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CORTE SUPREMA DE JUSTICIA DE LA REPÚBLICA

SALA PENAL TRANSITORIA
RECURSO DE NULIDAD N.° 2315-2017
LIMA

ROBO AGRAVADO

SUMILLA. a. Se ha formado convicción acerca de la culpabilidad del imputado, para lo cual se ha ponderado la estructura probatoria de la declaración del testigo-víctima, de conformidad con el Acuerdo Plenario número 02-2005/CJ-116 del 30 de setiembre de 2005, más aún si se advierte la presencia de una fundamentación jurídica racional y justificada en la decisión adoptada, la cual se ampara en la pluralidad de indicios; se cumple de esa manera con la exigencia del acuerdo plenario número 01-2006/ESV-22. b. La pena impuesta no es proporcional con el injusto y la responsabilidad por el hecho, empero no podría incrementarse en razón al principio de la reformatio in peius, dado que el representante del Ministerio Público no impugnó este extremo de la decisión.

Lima, once de setiembre de dos mil dieciocho

VISTO: el recurso de nulidad interpuesto por la defensa técnica del imputado Gerson Rodolfo Boulangger Cazal (foja cuatrocientos treinta y dos) contra la sentencia del trece de julio de dos mil diecisiete (foja cuatrocientos seis), emitida por la Tercera Sala Penal para Reos en Cárcel, de la Corte Superior de Justicia de Lima; en el extremo que lo condenó como autor del delito contra el patrimonio, en la modalidad de robo agravado, en agravio de Juan Enrique Paúcar Medina, y se le impuso trece años de pena privativa de libertad, y fijó la suma de dos mil soles que deberá pagar por concepto de reparación civil a favor del agraviado. De conformidad con lo opinado por el señor fiscal supremo en lo penal.

CONSIDERANDO

HECHOS IMPUTADOS

PRIMERO. Conforme a la acusación fiscal (foja doscientos cuarenta y nueve) se imputa al encausado los siguientes hechos:

1.1 El día doce de junio de dos mil dieciséis, a las dos horas aproximadamente, el agraviado Juan Enrique Paúcar Molina salía del domicilio de su progenitora, ubicado en Jr. García Villón N.° 208, interior 8, Cercado de Lima, para tomar un taxi que lo dirigiera a su domicilio.

1.2 Fue en esas circunstancias en las que, al encontrarse a la altura de la cuadra seis del jirón Ramón Cárcamo, Cercado de Lima, apareció el procesado Gerson Rodolfo Boulangger Cazal, quien lo cogió del cuello (lo cogoteó) y lo arrojó al suelo, lo cual le ocasionó un golpe en la frente. Durante el forcejeo entre el inculpado y el agraviado, este último logró sacarle la capucha con la que se cubría el imputado; momento en el cual se cayó el teléfono celular que el agraviado traía consigo, marca Azumi de la empresa Claro (de propiedad de la Municipalidad Metropolitana de Lima). Esta situación fue aprovechada por el encausado para cogerlo, inmediatamente después se lo entregó a la coprocesada Maryorin Greis Pasión Chirinos, quien lo acompañó en todo momento. Ambos se dieron a la fuga.

1.3 Como consecuencia del golpe producto del forcejeo, el agraviado Juan Enrique Paúcar Molina presentó diversas lesiones, tal como lo describe el Certificado Médico Legal N.° 031681 (foja treinta y ocho). Asimismo, personal de la policía (abocado a las investigaciones) dio cuenta de que los inculpados Gerson Rodolfo Boulangger Cazal y Maryorin Greis Pasión Chirinos han sido plenamente reconocidos como integrantes de la organización criminal Los Malditos de Cárcamo, encargados de materializar ilícitos penales –como asaltos y robos cometidos a taxistas y transeúntes por las cuadras de la Avenida Argentina y Jirón Cárcamo–, para luego darse a la fuga y camuflarse en las diversas quintas que hay en la zona (foja seis).

