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ROBO AGRAVADO: Sentencia conformada requiere precisión de imputación de intervención delictiva. La coautoría: requisitos.

CORTE SUPREMA DE JUSTICIA DE LA REPÚBLICA

SALA PENAL PERMANENTE
RECURSO DE NULIDAD N.° 2461-2018
CALLAO

El título de imputación en la sentencia conformada

I. “[L]a posición del Tribunal […] no puede ser pasiva […]; existe cierto margen de valoración que el juez debe ejercer soberanamente. Si bien está obligado a respetar la descripción del hecho glosado en la acusación escrita –vinculación absoluta con los hechos o inmodificabilidad del relato fáctico (vinculatio facti)–, por razones de legalidad y justicia, puede y debe realizar un control respecto de la tipicidad de los hechos, del título de imputación, así como de la pena solicitada y aceptada, por lo que la vinculación en esos casos (vinculatio criminis y vinculatio poena) se relativiza […]”.

II. La imputación atribuida al sentenciado Manuel Ángelo Carlos Albarrán Castañeda, al conocido como “Bebito” y al recurrente Brando Víctor Cárdenas Orellana estriba en que el primero cogoteó y colocó un arma de fuego en la sien derecha del agraviado, mientras que el segundo –es decir, el procesado Brando Víctor Cárdenas Orellana– lo despojó de su teléfono celular, y el tercero actuó como campana. Por otro lado, de los actuados se desprende que el agraviado (foja 19) y el coprocesado Albarrán Castañeda (foja 21) sindicaron al impugnante como una de las tres personas que participaron en el robo, y fue quien rebuscó y sacó del bolsillo izquierdo del pantalón el teléfono celular del agraviado.

III. En tal sentido, el hecho atribuido al procesado fue perpetrado por una pluralidad de agentes y en un lugar oscuro (como aceptó el recurrente), cuya contribución para su consumación es homogénea, es decir, se realizaron actos de carácter principal y ostentaron el dominio del hecho; el título de imputación atribuido de coautor, es adecuado. Cabe puntualizar que no existe colisión con el título de imputación atribuido, dado que la autoría es un concepto extensivo que incluye la coautoría.

Lima, ocho de julio de dos mil diecinueve

VISTOS: el recurso de nulidad interpuesto por el procesado Brando Víctor Cárdenas Orellana contra la sentencia conformada del diez de octubre de dos mil dieciocho –foja 339–, en los extremos en los que, por mayoría, impuso ocho años de pena privativa de libertad y fijó el monto de la reparación civil en S/ 2000 (dos mil soles), en el proceso en el que fue condenado como coautor del delito contra el patrimonio-robo agravado, en perjuicio de Jhan Pier Terán Luna.

Intervino como ponente la señora jueza suprema Chávez Mella.

CONSIDERANDO

§ I. Expresión de agravios

Primero. El acusado Brando Víctor Cárdenas Orellana, en el recurso de nulidad incoado –foja 356–, sostiene que:

1.1. Su actuación en el ilícito fue accesoria, puesto que quien generó el estado de indefensión del agraviado fue el sentenciado Manuel Ángelo Carlos Albarrán Castañeda. La Sala Superior no determinó su condición de coautor o de cómplice.

1.2. Al sentenciado Albarrán Castañeda le impusieron seis años de pena privativa de libertad, en cuyo sentido correspondería imponer al procesado recurrente una pena similar (ipso facto, ipso iuris: mismo hecho, mismo derecho).

1.3. El procesado no declaró a nivel policial ni en instrucción. Su dicho inicial es el que se recabó ante el plenario, por lo que puede ser considerado como confesión sincera y reducirse la pena por este aspecto.

1.4. No se tuvo en cuenta que es una persona joven y que una de las finalidades del Código Penal es su reinserción a la sociedad.

1.5. Tampoco se tuvo en cuenta que es agente primario y que se deben valorar los principios de proporcionalidad, razonabilidad, culpabilidad, lesividad y reincorporación del penado a la sociedad.

1.6. Para reducir la sanción no se consideró lo previsto en la Ley número 28122.

1.7. Finalmente, con relación a la reparación civil, no se estableció otro hecho de relevancia mayor que el ya resarcido, y el agraviado nunca demostró la supuesta preexistencia de ley, por lo que deberían considerarse sus condiciones personales. Los argumentos postulados por el recurrente evidencian que el Colegiado Superior no motivó adecuadamente la resolución de alzada, con lo cual afectó el debido proceso.

