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CORTE SUPREMA DE JUSTICIA DE LA REPÚBLICA

SALA PENAL PERMANENTE
R. N. N.° 112-2020
LAMBAYEQUE

Es preciso evaluar el error culturalmente condicionado

La pena de cinco años impuesta por la Sala Superior debe revocarse en atención a que en la conducta del recurrente medió un error culturalmente condicionado –artículo 15 del Código Penal– al cometer el ilícito, circunstancia que justifica no solo una pena por debajo del mínimo legal del tipo penal –inciso 2 del artículo 173 del citado código–, sino también la suspensión de aquella.

Lima, diecisiete de agosto de dos mil veinte

VISTOS: el recurso de nulidad interpuesto por Marcos Delgado Centurión contra la sentencia emitida el once de diciembre de dos mil diecinueve por la Tercera Sala Penal de Apelaciones-Sala Penal Liquidadora de la Corte Superior de Justicia de Lambayeque, que lo condenó por mayoría como autor del delito contra la libertad sexual-violación sexual de menor de edad –inciso 2 del artículo 173 del Código Penal–, en agravio de la persona identificada con las iniciales J. A. M., a cinco años de pena privativa de libertad y fijó en S/ 4000 (cuatro mil soles) el monto de pago por concepto de reparación civil.

Intervino como ponente el señor juez supremo Sequeiros Vargas.

CONSIDERANDO

Primero. Fundamentos del recurso –folios 570-575–

El recurrente Delgado Centurión interpuso recurso de nulidad en virtud del literal a) del artículo 292 del Código de Procedimientos Penales y propuso dos pretensiones:

· Que se le absuelva de la imputación por insuficiencia probatoria, ya que la sola sindicación de la víctima no acreditó su responsabilidad penal; además, la declaración de esta no fue compulsada bajo los alcances del Acuerdo Plenario número 2-2005/CJ-116, emitido el treinta de septiembre de dos mil cinco –requisitos de sindicación del testigo víctima: ausencia de incredibilidad subjetiva, verosimilitud y persistencia en la incriminación–.

· O que se revoque la pena de cinco años impuesta por la Sala Superior y que esta Sala Penal Suprema la reduzca a cuatro años y, vía conversión de pena –artículo 52 del Código Penal–, le imponga jornadas de prestación de servicios a la comunidad. Justificó ello en virtud del artículo 15 del Código Penal –error culturalmente condicionado– porque, en atención a sus costumbres, el impugnante no interiorizó la norma prohibitiva1.

Segundo. Hechos imputados

El recurrente Marcos Delgado Centurión y la agraviada se conocieron en junio de dos mil uno en Tarapoto, cuando el primero tenía veinticinco años y la segunda trece años y cuatro meses. Tres meses después, mantuvieron relaciones sexuales y empezaron a convivir en una habitación cedida por el padre de la menor, en su propia casa, hasta marzo de dos mil dos, fecha en la que los convivientes viajaron –el padre de la menor, Segundo Armas Pérez, autorizó su viaje vía carta notarial (folio 10)– a Chiclayo, donde el impugnante encontró trabajó y alquilaron un cuarto en el distrito de José Leonardo Ortiz. Sin embargo, en diciembre de dos mil dos, la empleadora de la víctima –María Esther Jaime Saucedo– denunció en la comisaría del citado distrito que el recurrente había ultrajado a la víctima, motivo por el que finalmente fue condenado.

Tercero. Fundamentos de esta Sala Suprema

3.1. Respecto a la pretensión absolutoria del impugnante, se advierte que su responsabilidad penal está suficientemente acreditada porque la declaración de la víctima, al ser compulsada con los criterios de sindicación del Acuerdo Plenario número 2-2005/CJ- 116, muestra lo referido a continuación.

3.2. Ausencia de incredibilidad subjetiva: la menor manifestó en su declaración referencial –folios 7-8–, así como en su preventiva –folio 24–, que desde que inició la relación con el impugnante este la maltrató física y mentalmente. Según Delgado Centurión, ello explicaría por qué la denuncia que se efectuó más de un año después no sería sino consecuencia de la animadversión acumulada por la víctima hacia el recurrente, motivo por el cual su declaración fue parcializada y, al no cumplirse con este primer supuesto del referido acuerdo plenario, su responsabilidad penal se relativiza.