FUNDAMENTOS DEL TRIBUNAL SUPERIOR

SEGUNDO. El Colegiado Superior determina que se encuentra acreditada la materialidad del delito y la responsabilidad penal del imputado, emitiendo sentencia condenatoria que se fundamenta en lo siguiente:

2.1 Existe prueba de cargo que acredita la responsabilidad penal del encausado, tales como las siguientes: a. Manifestación policial del agraviado (foja trece), en la cual narró de manera pormenorizada el suceso de los hechos, así como haber visto el rostro del encausado Boulangger Cazal; ahora bien, respecto al desistimiento del agraviado, debe prevalecer su declaración primigenia por resultar verosímil con la realidad de los hechos. b. Declaración testimonial de efectivo policial Freddy Bertony Surco Huanca, efectivo policial interviniente del procesado (foja dieciséis), verificado en presencia del representante del Ministerio Público. c. El certificado médico legal N.° 031681-L (foja treinta y ocho) que describe las lesiones sufridas por el agraviado con ocasión del robo sufrido.

2.2 El inculpado, a nivel preliminar (foja diecinueve), admitió haber participado en el hecho incriminado, aunque posteriormente lo rechazó en el interrogatorio del juicio, cuando indicó que declaró así porque la policía lo coaccionó.

2.3 En cuanto a la determinación judicial de la pena, consideró que se tuvo en cuenta la edad del encausado, quien tenía treinta y dos años al tiempo de la comisión de los hechos y contaba con antecedentes penales y policiales, por lo que debe imponerse una pena efectiva, la misma que se establece en trece años de pena privativa de libertad.

EXPOSICIÓN DE AGRAVIOS

TERCERO. Para el propósito de la nulidad de la sentencia y la consecuente absolución del imputado, su defensa técnica sustentó el recurso de nulidad (foja doscientos veintiuno) en lo siguiente:

3.1 La sentencia le causa un severo perjuicio económico y moral por ser injusta y arbitraria, pues ha vulnerado principios elementales como el principio del in dubio pro reo, en razón de que no se ha cumplido con reunir la prueba de cargo que acredite la realización del delito y de la responsabilidad penal del recurrente; por consiguiente no se ha rebatido la presunción de inocencia y, en ese sentido, se tiene que:

No se ha acreditado con documentación fidedigna la preexistencia de lo robado.

No se ha acreditado que el agraviado haya sido amenazado para cambiar su versión incriminatoria, pues en el tiempo en que se habría producido ello el procesado se encontraba detenido; lo cual se condice con la declaración jurada del agraviado en la que señala que hizo una imputación errónea por encontrarse bajo los efectos del alcohol y estar presionado por la policía.

Resulta poco creíble que el agraviado haya podido reconocer a quienes le robaron, pues se encontraba ebrio y no existe prueba que corrobore la sindicación del agraviado.

Sostiene que a nivel de la investigación preparatoria se hizo muy poco o nada para hallar la verdad de los hechos, pues se denotaron severas contradicciones en el propio informe policial, por lo que no se ha cumplido con el objeto de la instrucción –reunir la prueba de la realización del delito, las circunstancias en que se produjo, sus móviles y el grado de participación de los imputados–. Por consiguiente, el Colegiado Superior no estaba en condiciones de emitir una sentencia condenatoria.

DELIMITACIÓN DEL ANÁLISIS DEL CASO

CUARTO. La impugnación que formula el encausado evidencia su cuestionamiento a la condena impuesta, pues considera que la sentencia se sustenta en una insuficiente prueba de cargo acopiada; en ese sentido, la solución del grado se circunscribe a verificar si el Colegiado Superior ha dictado sentencia condenatoria sobre la base de una adecuada valoración de la prueba de cargo incorporada al proceso que desvirtúe la presunción de inocencia del inculpado.

