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Lesiones leves en el contexto de violencia familiar: No haber nulidad en la condena.

CORTE SUPREMA DE JUSTICIA DE LA REPÚBLICA

SALA PENAL PERMANENTE
RECURSO DE NULIDAD N.° 570-2020
LIMA SUR

Lesiones leves en el contexto de violencia familiar: No haber nulidad en la condena

Se verifica que la desvinculación del tipo penal y el juicio de condena al que se arribó en la sentencia recurrida se encuentran debidamente motivados y cuentan con sustento probatorio suficiente para enervar la presunción de inocencia de la procesada; y, en atención a las circunstancias del hecho ocurrido en un contexto familiar (durante una discusión), a que la procesada se encontraba con síntomas de ebriedad y a que no existió un ánimo de matar, se debe confirmar la condena por el delito de lesiones leves en el contexto de violencia familiar (“agresiones en contra de las mujeres o integrantes del grupo familiar”) y modificar la pena impuesta, darla por compurgada y disponer la inmediata libertad de la procesada.

Lima, catorce de septiembre de dos mil veinte

VISTOS: los recursos de nulidad interpuestos por el fiscal adjunto superior de la Primera Fiscalía Superior Penal del Distrito Fiscal de Lima Sur y por la procesada Mercedes Beatriz Sánchez Morales contra la sentencia del veintitrés de octubre de dos mil diecinueve (foja 418), que, previa desvinculación de la acusación fiscal por el delito de parricidio en grado de tentativa, la condenó como autora del delito contra la vida, el cuerpo y la salud- lesiones leves, en perjuicio del Walter José Gonzaga Carrasco, a dos años de pena privativa de libertad efectiva y fijó la reparación civil en S/ 2000 (dos mil soles) a favor del agraviado.

Intervino como ponente el señor juez supremo Castañeda Espinoza.

CONSIDERANDO

§ De la pretensión impugnativa de los recurrentes

Primero. El fiscal adjunto superior recurrente solicita (foja 439) que se revoque la sentencia porque no correspondía la desvinculación del delito de parricidio en grado de tentativa al de lesiones leves, ya que:

1.1. De la prueba actuada se desprende que la procesada apuñaló a su conviviente (el agraviado) y, si bien este último se retractó de su imputación en juicio oral, fue con la finalidad de sustraerla de su responsabilidad porque ambos son padres de un menor.

1.2. Se vulneró el principio de legalidad y de debida motivación, ya que la pena impuesta, a causa de la desvinculación, se encuentra por debajo del mínimo legal, lo que atenta contra el principio de proporcionalidad y lesividad.

Segundo. Por su parte, la defensa de la encausada Mercedes Beatriz Sánchez Morales requirió (foja 446) que se revoque la sentencia y se confirme el quantum de la pena, pero que se disponga la conversión de esta o que sea de carácter suspendido; además, indicó que, al existir la desvinculación de la imputación por el delito de parricidio tentado, la Sala debió dictar una sentencia absolutoria, pues no existió la posibilidad de defensa respecto al delito por el que se le condenó. Refirió lo siguiente:

2.1. La procesada no cometió el delito instruido y no se tomó en cuenta el principio de presunción de inocencia; la Sala solo presumió que se configuró el delito de lesiones.

2.2. No se acreditó la comisión del delito de parricidio o las agravantes imputadas sobre este (ferocidad y alevosía), y por eso la Sala se desvinculó.

2.3. En lugar de desvincularse, debió absolverla, puesto que no se demostró que la procesada realizara actos preparatorios para acabar con la vida del padre de su hijo, y el médico que atendió al agraviado refirió que no existió peligro de muerte por parte de este, quien solo recibió unas suturas y fue dado de alta.

2.4. No se valoró que la recurrente se encontraba bajo los efectos del alcohol y que el examen toxicológico se recabó más de ocho horas después del hecho, por lo que los resultados de la pericia no determinaron el grado exacto de alcohol en su sangre.

