Robo agravado. Complicidad primaria. Prueba indiciaria
13 agosto, 2020
Feminicidio [Tentativa]: Suficiencia probatoria y retractación de la víctima.
15 agosto, 2020

Lavado de activos. Receptación proveniente de TID. Desconocimiento por parte de la esposa del origen delictivo del bien

CORTE SUPREMA DE JUSTICIA DE LA REPÚBLICA

SALA PENAL PERMANENTE
RECURSO DE NULIDAD N.° 1215-2019
LIMA

No se acreditó el delito fuente, corresponde absolver

En atención a que el vehículo camión fue adquirido el siete de abril de mil novecientos noventa y ocho y que luego fue vendido por la procesada (objeto de imputación), no es posible evidenciar que ella tuviera conocimiento de que provenía del tráfico ilícito de drogas o lo sospechara; en efecto, el ser esposa del sentenciado Girao Bonifaz y residir en el mismo inmueble no evidencian que el bien proviniera del tráfico ilícito de drogas. Por consiguiente, corresponde absolver a la procesada, al no haberse acreditado dicho extremo.

Lima, ocho de mayo de dos mil veinte

VISTOS: el recurso de nulidad interpuesto por la procesada Irma María Cecilia Orellana Lazo contra la sentencia del treinta de enero de dos mil diecinueve (foja 7843), que: i) declaró infundada la tacha promovida por la defensa técnica de la referida procesada contra el Dictamen Pericial de Grafotecnia número 6479/6480-2018, emitido por el Departamento de Grafotecnia-Dirección de Criminalística, y ii) la condenó como autora del delito contra la salud pública-tráfico ilícito de drogas en la modalidad de receptación, en agravio del Estado, a ocho años de pena privativa de libertad y fijó en S/ 15 000 (quince mil soles) el monto que, por concepto de reparación civil, deberá pagar a favor del Estado. Con lo expuesto en el dictamen del señor fiscal supremo en lo penal.
Intervino como ponente el señor juez supremo Coaguila Chávez.

CONSIDERANDO

§ I. Exposición de agravios de la impugnante

Primero. La procesada Irma María Cecilia Orellana Lazo, en el recurso de nulidad (foja 7855) y su ampliación (fojas 7866 y 7892), cuestiona todos los extremos de la sentencia, alega vulneración al derecho de la prueba y sostiene que:

1.1. El vehículo Dodge D-300 se adquirió con fuente económica lícita en mil novecientos noventa y ocho, y no en el año dos mil, como pretende hacer ver la Sala Superior; en tal sentido, si se considera que los hechos de tráfico ilícito de drogas se conocieron en mil novecientos noventa y nueve, no puede deducirse que el origen de la adquisición del referido bien tenga como fuente tal ilícito.

1.2. No existió un beneficio económico proveniente de tráfico ilícito de drogas antes de la transferencia del vehículo, y el beneficio solo resulta ser la venta del vehículo a los testigos Manzanedo Hinostroza y de la Cruz Alcántara, cuya referencia no la vincula con el delito. En efecto, de las declaraciones de los testigos involucrados en la compraventa del camión se concluye que nunca conocieron a la procesada ni tuvieron algún tipo de trato relacionado con la venta del citado bien.

1.3. Se sostiene que la declaración del testigo Santos Ignacio Borjas Vilca cumple los presupuestos del Acuerdo Plenario número 2-2005, pero no se explica por qué es persistente, es decir, su testimonio no cumple con los requisitos señalados en el referido acuerdo plenario, ni presentó prueba fehaciente que corrobore su declaración.

1.4. Se la vincula con el ilícito solo porque vivía en el mismo inmueble y por haber sido esposa del sentenciado Javier Alberto Girao Bonifaz o Joaquín Javier Gutiérrez Hirano, lo cual resulta absurdo y contrario al principio de no incriminación.

