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Control de constitucional. Inhabilitación

Corte Suprema de Justicia de la República
Sala de Derecho Constitucional y Social Permanente

CONSULTA
EXPEDIENTE N.° 24001 – 2019
HUAURA

Lima, veinticinco de junio de dos mil veinte.

VISTA con su acompañado la presente causa, por el Colegiado de la Sala de Derecho Constitucional y Social Permanente de la Corte Suprema de Justicia de la República, integrada por los señores magistrados: Pariona Pastrana – Presidente, Toledo Toribio, Yaya Zumaeta, Bermejo Ríos y Bustamante Zegarra, y producida la votación conforme a ley. Con el voto en mayoría de los señores magistrados antes indicados y el voto en discordia del magistrado Toledo Toribio, se emite la siguiente resolución:

I. OBJETO DE LA CONSULTA

Es objeto de consulta, la sentencia de vista contenida en la resolución número dieciséis, emitida por la Sala Penal de Apelaciones de la Corte Superior de Justicia de Huaura, de fecha once de julio de dos mil diecinueve, que obra a fojas noventa y cinco del expediente principal, en el extremo que, realizando el control constitucional difuso, inaplicar al caso concreto los artículos 36 inciso 7 y 38 del Código Penal, por incompatibilidad constitucional.

II. ANTECEDENTES

2.1. El presente proceso penal fue iniciado con el Informe N.° 006-2016-REGIÓN POLICIAL-LIMA/DIVPOL-H-CH-SIAT, por accidente de tránsito con consecuencia fatal, obrante a fojas veintidós; emitiéndose el requerimiento de acusación obrante a fojas cuarenta y ocho, subsanada a fojas cincuenta y seis, y el auto de enjuiciamiento a fojas sesenta y cuatro, declarando haber mérito para pasar a juicio oral en contra de los acusados Benjamín Torres Lauya y Pablo Celedonio De la Cruz, por resultar presuntos autores del delito contra la vida, el cuerpo y la salud en la modalidad de homicidio culposo –inobservancia de reglas de tránsito- en agravio del menor Lian Ivanovich Rojas Buitrón, representado por Ofelia Emperatriz Buitrón Quillay y Asunción Jacobi Rojas Gonzáles, señalándose fecha para la audiencia pública.

2.2. Realizada la audiencia de juicio oral según acta obrante a fojas treinta, se emitió sentencia por el Segundo Juzgado Penal Unipersonal de la Corte Superior de Justicia de Huaura, en fecha diez de enero de dos mil diecinueve, obrante a fojas cincuenta y cinco, condenando a Benjamín Torres Lauya, como autor del delito contra la vida, el cuerpo y la salud, en su modalidad de homicidio culposo –inobservancia de reglas de tránsito-, en agravio del menor Lian Ivanovich Rojas Buitrón, imponiéndosele tres años y seis meses de pena privativa de la libertad, suspendida en su ejecución por el periodo de tres años; quedando sujeto al cumplimiento de reglas de conducta, fijándose una reparación civil ascendente a S/ 15 000.00 (quince mil soles), y disponiendo la inhabilitación, en la modalidad de incapacidad definitiva, para obtener autorización para cualquier vehículo automotor, conforme al artículo 36 inciso 7 del Código Penal.

2.3. Apelada la sentencia por el sentenciado Benjamín Torres Lauya, se emitió la sentencia de vista por la Sala Penal de Apelaciones de la Corte Superior de Justicia de Huaura, en fecha once de julio de dos mil diecinueve, obrante a fojas noventa y cinco, la cual confirmó el extremo, que condenó a Benjamín Torres Lauya, como autor del delito contra la vida, el cuerpo y la salud, en su modalidad de homicidio culposo –inobservancia de reglas de tránsito-, en agravio del menor Lian Ivanovich Rojas Buitrón, imponiéndosele tres años y seis meses de pena privativa de la libertad, suspendida en su ejecución por el periodo de tres años; quedando sujeto al cumplimiento de reglas de conducta, fijándose una reparación civil ascendente a S/ 15 000.00 (quince mil soles), disponiendo inaplicar al caso concreto, los artículos 36 inciso 7 y 38 del Código Penal, y revocó la misma, en el extremo que dispone la inhabilitación al sentenciado, en la modalidad de incapacidad definitiva para obtener autorización para conducir cualquier vehículo automotor, y, reformándola le impuso la pena de inhabilitación al indicado sentenciado, en la modalidad de incapacidad por el plazo de tres años.