FUNDAMENTOS DEL TRIBUNAL SUPREMO

QUINTO. Dos son las normas que rigen los fundamentos y criterios de valoración de la prueba penal. En primer lugar, el artículo 2, numeral 24, literal e, de la Constitución Política del Estado, consagra la presunción de inocencia; y, en segundo lugar, el artículo 283 del Código de Procedimientos Penales, que dispone que los hechos y las pruebas que los acrediten serán apreciados por los jueces conforme a las reglas de la sana critica. Ambas deben ser aplicadas bajo la preeminencia del derecho a la presunción de inocencia. Si bien el juez o la sala sentenciadora son soberanos en la apreciación de la prueba, esta no puede llevarse a cabo sin limitación alguna, sino que sobre la base de una actividad probatoria concreta –nadie puede ser condenado sin pruebas y que estas sean de cargo–, jurídicamente correcta –las pruebas han de ser practicadas con todas y cada una de las garantías que le son propias y legalmente exigibles–, con arreglo a las normas de la lógica, máximas de la experiencia –determinadas desde parámetros objetivos– y de la sana critica1.

SEXTO. En ese sentido, de la valoración de los elementos de prueba actuadas en el presente proceso, debe relievarse la declaración del agraviado, lo cual nos sitúa en lo que en doctrina se denomina declaración testifical de la víctima. Corresponde, en tal virtud, remitirnos a los parámetros de certeza establecidos como precedentes vinculantes en el Acuerdo Plenario número 02-2005/CJ-116 del treinta de setiembre de dos mil cinco, en cuanto que, tratándose de las declaraciones de un agraviado, aun cuando sea el único testigo de los hechos, posee entidad para ser considerada prueba de cargo válida y, por ende, ostentar virtualidad procesal para enervar la presunción de inocencia del imputado, siempre y cuando no se adviertan razones objetivas que invaliden sus afirmaciones. Estas garantías de certeza, que deben caracterizar la sindicación del agraviado, son las siguientes: a. AUSENCIA DE INCREDIBILIDAD SUBJETIVA –ausencia de odio, resentimiento, enemistad u otras circunstancias entre agraviado e imputado–. b. VEROSIMILITUD –coherencia y solidez de la declaración y su corroboración periférica–. c. PERSISTENCIA EN LA INCRIMINACIÓN.

SÉTIMO. Al respecto, en el examen de coherencia del relato, esto es VEROSIMILITUD INTERNA, se aprecia que el agraviado Paúcar Medina, en su declaración preliminar con presencia del representante del Ministerio Público (foja trece) da una versión coherente de los hechos ocurridos, con referencias fácticas precisas que descartan un relato con datos manifiestamente inverosímiles y carentes de lógica. En ese sentido, respecto de los hechos expone puntualmente lo siguiente:

[…] El día doce de junio de dos mil dieciséis a las dos de la madrugada aproximadamente, en circunstancias que salía de la casa de mi mamá, en el jirón García Villón número doscientos ocho Interior ocho – Cercado de Lima, para tomar un taxi e irme a mi domicilio, tal es el caso que al estar en el Jirón Ramón Cárcamo cuadra seis, aparece un sujeto y me cogotea, tirándome al piso donde me golpee la frente, por lo que forcejee y logré sacarle la capucha ploma, sin embargo logró robarme mi celular, rompiéndome el pantalón y a la vez se lo pasó a una fémina que lo acompañaba[…] [sic].

Respecto a la participación del procesado Gerson Rodolfo Boulangger Cazal en el robo en su agravio, señaló que “Lo sindicó porque en el momento que me robó, cuando forcejeamos logré sacarle la capucha y logré ver su rostro”. En la misma sede policial, al preguntársele si se ratificaba sobre su denuncia y si podía sindicar al presunto autor de los hechos en su agravio, respondió de la siguiente manera: “[…] Si me ratifico en el contenido de la denuncia y ahora que está debidamente reconocido e identificado denuncio a Gerson Rodolfo Boulangger Cazal [sic]”. A su vez, en la pregunta dieciséis de su manifestación policial relativa al uso de armas señaló “Que no, pero tengo miedo que haya represalia contra mi familia ya que este sujeto vive a tres cuadras del domicilio de mi señora madre y me han dicho que este sujeto frecuenta ese lugar, ya que tiene una pareja la cual visita [sic]”.