1.5. Se brinda valor a la pericia de oficio y se analiza únicamente la venta del año dos mil, pese a no ser el único aspecto relevante. Respecto a la pericia de parte, no menciona los argumentos de los peritos de parte y solo se señala que hizo observaciones. Con relación a la pericia de oficio se sostiene que cumplió con las formalidades, lo cual no es real, pues incumplió el Manual de

Procedimientos Periciales de Criminalística R. D. número 247-2013- DIRGEN/EMG, del primero de abril de dos mil trece, esto es, anexar todos los documentos; al existir diferencias no dispuso la formulación de un parte, no perennizo todo con fotografías, no cumplió con el plazo de siete días hábiles, la documentación no fue suficiente y no firmaron los dos peritos inicialmente nombrados.
1.6. De las ejecutorias supremas que obran en autos, en especial la número 1180-2016, del treinta de marzo de dos mil diecisiete, se desprende que ninguno de los supuestos proveedores de dinero o bienes producto del tráfico ilícito de drogas (delito previo) fueron condenados; así, la sentencia recurrida se torna ilegal, más aún si se la condenó como autora del ilícito sin razonamiento alguno, cuando –de acuerdo con la acusación fiscal– el título de imputación es de coautora. Tales incongruencias deben ser tomadas en cuenta.

§ II. Hechos materia de imputación

Segundo. La acusación fiscal (foja 4484) y, principalmente, la respectiva ampliación (foja 4674) se dieron en mérito del dictamen fiscal supremo, que dispuso que se acuse a la procesada. Así, como se desprende de la sentencia materia de cuestionamiento (foja 7844), a Irma María Cecilia Orellana Lazo se le imputa haber vendido el camión de placa de rodaje WO-2032, marca Dodge, modelo D-300, por USD 4000 (cuatro mil dólares americanos), mediante contrato de compraventa del ocho de septiembre de dos mil, a Samuel Abdías Manzanedo Hinostroza y Maura Eustaquia de la Cruz Alcántara, pese a que el vehículo –cuya procedencia deriva de las ganancias del tráfico ilícito de drogas– estaba sometido a investigación policial por el delito mencionado, diligencia iniciada contra su esposo, el ahora sentenciado Javier Alberto Girao Bonifaz o Joaquín Javier Gutiérrez Hirano; para ello, contó con la participación de Santos Ignacio Borjas Vilca (absuelto), quien admitió haber colaborado con la recurrente en la venta del vehículo, por lo que recibió la suma de USD 200 (doscientos dólares americanos), por concepto de comisión.

§ III. Fundamentos del Tribunal Supremo

Tercero. Se atribuye a la procesada el delito de tráfico ilícito de drogas en la modalidad de receptación, conducta regulada en el artículo 296- A del Código Penal, vigente mediante el artículo 1 del Decreto Ley número 25428, del once de abril de mil novecientos noventa y dos, que establece:

El que interviene en la inversión, venta, pignoración, transferencia o posesión de las ganancias, cosas o bienes provenientes de aquellos o del beneficio económico obtenido del tráfico ilícito de drogas, siempre que el agente hubiese conocido ese origen o lo hubiera sospechado, será reprimido con pena privativa de la libertad no menor de ocho ni mayor de dieciocho años, y con ciento veinte a trescientos días-multa e inhabilitación, conforme al artículo 36, incisos 1, 2 y 4.

El que compre, guarde, custodie, oculte o reciba dichas ganancias, cosas, bienes o beneficios conociendo su ilícito origen o habiéndolo sospechado, será reprimido con la misma pena.

Cuarto. Se debe considerar que el recurso impugnatorio interpuesto por la procesada se basa en dos aspectos: i) que la pericia grafotécnica oficial incumplió el Manual de Procedimientos Periciales de Criminalística R. D. número 247-2013-DIRGEN/EMG (por lo que interpuso tacha que se declaró infundada); y, ii) que es inocente, pues no se acreditó que la adquisición del bien y su posterior venta tuvieron como fuente el tráfico ilícito de drogas.