III. CONSIDERANDO:

3.1. SOBRE EL CONTROL CONSTITUCIONAL

PRIMERO: El control constitucional, es el marco general del tema materia de consulta, siendo necesario tener presente que la doctrina y la legislación comparada reconocen la existencia de dos sistemas de control de la constitucionalidad de las normas jurídicas: control difuso y control concentrado. Este control, revisión o examen de constitucionalidad de las leyes consiste en comprobar si todas aquellas que integran el sistema jurídico son conformes con la Constitución, control que varía según la opción del constituyente.

SEGUNDO: El artículo 138 segundo párrafo de la Norma Fundamental, sin importar jerarquías de los órganos jurisdiccionales, encarga a los jueces el respeto a los principios de supremacía de la Constitución y también de jerarquía de las normas. En otras palabras dicho control constituye a los órganos jurisdiccionales en los principales controladores de la legalidad constitucional, debiendo aplicarse dicha facultad solo cuando existe un conflicto real y concreto de intereses en el que debe discernirse la compatibilidad o incompatibilidad constitucional de una norma inferior; pero además, constituye un mecanismo idóneo de control de excesos legislativos en que puedan incurrir los Poderes Legislativo y Ejecutivo; de modo tal que es un mecanismo de equilibrio del ejercicio del poder del Estado.

TERCERO: El artículo 14 del Texto Único Ordenado de la Ley Orgánica del Poder Judicial establece que cuando los jueces al momento de fallar el fondo de la cuestión de su competencia, en cualquier clase de procesos o especialidad, encuentren que hay incompatibilidad en su interpretación, de un precepto constitucional y otro con rango de ley, resolverán la causa con arreglo al primero, en cuyo caso las sentencias así expedidas son elevadas en consulta a la Sala de Derecho Constitucional y Social de la Corte Suprema de Justicia. Norma que debe ser concordada con el primer párrafo del artículo VI del Título Preliminar del Código Procesal Constitucional, que desarrolla los alcances del control judicial de constitucionalidad llamado también control difuso1 y que contiene el siguiente enunciado: «Cuando exista incompatibilidad entre una norma constitucional y otra de inferior jerarquía, el Juez debe preferir la primera, siempre que ello sea relevante para resolver la controversia y no sea posible obtener una interpretación conforme a la Constitución».

CUARTO: Por su parte, el Tribunal Constitucional ha fijado los presupuestos que deben tener en cuenta los jueces cuando inapliquen las normas legales por ser incompatibles con las normas constitucionales. Por citar un ejemplo, en el caso Gamero Valdivia, expediente N.° 1109-2002-AA/TC, se ntencia del seis de agosto de dos mil dos, dejó establecido: «6. (…) El control difuso de la constitucionalidad de las normas constituye un poder-deber del Juez (…). El control difuso es un acto complejo en la medida en que significa preferir la aplicación de una norma cuya validez, en principio, resulta beneficiada de la presunción de legitimidad de las normas del Estado. Por ello, su ejercicio no es un acto simple, y para que él sea válido se requiere de la verificación, en cada caso, de los siguientes presupuestos: a. Que, en el proceso constitucional, el objeto de impugnación sea un acto que constituya la aplicación de una norma considerada inconstitucional. b. Que la norma a inaplicarse tenga una relación directa, principal e indisoluble con la resolución del caso, es decir, que ella sea relevante en la resolución de la controversia. c. Que la norma a inaplicarse resulte evidentemente incompatible con la Constitución, aun luego de haberse acudido a interpretarla de conformidad con la Constitución, en virtud del principio enunciado en la Segunda Disposición General de la Ley Orgánica del Tribunal Constitucional»2. (Palabra y consonantes destacadas que no aparecen en el original). La disposición en comentario establece los márgenes dentro de los cuales el juez puede ejercer la facultad de inaplicar una norma por ser incompatible con la Constitución. El control de constitucionalidad se ejercita con el único propósito de resolver una “controversia”, concepto que según Edgar Carpio no puede entenderse de manera restringida, en el sentido de comprender solo a los conflictos intersubjetivos surgidos al amparo del derecho privado, sino que involucra la solución de cualquier caso concreto penal, administrativo, constitucional, etc.3

