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SECUESTRO: No existe suficiente actuación probatoria para revocar la garantía constitucional de presunción de inocencia.

CORTE SUPREMA DE JUSTICIA DE LA REPÚBLICA

SALA PENAL PERMANENTE
RECURSO DE NULIDAD N.° 76-2019
LIMA ESTE

La garantía constitucional de presunción de inocencia

El juez no es testigo directo de los hechos, solo a través de la prueba válidamente actuada podrá tomar conocimiento de lo acaecido y generar en sí la convicción sobre la responsabilidad penal del procesado, la cual deberá ser construida por una adecuada y suficiente actuación probatoria, ya que sin esta no sería posible revocar la presunción de inocencia que reviste a todo ciudadano. En el caso concreto, no se configura el delito de secuestro, pues de los hechos acontecidos como una unidad criminal, en secuencia progresiva, no se evidencia el dolo ni la vulneración del derecho a la libertad ambulatoria, sino agresiones mutuas originadas por una infidelidad.

Lima, veinte de enero de dos mil veinte

VISTOS: los recursos de nulidad interpuestos por la parte civil (Lizbeth Marisol Guillermo Tixe) y por la representante del Ministerio Público contra la sentencia del diecisiete de septiembre de dos mil dieciocho (foja 685), que absolvió de la acusación fiscal a las procesadas Juana María Rodríguez Gallegos, Rosarel Quispe Rodríguez y Rosemary Karin Pereyra Rodríguez por la comisión del delito contra la libertad en la modalidad de violación de la libertad personal- secuestro, en agravio de Lizbeth Marisol Guillermo Tixe.

Intervino como ponente el señor juez supremo Coaguila Chávez.

CONSIDERANDO

§ I. Expresión de agravios

Primero. La parte civil (Lizbeth Guillermo Tixe), constituida en juicio oral sin oposición alguna (foja 497) en el recurso incoado (foja 714), argumenta que:

1.1. Se perdió objetividad al analizar los medios probatorios y se los sacó de contexto.

1.2. Se debió considerar el grado de indignación e ira de la procesada Rosemary Karin Pereyra Rodríguez, quien de acuerdo con su propia versión, supo de la relación sentimental entre su conviviente y la agraviada, en contra de quien, planificó el ilícito como escarmiento.

1.3. La intención de las procesadas no era pelear, sino interceptar de forma violenta a la agraviada.

1.4. Los exámenes psicológicos evidencian el carácter violento de las procesadas.

1.5. La agraviada, luego de ser interceptada y golpeada, quedó en estado de shock, por lo que perdió parcialmente la capacidad de reacción, lo que fue suficiente para que las procesadas la lleven a un vehículo en contra de su voluntad; acto que constituye una privación de libertad; en tal sentido, no es una exigencia ser arrastrada por el suelo.

1.6. Se tergiversó la versión de la testigo de cargo y se consideró que la agraviada debió pedir auxilio, sin tomar en cuenta que esta última se encontraba amenazada con un arma punzocortante.

1.7. La versión de la procesada Rosemary Karin Pereyra Rodríguez, en el sentido de que dialogó con la agraviada, en compañía de una desconocida, no es creíble.

1.8. La testigo América Esther Gallegos Olivera enrostró a la procesada Juana Rodríguez Gallegos su presencia en el lugar del hecho.

Segundo. La representante del Ministerio Público, en el recurso incoado (foja 720), instó a que se declare nula la sentencia absolutoria y postula como argumentos que:

2.1. La agraviada acudió al juicio oral y señaló de manera clara y secuencial cómo fue privada de su libertad hasta que fue rescatada.

2.2. Las acusadas Juana María Rodríguez Gallegos y Rosarel Quispe Rodríguez negaron su presencia en el lugar de los hechos, pero no sustentaron su aserto con medio probatorio alguno; tampoco enervan la versión de la agraviada y de las testigos Edith Benita Arellano de la Cruz y América Esther Gallegos Olivera; en ese sentido, las últimas corroboran la declaración de la agraviada.

2.3. El Colegiado Superior partió de la idea que en el presente caso existen tres momentos distintos, como si fueran inconexos, y se buscó verificar que en cada uno se haya vulnerado la libertad ambulatoria de la víctima, soslayando que estos tres momentos eran parte de un plan debidamente preparado para privar de su libertad personal a la agraviada.

