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Feminicidio [Tentativa]: Suficiencia probatoria y retractación de la víctima.

CORTE SUPREMA DE JUSTICIA DE LA REPÚBLICA

SALA PENAL PERMANENTE
RECURSO DE NULIDAD N.° 2294-2018
LIMA SUR

Suficiencia probatoria y retractación de la víctima

a. La responsabilidad penal del encausado está acreditada con la versión de la víctima, la cual se corroboró periféricamente. La violencia con la que actuó el encausado con el fin de ejecutar su plan criminal, se acredita con el certificado médico legal, aunado al hecho de que los Informes emitidos en el presente proceso denotan que los hechos se dieron en un contexto de violencia familiar a la que estaba sometida la agraviada, al haber tenido una relación de convivencia y haber procreado a dos menores que se encontraban presentes al momento del acto. Por tanto, la condena recaída en contra del encausado es conforme a derecho.

b. La retractación de la víctima no implica que su versión con contenido incriminatorio quede sin efecto o disminuya su capacidad de probar una conducta criminosa. Sin embargo, toda versión por sí sola no constituye elemento suficiente para condenar a una persona; su corroboración periférica es una exigencia ineludible, si se quiere resquebrajar la presunción de inocencia. Su valor se supedita a la existencia de otros elementos que en conjunto generen certeza en la sindicación.

Lima, doce de agosto de dos mil diecinueve

VISTOS: el recurso de nulidad interpuesto por la defensa del encausado José Miguel Carlín Pomares contra la sentencia del diecisiete de octubre de dos mil dieciocho (foja 430), emitida por la Sala Penal Transitoria de la Corte Superior de Justicia de Lima Sur, en el extremo que lo condenó como autor del delito contra la vida, el cuerpo y la salud-feminicidio en grado de tentativa, en perjuicio de Juana Regina Livia Pérez, a dieciséis años de pena privativa de libertad y fijó en S/ 5000 (cinco mil soles) el monto de la reparación civil que ha de abonar en favor de la parte perjudicada; con lo demás que al respecto contiene. De conformidad con lo dictaminado por el fiscal supremo en lo penal.

Intervino como ponente el señor juez supremo Figueroa Navarro.

CONSIDERANDO

I. Expresión de agravios

Primero. La defensa técnica del encausado Carlín Pomares fundamentó el recurso de nulidad (foja 447) y alega que:

1.1. No se tuvo en cuenta que la incriminación primigenia de la agraviada es totalmente distinta a la que dio en juicio oral, la cual se vio debilitada por su propia versión dada en la Policía Nacional del Perú.

1.2. Se demostró en el proceso que la agraviada dijo que discutió con el acusado y que quería hundirlo en el momento en que lo denunció, pues le tenía resentimiento porque le había “sacado la vuelta” con otra mujer.

1.3. No se valoró lo manifestado por la agraviada y el propio recurrente, quienes señalaron que él estaba ebrio; es decir, no estaba en sus facultades mentales normales, razón por la que discutió con la citada perjudicada.

1.4. No se valoraron las conclusiones de la pericia psiquiátrica practicada al encausado, en las que en ningún momento se señaló que el recurrente tuviera ideas de hacer daño.