3.3. Sin embargo, aun admitiendo que hubiera un motivo espurio producto de la animadversión acumulada por la víctima del delito como consecuencia del maltrato físico y mental, persiste el hecho objetivo de que el impugnante tuvo acceso carnal con ella no solo por la declaración de esta última, sino porque el primero aceptó esto en su declaración instructiva –folio 54– y en juicio oral –folio 464–. Dichos elementos de prueba adquieren verosimilitud si se considera el contenido de la autorización del viaje de la menor –veintiséis de marzo de dos mil doce–, que señala que la agraviada viajó en compañía de su conviviente –el ahora recurrente–. Este documento acreditó que el impugnante mantuvo relaciones sexuales con la víctima, lo que resultó concordante con el contenido del Certificado Médico Legal número 622-DCL, del once de diciembre de dos mil dos, practicado a la agraviada y que concluyó himen con desfloración antigua.

3.4. Por otro lado, si bien la agraviada no concurrió a juicio oral, esto no implicó ausencia de persistencia de la incriminación en su declaración, porque su falta de concurrencia no solo se justificaría en virtud de la proscripción de la revictimización, sino también porque la agraviada, en sede preliminar, ratificó en su declaración preventiva lo vertido en su manifestación referencial,
circunstancia que corroboró la persistencia en la incriminación contra el impugnante.

3.5. En tal sentido, puede advertirse que la declaración de la víctima cumplió con los requisitos del Acuerdo Plenario número 2-2005/CJ- 116, por lo que la responsabilidad penal del impugnante está acreditada, lo que se corrobora con su propio dicho. En consecuencia, su pretensión absolutoria no tiene asidero fáctico ni legal, por lo que debe desestimarse dicha postulación.

3.6. Por otro lado, en cuanto a la solicitud del recurrente de que se le imponga una pena suspendida, se advierte que el voto en mayoría de la Sala Superior –folios 2-11 del cuadernillo de nulidad– justificó la condena efectiva de cinco años de pena privativa de libertad en virtud del principio de resocialización –inciso 22 del artículo 139 de la Constitución–; por la proximidad de la víctima a los catorce años –a la fecha del hecho, aquella tenía trece años y siete meses de edad–; porque no se acreditó que el hecho generara un perjuicio psicológico irreparable a la víctima, y tampoco se corroboró que la menor hubiera sido ultrajada por el impugnante con violencia, agresión física o valiéndose este de una relación de poder, sino que fue en el contexto de una relación sentimental. Por ende, aplicó el artículo 15 del Código Penal –error culturalmente condicionado–.

3.7. Por su parte, el voto en minoría de la Sala Superior –folios 12-26 del cuadernillo de nulidad– justificó la imposición de una pena privativa de libertad de cuatro años y, vía conversión de pena, la fijó en doscientos ocho jornadas de prestación de servicios a la comunidad, en virtud del principio de resocialización –inciso 22 del artículo 139 de la Constitución–, e hizo suyo el contenido del Recurso de Casación número 335-2015/Del Santa –emitido el primero de junio de dos mil dieciséis por la Sala Penal Permanente– al valorar la ausencia de uso de violencia por el impugnante para acceder carnalmente a la víctima; la proximidad de la edad de esta a los catorce años; la mínima afección psicológica causada a la agraviada por estos hechos; porque la diferencia de edad entre impugnante y víctima al cometerse el ilícito fue de doce años –la referida casación impuso una pena por debajo del mínimo legal prescrito para el delito de violación sexual, entre otros supuestos, cuando el sujeto activo esté inmerso en responsabilidad restringida, circunstancia no asimilable para este caso–, y porque aplicó el artículo 15 del Código Penal –error culturalmente condicionado–.