2.4. Las procesadas pretendían darle una lección a la perjudicada y para ello necesitaban restringir su libertad ambulatoria y retenerla en un lugar donde no quería estar, valiéndose de una decidida planificación, del concurso de más personas y de objetos con los cuales atentarían contra la integridad física de aquella.

§ II. Imputación fiscal

Tercero. En la acusación fiscal (foja 249), se imputa que el veinticinco de julio de dos mil nueve, aproximadamente a las 15:00 horas, en circunstancias en que la agraviada Lizbeth Marisol Guillermo Tixe se disponía a ingresar a su centro de labores, ubicado en la urbanización Los Claveles, distrito de Ate, fue interceptada por las acusadas Juana María Rodríguez Gallegos, Rosarel Quispe Rodríguez y Rosemary Karin Pereyra Rodríguez, acompañadas por otra mujer no identificada, quienes luego la trasladaron contra su voluntad hacia un vehículo modelo Station Wagon de color blanco, estacionado metros más allá; al lado de dicho auto se encontraban la acusada Rosemary Karin Pereyra Rodríguez y otro sujeto desconocido como conductor; así, las acusadas obligaron a ingresar a la agraviada a dicho vehículo y la trasladaron a otro lugar.

Durante el recorrido, en el interior del vehículo, la agraviada fue víctima de insultos y golpes por parte de las ahora acusadas, quienes la obligaron a descender del auto para trasladarla hasta el interior del inmueble ubicado en jirón Alfonso Ugarte número 315, cooperativa Daniel Alcides Carrión-Campoy, distrito de San Juan de Lurigancho, donde, luego de sentarla en una silla, las acusadas nuevamente la amenazaron, golpearon y abofetearon.

La acusada Juana María Rodríguez Gallegos, además, le introdujo rocoto en la boca y, luego, ella y sus coacusadas Rosarel Quispe Rodríguez y Rosemary Karin Pereyra Rodríguez, procedieron a cortarle el cabello simultáneamente, mientras le reclamaban a viva voz el haber mantenido una relación clandestina con la pareja de Rosemary Karin Pereyra Rodríguez.

§ III. Fundamentos del Tribunal Supremo

Cuarto.El juez no es testigo directo de los hechos, solo a través de la prueba válidamente actuada podrá tomar conocimiento de lo acaecido y generar en sí la convicción sobre la responsabilidad penal del procesado, la cual deberá ser construida por una adecuada y suficiente actuación probatoria, ya que sin esta no sería posible revocar la presunción de inocencia que reviste a todo ciudadano.

Quinto. El delito de secuestro se encuentra tipificado en el artículo 152 del Código Penal, que señala: “Será reprimido con pena privativa de la libertad no menor de veinte ni mayor de treinta años el que, sin derecho, motivo ni facultad justificada, priva a otro de su libertad personal, cualquiera sea el móvil, el propósito, la modalidad o circunstancia o tiempo que el agraviado sufra la privación o restricción de su libertad […]”.

Sexto. Así pues, comete delito de secuestro aquel que actúa dolosamente, es decir que, con voluntad y conocimiento, ejerza el verbo rector de privar de la libertad a una determinada persona, sin que medie derecho, motivo o facultad justificada. De tal modo que la configuración de este delito no requiere de un móvil especial, ya que no interesa el propósito o la modalidad, circunstancia o tiempo que dure el secuestro. La doctrina indica que por su alta criminalidad (privar del derecho a la libertad) debe analizarse, en consideración, con el principio de insignificancia por el cual se excluyen privaciones de libertades ambulatorias de escasa relevancia1, situaciones que aparentemente se configuran en el tipo penal; empero, no existe dolo, entendiendo que este es el requisito para su configuración. Asimismo, se debe tener en cuenta que el delito de secuestro es de carácter permanente, es decir, el ilícito persiste hasta que el sujeto pasivo pueda ejercer su libertad ambulatoria.

Séptimo. En ese sentido, el Colegiado Superior dividió la conducta en tres partes para su mejor análisis (ver fundamentos 5 al 14 de la sentencia de vista, foja 705 en adelante), lo cual se deriva de una secuencia que, a tenor de la agraviada, se produjo cuando, primero, fue llevada “a rastras” por las acusadas, privándola de su libertad; segundo, cuando fue introducida a un vehículo del cual fue después obligada a descender, y por último, cuando fue ingresada a la fuerza al inmueble ubicado en el jirón Alfonso Ugarte número 319, cooperativa Daniel Alcides Carrión, Campoy, distrito de San Juan de Lurigancho, donde fue agredida físicamente. Cabe destacar que no se pretende desmenuzar la acción penal en tres hechos, como se dijo, sino que esto se realiza a fin de probar cronológicamente la secuencia fáctica del ilícito, lo que al final se entiende como una unidad criminal.