OCTAVO. Con relación a la VEROSIMILITUD EXTERNA de la actividad probatoria, existen elementos periféricos, concomitantes y plurales de cuya valoración conjunta contribuye a generar certeza respecto a la participación del inculpado. Así, se tiene como prueba personal la siguiente:

i) La declaración testimonial de efectivo policial interviniente Freddy Bertony Surco Huanca, quien a nivel preliminar con presencia del representante del Ministerio Público (foja dieciséis) refirió que:

[…] me encontraba de servicio policial como operador de la móvil de la móvil PL-10376 de la comisaria de Monserrate, en compañía del SOT2 Edgard Arana Ochoa, […] que cuando nos desplazábamos por la intersección del Jirón Ramón Cárcamo con la prolongación Huancavelica, se nos apersonó una persona de sexo masculino solicitando apoyo policial debido a que había reconocido al sujeto que en horas de la madrugada del día de hoy, le había robado su teléfono celular para lo cual previamente lo había tomado del cuello por la espalda y de manera violenta lo lanzó contra el pavimento, habiéndole ocasionado un hematoma a la altura de la cabeza; asimismo, durante el registro personal efectuado en el lugar de los hechos se le halló en uno de sus bolsillos del pantalón que vestía este sujeto, una bolsa plástica color negro conteniendo en su interior (40) cuarenta envoltorios de pasta básica de Cocaína y cinco (5) bolsitas conteniendo marihuana, motivo por el cual es conducido a esta comisaría para la denuncia correspondiente [sic].

Por otro lado, se posee la siguiente prueba científica:

ii) El Certificado Médico Legal N.° 031681-L (foja treinta y ocho), en la que los peritos certifican que el agraviado Juan Enrique Paúcar Medina presenta “escoriación Lineal Rojiza en región frontal tercio medio (agente contuso con borde); tumefacción con escoriación por fricción en región frontal lado izquierdo (agente contundente duro)- lesiones traumáticas recientes [sic]”, por lo que se le prescribió cuatro días de incapacidad médico legal.

NOVENO. En lo relativo a la presencia de MÓVILES ESPURIOS, durante la investigación y, esencialmente, en el juicio oral no se han incorporado evidencias que permitan establecer que la sindicación que formuló el agraviado se encontrara motivada por el odio o rencor que haya concebido precedentemente al hecho denunciado. Es de enfatizar, además, que el propio inculpado tampoco alegó en sus declaraciones brindadas en autos –declaración preliminar, foja diecinueve, y en el interrogatorio verificado en el juicio oral, foja trescientos sesenta y dos– la presencia de posibles móviles de animadversión por parte del agraviado para incriminarle la autoría del robo sufrido. Visto ello así, se supera la exigencia de certeza.

DÉCIMO. Respecto a la regla de la PERSISTENCIA EN LA INCRIMINACIÓN, la concurrencia de este requisito está mediatizada por un pedido de desistimiento del agraviado en su manifestación policial. Ante ello, cabe remitirse a lo indicado en el fundamento undécimo del Acuerdo Plenario 2-2005/CJ-116 en el que se explica que “Los requisitos expuestos, como se ha anotado, deben apreciarse con el rigor que corresponde. Se trata, sin duda de una cuestión valorativa que incumbe al órgano jurisdiccional. Corresponde al Juez o Sala Penal analizarlos ponderadamente sin que se trate de reglas rígidas sin posibilidad de matizar o adaptar al caso concreto”. En ese sentido, debe tenerse en cuenta que el agraviado se desiste de su sindicación del procesado no porque se trate de un error, sino por temor a las amenazas de las que señala haber sido víctima, lo cual no exculpa al procesado; porque, además, las declaraciones preliminares son más fidedignas por ser más cercanas al tiempo de los hechos. Aunado a ello, la declaración efectuada por el agraviado fue conforme a las exigencias del artículo 72 del Código de Procedimientos Penales. En consecuencia, la sindicación del agraviado reúne los requisitos de certeza probatoria para ser considerada prueba válida de cargo.

