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Retiro de la acusación [ Ratificación de la función del Ministerio Público como defensor de la legalidad ]

PARTE PERTINENTE

4.3. El artículo 274 del Código de Procedimientos Penales parte del supuesto de que la acusación fiscal escrita contiene elementos probatorios suficientes para vincular a los procesados con los hechos que se les imputan. Por ello, exige para retirar la acusación nuevos elementos de prueba que desvirtúen tal imputación. Sin embargo, va contra el espíritu de la norma interpretar que esta obliga al Ministerio Público a acusar aun sin sustento probatorio alguno.

4.4. Es cierto que el órgano jurisdiccional, desde los principios de legalidad y de justicia material, no está vinculado a la posición del Ministerio Público y tiene la potestad necesaria de decidir lo que corresponde en derecho; pero también lo es que por disposición del literal e) del inciso 24 del artículo segundo de la Constitución Política del Estado toda persona ingresa a un proceso premunida de la presunción de inocencia. Por ello, su sujeción a un juicio oral importa la existencia de un mínimo de pruebas que sustenten la acusación fiscal, y que al interpretar la ley procesal el juez debe tener en cuenta que el objeto de los procedimientos es la efectividad de los derechos reconocidos por la ley sustancial.


CORTE SUPREMA DE JUSTICIA  DE LA REPÚBLICA

SALA PENAL PERMANENTE
R. N. N.° 1843-2018
S.P.N.

Retiro de la acusación fiscal

El retiro de la acusación en los términos del presente caso no vulnera el cumplimiento del formalismo procesal establecido en el artículo 274 del Código de Procedimientos Penales. Es, más bien, una ratificación de la función del Ministerio Público como defensor de la legalidad.

Lima, quince de julio de dos mil diecinueve

VISTOS: El recurso de nulidad formulado por el procurador público especializado en delitos de terrorismo del Ministerio del Interior contra la resolución emitida el ocho de marzo de dos mil dieciocho por los integrantes de Sala Penal Nacional, que resolvió declarar procedente el retiro de la acusación fiscal y, en consecuencia, sobreseída la causa a favor de Agustín Valencia Bravo o Virgilio Valencia Bravo, Eustaquio Curo Sullca o Eustaquio Juro Sullca, Rafael Portillo Sagayo o Rafael Portillo Sayago, Ubaldino Portillo Sagayo o Ubaldo Portillo Sayago, Elme Espinoza Llacta o Herminio Espinoza Llacctas y Nicolás Ríos Antezana por el delito contra la tranquilidad pública-terrorismo, en agravio del Estado.

Intervino como ponente el señor juez supremo Sequeiros Vargas.

CONSIDERANDO

Primero. Fundamentos de la impugnación

El procurador público especializado en delitos de terrorismo del Ministerio del Interior solicita que se declare nula la resolución impugnada. Cuestiona el sobreseimiento de la causa sobre la base de que el retiro de la acusación del Ministerio Público infringió lo dispuesto en el artículo 274 del Código de Procedimientos Penales, al no haberse actuado prueba nueva en el juicio oral que variase la condición jurídica de los procesados, ya que las declaraciones de estos –quienes negaron los cargos– no son medios de prueba.

Segundo. Contenido de la acusación

El Ministerio Público sostuvo que, en el mes de octubre de mil novecientos noventa y dos, elementos subversivos de la organización terrorista Sendero Luminoso se presentaron en el caserío de Juta y Socuna (distrito de Lucre, provincia de Aymaraes, departamento de Apurímac), con el objeto de reclutar personas del lugar para que integren sus filas. En dicho lugar reclutaron a Teófilo Cuba Quispe, Eustaquio Juro Sullca, Virgilio Valencia Bravo, Marcelino Portillo Sullca, Elme Espinoza Llactas, Nicolás Ríos Antezana, Santos Ñahui Ríos, Rafael Portillo Sayago, Ubaldo Portillo Sayago y otros, los cuales fueron entrenados en el uso de granados y ejercicios de combate, y se agruparon con otros elementos subversivos, con quienes conformaron el pelotón número 36 del Comité Subzonal de Andahuaylas, con la finalidad de atacar el poblado de Cora Cora y matar al juez de paz del lugar y atacar a las instituciones allí ubicadas.