QUINTO: Asimismo, esta Suprema Sala con fecha dieciséis de agosto de dos mil dieciséis, ha emitido pronunciamiento respecto de la Consulta N.° 1618- 2016-LIMA NORTE, estableciendo que el fundamento de su segundo considerando constituye doctrina jurisprudencial vinculante; en el cual se precisó que: “2.2.3. El control difuso conlleva una labor compleja que ineludiblemente debe ser observada por los jueces y traducida en la motivación de la decisión judicial, en tanto garantiza que están actuando conforme a los fines de preservar la supremacía de la norma constitucional, que no están vulnerando la presunción de legitimidad y constitucionalidad de las leyes, no están actuando contra el ordenamiento jurídico, ni utilizando el control difuso para fines distintos a los permitidos.” Y en el fundamento 2.5. ha enfatizado las siguientes reglas para el ejercicio del control difuso judicial: “i. Partir de la presunción de validez, legitimidad y constitucionalidad de las normas legales (…). ii. Realizar el juicio de relevancia, en tanto solo podrá inaplicarse una norma cuando es la vinculada al caso. (…) iii. Identificada la norma del caso, el juez debe efectuar una labor interpretativa exhaustiva distinguiendo entre disposición y norma;(…). iv. En esencia el control difuso es un control de constitucionalidad en concreto que conlleva la inaplicación al caso particular, es exigencia ineludible iniciar identificando los derechos fundamentales involucrados en el caso concreto, el medio utilizado, el fin perseguido, el derecho fundamental intervenido y el grado de intervención, para así poder aplicar el test de proporcionalidad u otro de igual nivel de exigencia, examinando si la medida legal en cuestión, supera el examen de idoneidad (…), el examen de necesidad (…) y el examen de proporcionalidad en sentido estricto (…).” (El resaltado es nuestro). Reglas que, en el presente caso, son valoradas por esta Sala Suprema
al momento analizar el ejercicio de control difuso realizado por la Sala Penal de Apelaciones de Corte Superior de Justicia de Huaura en la sentencia de vista elevada en consulta.

SEXTO: De otro lado, esta misma Sala, en la resolución dictada el veintidós de julio de dos mil catorce en la Consulta N.° 17151-2013 – LIMA – cuarto considerando – indicó que: “(…) la inaplicación de una norma legal, que se interpreta contraria a la Constitución Política del Estado, constituye una prerrogativa jurisdiccional de última ratio, por ésta razón no puede ser invocada a menudo en la actividad jurisdiccional; sino por el contrario, atendiendo a la trascendencia que ésta decisión implica, el juzgador deberá tener en cuenta, en principio, todas las leyes expedidas por el Congreso de la República, por el sólo hecho de haber sido expedidas por el Órgano constitucional que tiene a su cargo la función legislativa, siguiendo para el efecto, todo un proceso de formación de la ley, que es conocido en la doctrina como el ‘iter legislativo’, están amparadas por la presunción de constitucionalidad; por tanto, a priori se presume que todas las leyes son constitucionales y que éstas guardan perfecta armonía entre sí y con la Carta Fundamental”.

3.2. DE LOS FUNDAMENTOS

SÉTIMO: En el presente caso, es pertinente traer a colación los hechos fijados por la instancia penal, así tenemos que la Sala Penal de Apelaciones de la Corte Superior de Justicia de Huaura en el fallo, objeto de consulta, en el rubro Antecedentes referido a la Imputación del Ministerio Público, estableció que:

“(…) el día 26 de octubre de 2015 aproximadamente a las 12:10 horas, cuando la mototaxi de placa de rodaje 1848-3C, en sentido de norte a sur, por la cuadra 2 de la calle Los Geranios de Huaral, ha impactado con el vehículo Station Wagon de placa F9J-166, que estaba estacionado al lado derecho, lo que produjo la volcadura de la mototaxi, (…) el choque fue consecuencia de que el acusado Pablo Celedonio De la Cruz, conductor del vehículo de placa F9J-166, abrió en forma intempestiva la puerta del lado del conductor, y debido a que el acusado Benjamín Torres Lauya no conducía con la prudencia del caso que le hubiese permitido controlar el vehículo y así evitar el impacto, como consecuencia de la volcadura de la mototaxi, doña Ofelia Emperatriz Buitrón Quillay ha soltado a su bebe Lian Ivanovich Rojas Buitrón de 2 meses, que llevaba en sus brazos, cuya cabeza ha sido golpeada con el fierro de la mototaxi produciéndole un traumatismo encéfalo craneano grave que le ocasiono la muerte, el menor fue auxiliado por los mototaxistas que pararon para ayudar y trasladar a la posta medica ubicada en la Plaza Centenario donde fue examinado y de inmediato lo trasladaron al Hospital de Huaral donde fue atendido por el médico de turno, Dr. Antonio Ore Sarmiento quien le refirió que el estado era reservado, el menor agraviado fallece a horas 11:59 aproximadamente (Certificado de Defunción) del día de la fecha”.