1.5. No llegó el médico legista para declarar en el juicio oral, y no se ha ratificado en el certificado médico legal.

1.6. Se sentenció al recurrente con una pena excesiva, la cual deja en la orfandad a sus menores hijos.

1.7. No se tomó en cuenta el Acuerdo Plenario número 2-2005/CJ-116, pues no existe persistencia en la incriminación.

II. Imputación fiscal

Segundo. De acuerdo con la acusación fiscal (foja 210), el hecho imputado es el siguiente: el veintiséis de agosto de dos mil diecisiete, aproximadamente a las 03:00 horas, en circunstancias en que la agraviada –conviviente del encausado– se encontraba descansando en su domicilio, sito en el asentamiento humano Las Lomas, manzana A, lote 30, Tablada de Lurín, Villa María del Triunfo, junto a sus hijos Milan y José Miguel Carlín Livia, de tres y dos años de edad, respectivamente, el encausado ingresó al inmueble y, dirigiéndose al dormitorio de la agraviada, empezó a insultarla. Por la presencia de sus menores hijos, ella trató de calmarlo y el encausado solicitó quedarse a dormir, petición a la que accedió la agraviada, quien procedió a darle de lactar a su menor hijo; la situación fue aprovechada por el procesado para tocarle la vagina por encima de la ropa, lo que fue rechazado por la víctima; aun así, continuó tocándola, mordiéndole el lado izquierdo de la mandíbula e intentando bajarle el pantalón; todos sus avances fueron evitados por la agraviada, y el procesado le preguntó si estaba con otras personas, luego se sacó la ropa hasta quedar desnudo; cuando la agraviada le pidió que se vistiera, él se abalanzó contra ella –quien estaba en la cama haciendo dormir a sus menores hijos– y llegó a subir sobre la agraviada y a colocar ambas manos en la parte delantera de su cuello, mientras la ahorcaba y le decía: “Te voy a matar, te voy a matar”. La agraviada le dijo que la soltara, que la estaba lastimando y que no podía respirar; finalmente, logró empujarlo hacia un costado de la cama y le pidió auxilio a su madre, quien entró en la habitación y lo encontró desnudo. El encausado se vistió y, empujando a la agraviada y a su madre, huyó del lugar; la última de las mencionadas cerró la puerta de ingreso del domicilio con llave, así, cuando el encartado regresó y vio que no podía ingresar, empezó a gritar: “Ábreme que te voy a matar”; la policía del sector llegó para auxiliarla. Posteriormente, el procesado fue intervenido en la calle, cuando se encontraba bebiendo alcohol a tres cuadras del lugar.

II. Fundamentos del Tribunal Supremo

Tercero. El delito de feminicidio, previsto en el artículo 108-B del Código Penal, reviste suma gravedad y constituye la manifestación más extrema de violencia contra la mujer. En una perspectiva sociológica, el término “feminicidio” alude a los comportamientos que constituyen agresiones violentas contra las mujeres por el hecho de ser tales, en un contexto social y cultural que origina y consolida la dominación y discriminación a la que están sometidas1. El tipo penal no está referido a cualquier acto de violencia, sino, más bien, a una violencia fenomenológicamente estructurada y sistemática contra las mujeres. Por ende, su aplicación está en función de proteger el bien jurídico “vida” cuando el móvil sea la discriminación a la mujer o el abuso de poder sobre ella, que incluso puede ser de naturaleza intrafamiliar o laboral2.

Cuarto. Se trata de un delito cuyo reproche jurídico radica en la reiteración y progresividad en la violencia entendida en sentido amplio, expresada fundamentalmente en agresiones físicas y psicológicas, que generan consecuencias devastadoras en la apreciación personal y social de las mujeres, llevándolas, incluso, a la muerte. Se trata de una conducta típicamente abusiva del poder detentado por el agresor. Es preciso destacar, con carácter general y a tenor de lo establecido por la Corte Interamericana de Derechos Humanos, que la violencia de género, incluyendo los asesinatos, secuestros, desapariciones y las situaciones de violencia doméstica y familiar, no se refiere a casos aislados, esporádicos o episódicos, sino a una situación estructural y a un fenómeno social y cultural enraizado en las costumbres y mentalidades. La violencia está fundada en una cultura de discriminación basada en el género3.

Quinto. Como lo ha establecido esta Suprema Corte, mediante el Acuerdo Plenario número 1-2016/CJ-116, la violencia contra la mujer es la que se ejerce por el hombre contra aquella, por su condición de tal, y tiene su génesis en la discriminación intemporal, la situación de desigualdad y las relaciones de poder de los hombres sobre las mujeres. Desde esta perspectiva, la violencia contra las mujeres no se reduce al ámbito familiar (como parte de la relación de subordinación), sino a una estructura social que posibilita la discriminación, desigualdad y relaciones asimétricas de poder entre el hombre y la mujer.

