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Trafico de drogas: Violación al derecho a la prueba. [No solo se debe de citar, se debe valorar]

CORTE SUPREMA DE JUSTICIA DE LA REPÚBLICA

SALA PENAL TRANSITORIA
RECURSO DE NULIDAD N.º 1483-2018
LIMA ESTE

NULA SENTENCIA ABSOLUTORIA

La sentencia recurrida omitió valorar la prueba actuada en juicio oral, lo cual incide en la motivación, generando infracción procesal que amerita un nuevo juzgamiento.

Lima, siete de mayo de dos mil diecinueve

VISTO: El recurso de nulidad interpuesto por el representante del Ministerio Público contra la sentencia del veintidós de enero de dos mil dieciocho, que absolvió a Gulfredo Gallardo Díaz, de la acusación fiscal como presunto autor de los delitos contra la salud pública- tráfico ilícito de drogas; contra la seguridad pública-fabricación, suministro o tenencia de materiales peligrosos; y contra la fe pública-uso de documento público falso, en perjuicio del Estado.

Interviene como ponente el juez supremo QUINTANILLA CHACÓN.

CONSIDERANDO

IMPUTACIÓN FÁCTICA Y JURÍDICA

Primero. Personal de la Policía Nacional del Perú y la Fiscalía contra el Crimen Organizado obtuvo información de la organización criminal Los Malditos de Bayóyar, tomándose conocimiento de que Gulfredo Gallardo Díaz, conocido como Gato, tendría vínculo y participación activa en la referida organización, la cual era liderada por el conocido como Loco Jean Pier y secundada por sus lugartenientes conocidos como Loco Aroni, Dany y Loco Darwin, este último identificado como Darwin Malca Hernández. Su centro de operaciones era el distrito de San Juan de Lurigancho. Se dedicaban a la comisión de delitos como el sicariato, extorsión, posesión de armamento y explosivos, en perjuicio de empresarios dedicados a la construcción, comerciantes y propietarios de colegios particulares, quienes por temor acceden a sus pretensiones o, en caso contrario, son asesinados o violentados contra su integridad.

Habiéndose detectado vínculos entre el conocido como Gato y el conocido como Loco Darwin, se tomó conocimiento de que el primero sería el aparato logístico y testaferro de las propiedades obtenidas de manera ilegal por la organización.

Se tomó conocimiento de que Gulfredo Gallardo Díaz se reuniría con sujetos por inmediaciones del Mercado de Productores de Jicamarca. Fue visto el trece de julio de dos mil quince a las 09:30 horas, aproximadamente, en actitud sospechosa y vigilante, por lo que se procedió a intervenirlo, y se encontró a la altura de su cintura un revólver Smith & Wesson calibre 38, serie AEV-7989, el cual estaba abastecido con seis cartuchos del mismo calibre. También portaba un canguro de lona, en cuyo interior se halló una granada de guerra sujeta con cinta aislante y un envoltorio color negro, un aproximado de sesenta gramos de pasta básica de cocaína, otros sesenta y ocho paquetes con la misma sustancia, en los términos del acta de registro personal.

Del mismo modo, se le encontró en posesión de tres teléfonos celulares, una billetera con tarjetas de crédito de diversas entidades bancarias, su documento nacional de identidad y otro a nombre de José Tarrillo, donde se muestra la fotografía del intervenido (al parecer un documento falsificado), además de dos voucher de depósito por los montos de 300,00 y 6000,00 soles, esta última al número de cuenta 194-27-94-28-61-0-10, a nombre de Rina Palomino Gómez, que según refirió, le fue proporcionada por el conocido como Loco Darwin.

Durante la intervención policial el detenido recibió una llamada a su teléfono Nextel 51*643*8701, procedente del número 51*138*6379, identificado como Loco Darwin, refiriéndole, entre otras cosas, que interponga sus buenos oficios en la intervención policial de su hermano Eric Malca Hernández, detenido en la DIvincri de San Juan de Lurigancho y también le solicitaba se agencie y le proporcione la identidad del personal policial que intervino a su hermano con la finalidad de atentar contra su integridad.

La conversación fue grabada con autorización del intervenido y ha sido reproducida y perennizada en acta.

Segundo. Las conductas que se precisan fueron calificadas como delito contra la salud pública-tráfico ilícito de drogas, segundo párrafo, del artículo doscientos noventa y seis; delito de peligro común-tenencia ilegal de materiales peligrosos; y uso de documento público falsificado, en los términos del segundo párrafo, del artículo cuatrocientos veintisiete, del Código Penal.

ARGUMENTOS DEL RECURSO DE NULIDAD

Tercero. En su recurso de nulidad, el representante del Ministerio Público argumentó:

3.1. No es una exigencia la intervención de un fiscal en todas las diligencias de la Policía Nacional, sobre todo en actos inaplazables y urgentes.

3.2. Lo urgente no admite espera y, en este caso, era necesario realizar la diligencia de registro personal, y no podía posponerse hasta la concurrencia de un representante del Ministerio Público.

3.3. Negar la diligencia de registro personal colisiona con el contenido del Decreto Legislativo N.° 989 y la Ley N.° 27934, que regulan la intervención de la Policía y el Ministerio Público en la investigación preliminar del delito.

3.4. El acusado no es el próspero empresario que afirma, pues ha sido sindicado por Darwin Malca Hernández como el encargado de cobrar los cupos a los grupos de música chicha y las obras de construcción civil.

3.5. Como la Sala concluyó que no se puede atribuir lo hallado al acusado, esto implicaría que el arma, la droga y el documento de identidad fueron sembrados, por lo cual debió remitirse copias a la Fiscalía para que se proceda a investigar.