OCTAVO: Los artículos inaplicados regulan el tema sobre la inhabilitación y la duración de la inhabilitación principal, cuyos contenidos establecen:

  • Artículo 36 inciso 7 del Código Penal: “La inhabilitación produce, según disponga la sentencia: (…) 7. Suspensión, cancelación o incapacidad definitiva para obtener autorización para conducir cualquier tipo de vehículo”.
  • Artículo 38 del referido Código, modificado por el artículo 1 de la Ley N.° 30076 , aplicable por razón de temporalidad: “La inhabilitación principal se extiende de seis meses a diez años, salvo los supuestos de incapacidad definitiva a que se refieren los numerales 6, 7 y 9 del artículo 36 del Código Penal»

NOVENO:La Sala Penal de Apelaciones de la Corte Superior de Justicia de Huaura, señala de folio noventa y cinco a ciento cuatro, del fallo que: “(…) en el presente caso este Tribunal Superior considera que los artículos 36 inciso 7 y 38 del Código Penal, (normas legales) son incompatibles con los artículos 1 (dignidad de la persona humana), 2 inciso 2 (igualdad ante la ley), 2 inciso 15 (libertad al trabajo), 4 (protección a la familia), 139 inciso 22 (reincorporación del penado a la sociedad) de la Constitución Política del Perú (…), al no aplicar las normas legales del Código Penal descritas en el fundamento precedente, se busca la protección al proyecto de vida del encausado, así como el derecho al libre desarrollo y bienestar, y a la protección de la familia, asimismo, al principio de igualdad ante la ley (…), la pena de inhabilitación de incapacidad definitiva por parte del sentenciado para obtener autorización para conducir cualquier tipo de vehículo, anula la posibilidad de hacer realidad su resocialización e incorporación a la sociedad, por lo cual resulta excesiva y por tanto desproporcional; (…) por lo que, aplicando el test de proporcionalidad consideran que se cumple el sub principio de adecuación o finalidad, de igual manera también se cumple el sub principio de necesidad. (…) Advirtiendo, además que el acusado que el acusado es una persona joven de 25 años de edad carece de antecedentes penales y judiciales, el delito por el cual ha sido encontrado responsable es de carácter culposo –no doloso-. Finalmente, en cuanto al subprincipio de proporcionalidad en sentido estricto también se cumple (…). Para ese efecto la pena de inhabilitación debe modificarse para imponer al sentenciado la indicada pena en la modalidad de cancelación o incapacidad por el plazo del período de prueba, es decir, tres años, que consideran resulta proporcional y acorde con los principios y garantías de la Constitución antes mencionados (…)”.

DÉCIMO:Como se advierte, la instancia de mérito vía control difuso ha inaplicado los dispositivos legales que contienen los supuestos de inhabilitación consistente en la suspensión, cancelación o incapacidad definitiva para obtener autorización para conducir cualquier tipo de vehículo, y que la inhabilitación principal se extiende de seis meses a diez años, salvo los supuestos de incapacidad definitiva a que se refieren los incisos 6, 7 y 9 del artículo 36 del Código Penal; al considerar que es incompatible con el derecho fundamental a la dignidad de la persona humana, libertad al trabajo, protección de la familia, así como, de los principios de igualdad ante la ley, de proporcionalidad –en cuanto a la pena- y de resocialización del penado. Por consiguiente, esta Sala Suprema procederá analizar si estas premisas normativas contenidas en los artículos 36 inciso 7 y 38 del Código Penal, materia de control difuso, vulneran tales derechos, consagrados en la Constitución Política del Estado.

