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ROBO-Las diligencias actuadas a nivel preliminar no contaron con la presencia del representante del Ministerio Público.

CORTE SUPREMA DE JUSTICIA DE LA REPÚBLICA

SALA PENAL PERMANENTE
RECURSO DE NULIDAD N.° 296-2020
LIMA

Se mantiene incólume el principio de presunción de inocencia

No puede atribuirse valor probatorio a la única declaración del agraviado, cuando no contó con la presencia del representante de la legalidad. La sindicación e identificación en estas condiciones no alcanza el estándar mínimo de garantía del artículo 62 del Código de Procedimientos Penales. La Sala Superior insistió sobre la presencia en juicio oral del agraviado, pero no obtuvo respuesta. Por lo demás, no existen pruebas fehacientes que corroboren la responsabilidad penal del sentenciado y la presunción de inocencia se encuentra incólume, por lo que corresponde absolverlo de la acusación fiscal.

Lima, once de septiembre de dos mil veinte

VISTOS: el recurso de nulidad interpuesto por la defensa técnica del sentenciado César Augusto Melgarejo Egas contra la sentencia del dieciséis de septiembre de dos mil diecinueve (foja 305), emitida por la Tercera Sala Penal con Reos Libres de la Corte Superior de Justicia de Lima, que lo condenó por mayoría como autor del delito contra el patrimonio-robo agravado, en agravio de Daniel Arístidez Holguín Macedo, a siete años de pena privativa de libertad y fijó en S/ 500 (quinientos soles) el monto por concepto de la reparación civil que deberá pagar el sentenciado a favor del agraviado; con lo demás que al respecto contiene.
Intervino como ponente el señor juez supremo Figueroa Navarro.

CONSIDERANDO

I. Expresión de agravios

Primero. El sentenciado Melgarejo Egas fundamentó el recurso nulidad (foja 340) y solicitó la nulidad de la sentencia recurrida y que se le

absuelva de los cargos imputados; en esa línea argumental, sustenta lo siguiente:

1.1. La Sala Penal Superior expidió la recurrida con inobservancia de las garantías constitucionales referidas a la tutela procesal efectiva, debido proceso, debida motivación de las resoluciones judiciales y valoración conjunta de las pruebas actuadas así como el derecho de defensa, porque existe notoria contradicción entre las conclusiones del atestado policial y el parte policial de ocurrencia de los hechos. El primero señala que la policía capturó al procesado cuando huía del lugar de los hechos, que se encontraba solo y que la policía lo condujo a la comisaría de Barranco. El segundo señala que quienes intervinieron al procesado fueron efectivos de Serenazgo de la Municipalidad de Barranco y que lo condujeron a la comisaría del distrito en una camioneta. En ese orden de ideas, el atestado policial carece de validez como prueba incriminatoria en contra del sentenciado, quien se dirigía a su domicilio y se acercó a la camioneta de Serenazgo para informar a dónde se fugaba el menor infractor, y fue conducido a la comisaría de Barranco para que dé su versión de los hechos que había presenciado.

1.3. El menor César Augusto Oliva Luján (ahora mayor de edad) señaló en su declaración en juicio oral: “Fui yo el que le rebusqué los bolsillos al agraviado y le quité sus cosas [sic]”. Esta declaración contradice lo declarado por el agraviado, quien señaló que el recurrente le rebuscó los bolsillos. Por tanto, no se valoró debidamente la declaración del menor infractor.

1.4. En el acta de registro personal se indica que al recurrente no se le encontró lo sustraído al agraviado; además, no se valoró que el acta de reconocimiento de persona no contó con la presencia del representante del Ministerio Público.

1.5. El recurrente negó a lo largo del proceso su participación en los hechos, por lo que la Sala Penal no motivó conforme al numeral 5 del artículo 139 de la Constitución Política del Estado.

1.6. La declaración del agraviado no puede servir como prueba válida de cargo, de conformidad con el Acuerdo Plenario número 2-2005- CJ/116, porque la declaración del agraviado y el acta de reconocimiento de persona se realizaron sin la presencia del fiscal; por otro lado, la Sala Penal citó al agraviado en reiteradas oportunidades, pero este no acudió, por lo que su declaración tampoco es persistente.

1.7. El encausado carece de antecedentes penales y al momento de los hechos tenía veinte años de edad, por lo que le es aplicable la reducción de la pena.

