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ROBO AGRAVADO: Nulidad- Vulneración de principios, de fundamentación, motivación, exhaustividad y congruencia de lo planteado y lo argumentado por las partes.

CORTE SUPREMA DE JUSTICIA DE LA REPÚBLICA

SALA PENAL PERMANENTE
RECURSO DE NULIDAD N.° 488-2019
LIMA

Nula la sentencia: nuevo juicio oral y se efectuarán diligencias

La sentencia recurrida incorpora datos relacionados a un proceso distinto al presente, por lo que no existe congruencia en ella y corresponde que se anule y se efectúe un nuevo juicio oral por un Colegiado distinto, en el que se llevarán a cabo las diligencias señaladas en la presente ejecutoria a fin de arribar a una correcta determinación de la responsabilidad penal de los procesados.

Lima, veintiocho de agosto de dos mil veinte

VISTOS: En audiencia pública por sistema de videoconferencia, los recursos de nulidad interpuestos por los procesados Néstor Jesús Wuffarden Villalobos y Ernesto Cruz Velásquez contra la sentencia del trece de diciembre de dos mil dieciocho (foja 979), que los condenó como coautores de los delitos contra el patrimonio-robo agravado y contra la seguridad pública tenencia ilegal de municiones, en perjuicio de Gilberto Antonio Quispe Ramos y del Estado, respectivamente, a dieciocho años (Wuffarden Villalobos) y diecinueve años con cuatro meses (Cruz Velásquez) de pena privativa de libertad y fijó en S/ 10 000 (diez mil soles) el monto de pago por concepto de reparación civil a favor del agraviado Quispe Ramos y en S/ 5000 (cinco mil soles) a favor del Estado. Con lo expuesto por el señor fiscal supremo en lo penal. Oído tanto el informe de hecho del encausado Cruz Velásquez como el informe de las defensas técnicas de los impugnantes por sistema de videoconferencia. Intervino como ponente el señor juez supremo Castañeda Espinoza.

CONSIDERANDO

§ De la pretensión impugnativa de los procesados

Primero. El encausado Néstor Jesús Wuffarden Villalobos solicita mediante su presente recurso (foja 1004) que se revoque la sentencia y se le absuelva de la imputación en su contra por los siguientes fundamentos:

1.1. La condena se sustentó en que su versión no era creíble, pero ello no es correcto porque se está invirtiendo la carga de la prueba.

1.2. El agraviado y los testigos no declararon en juicio oral, lo que revela una insuficiencia probatoria.

1.3. La posesión de armas y municiones con la licencia vencida como presentaba el encausado– solo es pasible de sanción administrativa, mas no penal.

1.4. La reparación civil se sustentó en hechos (robo al Banco de la Nación) que no corresponden al presente proceso.

Segundo. Por su parte, el encausado Ernesto Cruz Velásquez sostiene (foja 1034) que no existen medios probatorios suficientes que acrediten su responsabilidad y que la sentencia recurrida no se ajusta a derecho, por lo que debe disponerse su absolución. Alega lo siguiente:

2.1. El acusado negó durante todo el proceso su participación en los hechos imputados.

2.2. La coacusada María de los Ángeles Perea Rivera no refirió que el recurrente haya bajado del vehículo.

2.3. El agraviado no lo reconoció como uno de los autores, sobre todo cuando el día de los hechos él se encontraba con el brazo enyesado, lo que habría facilitado su identificación; además, la Sala Superior justificó la inconcurrencia a juicio oral del agraviado con argumentos subjetivos no corroborados (como que se encontraría atemorizado).

2.4. No se ha motivado con certeza su participación en el delito de tenencia ilegal de municiones.

§ Imputación fáctica y jurídica

Tercero. Conforme a la acusación fiscal (foja 762), el catorce de junio de dos mil diecisiete, aproximadamente a las 22:30 horas, los procesados Néstor Jesús Wuffarden Villalobos y Ernesto Cruz Velásquez ingresaron a la bodega Don Beto, ubicada en la avenida General Garzón 2011, en el distrito de Jesús María, y con las armas de fuego que portaban amenazaron al propietario, Gilberto Antonio Quispe Ramos, y sustrajeron la suma de S/ 350 –trescientos cincuenta soles– (Wuffarden se dirigió directamente contra el agraviado, mientras que Cruz se colocó en la puerta del establecimiento). Luego se dieron a la fuga a bordo del vehículo de placa de rodaje número C8V-081 que se encontraba en el frontis.

El agraviado alertó a personal de serenazgo y se efectuó la persecución del referido vehículo –a la que se sumó personal policial– hasta la cuadra 5 del jirón 28 de Julio, en el distrito de Magdalena del Mar, donde los encausados descendieron de aquel y lo dejaron abandonado para continuar con su huida.

Sin embargo, al realizarse una búsqueda por los alrededores, se ubicó al procesado Cruz Velásquez escondido bajo una camioneta, por lo que fue detenido.