§ II. Imputación fiscal

Segundo. La sentencia impugnada, en función de la acusación fiscal – foja 187– y la aquiescencia del imputado y de su defensor, fijó como hechos formalmente establecidos que el veintiocho de junio de dos mil quince, aproximadamente a las 4:00 horas, en circunstancias en que el agraviado transitaba por la cuadra cinco del jirón Libertad, en el Callao, fue interceptado por tres sujetos, entre los cuales se encontraba el ya sentenciado Manuel Ángelo Carlos Albarrán Castañeda, quien lo cogoteó y colocó un arma de fuego en su sien derecha; mientras que el procesado Brando Víctor Cárdenas Orellana aprovechó para despojarlo de su celular de marca Samsung Galaxy, que se encontraba en el bolsillo izquierdo delantero de su pantalón. El tercer sujeto, conocido como “Bebito” –que no fue identificado–, se encontraba de campana. Dichos individuos, luego de cometer el robo, se dieron a la fuga. Sin embargo, Albarrán Castañeda fue aprehendido horas después por los efectivos policiales que patrullaban por la zona. Aquel sindicó como coautor de los hechos al procesado Brando Víctor Cárdenas Orellana y al sujeto conocido como “Bebito”, con lo que se corroboró la sindicación realizada por el agraviado Jhan Pier Terán Luna en su manifestación policial –foja 17– y en el acta de reconocimiento físico –foja 28–.

§ III. Fundamentos del Tribunal Supremo

Tercero. El Tribunal de Instancia emitió sentencia conformada y condenó a Brando Víctor Cárdenas Orellana luego de que se acogiera a los alcances de la conclusión anticipada del debate oral, prevista en el artículo 5 de la Ley número 28122. En tal virtud, admitió su responsabilidad en los hechos materia de acusación fiscal (acta de sesión de audiencia del diez de octubre de dos mil dieciocho, a foja 349). Del mismo modo, se contó con la conformidad concurrente del abogado defensor. Así, se cumplió con el supuesto de doble garantía requerido por los numerales 1 y 2 del artículo 5 de la citada ley, es decir, el concurso y coincidencia del imputado y el defensor (bilateralidad) en el allanamiento de los cargos expuestos por la representante del Ministerio Público. De este modo, la Sala Superior, luego de realizar el control de legalidad, condenó al recurrente por el delito de robo agravado.

Cuarto. El emplazamiento válido al imputado y a su abogado defensor connota la renuncia a la actuación de los medios probatorios recabados en la causa, al debate a ser realizado en el juicio oral y a la presunción de inocencia de la que estaba investido. No obstante lo señalado y conforme a lo establecido en el fundamento jurídico 16 del Acuerdo Plenario número 5-2008/CJ-116, del dieciocho de julio de dos mil ocho:

La posición del Tribunal […] no puede ser pasiva; existe cierto margen de valoración que el juez debe ejercer soberanamente. Si bien está obligado a respetar la descripción del hecho glosado en la acusación escrita – vinculación absoluta con los hechos o inmodificabilidad del relato fáctico (vinculatio facti)–, por razones de legalidad y justicia, puede y debe realizar un control respecto de la tipicidad de los hechos, del título de imputación, así como de la pena solicitada y aceptada, por lo que la vinculación en esos casos (vinculatio criminis y vinculatio poena) se relativiza […].

Quinto. En tal virtud, el Tribunal está autorizado a variar la configuración jurídica de los hechos objeto de acusación, es decir, a modificar cualquier aspecto jurídico de estos, siempre respetando el fáctico atribuido. En ese orden de ideas y en atención a que el procesado cuestiona el título de imputación y refiere que su conducta para cometer el delito fue accesoria y no necesaria, postulando de tal modo como título de imputación una complicidad secundaria, se cuenta con lo siguiente:

5.1. El hecho atribuido al encausado fue subsumido en el tipo penal de robo agravado, previsto en el artículo 188 del Código Penal, concordado con las circunstancias agravantes establecidas en los numerales 2 (durante la noche) y 4 (con el concurso de dos o más personas) del primer párrafo del artículo 189 del referido cuerpo normativo.

5.2. La imputación atribuida al sentenciado Manuel Ángelo Carlos Albarrán Castañeda, al conocido como “Bebito” y al recurrente Brando Víctor Cárdenas Orellana estriba en que el primero cogoteó y colocó un arma de fuego en la sien derecha del agraviado; mientras que el segundo –es decir, el procesado Brando Víctor Cárdenas Orellana– lo despojó de su teléfono celular, y el tercero actuó como campana. Por otro lado, de los actuados se desprende que el agraviado (foja 17) y el coprocesado Albarrán Castañeda (foja 21) sindicaron al impugnante como una de las tres personas que participaron en el robo y fue quien rebuscó y sacó del bolsillo izquierdo del pantalón el teléfono celular del agraviado.

