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Asociación ilícita. Revisión de sentencia. [Fundada]

CORTE SUPREMA DE JUSTICIA DE LA REPÚBLICA

SALA PENAL PERMANENTE
REV. DE SENT. NCPP N.° 282-2018
LIMA

Fundada la demanda de revisión de sentencia por existencia de prueba nueva

Se acreditó la existencia de una prueba que, de haber sido conocida en el curso del debate oral, por su contundencia probatoria, habría motivado la absolución del demandante de la acusación fiscal formulada en su contra, por la presunta comisión del delito de asociación ilícita para delinquir. Por ello, corresponde declarar fundada la demanda, anular la sentencia condenatoria en tal extremo y disponer la libertad del accionante.

Lima, trece de agosto de dos mil veinte

VISTA: La demanda de revisión de sentencia interpuesta por Braulio Cerrón Alvarado (folio 1) contra la ejecutoria suprema del veinte de julio de dos mil quince (folio 2002 del expediente acompañado), que declaró no haber nulidad en la sentencia del veintisiete de diciembre de dos mil trece (folio 1934 del expediente acompañado), únicamente en el extremo que lo condenó como autor del delito de asociación ilícita para delinquir y otros, en perjuicio del estado y otros, impuso doce años1 de pena privativa de libertad y fijó en S/ 25 000 (veinticinco mil soles) la reparación civil.

Intervino como ponente el señor juez supremo Castañeda Espinoza.

CONSIDERANDO

I. Fundamentos del accionante

Primero. El sentenciado Braulio Cerrón Alvarado, en la demanda de revisión presentada (folio 1), invocó la causal de revisión de sentencia prevista en el inciso 4 del artículo 439 del Código Procesal Penal, y argumentó lo siguiente:

1.1. La Tercera Sala Penal para Procesos con Reos en Cárcel, a través de la sentencia del veintisiete de diciembre de dos mil trece, lo condenó como autor de los delitos de falsificación de sellos y timbres, estafa y asociación ilícita para delinquir, y le impuso doce años de pena privativa de libertad. Esta decisión fue confirmada por la Sala Penal Transitoria de la Corte Suprema, mediante la ejecutoria suprema del veinte de julio de dos mil quince.

1.2. En estas decisiones, con relación al delito de asociación ilícita para delinquir, se precisó que el accionante integraba una agrupación criminal junto con la procesada Raquel Gloria Chávez Estrada. Sin embargo, dicha encausada luego fue absuelta del mencionado delito a través de la sentencia del once de agosto de dos mil quince, la cual fue declarada consentida mediante la resolución del treinta y uno de agosto de dos mil dieciséis. Para tales efectos, adjuntó dicha sentencia absolutoria.

1.3. Por ello, no se configuró el delito de asociación ilícita para delinquir por el que fue condenado, pues el demandante no puede ser el único integrante de dicha agrupación.

II. Audiencia de revisión de sentencia

Segundo. En la audiencia de revisión, la Fiscalía Suprema en lo Penal opinó porque se declare fundada la demanda de revisión de sentencia promovida y argumentó que no es posible la configuración del delito de asociación ilícita para delinquir. Por su parte, la defensa del accionante ratificó los argumentos expuestos en su demanda y solicitó que se anule la sentencia condenatoria y la ejecutoria suprema que la confirma, que se le absuelva del delito de asociación ilícita para delinquir y que se disponga su inmediata libertad, por exceso de carcelería.

III. Análisis del caso

Tercero. Este Tribunal, a través de la resolución del catorce de marzo de dos mil diecinueve (folio 104 del cuadernillo formado en esta instancia), admitió a trámite la demanda propuesta por Braulio Cerrón Alvarado contra la sentencia del veintisiete de diciembre de dos mil trece, confirmada a través de la ejecutoria suprema del veinte de julio de dos mil quince, únicamente en el extremo que lo condenó como autor del delito de asociación ilícito para delinquir. Por ello, se corrió traslado a la Fiscalía Suprema en lo Penal, quien expidió el dictamen correspondiente (folio 157 del cuadernillo formado en esta instancia), y requirió a la Sala Superior que remita a este Tribunal el expediente en que se emitieron las decisiones materia de revisión (folio 2865 del expediente acompañado), el cual fue enviado a esta Sala Suprema oportunamente. De modo que corresponde emitir pronunciamiento sobre el fondo de la causa.