1.8. La comisión del delito de robo agravado quedó en grado de tentativa, pues el padre del menor infractor devolvió los bienes que sustrajo, por lo que es aplicable el artículo 16 del Código Penal.

II. Imputación fiscal

Segundo.Como se aprecia de la acusación escrita (foja 181), los hechos son los siguientes:

2.1.El veinticinco de agosto de dos mil doce, aproximadamente a la una de la madrugada, el acusado César Augusto Melgarejo Egas y el adolescente César Augusto Adrián Oliva Luján se aproximaron al agraviado Daniel Arístidez Holguín Macedo, quien a su vez se desplazaba conversando con su amigo Herles Basurto Falconí, por la primera cuadra del jirón Bolognesi del distrito de Barranco; en esa circunstancia, el menor procedió a tomarlo del cuello por la espalda utilizando la modalidad de “cogoteo”; por su parte, el procesado César Augusto Melgarejo Egas se encargó de rebuscarle los bolsillos y lo despojó del teléfono celular Nextel de marca Motorola y de una billetera que contenía la suma de USD 20 (veinte dólares americanos), para después huir del lugar; sin embargo, al ser perseguidos por el agraviado y su amigo, consiguieron el apoyo de una patrulla policial, que consiguió intervenir únicamente al procesado César Augusto Melgarejo Egas, a quien trasladaron a la comisaría del sector, a donde posteriormente llegó el padre del adolescente Oliva Luján para devolver el teléfono móvil; sin embargo, nunca se recuperó el dinero que también fue robado.

III. Fundamentos del Tribunal Supremo

Tercero. Es preciso señalar que la materialidad del delito se probó plenamente1. La controversia jurídica se circunscribe a determinar la participación del encausado César Augusto Melgarejo Egas en el delito de robo agravado, que se le atribuye. Ahora bien, la Sala Superior sustentó la sentencia condenatoria recurrida, básicamente, en la declaración del agraviado, la cual fue cuestionada por el acusado en el recurso que interpuso, debido a que la declaración no contó con la presencia del representante de la legalidad. En tal línea, corresponde determinar si esa declaración cumple con las formalidades para ser considerada prueba válida de cargo y generar efectos probatorios.

Cuarto. En juicio oral, se actuaron los siguientes medios de prueba: las declaraciones del sentenciado César Augusto Melgarejo Egas (foja 244), del policía Antonio Casas Palomino (foja 273 vuelta), del menor –ahora mayor de edad– César Augusto Adrián Oliva Luján (foja 274) y, finalmente, la declaración del testigo Carlos Humberto Oliva Mogrovejo (foja 274 vuelta), padre del menor Oliva Luján. Asimismo, se efectuó la lectura de piezas procesales como: a) la declaración del agraviado Daniel Arístidez Holguín Macedo, b) la manifestación del testigo Herles Basurto Falconí, c) el acta de registro personal que se practicó al sentenciado Melgarejo Egas, d) el acta de reconocimiento de persona por parte del agraviado, e) el acta de recepción de Humberto Oliva Mogrovejo y, por último, f) el acta de entrega de devolución del celular propiedad del agraviado.

Quinto. Sin embargo, debe precisarse que la declaración a nivel preliminar, en sede policial, del agraviado Daniel Arístidez Holguín Macedo (foja 20), el acta de reconocimiento de persona (foja 22) y la manifestación policial del testigo presencial2 Herles Basurto Falconí (foja 11) no contaron con la presencia del representante del Ministerio Público. Así, dichas diligencias –medios de prueba– carecen de virtualidad probatoria para enervar la presunción de inocencia, en atención a lo previsto en el artículo 62 del Código de Procedimientos Penales.

Sexto. Por otro lado, a fin de corroborar la persistencia en la incriminación del agraviado, a través de la Secretaría de Actas (mediante reiteradas notificaciones, foja 266, incluso se notificó a la policía para que conduzca al agraviado de grado o fuerza, foja 279; también se advierte el Parte número 3362-2019, foja 287, que se constituyó al domicilio de agraviado, quien no se encontraba allí) se insistió en la presencia del agraviado al juicio oral, pero no concurrió. Asimismo, el acta de registro personal practicado al encausado Melgarejo Egas no abona indicio alguno para desvirtuar la presunción de inocencia que le asiste, pues en dicho registro no se le halló ningún bien sustraído del agraviado; contrariamente, las actas de recepción y entrega por parte de Humberto Oliva Mogrovejo –padre del menor que cogoteó al agraviado– solo dan cuenta de la entrega del equipo celular Nextel marca Motorola y que este bien le fue devuelto al agraviado, pero en modo alguno vincula al encausado Melgarejo Egas con el hecho imputado.