Octavo. El modo en que se cometió el hecho, reseñado en el considerando anterior, fue sostenido por la agraviada a nivel preliminar (foja 59, sin fiscal) y en sede plenarial (foja 545).

Noveno. Ahora bien, es cierto que el primer momento del supuesto hecho narrado por la agraviada fue corroborado parcialmente por prueba personal consistente en la declaración plenarial de la testigo Edith Benita Arellano de la Cruz (foja 561), quien sostuvo:

Vi que estaban peleando, y a la chica la cogían, ella era sola y habían tres personas, […] vi que le estaban pegando, pensé que era un problema así normal, se peleaban pero no había el escándalo de que podían decir de algo que estaban peleando, no me metí mucho y me di cuenta que a la chica la estaban jaloneando, entonces yo opté por retroceder e ir a la fábrica como la conocen, y la puedan auxiliar.

De lo que se colige que la testigo observó una pelea, motivo por el cual tuvo la intención de buscar a los compañeros de trabajo de la agraviada con la finalidad de que la ayuden; es así que, en aras de la lógica, no se puede indicar que dicha situación pueda ser interpretada como una acción típica de secuestro, puesto que no se evidencia el dolo que, como elemento del tipo penal, se requiere para su configuración, máxime si la referida testigo indicó que no se percató si había algún vehículo esperando, ni vio que la llevaban “a rastras”.

Entonces, si la citada testigo no logró observar si llevaron a la agraviada hacia un vehículo privándola de su libertad ambulatoria y solo se tiene la declaración de esta última, la cual no tiene respaldo probatorio, no puede erigirse su versión incriminatoria como prueba suficiente para acreditar la comisión del ilícito y extinguir la presunción de inocencia de las procesadas.

Décimo. Por otro lado, respecto al segundo momento, cabe señalar que es obvio que desde el lugar donde trabajaba la agraviada (fábrica en el

distrito de Ate Vitarte) y el inmueble a donde se trasladaron, ubicado en San Juan de Lurigancho, tuvieron que usar un vehículo; sin embargo, no se encuentran probadas las circunstancias en las cuales abordaron el referido medio de transporte, por lo que aquel aspecto criminal se reviste de duda, máxime si la agraviada señaló haber sido llevada “a rastras” por más de diez metros hacia la unidad en que la trasladarían, cuyo aspecto se descartó con el certificado de atención médica (foja 14), suscrito por el doctor César Camacho Silva, el veinticinco de julio de dos mil nueve, y el Certificado Médico Legal número 008058-L (foja 168), del tres de agosto de dos mil nueve, pues estos documentos médicos indican que la agraviada no presenta lesiones propias de un arrastre y, dada la longitud del recorrido y la resistencia a ser llevada, se debe, en lo mínimo, observar lesiones, conforme a los hechos expuestos.

Undécimo. Antes de analizar el tercer momento, esto es, la situación acaecida dentro del inmueble ubicado en el distrito de San Juan de Lurigancho, cabe indicar que la procesada Rosemary Karin Pereyra Rodríguez acudió al juicio oral (foja 503), donde afirmó haber concurrido al centro de labores de la agraviada con la finalidad de enrostrarle su indignación al tomar conocimiento en su imprenta, ubicada en el Centro de Lima, de que su esposo Orlando Contreras Gallegos mantenía una relación sentimental con la agraviada, e incluso que él giraba boletas a nombre de la víctima con la finalidad de presentarlas a la Sunat, en esos documentos observó la dirección en que podría encontrar a la agraviada, aspecto que fue corroborado por el testigo Orlando Contreras Gallegos (foja 556). En ese instante, solicitó a su trabajadora acompañarla a dicho lugar. Ya en el centro de labores de la agraviada (distrito de Ate Vitarte) le gritó e increpó la relación sentimental que tenía con un hombre casado y que estaba destruyendo una familia, por lo que la agraviada le pidió retirarse a otro lugar diciéndole: “Por favor, no me hagas escándalo”.