DÉCIMO PRIMERO: Para un mejor análisis del tema que es materia de la consulta, es preciso tener en cuenta el marco legislativo del delito cometido en el presente proceso, consistente en el delito contra la vida, el cuerpo y la salud, en su modalidad de homicidio culposo –inobservancia de reglas de tránsito-, contemplado en el tercer párrafo del artículo 111 del Código Penal. Siendo ello así, tenemos que dicha norma establece expresamente lo siguiente: “(…) la pena privativa de la libertad será no menor de ocho años e inhabilitación, según corresponda, conforme al artículo 36° -incisos 4), 6) y 7)- si la muerte se comete utilizando vehículo motorizado (…)”. (El resaltado es nuestro). Tal como se puede advertir, la norma penal establece inhabilitación expresa consistente en la suspensión, cancelación o incapacidad definitiva para obtener autorización para conducir cualquier tipo de vehículo que se encuentra en el supuesto de los artículos 36 inciso 7 y 38 del citado cuerpo legal.

DÉCIMO SEGUNDO: Es preciso mencionar que con relación a los hechos que son materia de controversia, se aprecia de autos que el sentenciado Benjamín Torres Lauya es una persona joven de veinticinco años, no cuenta con
antecedentes penales y judiciales4, el cual constituye un elemento a tener en cuenta.

DÉCIMO TERCERO: En tal sentido, estando a la tipificación del hecho como delito de homicidio culposo, la inhabilitación definitiva para obtener autorización para conducir priva y vulnera gravemente el derecho a trabajar libremente, y a su resocialización ante la sociedad, que tiene impacto en la dignidad de la persona humana; todo ello teniendo en cuenta las circunstancias particulares para este caso, por lo que de aplicarle dicha restricción de la inhabilitación definitiva para obtener autorización para conducir todo tipo de vehículo, se podría considerar como una medida excesiva, desproporcionada que afectaría también a su entorno más cercano y con grave afectación a sus derechos constitucionales.

DÉCIMO CUARTO: Para tal efecto, debemos recurrir a los métodos de interpretación constitucional, como el test de proporcionalidad, referido a una antinomia entre los principios y derechos constitucionales que subyacen tras la
severa inhabilitación definitiva para obtener autorización para conducir cualquier tipo de vehículo prevista en los artículos 36 inciso 7 y 38 del Código Penal, aplicable al sentenciado, y los derechos, bienes e intereses en torno al Estado como agraviado.

DÉCIMO QUINTO: Al respecto, el juicio de proporcionalidad o test de proporcionalidad, cuyo origen es atribuido a la justicia germánica, es en la doctrina y jurisprudencia internacional no solo el medio más idóneo de arribar a la ponderación, sino también de realizarla. Este, en términos de su principal expositor, no es más que la manifestación del principio de proporcionalidad (supra-principio rector del ordenamiento jurídico) y se descompone en tres partes5:

a) Subprincipio de adecuación, por el cual se proscribe las medidas que perjudiquen o afecten la vigencia de algún principio constitucional, cuando estas no promuevan, a su vez, la vigencia o realización de algún otro.

b) Subprincipio de necesidad, el cual requiere que la medida restrictiva adoptada sea la menos gravosa para el principio constitucional afectado, entre todas aquellas que era posible elegir para promover la vigencia del otro.

c) Subprincipio de proporcionalidad en sentido estricto o ponderación, por el cual se busca la optimización concreta de cada uno de los principios en conflicto, bajo la regla que reza “como alto sea el grado de incumplimiento o perjuicio de un principio, tanto tiene que ser la importancia de la realización del otro”6.

En estricto, se trata de establecer si la intervención del órgano jurisdiccional, dejando de aplicar, por considerar inconstitucional en el caso concreto, la norma penal, se justifica o no constitucionalmente. Veamos.

a) En relación con el primer subprincipio, conocido también como el de finalidad, es preciso establecer si lo que se busca con la medida de inaplicación normativa, es lícito y coherente con los fines constitucionales asignados a la persona humana.