Sexto. En el caso concreto, de acuerdo con la acusación fiscal, los hechos han sido encuadrados en el numeral 1 del primer párrafo (en el contexto de violencia familiar) y el numeral 8 del segundo párrafo (cuando se comete a sabiendas de la presencia de las hijas o los hijos de la víctima o de niños, niñas o adolescentes que se encuentren bajo su cuidado) del artículo 108-B del Código Penal, en concordancia con el artículo 16 del citado código, pues el hecho quedó en grado de tentativa. Así, se encuentra acreditado que el evento delictivo se dio en un contexto de violencia familiar (el encausado fue conviviente de la víctima). El Informe Social número 111-2017 (foja 143) evacuado por el Ministerio de la Mujer y Poblaciones Vulnerables, concluye: “Usuaria Juana Regina Livia Pérez y sus menores hijos […], se encuentran en riesgo moderado, advirtiéndose los siguientes factores de riesgo: niños expuestos a la violencia ejercida por el padre; vulnerabilidad e indefensión en los niños, situación que hace que no puedan defender sus derechos; presenta historial de conductas violentas el denunciado; abuso de consumo de alcohol y drogas”. Dicha documental refleja una conducta violenta y, de acuerdo a la manifestación preliminar de la víctima (foja 18), no era la primera vez que el encausado actuaba de esa manera.

Séptimo. En cuanto a la presencia de menores en el acto, se encuentra acreditado que estaban presentes sus dos menores hijos de 2 y 3 años de edad. De acuerdo con la versión de la víctima, ella se encontraba amamantando a uno de sus hijos y, al momento de los hechos, conminó al encausado para que se calme porque ellos se estaban asustando. Al respecto, el encausado ha indicado a nivel preliminar, que los dos menores se encontraban dormidos; sin embargo, en juicio oral aceptó que la antes mencionada estaba dando de lactar a uno de sus hijos. En tal virtud, este presupuesto que el tipo penal exige también se ve cumplido.

Octavo. Ahora bien, se debe indicar que no es objeto de discusión la presencia del encausado en la habitación de la agraviada el día y hora de los hechos, pues él lo ha aceptado, como se desprende de sus declaraciones, obrantes en autos. Lo que es objeto de discusión es un hecho, si el recurrente intentó dar muerte a su exconviviente, en tanto este negó haber realizado tal acción, más aún si postula como agravio la no valoración de ciertos medios de prueba.

Noveno. Al respecto, como prueba de cargo, tomada en cuenta por la Sala Superior, se tiene la declaración de la agraviada efectuada a nivel preliminar en presencia del Ministerio Público (foja 18). En dicha declaración sindicó al encausado como la persona que intentó darle muerte. Precisó que el día de los hechos él ingresó a la vivienda en la que pernoctaba con sus dos menores hijos y, en presencia de ellos comenzó a insultarla, para luego tocarle las partes íntimas e intentar tener relaciones sexuales con ella. Ante el rechazo, él le mordió la mandíbula izquierda y trató de bajarle el pantalón. Luego se desnudó y, ante el nuevo rechazo, le recriminó que tenía otro y, aprovechando que la agraviada amamantaba a uno de sus menores hijos, se le abalanzó, se subió sobre ella y comenzó a ahorcarla con ambas manos y a decirle: “Te voy a matar, te voy a matar”; así, empezó un forcejeo entre ambos, el encausado presionaba cada vez más fuerte el cuello de la agraviada, pero ella logró empujarlo hacia un costado y gritó para llamar a su madre, quien llegó al cuarto, y el encausado se tuvo que vestir y retirar. Luego llamaron a la policía; a los pocos minutos el recurrente volvió y trató de ingresar gritando: “Ábreme que te voy a matar”.

Décimo. Esta versión es corroborada por la manifestación preliminar de Juana Cecilia Pérez Pérez, madre de la víctima (foja 28, en presencia del Ministerio Público), quien indicó que fue al cuarto de su hija porque la escuchó gritar desesperadamente, que vio que el encausado, desnudo, se tapaba con una colcha, y que, cuando él se retiró, la agraviada le enseñó su cuello (enrojecido) y su cara (mordida), y le dijo llorando que el encausado la estuvo ahorcando y que casi se desmayó, pero logró zafarse de él; por tal motivo llamaron a la policía.

