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CORTE SUPREMA DE JUSTICIA DE LA REPÚBLICA

SALA PENAL PERMANENTE
RECURSO DE NULIDAD N.° 1170-2019
LIMA

Nulidad de sentencia

La sentencia presenta un defecto estructural de motivación, respecto a la valoración de la prueba actuada de lo que es objeto de imputación. En ese sentido, las versiones de los hechos, el valor probatorio atribuido a la prueba personal actuada y el deficiente tratamiento de los indicios conllevan la necesaria reevaluación de la decisión recurrida; en consecuencia, es nula la sentencia condenatoria, de conformidad con lo previsto en los artículos 298, numeral 1, 299 y 301, segundo párrafo, del Código de Procedimientos Penales.

Lima, diecisiete de agosto de dos mil veinte

VISTOS: el recurso de nulidad interpuesto por la defensa técnica del encausado Luis Gabriel Blas Limaylla contra la sentencia del veintiocho de enero de dos mil diecinueve (foja 184), emitida por la Sexta Sala Penal para Procesos con Reos Libres de la Corte Superior de Justicia de Lima, que lo condenó por el delito contra el patrimonio-robo agravado, en agravio de José Antonio Ojeda Pérez, a doce años de pena privativa de libertad y fijó en S/ 2000 (dos mil soles), el monto por concepto de reparación civil, que deberá pagar el sentenciado a favor del agraviado. De conformidad con lo opinado por el señor fiscal supremo en lo penal.

Intervino como ponente el señor juez supremo Figueroa Navarro.

CONSIDERANDO

I. Hecho imputado

Primero. De conformidad con la acusación fiscal (foja 99), el veinticinco de mayo de dos mil catorce, aproximadamente a las 03.00 horas, el procesado Luis Gabriel Blas Limaylla y otro sujeto no identificado, en concierto y mediando violencia, interceptaron al agraviado José Antonio Ojeda Pérez cuando se encontraba en la esquina de la avenida La Marina y Castilla, distrito de Pueblo Libre; en esa circunstancia, el denunciado tomó del cuello al agraviado y lo redujo, mientras que el sujeto no identificado procedió a rebuscar sus pertenencias y lo despojó de un teléfono celular marca Sony color negro y carcasa color azul de la empresa Movistar, valorizado en la
suma de S/ 1000 (mil soles) así como un monedero de color plomo con la suma de S/ 10 (diez soles); luego se dieron a la fuga y, finalmente, el recurrente fue intervenido por la policía que patrullaba en la zona.

II. Sentencia de la Sala Penal Superior

Segundo. La Sexta Sala Penal para Procesos con Reos Libres de la Corte Superior de Justicia de Lima emitió sentencia condenatoria (foja 184) y estableció que:

2.1. “La acción de sustracción propiamente dicha no es un tema sujeto a probanza, pues resulta testificado por el propio acusado en su manifestación rendida con presencia fiscal; la cuestión a dilucidar radica en establecer si el procesado coadyuvó en la consumación del evento delictivo denunciado” (sic).

2.2. La participación del procesado se sustenta con la sindicación del propio procesado a nivel preliminar, la cual tiene el carácter de prueba, por haber sido brindada en presencia del representante del Ministerio Público; con la declaración testimonial del policía Pedro Antonio Tejada Jiménez y con el acta de registro personal, que permiten colegir indiciariamente la participación del procesado en el robo imputado.

2.3. La versión exculpatoria del recurrente, basada en que se encontraba embriagado, debe desestimarse, porque su
declaración preliminar se verificó ocho horas después de haber sido intervenido policialmente. Además, dicha versión presenta contradicciones que la desvirtúan frente a la imputación fiscal.

2.4. En cuanto a la determinación de la pena, al no concurrir circunstancias tanto agravantes como atenuantes y carecer de antecedentes penales, esta se impuso en el mínimo punitivo establecido para el delito.

III. Expresión de agravios

Tercero. A fin de alcanzar la nulidad de la sentencia recurrida y la absolución del cargo imputado, el recurrente fundamentó su recurso de nulidad (foja 205) y expuso los siguientes argumentos:

3.1. El Colegiado Superior no efectuó una debida valoración de todos los medios probatorios acopiados en el proceso, destinados a evidenciar la comisión del delito y la responsabilidad penal del acusado.

3.2. En la sentencia recurrida solo se llegó a las siguientes conclusiones:

3.2.1. En el proceso se llegaron a probar los hechos imputados, porque el procesado reconoció a nivel policial que un tal “Daniel” debió robarle al agraviado.

3.2.2. Está probada la participación del procesado en el robo, por la declaración de un testigo policía, quien señala que lo habría perseguido para proceder a su detención.

3.2.3. Existe la sindicación del agraviado que incrimina al recurrente como uno de los autores del robo sufrido.

No obstante, tales conclusiones carecen de valor probatorio porque no se demostró objetivamente que el recurrente sea el autor del robo imputado; únicamente se acreditó que existe la sola sindicación del agraviado, pero sin ningún medio probatorio que la acredite.