Como se ha indicado líneas arriba, la sentencia de vista consultada, al inaplicar los artículos 36 inciso 7 y 38 del Código Penal, pretende la protección al proyecto de vida del sentenciado, así como, el derecho al libre desarrollo, bienestar y a la protección de la familia, y otros vinculados, tales como, de los principios de igualdad ante la ley, de proporcionalidad –en cuanto a la pena- y de resocialización del penado; asimismo, busca la protección a trabajar libremente derivada de la dignidad de la persona humana respecto al sentenciado y la excesiva pena de inhabilitación definitiva para obtener autorización para conducir cualquier tipo de vehículo, a imponerse por el delito cometido en caso de autos; este Colegiado Supremo considera que la búsqueda de protección de tales derechos, de rango constitucional, resultan válidos, que aunado a la protección del derecho a trabajar libremente y a la dignidad, se tiene por cumplido este sub principio de adecuación o finalidad.

b) Respecto al segundo subprincipio, conocido como el de necesidad, se trata de establecer si la intervención del órgano jurisdiccional, al inaplicar la ley penal, era la única que permitía el logro de la finalidad – descrita líneas arriba-, es decir, el órgano jurisdiccional no tenía la posibilidad de adoptar una medida menos gravosa que la adoptada para obtener la misma protección a los derechos fundamentales del imputado. A la luz de lo expuesto en la sentencia, materia de consulta, y de lo actuado en autos se advierte que en este caso, dada la particular situación del imputado, esto es la ausencia de antecedentes penales, entre otros descritos en la sentencia consultada, el órgano jurisdiccional solo podía detener la gravosa aplicación de la pena accesoria prevista en la ley, inaplicando el artículo 398-B del Código Penal; entonces, no existiendo otra posibilidad, menos gravosa, que la adoptada por el Colegiado Superior, se cumple con este subprincipio.

c) En relación al tercer y último subprincipio, de proporcionalidad en el sentido estricto, se advierte que en este caso, el bien protegido por la decisión jurisdiccional -a trabajar libremente -, conforme se ha precisado líneas arriba, da plena justificación a la inaplicación de las normas penales, solo en relación a los artículos 36 inciso 7 y 38 del Código Penal; la intervención del órgano jurisdiccional en el no cumplimiento de la norma legal guarda proporción -en la protección del mencionado derecho fundamental del sentenciado- de la medida adoptada. De lo que se concluye que también se cumple con este subprincipio.

DÉCIMO SEXTO:En ese sentido, tal como se ha señalado anteriormente, tenemos que los artículos 36 inciso 7 y 38 del Código Penal, al establecer la suspensión, cancelación o incapacidad definitiva, para obtener autorización para conducir cualquier tipo de vehículo, afecta el derecho a trabajar libremente, así como, el derecho al libre desarrollo, bienestar y a la protección de la familia, y otros vinculados; además colisiona con los principios de igualdad ante la ley, de proporcionalidad y de resocialización del penado. Por lo que resulta, adecuado, proporcional y esencialmente igualitario, la inaplicación de dichas normas en el presente caso.

DÉCIMO SÉTIMO: Conforme a lo desarrollado en la presente resolución y habiéndose determinado en este caso concreto, que las normas cuestionadas no guardan compatibilidad con la norma constitucional, la inaplicación de los artículos 36 inciso 7 y 38 del Código Penal, se encuentra arreglada al artículo 138 de la Constitución Política del Estado, por lo que se aprueba el control difuso efectuado en la sentencia de vista elevaba en consulta

III. DECISIÓN

Por estas consideraciones, APROBARON la sentencia contenida en la resolución número dieciséis, emitida por la Sala Penal de Apelaciones de la Corte Superior de Justicia de Huaura, de fecha once de julio de dos mil diecinueve, obrante a fojas noventa y cinco del expediente principal, en el extremo que, realizando el control difuso declaró inaplicables al caso concreto los artículos 36 inciso 7 y 38 del Código Penal; en el proceso seguido contra Benjamín Torres Lauya, por el delito contra la vida, el cuerpo y la salud, en su modalidad de homicidio culposo, en agravio del menor Lian Ivanovich Rojas Buitrón, representado por Ofelia Emperatriz Buitrón Quillay y otro; y los devolvieron. Juez Supremo Ponente: Bustamante Zegarra.

EL VOTO EN DISCORDIA DEL SEÑOR JUEZ SUPREMO TOLEDO TORIBIO, ES COMO SIGUE: 

VISTOS; con el acompañado, y, CONSIDERANDO:

PRIMERO: Es materia de consulta la sentencia de vista contenida en la resolución número dieciséis, emitida por la Sala Penal de Apelaciones de la Corte Superior de Justicia de Huaura, de fecha once de julio de dos mil diecinueve, que obrante a fojas noventa y cinco del expediente principal, en el extremo que, realizando el control constitucional difuso, inaplica al caso concreto los artículos 36 inciso 7 y 38 del Código Penal, por incompatibilidad constitucional.