Tercero. Fundamentos de la resolución impugnada

El Colegiado Superior sobreseyó el caso contra los acusados mencionados en el introito de la presente resolución por la coincidencia entre lo declarado en juicio oral y a nivel preliminar por Marcelino Portilla Sullca, y lo vertido a nivel de instrucción y en el juicio oral por Teófilo Hilario Cuba Quispe y el menor Belizario Riveros Merino, quienes afirmaron que, el doce de octubre de mil novecientos noventa y dos, elementos senderistas incursionaron en diversos pueblos con el objeto de reclutar a personas tanto en Apurímac como en Ayacucho, y específicamente en Cuta reclutaron a varios pobladores para efectuar un atentado en Cora Cora; y dentro de las personas reclutadas estaban los acusados, quienes fueron obligados a formar parte de los senderistas bajo amenaza de muerte. Dichas afirmaciones son coherentes y no presentan contradicciones; además, no existen otras pruebas de cargo que sustenten una acusación contra los imputados, por lo que compartió el criterio del Ministerio Público de retirar la acusación.

Cuarto. Fundamentos del Tribunal Supremo

4.1. De la revisión de los actuados se advierte que no obran elementos de prueba que permitan vincular a los procesados con los hechos que se les imputan, lo que nos coloca en un escenario de insuficiencia probatoria. La recurrente considera que, pese a ello, el señor fiscal superior debió acusar porque no se han actuado nuevos medios probatorios, ya que la declaración de los procesados –que se limitaron a negar los cargos en su contra– no es un elemento de prueba.

4.2. Sin embargo, no indica en su recurso impugnatorio los elementos probatorios que pueden sustentar la acusación. Tampoco ha hecho mención a otros elementos de cargo que estén por actuarse para establecer la responsabilidad penal de los acusados, lo que, por el principio de congruencia recursal, limita el pronunciamiento de este Tribunal.

continúa (…) Parte Pertinente.

4.5. En este sentido, el Acuerdo Plenario número 6-2009/CJ-116, del trece de noviembre de dos mil nueve, señala que, en virtud del principio de legalidad u obligatoriedad, la Fiscalía está obligada a acusar cuando las investigaciones ofrecen base suficiente sobre la comisión del hecho punible atribuido al imputado; a contrario sensu, si no hay sustento suficiente, no hay obligación de acusar.

4.6. En consecuencia, el retiro de la acusación en los términos del presente caso no vulnera el cumplimiento del formalismo procesal establecido en el artículo señalado. Es, más bien, una ratificación de la función del Ministerio Público como defensor de la legalidad.

DECISIÓN

Por estos fundamentos, los jueces integrantes de la Sala Penal Permanente de la Corte Suprema de Justicia de la República, de conformidad con el dictamen de la señora fiscal suprema en lo penal:

I. DECLARARON NO HABER NULIDAD en la resolución emitida el ocho de marzo de dos mil dieciocho por los integrantes de Sala Penal Nacional, que resolvió declarar procedente el retiro de la acusación fiscal y, en consecuencia, sobreseída la causa a favor de Agustín Valencia Bravo o Virgilio Valencia Bravo, Eustaquio Curo Sullca o Eustaquio Juro Sullca, Rafael Portillo Sagayo o Rafael Portillo Sayago o Ubaldino Portillo Sagayo o Ubaldo Portillo Sayago, Elme Espinoza Llacta o Herminio Espinoza Llacctas y Nicolás Ríos Antezana por el delito contra la tranquilidad pública- terrorismo, en agravio del Estado.

II. MANDARON que se transcriba la presente ejecutoria suprema al Tribunal de origen. Hágase saber.

Intervino el señor juez supremo Castañeda Espinoza por vacaciones de la señora jueza suprema Chávez Mella.

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