Quinto. Del análisis de los actuados, sobre el primer cuestionamiento se debe considerar que el Dictamen Pericial de Grafotecnia número 6479/6480-2018 (foja 7651), contó con los elementos idóneos para analizar la firma de la procesada en los contratos –tanto de compra como de transferencia del camión de placa de rodaje número WO-2032, marca DODGE, modelo D-300–; en ese sentido, el perito oficial tuvo acceso a los archivos internos de la Oficina Nacional de Procesos Electorales (ONPE), el Registro Nacional de Identificación y de Estado Civil (Reniec) y la Superintendencia de Registros Públicos (Sunarp); por otro lado, se debe considerar que la tacha propuesta tiene que evidenciar la falsedad del documento o la ausencia de una formalidad esencial (que se prevén en los artículos 242 y 243 del Código Procesal Civil), lo cual no se presenta en la pericia cuestionada, por lo que la tacha propuesta no puede prosperar. La decisión del ad quem en este extremo es adecuada.

Sexto. El segundo aspecto estriba en la inocencia de la procesada, como se aprecia de sus argumentos recursivos ut supra. La comisión del delito atribuido a la procesada se centra en la venta del vehículo camión de placa de rodaje WO-2032, marca Dodge, modelo D-300, que proviene del beneficio económico del tráfico ilícito de drogas, y en si la procesada conocía ese origen o lo sospechaba.

Séptimo. En este punto se debe considerar que el ilícito atribuido (tráfico ilícito de drogas en la modalidad de receptación) sufrió diversas modificatorias y actualmente está regulado como lavado de activos en el Decreto Legislativo número 1106, por lo que, en atención a la regulación y calificación del hecho, es necesario analizar el aspecto referido al origen del bien (delito fuente), esto es, que provenga del tráfico ilícito de drogas y que, pese a saberlo, la procesada vendió el bien.

Octavo. Uno de los elementos objetivos del tipo penal de lavado de activos es el delito previo o delito fuente. En el fundamento jurídico 32 del Acuerdo Plenario número 3-2010 se señala que:
El delito fuente, empero, es un elemento objetivo del tipo legal –como tal debe ser abarcado por el dolo– y su prueba condición asimismo de tipicidad. No es menester, como se ha indicado anteriormente, que conste acreditada la comisión mediante sentencia firme, ni siquiera que exista investigación en trámite ni proceso penal abierto. Es decir, expresamente, se ha descartado una prejudicialidad homogénea de carácter devolutiva.

Noveno. Tal aspecto no colisiona con la calificación del delito (venta del bien proveniente del beneficio económico del tráfico ilícito de drogas), sino que completa su análisis. Entonces, como se tiene de las pruebas, quedó acreditado con el Dictamen Pericial de Grafotecnia número 6479/6480- 2018 (foja 7651) que la procesada intervino en la compra del bien, el siete de abril de mil novecientos noventa y ocho, y lo vendió el ocho de septiembre de dos mil (cuando su esposo, el procesado Javier Alberto Girao Bonifaz o Joaquín Javier Gutiérrez Hirano, era investigado por la comisión de dicho ilícito), ya que las firmas consignadas en los contratos de compraventa son auténticas y provienen del puño gráfico de la procesada. Incluso, la encausada realizó trámites para efectuar el cambio de motor del referido vehículo; en efecto, ingresó una solicitud al Registro Vehicular, el catorce de abril de mil novecientos noventa y ocho, donde consignó sus datos y firma e hizo el abono del impuesto respectivo (foja 2355).