Decimoprimero. La violencia ejercida por el victimario para cometer su acto se acredita con el Certificado Médico Legal número 018058-VFL (foja 39), practicado a la agraviada, el cual certifica que al examen, esta presentó: “Excoriación ovoidea mediana con impronta dental en región maseterna izquierda; múltiples equimosis ovoideas y excoriaciones ungeales de diferentes tamaños en toda la cara anterior de cuello”. Ello ameritó la siguiente conclusión: “Lesiones ocasionadas por mordedura humana, digito-presión y uña humana”. Esta documental es fundamental para determinar la acción desplegada por el encausado para lograr su propósito. La zona en la que se presentan tales lesiones (cuello), determina un riesgo para la vida, en tanto la presión ejercida a esta parte puede dejar sin oxígeno y provocar la muerte, tal como lo sindicó la agraviada, quien señaló que el recurrente le decía “Te voy a matar, te voy a matar” cuando la estuvo ahorcando. La acción no se consumó por la reacción de la agraviada, pero queda claro que la intención era acabar con su vida.

Decimosegundo. Además, se tiene la declaración preliminar del policía Yuri Gagarín Manrique Valeriano (foja 24, en presencia del Ministerio Público), quien se constituyó en el domicilio de la agraviada luego de recibir el aviso y precisó, en lo que es objeto de imputación, que: “Pudo constatar que la señora presentaba lesiones en el cuello y también en el mentón”. A su vez, indicó que varias partes de la habitación presentaban partes rotas como consecuencia del ingreso violento del encausado. Precisó además que el propio encausado señaló que las lesiones que tenía la agraviada se las había causado él, y adujo que ella se lo merecía.

Decimotercero. Por otro lado, se tiene el Informe Psicológico número 431-2017 (foja 41), practicado a la agraviada y emitido por la psicóloga adscrita al Ministerio de la Mujer y Poblaciones Vulnerables, que concluye:

Usuaria de 22 años de edad, inmersa en presuntos hechos de violencia familiar, identificando a su presunto agresor a su ex conviviente, de quien refiere sufrir agresiones a modo de ahorcamientos y mordidas, frente a estos presuntos hechos de violencia, la usuaria denota sentimientos de miedo, tristeza, angustia, impotencia y rechazo […] se evidencia en la usuaria indicadores emocionales compatibles a presuntos hechos de violencia física y psicológica [sic].

Esto es, la violencia de la que era víctima la perjudicada se vio reflejada en el examen acotado. En definitiva, una acción violenta como la desplegada por el encausado genera traumas como lo vivido por la agraviada.

Decimocuarto. En este contexto, es posible inferir que la versión de la víctima se encuentra acreditada periféricamente. La violencia con la que actuó el encausado con el fin de ejecutar su plan criminal se corrobora con el certificado médico legal acotado, aunado al hecho de que los Informes emitidos en el presente proceso denotan que todo ello se dio en un contexto de violencia familiar a la que estaba sometida la agraviada al haber tenido una relación de convivencia y haber procreado a dos menores que se encontraban presentes al momento del acto. En el caso concreto, no se consumó el hecho por la oportuna reacción de la agraviada y la llegada de su madre a la escena de los hechos debido a los gritos de la agraviada. Los medios de prueba debidamente valorados por la Sala Superior, así lo determinan.

Decimoquinto. En cuanto a estos hechos, el recurrente a nivel preliminar (foja 31) negó haber apretado el cuello a la agraviada y adujo que solo sostuvo una discusión de pareja con ella. En juicio oral (foja 287), señaló que no recuerda haberle mordido la mandíbula y, además, haberle apretado el cuello; sin embargo, afirma que sí recuerda que abrió primero la rendija y luego la puerta; además, que la agraviada le estaba dando de lactar a su hijo, que discutieron y que ella llamó a su madre. En este contexto, la versión dada por el encausado se contrasta con los medios de prueba que corroboran la versión de la víctima y, al no existir caudal probatorio que acredite sus afirmaciones, se evidencia que, por el contrario, intenta evadir su responsabilidad frente a los hechos materia de imputación.