3.3. La presunción de inocencia exige que la carga de la prueba sea de quien acusa, lo cual corresponde al Ministerio Público; en ese sentido, la imputación fiscal solo cuenta con la sindicación del agraviado y el testimonio de un policía, frente a la negativa del procesado; así, en el contradictorio no se actuó prueba idónea y suficiente que permita enervar la presunción de inocencia.

3.4. Asimismo, la declaración del agraviado no se adecúa a los presupuestos de certeza previstos en el Acuerdo Plenario número 2-2005/CJ-116, pues se encuentra desprovista de corroboraciones periféricas y del requisito de la persistencia; además, su sindicación incurre en contradicciones.

3.5. Tampoco se acreditó la preexistencia del bien sustraído y, por consiguiente, tampoco se demostró que al agraviado haya sustraído algún teléfono celular.

3.6. Finalmente, la decisión de la Sala Superior de hacer prevalecer su declaración brindada a nivel preliminar, en aplicación del precedente vinculante establecido en el Recurso de Nulidad número 3044-2005-Lima, resulta errada porque esa declaración se verificó sin la asistencia obligatoria de su abogado defensor y se vulneró su derecho de defensa.

IV. Delimitación del análisis del caso

Cuarto. La impugnación que formula el procesado se circunscribe a cuestionar la valoración probatoria de las pruebas de cargo utilizadas para establecer su responsabilidad penal; por consiguiente, la materia del grado se circunscribirá a verificar si el Colegiado Superior emitió la sentencia condenatoria sobre la base de una adecuada valoración probatoria, que vincula al procesado con los hechos imputados, de manera que desvirtúe la presunción de inocencia del encausado.

V. Fundamentos del Tribunal Supremo

Quinto. La garantía de la motivación de las resoluciones judiciales ha sido materia de pronunciamiento en reiterada jurisprudencia, expedida tanto por esta Suprema Corte como por el Tribunal Constitucional. Así, el Acuerdo Plenario número 06-2011/CJ-116, fundamento jurídico undécimo, expresa lo siguiente:

La motivación de las resoluciones es una exigencia constitucional específica reconocida por el artículo 139.5 de la Ley Fundamental […]. La motivación, por cierto, puede ser escueta, concisa e incluso –en determinados ámbitos– por remisión. La suficiencia de la misma – analizada desde el caso concreto, no apriorísticamente– requerirá que el razonamiento que contenga, constituya lógica y jurídicamente, suficiente explicación, que permita conocer, aun de manera implícita, los criterios fácticos y jurídicos esenciales fundamentadores de la decisión.

El Tribunal Constitucional, en la sentencia recaída en el Expediente número 00728-2008-PHC/TC, fundamento jurídico sexto, sostuvo lo siguiente:

El derecho a la debida motivación de las resoluciones importa que los jueces, al resolver las causas, expresen las razones o justificaciones objetivas que los llevan a tomar una determinada decisión. Esas razones […] deben provenir no sólo del ordenamiento jurídico vigente y aplicable al caso, sino de los propios hechos debidamente acreditados en el trámite del proceso. Sin embargo, la tutela del derecho a la motivación de las resoluciones judiciales no debe ni puede servir de pretexto para someter a un nuevo examen las cuestiones de fondo ya decididas por los jueces ordinarios.

Sexto. En ese sentido, se advierte conforme al cuarto considerando de la sentencia recurrida, que el ámbito probatorio se circunscribe a las declaraciones del procesado (fojas 11, 77 y 147), la declaración del agraviado (foja 09), la declaración testimonial del efectivo policía Pedro Antonio Tejada Jiménez (foja 32 y 58) y el acta de registro personal (foja 14); sin embargo, del su análisis se aprecia lo siguiente:

6.1. La declaración del agraviado solo se realizó a nivel preliminar (foja 9) y en ella sindica al procesado Blas Limaylla de haberlo cogoteado para permitir que un segundo sujeto no identificado rebusque entre sus pertenencias y lo despoje del teléfono celular y de un monedero; sin embargo, tal declaración se verificó sin la presencia del representante del Ministerio Público lo que conlleva la ausencia de valor probatorio, conforme al artículo 72 del Código de Procedimientos Penales; esta situación que se presenta en un proceso con pocos elementos de prueba y ante la posición reiterada de rechazo a la imputación expuesta por el procesado, justificaba la necesidad de que el Colegiado Superior insistiera con la citación al agraviado a fin de dilucidar la controversia, y no limitarse a prescindir de su declaración a la primera inconcurrencia; más aún si se tiene en cuenta que el Colegiado Superior cuenta con facultades coercitivas para posibilitar la comparecencia a juicio oral de quienes son citados.

6.2. La declaración testimonial del policía Pedro Antonio Tejada Jiménez, verificada en la instrucción (fojas 32 y 58), si bien no ha sido brindada por un testigo presencial, su declaración resultaba necesaria para examinar en el contradictorio las circunstancias que mediaron en la detención del procesado, se entiende por estas la identificación que hiciera el agraviado tras el robo sufrido y el comportamiento del procesado ante su aprehensión.