DÉCIMO PRIMERO. En este último aspecto, al tener la declaración efectuada por el testigo Freddy Bertony Surco Huanca, policía que intervino al procesado ante la sindicación espontánea, convencida y directa del agraviado; la sindicación del agraviado constituye prueba de cargo con solvencia para vincular al encausado Gerson Rodolfo Boulangger Cazal con el delito de robo agravado, más aún si el análisis de su responsabilidad penal es determinada mediante los indicios que están interrelacionados entre sí con el hecho base.

DÉCIMO SEGUNDO: Según lo dicho, para analizar la responsabilidad penal en base a la prueba indiciaria se debe cumplir con los requisitos establecidos en el considerando número cuatro del Acuerdo Plenario número 01-2006/ESV-222; por lo que, en el presente caso, el hecho base constituye la declaración preliminar del agraviado, mediante la cual se determinó que el imputado participó en el delito de robo agravado. Por tanto, sobre la base de esta declaración se deben analizar otros elementos como: i) El indicio antecedente: en autos (foja trescientos catorce) figura el certificado judicial de antecedentes penales del imputado Gerson Rodolfo Boulangger Cazal por los ilícitos penales de robo agravado, y violencia y resistencia a la autoridad; mediante ello se advierte la proclividad del imputado a cometer ilícitos penales de esta naturaleza. ii) El indicio de la presencia física de la propia declaración del encausado Boulangger Cazal (sesión número tres del dieciséis de mayo de dos mil diecisiete, foja trescientos sesenta y dos), se evidencia que este reconoció haber estado en el lugar de los hechos, dado que la abuela de su pareja vive cerca al lugar del evento criminal. Además, señaló que el agraviado estaba en estado de ebriedad y se advierte que el inculpado reconoció haber participado en el hecho criminoso a nivel preliminar (foja diecinueve). iii) El indicio de mala justificación, ya que el agraviado adujo en su manifestación preliminar que en el evento criminoso cayó al piso en una situación de forcejeo con el imputado, debido a ello el agraviado presentó lesiones en el cuerpo –conforme es de verse en el certificado médico legal, foja treinta y ocho–; sin embargo, esta sindicación es rechazada por el imputado alegando que no intervino en el hecho criminoso, mientras que sí refirió que sí aceptó los hechos incriminados fue en base a la presión que recibió de los efectivos policiales. Al respecto, este Supremo Tribunal advierte que el reconocimiento del encausado fue efectuado en presencia del representante del Ministerio Público y se cumplió con ello las exigencias que establece el artículo 72 del Código de Procedimientos Penales, en tanto la diligencia realizada tiene la aptitud probatoria.

DÉCIMO TERCERO: De tal forma, según el Acuerdo Plenario número 01-2006/ESV-22, se cumple con los siguiente cuatro presupuestos: el hecho base (declaración preliminar del agraviado); la pluralidad de indicios (el indicio antecedente, indicio de la presencia física y el indicio de mala justificación); circunstancias concomitantes dado que los indicios periféricos corroboran y fortalecen que fue el encausado quien participó en el hecho incriminado; y, finalmente, los tres indicios están interrelacionados entre sí (la personalidad del imputado, la presencia física y mala justificación).