3.1. Revisada la sentencia del 27 de diciembre de 2013 (folio 1934 del expediente acompañado), que fue confirmada a través de la ejecutoria suprema del 20 de julio de 2015 (folio 2002 del expediente acompañado), se advierte que se condenó a Braulio Cerrón Alvarado como autor del delito de asociación ilícita para delinquir debido a que, a criterio de la Sala Superior y de la Sala Suprema, se acreditó que dicho procesado, junto con la hoy absuelta Raquel Gloria Chávez Estrada, integraron una asociación ilícita para delinquir, pues hicieron creer a veintidós personas que obtendrían contratos de trabajo en los Estados Unidos de América y, para ello, les indicaron que realizarían los trámites necesarios ante la embajada del citado país, y por estas gestiones cobraban diferentes sumas de dinero.

3.2. Sin embargo, a través de la sentencia del 11 de agosto de 2015 (folio 2454 del expediente acompañado), se absolvió a la procesada Raquel Gloria Chávez Estrada de la acusación fiscal formulada en su contra por la presunta comisión del delito de asociación ilícita para delinquir; extremo que quedó consentido por el Ministerio Público (folio 2470 del expediente acompañado) y fue así declarado a través de la resolución del 31 de agosto de 2016 (folio 2531 del expediente acompañado).

3.3. En estas circunstancias, se puede advertir que no se configura uno de los elementos constitutivos del delito de asociación ilícita para delinquir, esto es, el número mínimo de personas integrantes para la comisión de esta clase de ilícito, según establece el artículo 317 del Código Penal y conforme se precisó en el Acuerdo Plenario número 04- 2006/CJ-116, en el que se señaló que “el indicado tipo penal sanciona el solo hecho de formar parte de la agrupación –a través de sus notas esenciales, que le otorgan una sustantividad propia, de (i) relativa organización, (ii) permanencia y organización, y (iii) número mínimo de personas– sin que se materialice sus planes delictivos”.

3.4.En otras palabras, para la configuración del delito de asociación ilícita para delinquir se requiere la concurrencia de dos o más personas. Empero, en el caso de autos, conforme se detalló en las sentencias analizadas y adjuntadas como prueba nueva, el único acusado y luego sentenciado por este delito fue el recurrente Cerrón Alvarado; mientras que sus coprocesadas Raquel Gloria Chávez Estrada y Carmen Silvia Gonzales Olivares, a quienes también se les imputó formar parte de una (agrupación) asociación ilícita para delinquir2, fueron absueltas de dichos cargos3. Además, estas decisiones tienen la calidad de cosa juzgada, por haber sido consentidas por las partes.

3.5. Por ello, debido a que la demanda revisión de sentencia es un límite al principio de seguridad jurídica y la inmutabilidad de la cosa juzgada, que se sustenta en la necesidad de preservar y consolidar los principios, bienes y valores constitucionales, tales como la verdad y justicia, y que (ii) en el caso de autos se configura la causal de revisión de sentencia prevista en el inciso 4 del artículo 439 del Código Procesal Penal (pues se acreditó la existencia de una prueba que, de haber sido conocida en el curso del debate oral, por su contundencia probatoria, habría motivado la absolución del sentenciado Cerrón Alvarado de la acusación fiscal formulada en su contra, únicamente con relación al delito de asociación ilícita para delinquir), corresponde declarar fundada la demanda y anular la sentencia condenatoria dictada en su contra, reiteramos, únicamente con relación al delito de asociación ilícita para delinquir. Además, debe disponerse la anulación de los antecedentes policiales y judiciales generados en contra del accionante por el mencionado delito, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 284 del Código de Procedimientos Penales.