5.3. La doctrina define la coautoría como la realización conjunta de un delito por varias personas que colaboran consciente y voluntariamente1; o que realizan conjuntamente y de mutuo acuerdo un hecho, porque cometen el delito entre todos. Los coautores se reparten la realización del tipo de autoría2. Así, se trata de un hecho conjunto atribuido a cada uno de los imputados, lo que no permite realizar alguna descomposición fáctica de aquel, a fin de realizar atribuciones delictivas autónomas. Las distintas contribuciones deben considerarse como un todo y el resultado total debe atribuirse a cada coautor, independientemente de la entidad material de su intervención3. Rige, en lo particular, el principio de imputación recíproca. Según este principio, todo lo que haga cada coautor es imputable (extensible) a todos los demás. Solo así puede considerarse a cada uno como autor de la totalidad, contrastándose un “mutuo acuerdo”, que convierte en partes de un plan global unitario las distintas contribuciones4.
En tal sentido, el hecho atribuido al procesado, al haber sido perpetrado por una pluralidad de agentes y en un lugar oscuro (como aceptó el recurrente), cuya contribución para su consumación es homogénea, es decir, que realizaron actos de carácter principal y ostentaron el dominio del hecho, el título de imputación atribuido de coautor, es adecuado. Cabe puntualizar que no existe colisión con el título de imputación atribuido, dado que la autoría es un concepto extensivo que incluye la coautoría. Por ende, el agravio propuesto se desestima.

Sexto. El otro aspecto que fue cuestionado por el procesado es la pena impuesta. Aquel sostiene que:

6.1. Al sentenciado Albarrán Castañeda le impusieron seis años de pena privativa de libertad, por lo que correspondería fijar al procesado una pena similar (ipso facto, ipso iuris: mismo hecho, mismo derecho). Ahora bien, es verdad que a su coimputado Manuel Ángelo Carlos Albarrán Castañeda, luego de que se acogiera a la conclusión anticipada, se le condenó como autor del delito de robo agravado y se le impusieron seis años de pena privativa de libertad (ver la sentencia del nueve de agosto de dos mil diecisiete –foja 234–, que fue declarada consentida mediante la resolución de foja 246). Sin embargo, analizada la sentencia, se debe considerar que el Colegiado Superior, para reducir la sanción por el beneficio de la conclusión anticipada, redujo la sexta parte de la pena e, incluso, se basó en el artículo 471 del Código Procesal Penal, cuando dicha norma procesal regula la reducción de la pena en casos de terminación anticipada. En tal sentido, la sanción fijada no se encontraba arreglada a derecho, por lo que este argumento no puede ser utilizado en favor del procesado. No es posible, por extensión, aplicarla al procesado, pues aquella no resulta legal. Los errores jurídicos no generan derechos. En consecuencia, este agravio también se descarta.

6.2. El procesado también propone que se le apliquen los beneficios de la confesión sincera. En efecto, sostiene que la primera vez que tuvo la oportunidad de declarar fue en el plenario, donde aceptó los hechos por los que se encuentra incurso en la referida institución jurídica. Sin embargo, esta no opera porque el procesado no se puso a derecho a pesar de que no declaró a nivel preliminar ni judicial. Este tenía conocimiento de la existencia del proceso instaurado en su contra, puesto que incluso presentó escritos en su favor (fojas 134, 136 y 138) y, cuando se materializó su detención (foja 282), aceptó los hechos (técnicamente, no declaró, pues se acogió a la conclusión anticipada). El procesado rehuyó de la justicia por espacio de tres años. No colaboró con esta. La aceptación del hecho de modo alguno fue útil para esclarecer el caso. Por ello, este agravio también se descarta.

6.3. El Colegiado Superior, para determinar la pena, en los considerandos décimo, decimotercero y decimocuarto de la sentencia, tuvo en cuenta los principios de proporcionalidad, lesividad y humanidad; el acogimiento a la conclusión anticipada; el concepto de dignidad humana; la forma y las circunstancias de los hechos; la carencia de antecedentes penales; su condición social, económica y educativa, que a la fecha de los hechos contaba con un hijo; que realizó abonos (de S/ 1000 –mil soles–) para resarcir el daño a favor del agraviado (foja 338); así como su edad (se precisó que el encausado, al momento de los hechos, tenía veintiún años, cuatro meses y veintiséis días de edad, según la ficha del Reniec –foja 36–). En tal sentido, tras haber observado el Colegiado Superior todos estos aspectos, se descartan los agravios en dichos extremos.

Séptimo. De otro lado, conforme a los artículos 93 y 101 del Código Penal, la reparación civil busca el resarcimiento del daño ocasionado a la víctima. Esta comprende la restitución del bien materia del delito, cuando es posible, o de su valor y el pago de los daños y perjuicios que se hayan producido como consecuencia del accionar del sujeto activo. Asimismo, debe fijarse de acuerdo con la naturaleza del delito cometido.

7.1. En el caso concreto, como consecuencia del hecho delictivo, se despojó del bien al agraviado, por lo que cabe resarcir el daño al no ser posible su devolución.