3.8. En ese sentido, puede advertirse que tanto el voto en mayoría como en minoría, bajo las mismas premisas –Casación número 335- 2015/Del Santa y artículo 15 del Código Penal–, llegaron a conclusiones diferentes. Para evitar esta dicotomía, es pertinente desestimar los criterios del Recurso de Casación número 335-2015/Del Santa porque el sujeto activo de este caso no está inmerso en responsabilidad restringida –al cometer el ilícito, tenía veinticinco años de edad–, y atender, en todo caso, las circunstancias particulares del hecho y el artículo 15 del Código Penal.

3.9. Dicha norma penal regula el error culturalmente condicionado, que hace relativa o imposibilita la comprensión por el sujeto activo de la antijuricidad de su conducta, como consecuencia de sus costumbres, su cultura, los ejemplos que recibió de sus ancestros o porque determinada práctica es frecuente en su comunidad o lugar de origen. Es decir, tal comportamiento no es sancionado ni cuestionado donde él ha vivido porque está condicionado por su cultura, producto de su lugar de origen y sus costumbres reiteradas, lo que se denomina “culturalmente condicionado”.

3.10. La finalidad de la norma es evitar la criminalización de conductas que son socialmente aceptadas por determinadas culturas sobre la base de costumbres practicadas en dicho ambiente. Sin embargo, tales comportamientos no pueden rebasar límites racionales y de sentido común que es preciso anotar.

3.11. En el presente caso, tanto el impugnante como la agraviada nacieron en lugares cuyo denominador común es que se trata de caseríos rurales, pueblos de gente dedicada esencialmente a la agricultura –el primero nació en el distrito de Camporredondo, provincia de Luya, departamento de Amazonas; mientras que la segunda en el caserío Huicingo, Nueva Florida, Villa Bellavista, San Martín–. Por lo tanto, se trata de personas que, hasta antes de salir de los caseríos donde vivieron su infancia, fueron influenciadas por la cultura de sus pueblos.

3.12. Es verdad que, conforme al lineamiento segundo del apartado 16 del Acuerdo Plenario número 1-2015/CJ-116 –expedido el dos de octubre de dos mil quince: aplicación judicial del artículo 15 del Código Penal–, para la aplicación del error culturalmente condicionado debe mediar, de manera imprescindible, una pericia antropológica que acredite que el impugnante actuó impulsado por sus costumbres. No obstante, el hecho de que dicha pericia no se haya actuado en el presente caso no desestima preliminarmente la presencia de este tipo de error. Debe enfatizarse que la pericia contribuye a esclarecer un hecho determinado, pero si la evidencia del acontecimiento muestra una costumbre cuya base es de conocimiento general, reiterado o incuestionable entonces es plausible prescindir de aquella.

3.13. En efecto, si la premisa es que el artículo 15 del Código Penal pretende eximir de responsabilidad penal al sujeto activo en atención a sus costumbres –y no deja de ser un dato objetivo que una actividad adquiere la cualidad de costumbre cuando es socialmente aceptada–, entonces es socialmente conocido y aceptado que, en determinados lugares de la selva y la sierra del Perú, las relaciones sexuales de los jóvenes comienzan a temprana edad.

3.14. Esto no justifica un hecho violatorio, sino esencialmente la voluntad de las personas de formar una familia, relacionándose con una pareja siendo muy jóvenes, lo que implícitamente conlleva una relación sexual; situación manifiestamente diferente a solo acceder sexualmente a menores de edad sin seguir las costumbres del lugar.

3.15. En ese sentido, la conducta del recurrente se subsumió en el referido artículo, atendiendo a las siguientes circunstancias particulares del caso: i) luego de conocerse, tuvieron una etapa de enamoramiento de aproximadamente tres meses; ii) cuando ocurrió ese hecho, concurrieron a la casa del padre de la menor y decidieron formalizar su relación, lo que determinó que el progenitor de ella aceptara dicha convivencia y les otorgó una habitación; iii) además de formalizar la convivencia según sus costumbres, él –que trabajaba en la agricultura– decidió viajar a Chiclayo en busca de un mejor trabajo, lo que logró y, a los pocos días, retornó al lugar donde convivía con la menor (Tarapoto), y optaron por irse a vivir a Chiclayo; iv) luego, con autorización notarial del padre de la menor –folio 10–, viajaron a dicha ciudad, donde se establecieron en una habitación como pareja de convivientes.