Además, durante el registro del vehículo de placa de rodaje número C8V-081, se halló un total de cuatro municiones de armas de fuego (pistola), de lo que se desprendió que los procesados se encontraban en posesión ilegítima de aquellas.

Cuarto. Estos hechos fueron tipificados como un concurso real entre el delito de robo agravado, previsto en el artículo 188 (tipo base), concordado con los numerales 2, 3 y 4 del primer párrafo del artículo 189 del Código Penal (conforme a la modificación de la Ley número 30076, vigente al momento de los hechos), el cual contemplaba una pena privativa de libertad no menor de doce ni mayor de veinte años; y el delito de tenencia ilegal de municiones, contemplado en el primer párrafo del artículo 279-G del Código Penal, que sancionaba esta conducta con una pena privativa de libertad no menor de seis ni mayor de diez años (conforme a la incorporación del Decreto Legislativo número 1244, vigente al momento de los hechos).

§ De la absolución en grado

Quinto.Resulta importante reiterar que toda sentencia es la resolución judicial que pone fin al proceso penal y que está sujeta a ciertos principios, como el de fundamentación, motivación, exhaustividad y congruencia de lo planteado y lo argumentado por las partes, que debe contener la descripción fáctica y jurídica en forma clara del hecho punible, las pruebas de cargo y descargo actuadas para que exista coherencia entre la parte resolutiva y la fundamentación de la sentencia, la que necesariamente debe ser congruente. Ello se expresa en el silogismo a desarrollar con la posición que adopte el órgano jurisdiccional.

Sexto.En el caso de autos, al emitir la sentencia recurrida, se advierte que se han incorporado hechos y datos que no corresponden al presente, ya que se indicaron testigos que no tienen relación con el evento investigado o el proceso. Así, en el considerando quinto –“Prueba documental debatida”–, se consignaron las testimoniales de Esther Sánchez Chávez y Nela Calzada Jiménez supuestamente actuadas a solicitud de la defensa de Ernesto Cruz Velásquez (numeral 5.2.); pero que no corresponden al presente proceso, sino a uno que involucra a José Pacara Ulloa (sin ninguna relación con el caso de autos).

Asimismo, en el extremo de la reparación civil (considerando 11.3.1.), la Sala Superior sustentó la pretensión indemnizatoria que impondría a los recurrentes en hechos que no tienen relación alguna con el caso (ya que se consigna que existió agresión física por parte de un procesado, y los agraviados son el Banco de la Nación y la empresa Prosegur).

Séptimo. Estos defectos en los que se incurrió en la decisión recurrida y cuestionados por los impugnantes afectan el debido proceso y no permiten su subsanación en esta instancia, pues no inciden solo en aspectos formales, sino en la fundamentación de la sentencia que constituye la unidad integral de lo analizado y de la valoración de hechos y pruebas, lo que determina su nulidad.

Octavo. De igual manera, como vicio de motivación se advierte que, al expedir la sentencia, la Sala Superior no precisó si las conclusiones a las que arribó se desprenden de la valoración de la prueba directa o indirecta actuada en el proceso y como esta determinaría la responsabilidad de los recurrentes, la cual básicamente sustentó en el análisis de sus propias declaraciones –brindadas en el ejercicio del derecho de defensa frente a una acusación fiscal– para otorgar mayor o menor credibilidad de estas cuando corresponde que dichas pruebas sean valoradas de manera conjunta con el resto del material probatorio – cuyo aporte se especifique– y ello permita arribar a la conclusión del juicio de condena como expresión clara del silogismo jurídico. Ello no se aprecia en el presente caso.

Además, conforme aparece en autos, no se han practicado todas las diligencias necesarias tanto en la instrucción y juicio oral para el real esclarecimiento de los hechos, debido a lo siguiente: i) por la rapidez del accionar de los asaltantes y porque estos intentaban cubrir su rostro, el agraviado Gilberto Antonio Quispe Ramos no logró reconocerlos, y solo brindó –en su declaración preliminar– algunas de sus características físicas, por lo que resulta necesario que se le interrogue ampliamente al respecto, así como para que señale si su establecimiento comercial contaba con cámara de video para la identificación real de los imputados sindicados y del vehículo de placa de rodaje número C8V-081 que estuvo estacionado en el frontis de la tienda y en el que huyeron los agentes luego del robo; ii)
asimismo, previa identificación, deberá citarse al personal del Serenazgo de Jesús María que estuvo de turno laborando el día y hora de los hechos y, específicamente, se tomará la declaración del agente que apoyó en la persecución del referido vehículo al ser quien observó la huida de los sujetos e inició la persecución del vehículo en el distrito de Jesús María, a fin de que aclare las circunstancias de esta situación y el apoyo que recibió del personal de la Policía Nacional para la intervención de Cruz Velásquez y Perea Rivera; iii) de igual manera, debe recabarse un informe del estado y las copias certificados de los principales recaudos (declaraciones del encausado, informes de balística forense, informes de Sucamec, entre otros) del Expediente Judicial número 5402-2017, seguido ante el Trigésimo Primer Juzgado Penal Permanente de Reos en Cárcel de la Corte Superior de Justicia de Lima, en el que recayó una sentencia absolutoria a favor de Néstor Jesús Wuffarden Villalobos por el delito tenencia ilegal de armas de fuego; además, se dispondrá la realización de la pericia de homologación entre el arma de fuego incautada en dicho proceso y las municiones halladas dentro del vehículo de placa de rodaje número C8V-081 (materia del Informe Pericial de Balística Forense número 11448-11451/17, a foja 723), a fin de determinar si son compatibles entre sí; iv) también deberá citarse como testigo de hecho a María de los Ángeles Perea Rivera (imputada absuelta), quien se encontraba dentro del vehículo en cuestión en compañía de los recurrentes Wuffarden y Cruz (antes, durante y después del hecho investigado), a fin de que precise sus relaciones con ellos, las circunstancias de su presencia en dicho vehículo y lo declarado al momento de la intervención policial, y v) demás diligencias que resulten útiles y pertinentes para el adecuado esclarecimiento del caso.

