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Fraude informático. Titularidad del objeto civil

CORTE SUPREMA DE JUSTICIA DE LA REPÚBLICA

SALA PENAL PERMANENTE
R. N. N.° 2041-2018
LIMA

Objeto civil y titularidad

La titularidad del objeto civil descansa en el perjudicado por el delito. Pero cuando este no se apersona o no formula pretensión el Ministerio Público debe peticionar un monto indemnizatorio como consecuencia jurídica del hecho delictivo. Por el contrario, si el afectado ejerce su derecho a una reparación civil, ya no le corresponde al fiscal formular la pretensión resarcitoria.

Lima, diecinueve de noviembre de dos mil diecinueve

VISTOS: los recursos de nulidad interpuestos por los encausados Luis Miguel Salinas Torrez y Jesús Alberto Horna Salazar y por la Procuraduría Pública de Orden Público del Ministerio del Interior contra la sentencia del dieciocho de septiembre de dos mil dieciocho (foja 647), en el extremo en el que fijó la reparación civil solidaria en S/ 30 000 (treinta mil soles) a favor del Estado y en S/ 16 000 (dieciséis mil soles) a favor de la empresa Selme S. A. C., sin perjuicio de devolver el monto indebidamente transferido a la empresa agraviada. De conformidad en parte con lo opinado por el señor fiscal supremo en lo penal.

Intervino como ponente el señor juez supremo Príncipe Trujillo.

CONSIDERANDO

§ I. De las pretensiones impugnativas

Primero. El encausado Salinas Torrez, al formalizar su recurso (foja 669), señaló expresamente que su impugnación estaba dirigida al monto fijado como reparación civil. Argumentó que no le es posible pagarlo, pues carece de patrimonio y solo gana el sueldo mínimo. Aunque, por otro lado, refirió que no se acreditó el dolo en su actuación, que aceptó los cargos con la finalidad de dar por concluido rápidamente el proceso y no someterse a una condena efectiva, y que debió aplicarse el error de tipo, ya que equivocadamente hizo entrega de su tarjeta de débito y su clave del BBVA, sin saber cuál era el propósito del solicitante.

Segundo. El imputado Horna Salazar, en la fundamentación de su recurso (foja 673), denunció la vulneración de la garantía de la motivación de las resoluciones judiciales, pues refirió que no se especificó qué tipo de daño se ocasionó a los agraviados y que el monto de la reparación civil resulta desproporcional a los ingresos que percibe. Solicitó que se disminuya la reparación civil a S/ 20 000 (veinte mil soles).

Tercero. La representante de la Procuraduría, en su recurso formalizado (foja 660), instó el incremento de la reparación civil, en virtud de la magnitud del daño ocasionado y el perjuicio producido al Estado.

Sostuvo que para la determinación del quantum patrimonial del daño se debió considerar el gasto que irroga la lucha contra el crimen organizado, tanto para la prevención como la protección de la adquisición de nueva tecnología, además del sueldo de los operadores de justicia (daño emergente). Argumentó que tal gasto perjudica el monto que se destinaría a la construcción de hospitales, centros educativos y otras inversiones sociales (lucro cesante) y que existe un daño moral, ya que el crimen organizado pone en zozobra a la sociedad representada por el Estado. Indicó que a ello debió sumarse el detrimento que se genera a la imagen del Estado, por los índices de confianza en el sector público. En suma, solicitó que se incremente el monto fijado a S/ 50 000 (cincuenta mil soles).

§ II. De los hechos objeto del proceso penal

Cuarto. El Tribunal Superior declaró probado que Jesús Alberto Horna Salazar, Luis Miguel Salinas Torrez y Ángel Stiven Orozco Ramos conformaron una asociación dedicada a cometer fraudes informáticos mediante el uso de aparatos tecnológicos de última generación y herramientas virtuales o software especiales que les permitían obtener información reservada de los números de cuentas y claves secretas de sus víctimas. Así, el catorce de enero de dos mil catorce ingresaron a las cuentas bancarias que en moneda nacional y extranjera tenía la empresa Selme S. A. C. en el Banco Continental y realizaron tres trasferencias electrónicas de S/ 4800 (cuatro mil ochocientos soles) cada una, por medio del servicio Banca por Internet, a las cuentas de los referidos imputados.

§ III. De la absolución del grado

Quinto. La fiscal superior de Lima, mediante el dictamen del veintitrés de noviembre de dos mil diecisiete, formuló acusación contra los recurrentes Jesús Alberto Horna Salazar y Luis Miguel Salinas Torrez por el delito de asociación ilícita para delinquir y fraude informático, previstos, respectivamente, por el artículo 317 del Código Penal y el artículo 8 de la Ley número 30096 (Ley de Delitos Informáticos).

Su pretensión incluyó la pena y la reparación civil. Sobre esta última, solicitó que se imponga la suma de S/ 4000 (cuatro mil soles) a favor de cada agraviado (empresa Selme S. A. C. y el Estado).