3.16. Entonces, no se trata de un aprovechamiento sexual abusivo contra la agraviada, sino de una convivencia como pareja admitida no solo por los dos, sino inclusive por el padre de ella.

3.17. El contexto descrito y acreditado, así como el comportamiento del imputado también probado, determinan que este caso tenga particularidades que no pueden servir de fundamento para otros casos en los que no concurran estas especiales o parecidas características.

3.18. Por ende, se advierten razones evidentes de que ambos actuaron dentro de su inmadurez social y personal, guiados por las costumbres de sus lugares de origen y, además, el padre de la menor contribuyó a dicha relación porque comprendió que se trataba de una relación de pareja “normal” –que en otros lugares no tendría esa condición–, en virtud de la influencia cultural de la que venían imbuidos los protagonistas de este caso –socializaron, se juntaron y comenzaron una relación admitida con aquiescencia del padre, como suele ocurrir en los ambientes rurales; más aún si ambos tenían solo instrucción secundaria: la menor hasta el segundo grado y él había concluido–. Por ello, era plenamente comprensible la convivencia del impugnante con la víctima desde la perspectiva de los sujetos procesales y los familiares de ella.

3.19. Otro dato que hace particular el caso es que quien denunció la violación sexual –en una situación de conflicto de pareja en que el varón maltrataba a su conviviente– no fue la propia mujer ni un familiar de ella, sino una tercera persona –guiada por su percepción citadina del hecho, lo que es correcto–, y lo hizo en la ciudad de Chiclayo.

3.20. Sin embargo, al evaluar el hecho delictivo, es preciso tener siempre presentes las circunstancias que rodean el caso. En efecto, quien denunció el hecho fue la empleadora de la agraviada debido al maltrato del cual era objeto –aparentemente como consecuencia de la situación laboral de la víctima, quien por razón de su trabajo llegaba tarde al lugar donde convivía con el imputado–. Entonces, es diáfano que no hubo por parte de la agraviada la voluntad de exponer una violación sexual producida hacía más de un año, porque comprendía que había sido producto de una relación de pareja que se formalizó.

3.21. Por ello, fue la intervención de una persona ajena la que determinó que la agraviada –guiada por la situación de maltrato en la que se encontraba– manifestara en diligencias preliminares su versión sobre el inicio de las relaciones sexuales –en las que habría mediado violencia–, aspecto que formal y legalmente constituye delito de violación sexual de menor edad, por lo que en principio resulta inviable una absolución.

3.22. Empero, dicha concepción normativa formal del hecho estuvo fuertemente influenciada por las características especiales de este caso, conforme se ha descrito ut supra, motivo suficiente para comprender la real condición cultural de los protagonistas, lo que debe considerarse al momento de establecer la pena.

3.23. De esta manera, si bien el error culturalmente condicionado en la conducta del impugnante se acreditó, esto no implica eximirlo de responsabilidad penal porque el bien jurídico  indemnidad sexual– es, en principio, intangible.

3.24. Por ello, resulta razonable ponderar una pena acorde con el hecho, que considere tanto las condiciones personales del imputado como el contexto en el que ocurrieron los sucesos –en el que medió un error culturalmente condicionado–, lo que no lo exime de responsabilidad penal, pero sí atenúa la sanción.

3.25. En ese sentido, debe disminuirse la pena incluso por debajo del mínimo legal, como decidió el Tribunal Superior. Para ello, han de considerarse los fines de la pena que establece el artículo IX del Título Preliminar del Código Penal, en concordancia –además– con el inciso 22 del artículo 139 de la Constitución, y en atención a la conducta demostrada en autos por el imputado –quien no volverá a incurrir en otro ilícito penal– debe disminuirse en un año la sanción impuesta por la Sala Superior –cinco años–.