Noveno. Por lo anterior, la Corte Suprema verifica que el juicio de condena al que se arribó en la sentencia recurrida no se encuentra debidamente motivado y presenta defectos en su formulación así como que no se han agotado las diligencias necesarias para un cabal pronunciamiento de fondo, por lo que corresponde anular la referida sentencia, conforme a la facultad contenida en el artículo 301, segundo párrafo, del Código de Procedimientos Penales, y se dispondrá que se lleve a cabo un nuevo juicio oral por otro Colegiado, en el que se deberán tener en cuenta los criterios precisados en la presente ejecutoria suprema y se llevarán a cabo las diligencias indicadas en el considerando precedente.

Décimo. Finalmente, se aprecia de autos que, al momento de expedir la sentencia recurrida, los encausados Néstor Jesús Wuffarden Villalobos y Ernesto Cruz Velásquez se encontraban sujetos al mandato de prisión preventiva por quince y nueve meses, respectivamente (desde el veintiséis de septiembre de dos mil diecisiete y el cinco de marzo de dos mil dieciocho1), cuyo plazo ha vencido a la fecha, por lo que deberá disponerse su inmediata libertad –siempre que no exista en su contra orden o mandato de detención emanado de autoridad competente– y, en aplicación del artículo 273 del Código Procesal Penal, se impondrá a dichos procesados las siguientes reglas de conducta necesarias para asegurar su presencia en las diligencias judiciales, bajo apercibimiento de ley:

i. No portar armas de fuego ni variar su domicilio sin autorización de la Sala.

ii. Concurrir cada treinta días en forma personal y obligatoria a la oficina de control biométrico de la Corte Superior de Justicia de Lima a fin de registrar su firma e informar sobre sus actividades en los días que se fijen oportunamente.

iii. Cumplir con las citaciones y los mandatos judiciales para el juzgamiento oral las veces que sean requeridos.

iv. Imponer a cada procesado la prestación de una caución económica por el monto de S/ 2000 (dos mil soles), que deberá ser cancelada en el plazo de quince días, bajo apercibimiento de revocarse.

DECISIÓN

Por estos fundamentos, los jueces integrantes de la Sala Penal Permanente de la Corte Suprema de Justicia de la República:

I. DECLARARON NULA la sentencia del trece de diciembre de dos mil dieciocho (foja 979), que condenó a Néstor Jesús Wuffarden Villalobos y Ernesto Cruz Velásquez como coautores de los delitos contra el patrimonio-robo agravado y contra la seguridad pública-tenencia ilegal de municiones, en perjuicio de Gilberto Antonio Quispe Ramos y del Estado, respectivamente, a dieciocho años (Wuffarden Villalobos) y diecinueve años con cuatro meses (Cruz Velásquez) de pena privativa de libertad y fijó en S/ 10 000 (diez mil soles) el monto de pago por concepto de reparación civil a favor del agraviado Quispe Ramos y en S/ 5000 (cinco mil soles) a favor del Estado.

II. MANDARON que se realice un nuevo juicio oral por otro Colegiado, en el que se deberán efectuar las diligencias
señaladas en el considerando octavo y se tendrá presente todo lo expuesto en esta ejecutoria suprema.

III. ORDENARON la inmediata libertad de los procesados Néstor Jesús Wuffarden Villalobos y Ernesto Cruz Velásquez, siempre que no exista en su contra orden o mandato de detención emanado de autoridad competente; para tal fin, DISPUSIERON que se comunique, por la vía más expeditiva, a la Tercera Sala Penal Especializada en lo Penal para Procesos con Reos en Cárcel de la Corte Superior de Justicia de Lima.

IV. DISPUSIERON que, conforme a lo previsto en el artículo 273 del Código Procesal Penal, los procesados antes mencionados cumplan las reglas de conducta señaladas en el considerando décimo de la presente ejecutoria suprema.

V. HÁGASE SABER a las partes personadas en esta Corte. Y, con lo demás que contienen, los devolvieron

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