Décimo. Ahora bien, el presente proceso, que ha merecido varios pronunciamientos, se originó por el descubrimiento del tráfico de diez kilos de clorhidrato de cocaína, el veinte de agosto de mil novecientos noventa y nueve, cuando se realizaba el despolitizado de la carga transportada por la empresa Challenge Air Cargo Inc., procedente de Lima, en el estado de Florida, Estados Unidos de América, por personal de aduanas de ese país, que halló acondicionados diez paquetes en forma de ladrillos en un cargamento de espárragos; luego de las investigaciones internas en su sucursal de Lima, se determinó como responsables a los servidores de esa empresa e, iniciado el proceso judicial, se acreditó la responsabilidad de Javier Alberto Girao Bonifaz o Joaquín Javier Gutiérrez Hirano, esposo de la procesada, como propietario de la sustancia ilícita (sentencia del veinticuatro de noviembre de dos mil quince, foja 7115, extremo confirmado por la Corte Suprema mediante el Recurso de Nulidad número 1180-2016-Lima, del treinta de marzo de dos mil diecisiete, foja 7268).

Decimoprimero. Por otro lado, en la misma sentencia (foja 7115) también se emitió pronunciamiento respecto de los procesados Javier Alberto Girao Bonifaz o Joaquín Javier Gutiérrez Hirano y Exer Noé Gómez Pacherrez por el traslado de aproximadamente 700 kilos de droga al extranjero, en la embarcación Forrespe I, adquirida por Girao Bonifaz, en la que este habría acondicionado droga en el mes de octubre de mil novecientos noventa y siete, junto con Gómez Pacherrez, quien se desempeñaba como patrón de bahía y encargado de los zarpes de la embarcación, lo que fue financiado supuestamente por Wilfredo Enrique Valderrama Zegarra; no obstante, tales cargos no se llegaron a acreditar, como se explica en la referida sentencia (foja 7132); en tal sentido, fueron absueltos por ese hecho. Dicho pronunciamiento no fue objeto de recurso, por lo que tal extremo quedó firme.

Decimosegundo. En esa línea, en la misma sentencia se emitió pronunciamiento por la comisión del delito de tráfico ilícito de drogas en la modalidad de receptación, atribuida a Javier Alberto Girao Bonifaz o Joaquín Javier Gutiérrez Hirano (autor) y Exer Noé Gómez Pacherrez (cómplice) por la adquisición, a través de la financiación de Wilfredo Enrique Valderrama Zegarra (autor), de las embarcaciones Forrespe I y Ponce I, con dinero que provendría del ilícito de tráfico de drogas; es así que los jueces superiores hallaron responsables a los dos primeros y los condenaron por este delito; sin embargo, interpuesto el recurso de nulidad respectivo por ambos procesados, dicha decisión fue revocada mediante el Recurso de Nulidad número 1180-2016-Lima, del treinta de marzo de dos mil diecisiete (foja 7268). El argumento absolutorio se basó, fundamentalmente, en que el financista Wilfredo Enrique Valderrama Zegarra (el objeto de la imputación era que este procesado financió la adquisición de las embarcaciones pesqueras Forrespe I y Ponce I) fue absuelto anteriormente y dicha decisión fue confirmada (sentencia del veintitrés de agosto de dos mil dos, foja 5626, y confirmada mediante el Recurso de Nulidad número 1106-2003, del cuatro de septiembre de dos mil tres, foja 5728), entonces no era posible vincularlos al ilícito.

Decimotercero. En este punto, se debe considerar la situación del coprocesado Santos Ignacio Borjas Vilca, a quien se le atribuyó haber participado en la transferencia del bien objeto de pronunciamiento, camión de placa de rodaje WO-2032, marca Dodge, modelo D-300 (conforme se consignó en foja 5627), pero fue absuelto y se confirmó la decisión (sentencia del veintitrés de agosto de dos mil dos, foja 5626, confirmada mediante el Recurso de Nulidad número 1106-2003, del cuatro de septiembre de dos mil tres, foja 5728).