§ Imputación fáctica y jurídica

Tercero. En la acusación fiscal (foja 300) se refirió que el diecisiete de octubre de dos mil dieciocho el agraviado Walter José Gonzaga Carrasco se encontraba libando licor desde aproximadamente las 8:00 horas con su conviviente, la procesada Mercedes Beatriz Sánchez Morales, dentro de su vivienda ubicada en la manzana H, lote 19, asentamiento humano José Olaya, distrito de Chorrillos, cuando la procesada empezó a reclamarle al agraviado por qué no reconocía públicamente al hijo de ambos ante la familia de su anterior pareja sentimental, por lo que Gonzaga Carrasco decidió comunicarse telefónicamente con un familiar de su expareja; en ese momento, la procesada, sin mediar motivo alguno, cogió un cuchillo de cocina y lo asestó contra el pecho del agraviado, para luego retirarlo.

Entonces, la víctima sujetó a la procesada, le quitó el arma blanca y la lanzó bajo una mesa; luego huyó hasta la comisaría del sector, donde narró lo sucedido y fue trasladado a un centro de salud.

Cuarto. Estos hechos fueron tipificados por el Ministerio Público como delito de parricidio tentado, previsto en el primer, segundo y tercer párrafo del artículo 107 del Código Penal (conforme a la modificación de la Ley número 30068 y la Ley número 30323) y concordado con los numerales 1 (ferocidad) y 3 (alevosía) del artículo 108 (según la modificación de la Ley número 30253), así como el artículo 16, del citado código.

Sin embargo, la Sala Penal Permanente de la Corte Superior de Justicia de Lima Sur se desvinculó de dicha calificación jurídica y condenó a la procesada por el delito de agresiones en contra de las mujeres o integrantes del grupo familiar (al que la Sala Superior refiere como “lesiones leves”), previsto en los numerales 1 y 7 del artículo 122-B del Código Penal (de conformidad con la modificación de la Ley número 30819).

§ Análisis del caso

Quinto. En la sentencia condenatoria recurrida, se declararon probados los hechos imputados en la acusación fiscal y la responsabilidad penal de la impugnante, pues el día de los hechos tanto Mercedes Beatriz Sánchez Morales (imputada) como su conviviente, Walter José Gonzaga Carrasco (agraviado), se encontraban libando licor en su domicilio y, en ese contexto y en presencia de un menor de cuatro años de edad (hijo de la procesada), aquella cogió un cuchillo de cocina y lo introdujo en el pecho del agraviado y lo retiró inmediatamente, por lo que este reaccionó, le quitó dicha arma blanca y la lanzó al suelo, para luego proceder a retirarse a buscar atención médica; momentos después, los efectivos policiales se presentaron en la vivienda, donde intervinieron a la procesada y encontraron el cuchillo de cocina en el piso, bajo una mesa.

Sexto. Dichos cargos atribuidos están probados y demostrados con las declaraciones de la encausada Mercedes Beatriz Sánchez Morales (quien reconoció el hecho) y del agraviado Walter José Gonzaga Carrasco tanto a nivel preliminar (fojas 16 y 13) como en juicio oral (fojas 372 y 377); asimismo, la imputación fue corroborada con las pericias y las demás diligencias actuadas en el curso del proceso, conforme se detalla a continuación:

i. Acta de intervención policial (foja 8, oralizada a foja 42), en que se narró la detención de la encausada en su vivienda y que esta presentaba aliento alcohólico.

ii. Parte policial S/N (foja 9), en que se dio cuenta del traslado del agraviado al hospital, así como la declaración del policía Yoner Díaz Burga (foja 376), quien se ratificó en el contenido de dicho parte.

iii. Acta de hallazgo y recojo (foja 39, firmada por la procesada y oralizada a foja 403), acta de registro domiciliario (foja 23 y oralizada a foja 402) y acta de inspección técnico policial (foja 24 y oralizada a foja 403), con las que se corroboró que se encontró un cuchillo bajo la mesa de la cocina y que presentaba, al parecer, manchas de sangre.

iv. Ficha del Reniec del menor hijo de la procesada y el agraviado (foja 58 y oralizada a foja 403), nacido el veintisiete de marzo de dos mil dieciocho, con lo que se acreditó el vínculo entre las partes.

v. Informes Periciales Forenses de Examen Toxicológico número 32447 y número 32548/18 (fojas 168 y 169, oralizados a foja 404): la procesada presentó resultado negativo para drogas y sarro ungueal, y estado subclínico (0.43 g/L.) para dosaje etílico, lo que acreditó que Sánchez Morales sí había consumido bebidas alcohólicas.

vi. Certificados Médicos Legales signados con los números 022613- VFL y 004738-PF-HC (fojas 21 y 47, y oralizados a fojas 402 y 403, respectivamente): el agraviado presentó herida punzocortante de cuatro centímetros en tórax (región infraclavicular izquierda), no se evidenciaron signos de fractura ni neumotórax, y por esta lesión requirió tres días de atención facultativa y nueve de incapacidad médico legal.

vii. Declaración del médico Manuel Vílchez Zaldívar (foja 375), que atendió al agraviado en el hospital y refirió que solo observó la herida ya suturada, y que este se encontraba estable y no en el área de pacientes graves.

