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Suspensión condicional de la pena. Derecho a la salud

CORTE SUPREMA DE JUSTICIA DE LA REPÚBLICA
SALA PENAL PERMANENTE

APELACIÓN N.° 22-2019/LIMA NORTE
PONENTE: CÉSAR SAN MARTÍN CASTRO

Derecho a la salud

Sumilla. En vista que el imputado no presenta riesgo serio de fuga –y, antes, ha cumplido con los emplazamientos judiciales e incorporó documentos de arraigo social– y que se trata de una persona con un factor de comorbilidad al covid-19, como es el VIH, que ya padeció en el Penal de esa enfermedad contagiosa, resulta razonable y proporcional optar, en resguardo del derecho a la salud, por disponer una medida menor intensidad que la privación cautelar de libertad.

Lima, veintiséis de agosto de dos mil veinte

AUTOS y VISTOS; en audiencia pública: la solicitud de suspensión de la ejecución provisional de la sentencia condenatoria apelada formulada por el encausado MANUEL CÉSPEDES PURIZACA; en el proceso penal que se le sigue por delito de cohecho pasivo específico en agravio del Estado.

OÍDOS los informes de la defensa y del Ministerio Público.

Ha sido ponente el señor SAN MARTÍN CASTRO.

FUNDAMENTOS

PRIMERO. Que al encausado Céspedes Purizaca se le impuso, mediante la sentencia conformada de fojas dieciséis, de veintidós de noviembre de dos mil diecinueve, entre otras penas, la de cinco años de privación de libertad computada desde esa misma fecha por la comisión del delito de cohecho pasivo específico en agravio del Estado. Se encontraba siguiendo el proceso en libertad (comparecencia restringida). Como consecuencia del fallo se dispuso su ingreso en un Establecimiento Penitenciario.

Interpuesto y concedido el recurso de apelación, se elevó a este Supremo Tribunal para resolver. El procedimiento de apelación sigue en trámite.

SEGUNDO. Que por escrito de fojas cuarenta y uno, de tres de junio de dos mil veinte, la defensa del citado encausado Céspedes Purizaca solicitó la suspensión de la ejecución provisional de la pena, amparándose en el artículo 402 apartado 2 del Código Procesal Penal y pidió que se le imponga comparecencia con restricciones o detención domiciliaria. Alegó que como es portador de VIH –enfermedad grave e incurable–, por la pandemia de la
covid-19, está en alto riesgo su salud, más aún, si el Establecimiento Penitenciario está hacinado; que el derecho a la salud es prioritario, conforme al artículo 1 de la Ley General de Salud.

En el escrito de fojas cincuenta y uno, de veintitrés de junio de dos mil veinte, anexó el diagnóstico y tratamiento por VIH [fojas ochenta y cuatro], así como que fue contagiado por la covid-19. A fojas ochenta y uno adjuntó el informe médico del Establecimiento Penal de Lurigancho que acredita que, al veintiocho de mayo de dos mil veinte, padecía de covid-19 [fojas ochenta y tres].

TERCERO. Que, ahora bien, el artículo 418, apartado 2, del Código Procesal Penal estatuye que, cuando se impone una sentencia condenatoria recurrida a pena privativa de libertad efectiva, en todo caso, “el Tribunal Superior en cualquier estado del procedimiento recursal decidirá mediante auto inimpugnable, atendiendo a las circunstancias del caso, si la ejecución provisional de la sentencia debe suspenderse”. Éste es el precepto procesal materia de dilucidación en el presente caso.

Desde luego, en estos casos, la decisión del Tribunal Superior no es libre, sino que obedece a las “circunstancias del caso” y, en rigor, al principio de proporcionalidad que define el marco de la ponderación entre aseguramiento al proceso del imputado condenado en primera instancia y el derecho fundamental a libertad personal para quien no tiene condena firme en su contra.