6.3. Respecto del acta de registro personal (foja 14), si bien se trata de un documento que tiene una significancia probatoria menor, porque de su tenor se desprende que al procesado no se lo halló en posesión de los objetos del robo, de su tenor se advierte que el registro al procesado lo realizó el policía Jaime Israel del Valle Caballero, quien fue la persona que lo intervino, según el testigo Pedro Antonio Tejada Jiménez (foja 58); por lo que, al igual que a este último testigo, es necesario que brinde su declaración en el plenario.

Séptimo. También se advierte que, no obstante la negativa del procesado Blas Limaylla a reconocer los hechos que se le imputan tanto a nivel preliminar (foja 11) como en la instrucción (foja 77) y en el interrogatorio en juicio oral (foja 147), la determinación de su responsabilidad penal se sustentó con base en su declaración preliminar (foja 11), a la cual se le dio el carácter de elemento de prueba, por haber sido brindada en presencia del representante del Ministerio Público; no obstante, la declaración del procesado no es un medio de prueba personal, sino un acto defensivo que opone frente a la imputación formulada en su contra.

Octavo. De otro lado, se advierte que, en el séptimo considerando de la sentencia, el Colegiado se pronunció sobre la prueba indiciaria, citando el Acuerdo Plenario número 1-2006/EVS-22 y la ejecutoria suprema recaída en el Recurso de Nulidad número 1912-2005-Piura; sin embargo, en el noveno considerando, realiza un análisis indiciario, pero no lo adecuó a los requisitos establecidos en la acotada ejecutoria suprema, sobre todo de los hechos base o pruebas directas, pese a tener carácter de precedente vinculante.

Noveno. De acuerdo a lo expuesto resulta evidente que sentencia recurrida se sustentó en una motivación aparente para fundamentar la decisión impugnada; en ese sentido, resulta necesario realizar un nuevo juzgamiento, a fin de que se actúe la declaración tanto del agraviado como de los efectivos policiales intervinientes y que se acredite la preexistencia del teléfono celular sustraído; además, en necesario analizar los hechos desde la perspectiva de la prueba indiciaria; con observancia de los criterios para su construcción, a fin de que al momento de resolver, el órgano jurisdiccional cuente con suficiente caudal probatorio y motive su resolución conforme a ley.

Décimo. En consecuencia, para garantizar el debido proceso y el derecho a la debida motivación de las resoluciones judiciales –de acuerdo con el artículo 139, apartado 5, de la Constitución Política del Estado–, se debe declarar la nulidad de la sentencia y ordenar que se realice un nuevo juicio oral por otro Colegiado, en el que se actúen las diligencias citadas en el noveno considerando y se tengan en cuenta los demás fundamentos expuestos en la presente ejecutoria, de conformidad con las facultades conferidas por los artículos 298, numeral 1, 299 y 301, segundo párrafo, del Código de Procedimientos Penales.

Decimoprimero. Por otro lado, de la revisión de los autos se advierte que mediante resolución del veintitrés de junio de dos mil catorce (foja 28) al mencionado procesado se le abre instrucción en la vía ordinaria con mandato de comparecencia restringida bajo reglas de conducta. Asimismo, mediante resolución del veintitrés de agosto de dos mil dieciséis (foja 114), el Colegiado Superior suspendió el mandato de comparecencia restringida, variándolo a comparecencia simple.

Si bien al citado encausado se le declaró reo contumaz por resolución del veintisiete de noviembre de dos mil dieciocho, este se puso a derecho y compareció a las audiencias del juicio en calidad de reo libre sin restricción alguna (conforme las actas de fojas 144, 146, 158, 167 y 193), hasta la lectura de la sentencia en la que se le condenó a doce años de pena privativa de libertad. En ese sentido, como efecto de declarar nula la sentencia condenatoria corresponde que el encausado continúe en el proceso penal en la misma condición jurídica en la que estaba al inicio del juicio oral; por tanto, se dispone su inmediata libertad.

DECISIÓN

Por estos fundamentos, los señores jueces supremos integrantes de la Sala Penal Permanente de la Corte Suprema de Justicia de la República:

I. DECLARARON NULA la sentencia del veintiocho de enero de dos mil diecinueve (foja 184), emitida por la Sexta Sala Penal para Procesos con Reos Libres de la Corte Superior de Justicia de Lima, que condenó a Luis Gabriel Blas Limaylla por el delito contra el patrimonio-robo agravado, en agravio de José Antonio Ojeda Pérez, a doce años de pena privativa de libertad, y fijó en S/ 2000 (dos mil soles) el monto por concepto de reparación civil, que deberá pagar el sentenciado a favor del agraviado.

II. MANDARON que se realice un nuevo juicio oral por otro Colegiado Superior, tomando en cuenta los fundamentos señalados en la presente ejecutoria, y lo que resulte necesario para fines de un real esclarecimiento de los hechos.

III. DISPUSIERON la inmediata libertad del procesado Luis Gabriel Blas Limaylla, siempre y cuando no exista otra orden en contrario emanada de autoridad competente, OFICIÁNDOSE para tal propósito, vía fax, al órgano jurisdiccional competente; y los devolvieron.

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