Sexto. Puesta en conocimiento de los sujetos procesales la acusación fiscal, solo la representante de la Procuraduría Especializada en Delitos contra el Orden Público formuló oposición. En lo central, peticionó una reparación civil ascendente a S/ 50 000 (cincuenta mil soles). Argumentó que se trató de un caso de delincuencia económica que incrementó la inseguridad ciudadana y que genera gastos destinados a la lucha contra la criminalidad, en desmedro de una inversión en educación, salud o modernización del país.

Séptimo. Los hechos declarados probados se dedujeron de la conformidad de los acusados con ellos, la cual se alcanzó previo acuerdo con su representación letrada y con el cumplimiento del procedimiento establecido en la Ley número 28122, apartado 5, esto es, el conocimiento previo de los hechos imputados y sus consecuencias jurídicas y la observancia de la doble garantía que representa, de un lado, la personalísima anuencia del imputado y, de otra parte, el asesoramiento de su abogado defensor (véanse las actas del cinco y el catorce de septiembre de dos mil dieciocho, a fojas 642 y 645, respectivamente).

Los procesados, asistidos por sus respectivos abogados, se limitaron a señalar que no estaban de acuerdo con la reparación civil solicitada, pues estaban colaborando con la justicia al someterse a la conclusión anticipada.

Octavo. La reparación civil es una institución de naturaleza jurídico-civil, que descansa en el daño ocasionado, no en el delito cometido, y se proyecta, en cuanto a su contenido, a lo establecido en el artículo 93 del Código Penal, y procesalmente está informada por los principios dispositivo y de congruencia. La titularidad del objeto civil descansa en el perjudicado por el delito, pero cuando este no se apersona o no formula pretensión el Ministerio Público debe peticionar un monto indemnizatorio como consecuencia jurídica del hecho delictivo. Por el contrario, si el afectado ejerce su derecho a una reparación civil, ya no le corresponde al fiscal formular la pretensión resarcitoria.
Luego, dentro de los marcos de la pretensión civil y de la resistencia, corresponderá al órgano jurisdiccional fijar motivadamente la cuantía de la reparación civil.

Noveno. En el presente caso, la reparación civil de S/ 4000 (cuatro mil soles) solicitada a favor de la empresa Selme S. A. C. no fue objetada por aquella y, por ende, el Tribunal Superior no podía alterarla sorpresivamente en perjuicio de los imputados. Aquel monto peticionado por el fiscal superior en su acusación incluyó los conceptos de daño patrimonial y extrapatrimonial por el delito de fraude informático y, si bien se aprecia que no cubre el monto indebidamente apropiado por los acusados, no corresponde al órgano jurisdiccional modificarlo, pues el titular del objeto civil se ha conformado.

Décimo. Caso distinto ocurrió con el delito de asociación ilícita, pues la Procuraduría Pública Especializada en Delitos contra el Orden Público, en representación del Estado, objetó el monto solicitado por el fiscal.
Su petición, acogida parcialmente, incluyó una reparación por los gastos que irroga el Estado para luchar contra el crimen organizado y, evidentemente, también la gravedad del ilícito y la modalidad de su realización, con especial consideración de que los delitos informáticos se han acrecentado y están generando un grave perjuicio en la seguridad económica de los ciudadanos. Sin embargo, los S/ 30 000 (treinta mil soles) fijados por el Tribunal Superior son suficientes para cumplir con los objetivos indemnizatorios y no se han formulado nuevos criterios que permitan incrementar dicho monto.

DECISIÓN

Por estos fundamentos, los jueces integrantes de la Sala Penal Permanente de la Corte Suprema de Justicia de la República DECLARARON:

I. HABER NULIDAD en la sentencia del dieciocho de septiembre de dos mil dieciocho (foja 647), en el extremo en el que fijó en S/ 16 000 (dieciséis mil soles) el monto de la reparación civil que deberán abonar solidariamente Luis Miguel Salinas Torrez y Jesús Alberto Horna Salazar, con el condenado Ángel Stiven Orozco Ramos, a favor de la empresa Selme S. A. C.; REFORMÁNDOLA, fijaron en S/ 4000 (cuatro mil soles) la reparación civil solidaria a favor de la empresa Selme S. A. C., sin perjuicio de devolver el monto indebidamente transferido a la citada empresa.

II. NO HABER NULIDAD en la acotada sentencia, en cuanto a que fijó la reparación civil solidaria en S/ 30 000 (treinta mil soles) a favor del Estado; con lo demás que al respecto contiene y es materia del recurso. Hágase saber a las partes procesales apersonadas en esta Sede Suprema. Y los devolvieron.

Intervino el señor juez supremo Castañeda Espinoza por periodo vacacional de la señora jueza suprema Chávez Mella.

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