7.2. En la sentencia materia de cuestionamiento, se fijó el monto de la reparación civil en S/ 2000 (dos mil soles) a favor del agraviado; sin embargo, en el presente proceso existía ya un pronunciamiento anterior (sentencia conformada del nueve de agosto de dos mil diecisiete, a foja 234) que adquirió firmeza (declarada consentida mediante la resolución de foja 246), en que se fijó como reparación civil la suma de S/ 1000 (mil soles) a favor de la parte agraviada.

7.3. Además, atendiendo a lo dispuesto en la Ejecutoria Suprema número 216-2005/Huánuco, que tiene el carácter de precedente vinculante:

En ese contexto, la restitución, pago del valor del bien o indemnización por los daños y perjuicios ocasionados, según corresponda, cuando se trate de procesos que exista pluralidad de acusados por el mismo hecho y sean sentenciados independientemente, por diferentes circunstancias contempladas en nuestro ordenamiento procesal penal, debe ser impuesta para todos, la ya fijada en la primera sentencia firme, esto con el objeto de que:

a) Exista proporción entre el daño ocasionado y el resarcimiento b) Se restituya, se pague o indemnice al agraviado sin mayor dilación y c) No se fijen montos posteriores que distorsionen la naturaleza de la reparación civil dispuestos mediante los artículos noventa y tres y noventa y cinco del Código Penal [el resaltado es nuestro].

En la misma línea, está lo dispuesto en el fundamento jurídico 26 del Acuerdo Plenario número 5-2008/CJ-116, sobre los nuevos alcances de la conclusión anticipada:

Por último, es materia de discusión en el ámbito de la responsabilidad civil la determinación del monto y los obligados a cubrirlo cuando se trata de una pluralidad de copartícipes –codelincuencia-, varios de los cuales no se han sometido a la conformidad procesal. Sobre el particular, en los marcos de una sentencia conformada, es de tener en consideración dos aspectos sustanciales: el primero, referido a los alcances de la sentencia conformada: ésta sólo comprenderá a los imputados que se someten a la conformidad; y, el segundo, circunscrito al monto de la reparación civil, el cual está en función al daño global irrogado, bajo la regla de la solidaridad entre los responsables del hecho punible y los terceros civilmente obligados (artículo 95° del Código Penal). Siendo así, el Tribunal fijará el monto de la reparación civil de modo global [la cantidad en cuestión siempre será única, no puede dividirse], de suerte que como ésta es solidaria si existieran copartícipes –y no mancomunada–, al emitirse condena contra ellos en el juicio sucesivo, si así fuera el caso, tal suma no variará y sólo se les comprenderá en su pago [el resaltado es nuestro].

7.4. En tal sentido, el monto de la reparación civil debe ser reducido al monto ya fijado en la sentencia que tiene la calidad de firme, esto es, en S/ 1000 (mil soles).

7.5. Finalmente, debe tomarse en cuenta que rige la regla de la solidaridad en los supuestos de codelincuencia, conforme lo establece el artículo 95 del Código Penal, y así debe fijarse.

DECISIÓN

Por estos fundamentos, los jueces integrantes de la Sala Penal Permanente de la Corte Suprema de Justicia de la República DECLARARON:

I. NO HABER NULIDAD en la sentencia conformada del diez de octubre de dos mil dieciocho –foja 339–, en el extremo en el que le impuso a Brando Víctor Cárdenas Orellana ocho años de pena privativa de libertad como coautor del delito contra el patrimonio- robo agravado, en perjuicio de Jhan Pier Terán Luna.

II. HABER NULIDAD en la misma sentencia en el extremo en el que fijó por concepto de reparación civil la suma de S/ 2000 (dos mil soles); y, REFORMÁNDOLA, fijaron el pago (en forma solidaria con el ya sentenciado) de S/ 1000 (mil soles). Y los devolvieron.

Intervino el señor juez supremo Castañeda Espinoza por licencia del señor juez supremo Príncipe Trujillo.


1 MUÑOZ CONDE, Francisco y GARCÍA ARÁN, Mercedes. Derecho penal. Parte general. Octava edición. Valencia: Editorial Tirant lo Blanch, 2010, p. 436.

2 MIR PUIG, Santiago. Derecho penal. Parte general. Décima edición. Uruguay: Editorial B de F, 2016, pp. 403 y 404.

3 Ejecutoria Suprema emitida por la Sala Penal Permanente de la Corte Suprema de Justicia de la República, en el Recurso de Casación número 55 – 2009/La Libertad, del veinte de julio de dos mil diez, fundamento jurídico cuarto.

4 MIR PUIG, Santiago. Derecho penal. Parte general. Novena Edición. Buenos Aires: Editorial B de F, 2011, p. 401.

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