SEGUNDO: El control difuso previsto en el artículo 14 de la Ley Orgánica del Poder Judicial consiste en la atribución jurisdiccional de inaplicar -al caso que el Juez viene conociendo- una norma legal o infralegal por apreciarla incompatible con la Constitución. El control difuso tiene carácter incidental, en tanto que se da al interior de un proceso, y es concreto o relacional, ya que en su ejercicio no se analiza la norma reputada inconstitucional en abstracto, sino con ocasión de su aplicación a un caso en particular. Por ello también, los efectos del control difuso son inter partes y no erga omnes, esto es, su alcance está circunscrito a los que participan en la controversia.

TERCERO: Realizada la audiencia de juicio oral según acta obrante a fojas treinta, se emitió sentencia por el Segundo Juzgado Penal Unipersonal de la Corte Superior de Justicia de Huaura, en fecha diez de enero de dos mil
diecinueve, obrante a fojas cincuenta y cinco, condenando a Benjamín Torres Lauya, como autor del delito contra la vida, el cuerpo y la salud, en su modalidad de homicidio culposo –inobservancia de reglas de tránsito-, en agravio del menor Lian Ivanovich Rojas Buitrón, imponiéndosele tres años y seis meses de pena privativa de la libertad, suspendida en su ejecución por el periodo de tres años; quedando sujeto al cumplimiento de reglas de conducta, fijándose una reparación civil ascendente a S/ 15 000.00 (quince mil soles), y disponiendo la inhabilitación, en la modalidad de incapacidad definitiva, para obtener autorización para conducir cualquier vehículo automotor, conforme al artículo 36 inciso 7 del Código Penal.

CUARTO: Apelada la sentencia por el sentenciado Benjamín Torres Lauya, se emitió la sentencia de vista por la Sala Penal de Apelaciones de la Corte Superior de Justicia de Huaura, en fecha once de julio de dos mil diecinueve, obrante a fojas noventa y cinco, la cual confirmó el extremo, que condenó a Benjamín Torres Lauya, como autor del delito contra la vida, el cuerpo y la salud, en su modalidad de homicidio culposo –inobservancia de reglas de tránsito-, en agravio del menor Lian Ivanovich Rojas Buitrón, imponiéndosele tres años y seis meses de pena privativa de la libertad, suspendida en su ejecución por el periodo de tres años; quedando sujeto al cumplimiento de reglas de conducta, fijándose una reparación civil ascendente a S/ 15 000.00 (quince mil soles), disponiendo inaplicar al caso concreto, los artículos 36 inciso 7 y 38 del Código Penal, y revocó la misma, en el extremo que dispone la inhabilitación al sentenciado, en la modalidad de incapacidad definitiva para obtener autorización para conducir cualquier vehículo automotor, y, reformándola le impuso la pena de inhabilitación al indicado sentenciado, en la modalidad de incapacidad por el plazo de tres años.

QUINTO: La decisión señalada en el considerando precedente, se fundamentó principalmente en la inaplicación del artículo 36 inciso 7 del Código Penal que, claramente señala que la inhabilitación produce la suspensión, cancelación o incapacidad definitiva para obtener autorización para conducir cualquier tipo de vehículo y de la salvedad sobre los supuestos de incapacidad definitiva indicada en el artículo 38 también del Código Penal que dispone la inhabilitación principal se extiende de seis meses a diez años, salvo los supuestos de incapacidad definitiva a que se refieren los numerales 6, 7 y 9 del artículo 36.

SEXTO: Ahora bien, podemos decir que, los artículos 36 inciso 7 y 38 del Código Penal, no pueden interpretarse como inconstitucionales, pues, como se tiene expuesto, dichos preceptos no hacen otra cosa que establecer la suspensión, cancelación o incapacidad definitiva para obtener autorización para conducir cualquier tipo de vehículo y que la inhabilitación principal se extiende de seis meses a diez años, salvo los supuestos de incapacidad definitiva a que se refieren los numerales 6, 7 y 9 del artículo 36, es decir, que frente a la comisión de un hecho delictivo relacionado con la conducción de un vehículo, es viable imponer la suspensión, cancelación o incapacidad definitiva para obtener la autorización correspondiente y que la inhabilitación principal no es viable ser extendida de seis meses a diez años por la salvedad indicada en el primer párrafo del artículo 38 del Código Penal.