Séptimo. Por lo tanto, cabe analizar si es correcto el cuestionamiento formulado por el Ministerio Público en su recurso de nulidad respecto a la desvinculación de la calificación jurídica realizada por la Sala Superior del delito de parricidio en grado de tentativa al de lesiones leves (en el contexto de violencia familiar).

Al respecto, cabe señalar que el delito de parricidio (artículo 107 del Código Penal) sanciona la conducta de quien “a sabiendas, mata a su ascendiente, descendiente, natural o adoptivo, o a una persona con quien sostiene o haya sostenido una relación conyugal o de convivencia”; mientras que el delito de lesiones que fue materia de condena (artículo 122-B del Código Penal) reprime a quien “de cualquier modo cause lesiones corporales que requieran menos de diez días de asistencia o descanso según prescripción facultativa, o algún tipo de afectación psicológica, cognitiva o conductual que no califique como daño psíquico a una mujer por su condición de tal o a integrantes del grupo familiar en cualquiera de los contextos previstos en el primer párrafo del artículo 108-B”. Es decir, ambas figuras exigen un vínculo de familiaridad entre el sujeto activo y el pasivo; sin embargo, se diferencian en el ánimo del agente, pues en el ilícito de parricidio se tiene la intención de matar y, en el de lesiones, el de lesionar1.

La oportunidad procesal para la desvinculación de la calificación jurídica se encuentra prevista en el artículo 285-A del Código de Procedimientos Penales, y puede plantearse durante el debate o al momento de la condena.

Octavo.En el caso de autos, de la declaración de las partes y de los certificados médicos del agraviado se aprecia objetivamente que:

i.Si bien la procesada usó un arma blanca para lesionar al agraviado (que era su conviviente), esta acción se produjo en circunstancias en que ambos se encontraban libando licor en su domicilio y debido a un altercado sobre un reclamo de la acusada para el reconocimiento público de su menor hijo entre la familia. Además, se trató de una única acción y el arma fue retirada inmediatamente por lo que la intensidad de la lesión no fue de gravedad ni se afectó ningún órgano interno del agraviado, y este pudo buscar ayuda médica por sus propios medios, es decir, se encontraba consciente en todo momento, y el tratamiento médico que se le brindó para su lesión fue solo de unas suturas en la zona (cuatro centímetros), y fue dado de alta el mismo día, al encontrarse estable (foja 51).

ii.De las circunstancias descritas se descarta el ánimo o intención de matar (animus necandi) de parte de la procesada, pero ello no convierte la conducta en lícita –como pretende la defensa al plantear el recurso de nulidad en el que solicitó la absolución–, sino que, al haber existido un daño en la integridad física del agraviado con una lesión menor de diez días, este supuesto se adecúa perfectamente al supuesto del tipo penal del delito de lesiones leves.

iii. Conforme a lo descrito, a la forma y las circunstancias en que ocurrió el evento y por ser evidente la relación que existía entre las partes (convivientes y padres de un menor) como integrantes de un grupo familiar, que la procesada se encontraba en ligero estado de ebriedad, que se hizo uso de un arma blanca, que la lesión del agraviado solo requirió una calificación médico legal de tres días de tratamiento médico y nueve días de incapacidad física (según los certificados médicos referidos ut supra) y que los actos se realizaron en presencia de un menor de edad, resulta adecuada  la calificación de la conducta imputada a Mercedes Beatriz Sánchez Morales como autora del delito de agresiones en contra de las mujeres o integrantes del grupo familiar, previsto en el artículo 122-B del Código Penal y no como autora del delito de parricidio tentado, materia de acusación. Por lo tanto, se concluye que la desvinculación jurídica realizada por la Sala Superior fue correcta.