Decimocuarto. En suma, durante el proceso se llegó a absolver a todos los implicados (Javier Alberto Girao Bonifaz o Joaquín Javier Gutiérrez Hirano, Wilfredo Enrique Valderrama Zegarra, Exer Noé Gómez Pacherrez, Ricardo Avelino Gomero Zarzosa, Walter Julián Uribe Robles y Santos Ignacio Borjas Vilca) por el ilícito de tráfico ilícito de drogas en la modalidad de receptación. Ahora bien, es verdad que, en estricto, como se desprende de la acusación fiscal, la imputación contra ellos, salvo el caso de Borjas Vilca, se refiere a la financiación por parte de Valderrama Zegarra para la adquisición de embarcaciones pesqueras y no la del vehículo camión objeto del ilícito.

Decimoquinto. Sin embargo, el razonamiento judicial obliga a evaluar, en igualdad de circunstancias, la imputación y condenas previamente producidas en el marco del proceso penal. Así, se tiene que en el encausamiento llevado contra Javier Alberto Girao Bonifaz o Joaquín Javier Gutiérrez Hirano no se demostró su autoría en referencia a las embarcaciones que supuestamente provenían de un financiamiento que tenía origen en el tráfico de drogas (receptación); de otro lado, el referido ilícito, que dio origen al proceso, data de tratativas que se iniciaron entre mayo y agosto de mil novecientos noventa y nueve, cuando se descubrió el cargamento de droga en Estados Unidos, hecho que si bien es anterior a la venta del vehículo no debe hacer perder de vista que la compra del camión se produjo mucho antes del descubrimiento del traslado de la sustancia ilícita en Estados Unidos; a lo que, incluso, se suma que el supuesto tráfico de sustancias ilícitas mediante el uso de embarcaciones, de octubre de mil novecientos noventa y siete, también quedó descartado; por ello, en atención a que el vehículo camión fue adquirido el siete de abril de mil novecientos noventa y ocho y que luego fue vendido por la procesada (objeto de imputación), no es posible evidenciar que ella tuviera conocimiento de que provenía del tráfico ilícito de drogas o lo sospechara; en efecto, el ser esposa del sentenciado Girao Bonifaz y residir en el mismo inmueble no evidencian que el bien proviniera del tráfico de drogas. Por tanto, corresponde absolver a la procesada, al no haberse acreditado dicho extremo.

Decimosexto. Finalmente, la procesada Irma María Cecilia Orellana Lazo no estuvo presente en la lectura de sentencia al momento de dictársele condena en la actual causa, por lo que se ordenó su ubicación y captura; sin embargo, al haberse decidido su absolución en esta instancia, corresponde dejar sin efecto dicha medida.

DECISIÓN

Por estos fundamentos, los señores jueces integrantes de la Sala Penal Permanente de la Corte Suprema de Justicia de la República DECLARARON NO HABER NULIDAD en la sentencia del treinta de enero de dos mil diecinueve (foja 7843), en el extremo que i) declaró infundada la tacha promovida por la defensa técnica de la referida procesada contra el Dictamen Pericial de Grafotecnia 6479/6480-2018, emitido por el Departamento de Grafotecnia-Dirección de Criminalística; y, HABER NULIDAD en la misma sentencia en cuanto ii) condenó a Irma María Cecilia Orellana Lazo como autora del delito contra la salud pública, tráfico ilícito de drogas en la modalidad de receptación, en agravio del Estado, a ocho años de pena privativa de libertad y fijó en S/ 15 000 (quince mil soles) el monto que, por concepto de reparación civil, deberá pagar a favor del Estado; y, reformándola, la ABSOLVIERON del delito y agraviado anotados; ORDENARON que se anulen sus antecedentes policiales y judiciales generados a consecuencia del presente proceso y se archive definitivamente lo actuado en este extremo, y DISPUSIERON que se DEJEN SIN EFECTO las órdenes de ubicación y captura impartidas en su contra, originadas en el presente proceso.

Intervino el señor juez supremo Castañeda Espinoza, por periodo vacacional del señor juez supremo Príncipe Trujillo.

DESCARGAR RESOLUCIÓN AQUÍ:

Pin It on Pinterest