3.26. Al fijarse la pena en cuatro años, es de aplicación el artículo 57 del Código Penal –pena suspendida–, por lo que su ejecución se suspende condicionalmente bajo reglas de conducta, ya que: i) la pena no es superior a cuatro años, ii) en la naturaleza del hecho punible media un error culturalmente condicionado y iii) el impugnante tiene la condición de reo primario, por lo que deberá
imponérsele una pena suspendida cuyo plazo de ejecución es de tres años.

3.27. Finalmente, en cuanto al monto de la reparación civil –S/ 4000 (cuatro mil soles)– el impugnante señaló en su recurso de nulidad estar conforme con ella –folios 571–. Sin embargo, al pretender su absolución esta Sala Penal Suprema está habilitada para evaluarla.

3.28. En ese sentido, se advierte que la reparación civil –artículo 93 del Código Penal– comprende la restitución del bien o la indemnización de daños y perjuicios. En virtud de que el bien jurídico vulnerado –indemnidad sexual– es imposible de ser restituida y el pago de su valor no es tasable, deberá comprenderse en la indemnización el daño emergente y el lucro cesante.

3.29. Por ello, para el daño emergente debe considerarse el perjuicio inmediato que sufrió la víctima al involucrarse emocionalmente con el impugnante; esto es, tuvo que dejar el colegio –estudió hasta segundo de secundaria– para trasladarse a una ciudad diferente de donde residía para convivir con el recurrente, lo que significó una pérdida material –y tasable económicamente– al truncar su educación. Por ello, debe fijarse por este concepto S/ 2000 (dos mil soles).

3.30. En cuanto al lucro cesante, debe considerarse que la víctima al abandonar el colegio, dejó de percibir dinero que hubiese obtenido de concluir sus estudios. Como tal, por este concepto debe fijarse S/ 2000 (dos mil soles). Ergo, el monto total de la reparación civil impuesta –S/ 4000 (cuatro mil soles)– debe confirmarse.

DECISIÓN

Por estos fundamentos, los jueces integrantes de la Sala Penal Permanente de la Corte Suprema de Justicia de la República:

I. DECLARARON NO HABER NULIDAD en la sentencia emitida el once de diciembre de dos mil diecinueve por la Tercera Sala Penal de Apelaciones-Sala Penal Liquidadora de la Corte Superior de Justicia de Lambayeque, que condenó por mayoría a Marcos Delgado Centurión como autor del delito contra la libertad sexual-violación sexual de menor de edad –inciso 2 del artículo 173 del Código Penal–, en agravio de la persona identificada con las iniciales J. A. M., y fijó en S/ 4000 (cuatro mil soles) el monto de pago por concepto de reparación civil.

II. DECLARARON HABER NULIDAD en la misma sentencia en el extremo en el que, por mayoría, impuso a Marcos Delgado Centurión cinco años de pena privativa de libertad y, REFORMÁNDOLA, le IMPUSIERON cuatro años de pena privativa de libertad suspendida en su ejecución por el plazo de tres años, bajo el cumplimiento de las siguientes reglas de conducta: i) no variar de domicilio ni ausentarse del lugar de residencia sin previo conocimiento y autorización del juez de la causa; ii) no volver a cometer nuevo delito doloso; iii) concurrir cada sesenta días a la Oficina Distrital de Registro y Control Biométrico de Procesados y Sentenciados Libres a fin de cumplir con registrar su firma, y iv) pagar el íntegro de la reparación civil en el Banco de la Nación en un plazo no mayor de doce meses, bajo apercibimiento de aplicarse lo dispuesto en el numeral 3 del artículo 59 del Código Penal, en caso de incumplimiento de las reglas de conducta impuestas.

III. En consecuencia, ORDENARON la inmediata libertad del sentenciado Marcos Delgado Centurión, siempre y cuando no exista en su contra otro mandato emanado de autoridad competente. OFÍCIESE para tal fin, vía fax, al órgano jurisdiccional de su procedencia.

IV. DISPUSIERON que se transcriba la presente ejecutoria suprema al Tribunal de Origen. Hágase saber.

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