DÉCIMO CUARTO: Por su parte, el inculpado brindó una versión exculpatoria de los hechos que no es coherente, dado que su declaración preliminar fue efectuada en presencia del representante del Ministerio Público y fue en esta diligencia que admitió los hechos con un grado de detalle que se condice con la sindicación del agraviado.

DÉCIMO QUINTO. De otro lado, se advierte la concurrencia como prueba de descargo: el acta de desistimiento legalizada en la que el agraviado señala que por haber estado bajo los efectos del alcohol y presión policial, emocional y psicológica. Al respecto, se advierte que la referida declaración jurada no reviste validez probatoria dado que fue generada en un contexto distinto al de su actuación ante un órgano jurisdiccional, por lo que la declaración jurada no tiene rango de medio de prueba, ni tampoco ha sido ofrecida como tal.

DÉCIMO SEXTO. En ese sentido, los agravios del inculpado tampoco pueden prosperar, porque los mismos no se manifiestan en la forma que se expone en el recurso de nulidad. Así, es de precisar que respecto a la sindicación como integrante de la organización de Los malditos de Cárcamo, esta no ha sido acreditada, pero tampoco ha sido valorada para determinar la responsabilidad penal; empero, como se advirtió líneas arriba, la responsabilidad penal se sustenta con el reconocimiento pleno al imputado de parte del agraviado y la sindicación como el responsable del robo agravado. Además, se cuenta con indicios que vinculan al recurrente como la persona responsable de los hechos incriminados.

DÉCIMO SÉTIMO. De la misma manera, este Supremo Tribunal advierte que respecto a la preexistencia del bien robado, este elemento debe ser valorado conforme ya lo ha establecido las Corte Suprema –Recurso de Nulidad N° 114-2014, Loreto3, en la que se señaló que en nuestro ordenamiento la prueba se rige por el sistema de valoración razonable y proporcional (sana crítica). En virtud de ello, el juzgador dispone de un sistema de evaluación de los medios probatorios, por lo que si no existe boleta, factura o comprobante de pago que corrobore la cuantía del bien, es válido dar por acreditada la preexistencia del mismo con la prueba personal, evidenciada a través de la propia sindicación del agraviado y que se corrobora con el certificado médico legal antes citado, de lo cual se infiere que el procesado, para apoderarse del teléfono celular que tenía el agraviado, se valió de violencia física. En ese sentido, también este agravio debe ser desestimado.

DÉCIMO OCTAVO. Ahora bien, respecto al desistimiento del agraviado en cuanto a su declaración preliminar, se advierte que, en razón a las máximas de la experiencia, la sana crítica y la lógica, es posible inferir que el agraviado ha sufrido represalias y amenazas por parte del inculpado, dado que la intervención policial fue realizada en una zona cercana a la de los hechos –el agraviado fue víctima de robo cuando salía de la casa de su madre por el jirón García Villón N° 208–; conforme a la hoja básica de identificación (foja veintiocho), el imputado domicilia en jirón Las Piñas 199, urbanización Naranjal, San Martin de Porres. Aún más, el propio encausado reconoció que la madre de su conviviente vive por Ramón Cárcamo, por lo que se infiere que la cercanía de los domicilios entre el agraviado y el imputado, influyeron en las amenazas debido a que el agraviado desistió de su incriminación. Tanto más, se desestima este agravio en razón que el procesado no acreditó con medio más idóneo dicho extremo.

DÉCIMO NOVENO. Referente al agravio del derecho a la defensa y el debido proceso, se advierte que el inculpado desde el inicio ha contado con su defensa y ha respetado las reglas que exige el Código de Procedimientos Penales, si bien es cierto que su abogado fue de oficio; sin embargo, se debe precisar que el inculpado lo aceptó como patrocinante, como consta en el acta de foja treinta y nueve, por lo que no implica la indefensión del imputado. Tanto más, se advierte que en la diligencia preliminar se encontraba la representante del Ministerio Público, por lo que este agravio también debe ser desestimado.