En esas circunstancias, la procesada llamó a Orlando Contreras Gallegos (versión en juicio oral, foja 556), quien indicó que, alrededor del mediodía del veinticinco de julio de dos mil nueve, recibió una llamada de su entonces esposa, la procesada Rosemary Pereyra, increpándole que ya tenía conocimiento de su infidelidad con la agraviada Lizbeth Guillermo Tixe y que se encontraba en el centro de labores de la perjudicada; ante ello, el referido testigo le solicitó calmarse y dirigirse a la casa de su madre en el distrito de San Juan de Lurigancho, donde él llegaría aproximadamente a las 15:00 horas para aclarar la situación; sin embargo, tal como relata el testigo a nivel plenarial, no llegó sino hasta la noche, tomando conocimiento de lo sucedido (la agresión) en el inmueble. Posteriormente, sostiene que sí mantuvo una relación paralela con la agraviada Lizbeth Marisol Guillermo Tixe por alrededor de un año y medio.

Respecto a este último extremo, debe tenerse en cuenta el cambio de versión de la agraviada; así pues, a nivel preliminar (foja 60), sostuvo contundentemente que no mantenía ninguna relación amorosa con Orlando Contreras Gallegos, pero a nivel de juicio oral (foja 549), deslizó la idea contraria y dijo que: “Me empezó a contar sus problemas, me dijo que estaba en proceso de separación [venía con la ropa rota por la agresión sufrida de parte de Rosemary Pereyra] quizás todo eso hizo que yo le crea y sí accedí y habremos estado ese mes, porque entre abril y mayo, yo ya decidí cortar definitivamente la relación”.

En ese sentido, se tiene certeza de que el testigo Orlando Contreras Gallegos mantenía una relación sentimental con la agraviada Lizbeth Guillermo, mientras se encontraba vinculado amorosamente a la procesada Rosemary Pereyra Rodríguez, aspecto que incitó a esta última a acudir al centro de labores de la agraviada y enfrentarla; por ello, se comunicaron telefónicamente con Orlando Contreras Gallegos, quien les pidió que se dirigieran al domicilio de su madre, ubicado en San Juan de Lurigancho (foja 557). Entonces, de la declaración emitida por la procesada, se tiene que la propia agraviada solicitó retirarse de su centro de labores, a fin de esclarecer la situación; además, debido a un sentimiento de vergüenza que, por máximas de la experiencia, es razonable, al encontrarse en aquella situación bochornosa, prefirió apartarse del lugar donde era conocida, para evitar murmuraciones o su lapidación social.

Al tener que confrontarse los tres, decidieron ir hacia el destino ofrecido por Orlando Contreras Gallegos, de ahí que no se pueda apreciar o corroborar que fuera conducida hacia el vehículo a la fuerza y privada de su libertad.

Duodécimo. Hasta ese momento, de lo indicado líneas arriba se infiere que llegaron de manera pacífica al destino ofrecido por el testigo Orlando Contreras Gallegos, pues no se advierten indicios de una posible perpetración ilícita (privación de la libertad). Así las cosas, este Supremo Tribunal ingresa a analizar el tercer momento de la imputación en contra de las procesadas, es decir, la supuesta privación de la libertad en el inmueble ubicado en San Juan de Lurigancho.

La testigo América Esther Gallegos Olivera (foja 599), quien domiciliaba en dicho recinto y manejaba una tienda, indicó que llegaron tranquilas al inmueble en mención, solicitaron la llave e ingresaron; hasta ese momento no presenció que la estuvieran agrediendo o privándola de su libertad ambulatoria, incluso relató: “No, a mí no me dijo nada, ni auxilio ni nada, sino la hubiera defendido”. Una vez dentro del inmueble, según la versión de la procesada Rosemary Pereyra Rodríguez (foja 506), la testigo América Gallegos Olivera ofreció gaseosa o cerveza mientras esperaban; sin embargo, al encontrarse a solas, comenzaron a pelear, situación que fue advertida por la referida testigo Gallegos Olivera –además, la agraviada fue socorrida por Rosa Ana Vásquez Gallegos, conforme la declaración respectiva, foja 595– a través de la ventana, quien presurosa fue a abrir la puerta para separarlas y al ver que la agraviada

se encontraba entre sollozos y con lesiones causadas por los jalones de cabello, pidió a la procesada que se retire. En lo particular, la procesada Rosemary Pereyra Rodríguez (en su versión de foja 507), admitió haber abofeteado a la agraviada:

Yo he sido la primera que le ha mandado una cachetada, no lo voy a negar y ahí es donde ella se me vino encima, me agarró de los cabellos yo igual, no voy a negar esa parte […] no lo voy a negar, yo le he pegado, yo me le ido encima, pero ella también, si yo hubiera pasado médico legista, si yo hubiera denunciado, en este momento yo sería la víctima […] yo le he arrancado el cabello [sic].