SÉPTIMO: En ese sentido, es factible afirmar que los artículos 36 inciso 7 y 38 del Código Penal tienen sustento válido en el ejercicio de la potestad punitiva del Estado y el carácter preventivo del derecho penal y, por tanto, no puede colisionar con los artículos 1, 2 incisos 2 y 15, 4 y 139 inciso 22 de nuestra Carta Magna; puesto que, si bien, existe la obligación de garantizar el respeto a la dignidad de la persona humana, la igualdad ante la ley, la libertad de trabajo, la protección a la familia y la reincorporación del penado a las sociedad, eso, no puede ser empleado para limitar el poder punitivo del Estado ni la facultad de dictar políticas públicas orientadas a luchar contra la criminalidad que en el Perú ha venido en aumento durante los últimos años y, más aún, si se trata de hechos delictivos graves.

OCTAVO: En tal sentido, la pena de inhabilitación consistente en la suspensión, cancelación o incapacidad definitiva para obtener autorización para conducir cualquier tipo de vehículo prescrita en el artículo 36 inciso 7 del Código Penal y la salvedad sobre la extensión de una inhabilitación principal señalada en el primer párrafo del artículo 38 del Código Penal, de ninguna forma afectan la dignidad de la persona humana, la igualdad ante la ley, la libertad de trabajo, la protección a la familia y la reincorporación del penado a las sociedad contemplados en los artículos 1, 2 incisos 2 y 15, 4 y 139 inciso 22 de nuestra Carta Magna, pues, el artículo 28 del aludido Código Penal prevé la existencia de distintas clases de penas que son determinadas en atención a la gravedad de los hechos, naturaleza del bien jurídico protegido y las condiciones del agente responsable, entre las cuales tenemos a las penas privativas de libertad, restrictivas de libertad, limitativas de derechos (incluye la inhabilitación) y la multa; por estas razones resulta plenamente ajustado a derecho y conforme a la Constitución Política del Estado que, la ley penal imponga como pena de inhabilitación la suspensión, cancelación o incapacidad definitiva para obtener autorización para conducir cualquier tipo de vehículo y que no sea posible extender de seis meses a diez años la inhabilitación principal al tratarse de supuestos de incapacidad definitiva.

Por estos fundamentos: MI VOTO es porque se DESAPRUEBE la sentencia de vista contenida en la resolución número dieciséis, emitida por la Sala Penal de Apelaciones de la Corte Superior de Justicia de Huaura, de fecha once de julio de dos mil diecinueve, que obra a fojas noventa y cinco del expediente principal, en el extremo que, realizando el control constitucional difuso, inaplica al caso concreto los artículos 36 inciso 7 y 38 del Código Penal, por incompatibilidad constitucional; en los seguidos contra Benjamín Torres Lauya en agravio del Lian Ivanovich Rojas Buitrón, sobre el delito de homicidio culposo; y los devolvieron. Señor Juez Supremo: Toledo Toribio.


1 ABAD YUPANQUI, Samuel. Derecho Procesal Constitucional la edición. Gaceta Jurídica, Lima, 2004.

2 Confrontar además las sentencias recaídas en los Expedientes N°s. 145-99-AA/TC, sentencia publicada e l 16 de marzo de 2000, 1124-2001-AA/TC Sindicato Único de Trabajadores de Telefónica del Perú S.A. y FETRATEL, 1383-2001-AA/TC Luis Rabines Quiñones; y 410-2002-AA/TC Julia Soledad Chávez Zúñiga. La referencia a la Segunda Disposición General corresponde a la anterior LOTC, Ley N° 26435, reproducida en la Segunda Disposición Final de la vigente LOTC, Ley N° 28301.

3 CARPIO MARCOS, Edgar. Control difuso e interpretación constitucional Módulo 4 del Curso de Formación: Código Procesal Constitucional. Academia de la Magistratura. Lima, octubre der 2004, p.29.

4 Véase punto 23 de la sentencia de vista copiada a fojas 102.

5 ALEXY, Robert, “Derechos fundamentales, ponderación y racionalidad”, en Revista Iberoamericana de Derecho Procesal Constitucional, N° 11, primera edición 2009, México, Porrúa, p. 8 .

6 Ídem, p. 9.

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