Decimosexto. Por otro lado, en lo referente a los agravios expuestos por el recurrente, estos inciden en cuestionar la versión de la víctima, quien se retractó en el juicio oral. Al respecto, se debe indicar que la retractación de la sindicación no implica que la versión con contenido incriminatorio quede sin efecto o disminuya en su sentido de probar una conducta criminosa. No toda versión constituye, por sí sola, elemento suficiente para condenar a una persona, su corroboración periférica es una exigencia ineludible si se quiere resquebrajar la presunción de inocencia. Su valor está supeditado a la existencia de otros elementos que en conjunto generen certeza en la sindicación. En el caso concreto, la versión efectuada por la víctima a nivel preliminar se encuentra acreditada periféricamente conforme se indicó precedentemente y, por tanto, tiene virtualidad probatoria.

Decimoséptimo. Del mismo modo, señala que no se valoraron las conclusiones de la pericia psiquiátrica practicada al encausado, en las que en ningún momento se señaló que el recurrente tuviera ideas de hacer daño. Al respecto, dicha pericia psiquiátrica (foja 394) indica que el recurrente, al momento del examen presentó, entre otros factores, una actitud evasiva y manipuladora, por lo que el perito que lo examinaba concluyó que este presenta personalidad con rasgos inmaduros y disociales. En cuanto al agravio de que el médico legista no se ha ratificado en el certificado médico legal, se debe indicar que, en el plenario (foja 415), se leyó dicho medio de prueba y fue materia de contradictorio, motivo por el cual no se vulneró derecho alguno. Respecto al cuestionamiento de que no existe persistencia en la incriminación, es necesario remitirse a los fundamentos expuestos al momento de desarrollar la retractación de la víctima, que se efectuó en el considerando precedente.

Decimoctavo. Finalmente, en cuanto al agravio concerniente a que el procesado se encontraba en estado de ebriedad al momento de los hechos, el Tribunal Superior lo consideró como una circunstancia atenuante al momento de la graduación de la pena, motivo por el cual, sumado a que en el presente caso se está ante un delito tentado (otra causal de disminución de punibilidad), fijó la pena concreta de dieciséis años. En consecuencia, no existe elemento alguno que pueda determinar la absolución del encausado, tal como lo pretende. Por tanto, la condena y la pena recaída en su contra están conforme a derecho.

Decimonoveno. Sobre la reparación civil, conforme a los artículos 92 y 93 del Código Penal, busca el resarcimiento del daño ocasionado a la agraviada, cuando es posible, o de su valor y el pago de los daños y perjuicios que se hayan producido como consecuencia del accionar del sujeto activo. En este caso, se fijó la suma de S/ 5000 (cinco mil soles) a favor de la agraviada; no fue recurrida por las partes procesales y debe mantenerse.

DECISIÓN

Por estos fundamentos, los jueces supremos integrantes de la Sala Penal Permanente de la Corte Suprema de Justicia de la República DECLARARON NO HABER NULIDAD en la sentencia del diecisiete de octubre de dos mil dieciocho (foja 430), emitida por la Sala Penal Transitoria de la Corte Superior de Justicia de Lima Sur, en el extremo que condenó a José Miguel Carlín Pomares como autor del delito contra la vida, el cuerpo y la salud-feminicidio en grado de tentativa, en perjuicio de Juana Regina Livia Pérez, a dieciséis años de pena privativa de libertad y fijó en S/ 5000 (cinco mil soles) el monto por concepto de la reparación civil que ha de abonar en favor de la parte perjudicada; con lo demás que al respecto contiene; y los devolvieron.

Intervino la señora jueza suprema Castañeda Otsu por licencia de la señora jueza suprema Chávez Mella.


[1] HURTADO POZO, José [Director]. Género y Derecho Penal. “Feminicidio: Criterios ideológicos y recurso al derecho penal. Autor: DUPUIT, Joseph. Instituto Pacífico. Lima 2017, p. 220.

[2] VILLAVICENCIO TERREROS, Felipe. Derecho Penal. Parte Especial. Editora Jurídica Grijley. Lima 2014, p. 194.

[3] SCIDH, caso “González y otras [Campo Algodonero] Vs. México, del dieciséis de noviembre de dos mil nueve. Fundamento jurídico Centésimo trigésimo tercero. Aquello surge del Informe de México producido por el CEDAW (Convención para la Eliminación de Todas las Formas de Discriminación contra la Mujer).

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