Séptimo. Así, únicamente queda la declaración en juicio oral del policía Antonio Casas Palomino, quien intervino al encausado y le efectuó el registro personal, declaración que, por cierto es insuficiente para generar certeza de responsabilidad, al no corroborarse con la declaración del agraviado y con otros medios de prueba. Por otro lado, la declaración en juicio oral de César Augusto Adrián Oliva Luján (foja 274) no evidencia solidez, pues por un lado señaló que él y el encausado planearon el robo, y después indicó: “Yo le quité las cosas a los agraviados [sic]” y al preguntársele: “¿Por qué usted se llevó el celular? [sic]”, dijo: “Porque yo fui el que le quitó el celular y los dos fuimos corriendo [sic]”. Y la declaración de Humberto Oliva Mogrovejo lo único que corrobora es que su hijo Oliva Luján tenía el celular, razón por la que Oliva Mogrovejo fue a la comisaría a devolverlo.

Octavo. En suma, luego del análisis integral de lo actuado en el presente proceso penal, corresponde absolver al recurrente por insuficiencia probatoria (en aplicación al primer párrafo del artículo 301 del Código de Procedimientos Penales), pues las actuaciones desarrolladas a lo largo del proceso penal no pudieron enervar la presunción de inocencia que existe a favor del encausado César Augusto Melgarejo Egas, quien al efectuar su descargo sostuvo férreamente su negativa sobre la autoría del delito imputado (y señaló que Olivia Luján fue quien sustrajo las pertenencias del agraviado, versión que no fue controvertida suficientemente por medios de prueba en contrario) y contra el cual no se aprecian otros elementos probatorios o indicios que demuestren su responsabilidad penal. Solo cabe condenar a una persona cuando se ha llegado a la certeza sobre su responsabilidad en la comisión del hecho imputado. Es imposible afirmar categóricamente la culpabilidad y responsabilidad del encausado. En consecuencia, no se enervó la presunción constitucional de inocencia que recae sobre su persona, conforme a lo referido en el literal e) del numeral 24 del artículo 2 de la Constitución Política del Estado.

DECISIÓN

Por estos fundamentos, los señores jueces supremos que integran la Sala Penal Permanente de la Corte Suprema de Justicia de la República:

I. DECLARARON HABER NULIDAD en la sentencia del dieciséis de septiembre de dos mil diecinueve (foja 305), emitida por la Tercera Sala Penal con Reos Libres de la Corte Superior de Justicia de Lima, que condenó por mayoría a César Augusto Melgarejo Egas como autor del delito contra el patrimonio-robo agravado, en agravio de Daniel Arístidez Holguín Macedo, a siete años de pena privativa de libertad y fijó en S/ 500 (quinientos soles) el monto por concepto de la reparación civil que deberá pagar el sentenciado a favor del agraviado, y REFORMÁNDOLA lo absolvieron de la acusación fiscal por los referidos delito y agraviado.

II. DISPUSIERON la anulación de los antecedentes penales y policiales que se hubieran generando en su contra y el ARCHIVO DEFINITIVO de lo actuado.

III. ORDENARON la inmediata libertad del encausado César Augusto Melgarejo Egas, siempre y cuando no exista mandato de detención emanado de otro órgano jurisdiccional.

IV. OFICIÁNDOSE para tal efecto, vía fax, a la Sala Penal correspondiente. Hágase saber y devuélvase.


1 Con la denuncia (foja 01) y el acta de recepción (foja 23), en la que Humberto Oliva Mogrovejo, padre del menor César Augusto Adrián Oliva Luján, llegó a la comisaría de Barranco-Seincri para devolver un celular Nextel marca Motorola del que fue despojado el agraviado.

2 En la acusación fiscal se señala que Herles Basurto Falconí –amigo del agraviado– estuvo presente en el momento que sucedieron los hechos.

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