3.6. La sentencia adolece de motivación por errónea interpretación de los medios probatorios aportados y actuados en el proceso penal.

ANÁLISIS

Cuarto. La motivación constituye un derecho de orden constitucional, está descrito en el numeral cinco, del artículo ciento treinta y nueve, de la Constitución Política, y obliga que las decisiones a las que arribe el juzgador contengan un razonamiento lógico y sólido sobre el tema que es objeto de proceso.

4.1. Esta Corte Suprema, en un pronunciamiento emitido por la Sala Civil Transitoria, en la Sentencia de Casación N° 1068-20091, expresó lo siguiente:

Una motivación comporta la justificación lógica, razonada y conforme a las normas constitucionales y legales señaladas, así como con arreglo a los hechos y petitorios formulados por las partes; por consiguiente, una motivación adecuada y suficiente comprende tanto la motivación de hecho o in factum (en el que se establecen los hechos probados y no probados mediante la valoración conjunta y razonada de las pruebas incorporadas al proceso, sea a petición de parte como de oficio, subsumiéndolos en los supuestos fácticos de la norma), como la motivación de derecho o in jure (en el que selecciona la norma jurídica pertinente y se efectúa una adecuada interpretación de la misma).

4.2. En ese entendido, cuando se trata de una sentencia condenatoria, deberá exigirse una motivación cualificada, en tanto la consecuencia es restricción de derechos fundamentales. Cuando sea una sentencia absolutoria, mínimamente se deberá observar el acervo probatorio incorporado y actuado válidamente, en tanto sea útil para resolver la propuesta acusatoria, de tal manera que el razonamiento empleado sea válido.

Quinto. El derecho a la prueba es uno de carácter fundamental desde la perspectiva procesal e implica no solo la posibilidad de postularla, sino también, que aquella sea admitida, actuada y valorada, tal como lo señala el Tribunal Constitucional en la sentencia 6712-2005-HC/TC:

Se trata de un derecho complejo que está compuesto por el derecho a ofrecer medios probatorios que se consideren necesarios; a que estos sean admitidos, adecuadamente actuados, que se asegure la producción o conservación de la prueba a partir de la actuación anticipada de los medios probatorios, y que estos sean valorados de manera adecuada y con la motivación debida, con el fin de darle el mérito probatorio que tengan en la sentencia.

En ese sentido, entre sus manifestaciones, no valorar la prueba actuada en juicio y que fue sometida al contradictorio genera infracción pasible de nulidad.

Sexto. Analizada la sentencia recurrida, resulta que la Sala Superior muestra un catálogo probatorio diverso, documental y personal, pero en el análisis no los valora.

6.1. La sentencia impugnada, en su acápite V denominado “Itinerario y diligencias realizadas en juicio oral”, describió con precisión hasta la participación de diez personas en el plenario (incluido el examen del acusado), citando aspectos de su relato; sin embargo, en el análisis, no se advierte estimación o desestimación, es decir, no se realiza la valoración de la prueba personal actuada en juicio.

6.2. Situación similar sucede en el caso de la prueba documental descrita en el acápite VI rotulado “Elementos probatorios”, donde se describe hasta dieciséis documentos pasibles de ser analizados; no obstante, la Sala Superior se limitó a describir las actas de registro personal decantándose por su ineficacia, debido a la ausencia de un representante del Ministerio Público.

Séptimo. Otro aspecto de relevancia constituye lo relacionado a los alcances de la Ley N.° 27934, que se encarga de precisar los ámbitos de actuación de la Policía y el Ministerio Público en la investigación del delito y que ha sido soslayado por el Colegiado, pero que merece atención en situaciones como la planteada por el Ministerio Público, lo que obliga a que en un nuevo juicio, con concurrencia de los efectivos encargados de la investigación, se incida en la compatibilidad de los actos desplegados en la investigación y los límites que impone la ley en mención.

Octavo. En este escenario, queda en evidencia que la sentencia impugnada incurre en ausencia de motivación suficiente, por lo que no es posible validar los argumentos que se exponen para sustentar la absolución, siendo indispensable la realización de un nuevo juicio oral, al cual deberán concurrir todas las personas que participaron en la intervención del acusado y que suscriben el acta de registro personal, incautación y comiso (folio 79), Neil Quezada Buitrón, Lener Robert Salazar Medina, Eloy Felipe Linares Guzmán, incidiéndose en las circunstancias de la intervención, así como de Carlos Martín Barrientos, quien figura como el propietario del arma de fuego que se presume fue hallada en poder del acusado, para conocer en qué circunstancias dejó de poseerla.

Lo anterior no impide que las partes procesales puedan ofrecer nuevos actos de prueba en el ejercicio de su derecho a la prueba y tutela.

DECISIÓN

Por estos fundamentos, de conformidad con el dictamen emitido por la Fiscalía Suprema en lo Penal:

I. Declararon NULA la sentencia del veintidós de enero de dos mil dieciocho que absolvió a Gulfredo Gallardo Díaz de la acusación fiscal como presunto autor de los delitos contra la salud pública-tráfico ilícito de drogas; del delito contra la seguridad pública-fabricación, suministro o tenencia de materiales peligrosos; y del delito contra la fe pública-uso de documento público falso, en perjuicio del Estado.

II. DISPUSIERON se realice un nuevo juicio oral a cargo de otro Colegiado, el cual deberá tener presente la actividad probatoria a la que se refiere la parte considerativa de la presente ejecutoria.

III. ORDENARON se notifique la presente ejecutoria a las partes apersonadas en esta instancia, se devuelvan los actuados a la Sala Superior de origen y se archive el cuadernillo.

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