertad (que, con el descuento de carcelería que viene sufriendo desde el veintiocho de junio de dos mil dieciocho, vencerá el veintisiete de diciembre de dos mil veintinueve). Y, con lo demás que contienen, los devolvieron.

Intervino el señor juez supremo Castañeda Espinoza por licencia del señor juez supremo Sequeiros Vargas.


1 Actas de entrevista personal (fojas 14 y 16, oralizadas a fojas 851 y 852), preliminar (foja 4), preventiva (foja 335, oralizada a foja 861) y en juicio oral (foja 724).

2 Al respecto, véase el Recurso de Nulidad número 324-2017/Apurímac.

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