Noveno.En esa línea de análisis, ratificamos los criterios que este Supremo Tribunal manifestó en anteriores pronunciamientos2, en concordancia con el fundamento jurídico 47 del Acuerdo Plenario número 01-2016/CJ-116 (“Alcances típicos del delito de feminicidio”). A fin de diferenciar la conciencia y voluntad (dolo) del agente de atentar contra la vida del agraviado (dolo de matar) o solo contra su integridad (dolo de lesionar), no es factible pretender descubrir la mente del agente al momento de los hechos, sino que el análisis debe basarse en datos corroborables anteriores, coetáneos y posteriores al hecho que permitan establecer la verdadera intencionalidad del sujeto activo, tales como la intensidad del ataque; el medio empleado (características, dimensiones e idoneidad de este); las relaciones entre las partes; el lugar o zona corporal donde se produjeron las lesiones a la víctima; la duración, el número y la reiteración de los actos de agresión; los indicios de móvil; la personalidad del agente; entre otros.

§ Determinación de la pena

Décimo. La pena privativa de libertad prevista para el referido delito es no menor de dos ni mayor de tres años, y la Sala Superior le impuso a la encausada el extremo mínimo de dicha sanción. Sin embargo, no se consideró que Sánchez Morales había consumido bebidas alcohólicas al momento de los hechos (lo que ciertamente redujo su capacidad de acción), que no contaba con antecedentes penales (foja 183) y que es madre de tres hijos menores de edad (uno de los cuales incluso solo tiene dos años de edad) que requieren una atención especial para su desarrollo biopsicosocial (que la acusada no puede brindar al encontrarse privada de su libertad), por lo que este Colegiado Supremo considera razonable y humanitario que (sobre todo en el contexto de emergencia sanitaria que atraviesa el país y por las circunstancias específicas del caso) se modifique la pena privativa de libertad impuesta de dos años a un año con seis meses, por lo que, en vista de que a la fecha la encausada ha cumplido ampliamente con dicha pena3, esta se deberá declarar compurgada y disponerse su libertad inmediata (siempre que no exista en su contra orden o mandato de detención emanado de autoridad competente).

DECISIÓN

Por estos fundamentos, los jueces integrantes de la Sala Penal Permanente de la Corte Suprema de Justicia de la República:

I. DECLARARON NO HABER NULIDAD en la sentencia del veintitrés de octubre de dos mil diecinueve (foja 418), que, previa desvinculación de la acusación fiscal por el delito de parricidio en grado de tentativa, condenó a Mercedes Beatriz Sánchez Morales como autora del delito contra la vida, el cuerpo y la salud-lesiones leves, en perjuicio del Walter José Gonzaga Carrasco, y fijó la reparación civil en S/ 2000 (dos mil soles) a favor del agraviado, con lo demás que contiene.

II. DECLARARON HABER NULIDAD en la referida sentencia en el extremo de la pena de dos años de privación de libertad; y, REFORMÁNDOLA, le impusieron un año con seis meses de pena privativa de libertad que, al haberse cumplido en exceso, debe darse por compurgada.

III. ORDENARON la inmediata libertad de la procesada Mercedes Beatriz Sánchez Morales, siempre que no exista en su contra orden o mandato de detención emanado de autoridad competente.

IV. DISPUSIERON que se comunique para tal fin, por la vía más expeditiva, a la Sala Penal Permanente de la Corte Superior de Justicia de Lima Sur.

V. HÁGASE saber a las partes personadas en esta Sede Suprema. Y los devolvieron.


1 Recurso de Nulidad número 2493-97/Amazonas.

2 Véanse los Recursos de Nulidad signados con los números 1561-2009/Cusco y 780- 2018/Lima, entre otros. 

3 Si bien la Sala Superior consigna en la sentencia, para el cómputo del plazo de cumplimiento de la condena, la fecha de su prisión preventiva (veintidós de noviembre de dos mil dieciocho), ello no resulta correcto porque, en primer lugar, el auto de prisión preventiva es del veintiuno de octubre de dos mil dieciocho (foja 128) y, en segundo lugar, la encausada se encuentra detenida desde el diecisiete de octubre de dos mil dieciocho (conforme a la notificación de foja 11), por lo que es desde esta fecha que debe computarse el cumplimiento de la pena privativa de libertad que se le imponga.

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