3.6. Asimismo, anulada la condena, corresponde revisar la pena privativa de libertad total de doce años impuesta. Al respecto, en la sentencia y la ejecutoria suprema revisadas no se advierte cuál fue la pena específica impuesta por cada delito (se impuso una pena única), esto es, por los delitos de estafa, falsificación de sellos y timbres oficiales y asociación ilícita para delinquir. Por ello, para reducir por la pena impuesta por este último delito, recurrimos a la acusación fiscal, donde el Ministerio Público solicitó la imposición de cuatro años de privación de libertad por el mencionado delito. Así pues, corresponde reducir los doce años de pena privativa de libertad impuestos a ocho años. Esto también significa que subsisten las penas impuestas por los delitos de estafa y falsificación de sellos y timbres oficiales.

3.7. En concordancia con ello, se verifica que desde el 7 de febrero de 2011, en que se detuvo al recurrente, a la fecha, se ha cumplido los ocho años de pena privativa de libertad impuestos por los delitos de estafa y falsificación de sellos y timbres oficiales. Por lo que debe disponerse la inmediata libertad del sentenciado Cerrón Alvarado.

3.8. Por último, en cuanto a la reparación civil impuesta por el delito de asociación ilícita para delinquir, la Sala Superior dispuso el pago de S/ 5000 (cinco mil soles), por lo que este extremo debe ser dejado sin efecto, subsistiendo los otros apartados de la sentencia, referidos a las reparaciones civiles fijadas por los delitos de estafa y falsificación de sellos y timbres oficiales.

DECISIÓN

Por estos fundamentos, los jueces integrantes de la Sala Penal Permanente de la Corte Suprema de Justicia de la República, de conformidad con el dictamen de la Fiscalía Suprema en lo Penal:

I. DECLARARON FUNDADA la demanda de revisión de sentencia interpuesta por Braulio Cerrón Alvarado (folio 1) contra la ejecutoria suprema del veinte de julio de dos mil quince (folio 2002 del expediente acompañado), que declaró no haber nulidad en la sentencia del veintisiete de diciembre de dos mil trece (folio 1934 del expediente acompañado), únicamente en el extremo que lo condenó como autor del delito de asociación ilícita para delinquir, en perjuicio del Estado. En consecuencia, declararon sin valor la ejecutoria suprema y la sentencia descritas, en los extremos referidos a la condena, pena y reparación civil por el delito de asociación ilícita para delinquir.

II. ABSOLVIERON a Braulio Cerrón Alvarado de la acusación fiscal formulada en su contra, por la presunta comisión del delito de asociación ilícita para delinquir, en perjuicio del Estado; y, dispusieron la anulación de los antecedentes policiales y judiciales generados en su contra, como consecuencia del mencionado delito. Para tal efecto, cúrsese los oficios pertinentes.

III. DECLARARON que subsistiendo la condena por los delitos de estafa y falsificación de sellos y timbres oficiales: IMPUSIERON a Braulio Cerrón Alvarado ocho años de pena privativa de la libertad; dieron por cumplida dicha pena; y, ORDENARON la inmediata libertad del procesado Braulio Cerrón Alvarado, siempre que no exista en su contra mandato de detención dictado por la autoridad competente. Para tal efecto, cúrsense los oficios correspondientes.

IV. DISPUSIERON que se notifique la presente ejecutoria suprema a las partes personadas en esta instancia, se devuelva el expediente acompañado a la Sala Superior de origen y se archive el cuadernillo.

Interviene el señor juez supremo Bermejo Ríos por impedimento del señor juez supremo San Martín Castro.


1 La Sala Superior impuso a Braulio Cerrón Alvarado, en total, doce años de pena privativa de libertad, por la comisión de los delitos de asociación ilícita para delinquir, estafa y falsificación de sellos y timbres oficiales. Asimismo, dispuso el pago de S/ 5000 por el delito de asociación ilícita para delinquir, de S/ 5000 por el de falsificación de sellos y timbres oficiales, y de S/ 15 000 por el de estafa.

2 La Novena Fiscalía Superior Penal de Lima formuló acusación fiscal (folio 1759 del expediente acompañado) en contra de Braulio Cerrón Alvarado, Raquel Gloria Chávez Estrada y Carmen Silvia Gonzales Olivar por la presunta comisión del delito de asociación ilícita para delinquir, entre otros.

3 La primera a través de la sentencia del once de agosto de dos mil quince (folio 2454 del expediente acompañado). La segunda a través de la sentencia del veintisiete de diciembre de dos mil trece (folio 1934 del expediente acompañado).

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