El imputado estaba con mandato de comparecencia restrictiva hasta antes de ser ingresado al Establecimiento Penal. No consta que vulneró las reglas de conducta. Es más, asistió al acto oral y estaba presente cuando se le condenó a una pena efectiva. Padece de comorbilidad una a la covid-19 por padecer de VIH, aun cuando está sometido a tratamiento; y, ésta enfermedad está considerada como tal por la Resolución Ministerial 283- 2020-MINSA. Asimismo, en el Establecimiento Penal donde se encontraba se contagió de covid-19, pero por el tiempo transcurrido es claro que superó la enfermedad pese a padecer de VIH.

CUARTO. Que si bien el delito de cohecho pasivo específico materia de condena está considerado un delito excluido por el Decreto Legislativo 1513, de cuatro de junio de dos mil veinte, ello en modo alguno impide, en los supuestos de prisión preventiva, la cesación de la misma, siempre que se presenten los supuestos fijados en el artículo 3 inciso 3, que a su vez remite al artículo 3 inciso 2 del referido Decreto Legislativo.

Es patente que el derecho a la salud –como derecho individual y obligación del Estado– es prioritario en tiempos de pandemia, y más aún cuando a la propia vulnerabilidad del privado de libertad en un Establecimiento Penal se le agrega un factor de comorbilidad como el VIH y, además, ya se ha contagiado de la covid-19, pero felizmente lo ha superado –así incluso lo sostuvo su defensa en la audiencia–, lo que en modo alguno, por sus problemas de salud, puede estimarse que está inmune a un nuevo contagio, más aun en lugares hacinados –dato reconocido por las autoridades del Sector Justicia y de conocimiento notorio–.

QUINTO. Que, siendo así, en vista que el imputado no presenta riesgo serio de fuga –y, antes, ha cumplido con los emplazamientos judiciales e incorporó documentos de arraigo social– y que se trata de una persona con un factor de comorbilidad al covid-19, como es el VIH, que ya padeció en el Penal de esa enfermedad contagiosa, resulta razonable y proporcional optar, en resguardo del derecho a la salud, por disponer una medida menor intensidad que la privación cautelar de libertad.

SEXTO. Que es de aplicación el artículo 290, apartado 1, literal b), del Código Procesal Penal –el VIH, según concluyó la Organización Mundial de la Salud, es una enfermedad incurable–, así como cabe imponer la obligación de someterse al cuidado y vigilancia de un familiar, que se designará en el acto de constituirse en su domicilio, y dar cuenta de sus actividades cada mes en el Tribunal Superior que dictó la condena de primera instancia. Para los efectos del trámite de ejecución se cumplirá por el INPE lo dispuesto, en lo pertinente por el artículo 20 del Decreto Legislativo 1513, y la Policía Nacional deberá informar de la viabilidad del domicilio indicado por el imputado.

DECISIÓN

Por estos motivos, con lo expuesto por el señor Fiscal Supremo en lo Penal: Declararon FUNDADA la solicitud de suspensión de la ejecución provisional de la sentencia condenatoria apelada formulada por el encausado MANUEL CÉSPEDES PURIZACA; en el proceso penal que se le sigue por delito de cohecho pasivo específico en agravio del Estado. En consecuencia, IMPUSIERON al citado encausado la medida de detención domiciliaria por el plazo de seis meses a partir de la fecha, con las restricciones adicionales de someterse al cuidado y vigilancia de un familiar, que se designará en el acto de constituirse en su domicilio, y dar cuenta de sus actividades cada mes en el Tribunal Superior que dictó la condena de primera instancia. MANDARON que el INPE ejecute los procedimientos de excarcelación conforme al artículo 20 del Decreto Legislativo 1513, y que la Policía Nacional informe sobre la viabilidad del domicilio indicado por el imputado. DISPUSIERON se cursen los oficios al INPE y a la Policía Nacional para su oportuno cumplimiento. HÁGASE saber a las partes procesales personadas en esta sede suprema.

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