VIGÉSIMO. Asimismo, respecto a la omisión de un debido reconocimiento o mayores actuaciones probatorias, lo que acarrearía insuficiencia probatoria e incluso la aplicación del indubio pro reo y prevalencia de la presunción de inocencia del procesado, se advierte que, revisados los autos y conforme a lo consignado en los considerandos precedentes, hay suficiente material probatorio que ha sido valorado debidamente por el Colegiado y, en consecuencia, la enervación de la presunción de inocencia del recurrente acreditando su responsabilidad penal han sido realizadas conforme a derecho y a ley.

VIGÉSIMO PRIMERO. Asimismo, previo a la determinación de la pena al encausado Gerson Rodolfo Boulangger Cazal se debe precisar que fue condenado a trece años de pena privativa de la libertad, coincidiendo con la pena solicitada por el representante del Ministerio Público en su acusación fiscal (foja doscientos sesenta y dos).

VIGÉSIMO SEGUNDO. La pena prevista para el delito de Robo agravado, conforme al artículo 189 del Código Penal, es no menor de doce ni mayor de veinte años de pena privativa de libertad. En el presente caso se tiene que la realización del hecho fue consumada y no cuenta con ninguna circunstancia atenuante privilegiada para imponer una pena por debajo del mínimo legal. Además, debe considerarse que el imputado GERSON RODOLFO BOULANGGER CAZAL cuenta con antecedentes penales (foja trescientos catorce) y tiene el grado de instrucción de secundaria completa, tanto más si la Sala Penal Superior no consideró la pluralidad de agentes delictivos, por lo que la pena impuesta no se ajusta a derecho; sin embargo, en razón al principio de la reformatio in peius, no se puede incrementar la pena dado que el representante del Ministerio Público no recurrió a dicho extremo. En consecuencia, la pena impuesta debe ser confirmada.

DECISIÓN

Por estos fundamentos declararon NO HABER NULIDAD en la sentencia del trece de julio de dos mil diecisiete (foja cuatrocientos seis), emitida por la Tercera Sala Penal para Reos en Cárcel de la Corte Superior de Justicia de Lima, en el extremo que condenó a Gerson Rodolfo Boulanger Cazal como autor del delito contra el patrimonio, en la modalidad de robo agravado, en agravio de Juan Enrique Paúcar Medina; con lo que se le impuso trece años de pena privativa de libertad efectiva y se fijó la suma de dos mil soles por concepto de reparación civil a favor del agraviado; con lo demás que contiene dicha sentencia; y, los devolvieron.


1 Fundamento Jurídico 6 del Acuerdo Plenario 2-2005/CJ-116 del 30-09-2005.

2 El Acuerdo Plenario número cero uno guion dos mil seis oblicua ESV guion veintidós, de las Salas Penales Permanente y Transitorias de la Corte Suprema de la República, fija de la siguiente manera: “Que, respecto al indicio, (a) éste – hecho base – ha de estar plenamente probado – por los diversos medios de prueba que autoriza la ley -, pues de lo contrario sería una mera sospecha sin sustento real alguno, (b) deben ser plurales, o excepcionalmente únicos pero de una singular fuerza acreditativa, (c) también concomitantes al hecho que se trata de probar – los indicios deben ser periféricos respecto al dato fáctico a probar, y desde luego no todos lo son, y (d) deben estar interrelacionados, cuando sean varios, de modo que se refuercen entre sí y que no excluyan el hecho consecuencia –no sólo se trata de suministrar indicios, sino que estén imbricados entre sí– (…); que, en lo atinente a la inducción o inferencia, es necesario que sea razonable, esto es, que responda plenamente a las reglas de la lógica y la experiencia, de suerte que de los indicios surja el hecho consecuencia y que entre ambos exista un enlace preciso y directo [sic]”.

3 Corte Suprema. Sala Penal Transitoria, del 22 de setiembre de 2015.

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