Así pues, este Tribunal Supremo estima que en el tercer momento no se acredita el dolo exigido para la configuración del delito de secuestro, dado que de la manifestación de la testigo América Gallegos no se advierte que hubiesen llevado a la agraviada mediante el uso de la fuerza al inmueble ubicado en San Juan de Lurigancho, por lo que no cabe asumir con grado de convicción la configuración del ilícito.

En definitiva, no se configura el delito de secuestro, pues de los hechos acontecidos como una unidad criminal, en secuencia progresiva, no se evidencia el dolo ni la vulneración del derecho a la libertad ambulatoria, sino agresiones mutuas originadas por una infidelidad.

Decimotercero. Por otro lado, también deben tenerse en cuenta los siguientes aspectos:

13.1. Respecto a la participación de las procesadas Juana María Rodríguez y Rosarel Quispe Rodríguez, quienes a lo largo del proceso sostuvieron no haberse encontrado en el lugar del hecho y no encuentran motivo alguno para que la agraviada Lizbeth Marisol Guillermo Tixe las sindique, en mérito de las distintas declaraciones de la agraviada y de las testigos, se desprende que la procesada Rosemary Pereyra Rodríguez se encontraba en compañía de Juana María Rodríguez Gallegos y Rosarel Quispe Rodríguez. Así pues, la testigo América Gallegos Olivera, a nivel de juicio oral (foja 599), sostuvo que observó a través de la ventana que la procesada Rosemary Pereyra Rodríguez, su hermana Rosarel Quispe Rodríguez y la mamá de ellas, Juana Rodríguez Gallegos, se encontraban. A lo anterior se suma lo vertido por la testigo Edith Benita Arellano de la Cruz (foja 562): “[Vi que] iban para abajo las cuatro”, aspecto que es contrario a lo vertido por la procesada Rosemary Gallegos, quien sostuvo que había acudido con su trabajadora, de quien no recordaba el nombre.

13.2. Ahora bien, la testigo América Gallegos Olivera respondió sin animadversión contra las procesadas Juana Rodríguez Gallegos y Rosarel Quispe Rodríguez, pues sostuvo no tener ningún problema con ellas (foja 602).

Consecuentemente, se desestima lo alegado por las encausadas respecto a que no participaron en los hechos; sin embargo, como ya se detalló en los párrafos precedentes, la calificación jurídica de los hechos no se subsume en el delito de secuestro, por lo que debe mantenerse la presunción de inocencia que les asiste.

Decimocuarto. En consideración a lo expuesto, lo actuado en autos no resulta con entidad suficiente para afirmar que las encausadas Juana María Rodríguez Gallegos, Rosarel Quispe Rodríguez y Rosemary Karin Pereyra Rodríguez sean responsables de los hechos incriminados, pues no se configura el delito de secuestro; por lo que los agravios expuestos por el Ministerio Público y la parte civil resultan infundados y la sentencia recurrida debe confirmarse.

DECISIÓN

Por estos fundamentos, los señores jueces supremos integrantes de la Sala Penal Permanente de la Corte Suprema de Justicia de la República DECLARARON NO HABER NULIDAD en la sentencia del diecisiete de septiembre de dos mil dieciocho (foja 685), que absolvió de la acusación fiscal a las procesadas Juana María Rodríguez Gallegos, Rosarel Quispe Rodríguez y Rosemary Karin Pereyra Rodríguez por la comisión del delito contra la libertad en la modalidad de violación de la libertad personal- secuestro, en agravio de Lizbeth Marisol Guillermo Tixe; con lo demás que contiene y los devolvieron.

Intervino el señor juez supremo Castañeda Espinoza por vacaciones del señor juez supremo Príncipe Trujillo.


1 ROJAS VARGAS, Fidel, Código Penal, Ara Editores, T. II, 2012, página 283.

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