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Robo agravado. La insuficiencia probatoria determina la absolución

CORTE SUPREMA DE JUSTICIA DE LA REPÚBLICA

SALA PENAL PERMANENTE
R. N. N.° 302-2019
LIMA NORTE

Insuficiencia probatoria determina la absolución del acusado.

La declaración de la agraviada, por no ser uniforme y entrar en contradicciones e imprecisiones, no constituye prueba fiable. Se prescindió su concurrencia al juicio, así como del testigo (progenitor). No existen además otras pruebas que determinen la responsabilidad penal, por tanto se debe resolver de conformidad con el artículo 284 del Código de Procedimientos Penales.

Lima, once de febrero de dos mil veinte

VISTOS: El recurso de nulidad formulado por el representante del Ministerio Público contra la sentencia emitida el doce de diciembre de dos mil dieciocho por los jueces integrantes de la Primera Sala Penal Liquidadora de la Corte Superior de Justicia de Lima Norte, que absolvió a José Luis Granados Aparicio y Juan Carlos Torres Yépez de los cargos formulados en la acusación fiscal por el delito contra el patrimonio-robo agravado, en perjuicio de Susan Briggithe Machado Kaizen.

Intervino como ponente el señor juez supremo Sequeiros Vargas.

CONSIDERANDO

Primero. Fundamentos de la impugnación

1.1. No se encuentra conforme con la decisión absolutoria, ya que la Sala no ha valorado adecuadamente los hechos y las pruebas incorporadas al proceso.

1.2. En autos obra la declaración de la agraviada en presencia del fiscal y el reconocimiento que efectuó respecto a los agentes delictivos, que averiguó la identidad de estos por sus apodos en razón de las referencias de los vecinos, así como con la declaración de su progenitor.

1.3. La preexistencia del bien también se encuentra acreditada.

Segundo. Contenido de la acusación

Se imputó a los acusados que el veintiocho de julio de dos mil once, aproximadamente a las 16:45 horas, junto con otra persona no identificada, se apoderaron ilegítimamente de una laptop Lenovo de propiedad de la agraviada mientras esta se encontraba en el interior del vehículo de su padre, que estaba estacionado en el frontis de su vivienda, ubicada en el jirón Aparicio Robles 137, urbanización Miguel Grau, en el distrito de San Martín de Porres. En circunstancias en que trataban de arrebatarle la laptop y que aquella se resistía, el acusado Granados Aparicio la amenazó con un arma de fuego y el sujeto no identificado coaccionó al padre de la víctima con un cuchillo para que no interviniera. Finalmente, se dieron a la fuga con el bien sustraído.

Tercero. Fundamentos de la sentencia impugnada

3.1. No se acreditó la responsabilidad penal de los acusados; pues, pese a existir una sindicación preliminar de la agraviada, era necesaria su concurrencia al juicio oral para esclarecer algunos aspectos acerca de las circunstancias en que tomó conocimiento de la identidad de sus asaltantes. En todo caso esa declaración preliminar no estuvo sometida a contradicción como forma regular de validar una prueba.

3.2. De otro lado, la testimonial de Efrén Machado Neira, padre de la agraviada, no se realizó en presencia del representante del Ministerio Público.

3.3. El reconocimiento fotográfico no se llevó a cabo con las formalidades establecidas en el artículo 146 del Código de Procedimientos Penales, lo que generó duda.

3.4. Los acusados, en su defensa, argumentaron que la sindicación debió tratarse de una confusión.

3.5. Por todo ello, existió insuficiencia probatoria.

Cuarto. Fundamentos del Tribunal Supremo

4.1. Una de las garantías procesales-genéricas de todo justiciable es el debido proceso, por lo que una persona que ha sido acusada debe ser merecedora de una condena únicamente si se ha llegado a desvirtuar la presunción de inocencia que le asiste, con medios de prueba válida y actuada dentro del proceso penal. De no ser así, corresponde su absolución.

4.2.En el caso de autos, las pruebas que han sostenido la acusación son la declaración preliminar de la agraviada en presencia del fiscal, el reconocimiento fotográfico y la declaración preliminar del testigo y padre de la víctima. Sin embargo, para poder llegar a la decisión de condena, estas deben ser valoradas en su conjunto y no aisladamente.

4.3. Así tenemos que, en cuanto a la sindicación de la agraviada respecto a los absueltos, aun cuando las diligencias preliminares en que declaró fueron con presencia del fiscal, su versión resulta contradictoria e incoherente, y no cuenta con la corroboración periférica idónea que la respalde.

4.4. Tanto es así que en su declaración preliminar refirió inicialmente que el procesado Granados Aparicio la amenazó con un arma de fuego y que el tercer sujeto no identificado intimidó a su padre con un cuchillo, para más adelante referir que Torres Yépez conminó a su padre con un arma de fuego y que el sujeto no identificado también tenía arma de fuego con que coaccionaba a su padre, por lo que existe contradicción en el tipo de arma empleada y la persona que la poseía.

4.5. La agraviada, además, refirió que el acusado Granados Aparicio vivía a dos cuadras de su casa –pero este no la conocía– y que los vecinos los conocían como delincuentes y fueron ellos quienes le dieron sus nombres. Sin embargo, no obra en autos ninguna testimonial de algún vecino que hubiera presenciado los hechos imputados y pudiera precisar fehacientemente que los procesados identificados por ellos fueron los que despojaron de la laptop a la agraviada. En todo caso, su afirmación no tiene respaldo que la sustente y es solo su dicho.

4.6. Asimismo, Machado Kaizen brindó en su declaración las características físicas del procesado Torres Yépez (era de tez trigueña) y dijo que reconoció a Granados Aparicio por un parche que llevaba en el cuello, y en el acta de reconocimiento fotográfico agregó que este tiene una cicatriz en el cuello (corte). Sin embargo, conforme se advierte de la ficha del Reniec del procesado Torres Yépez1, su tez no corresponde a la descripción efectuada y, conforme al certificado médico legal efectuado al procesado Granados Aparicio2, este solo presenta una cicatriz en la región abdominal y tatuajes en diferentes partes del cuerpo. Por ende, no existe correspondencia entre lo descrito y los rasgos de los imputados.

4.7. Asimismo, la agraviada refirió, en cuanto al procesado Torres Yépez, que vivía por su barrio y que su enamorada se llamaba Rosita; empero, esto no ha sido corroborado con alguna prueba idónea que lo acredite.

4.8. Por su parte, el testigo Efrén Alfonso Machado Neira prestó su declaración preliminar sin contar con la presencia del fiscal, por lo que no puede ser tomada como prueba válida de cargo en razón de que se infringe el criterio de contradicción.

4.9. Finalmente, pese a que fueron solicitadas en la acusación fiscal las testimoniales de la agraviada y de su progenitor para el juicio oral y que se les notificó para dicho acto, se dio cuenta en audiencia de que las direcciones de estos eran inexistentes, por lo que fue el propio representante del Ministerio Público quien prescindió de dichas testimoniales.

4.10. En consecuencia, al permanecer incólume el principio de presunción de inocencia que asiste a los procesados por derecho constitucional y al no obrar en autos otros medios de prueba de cargo que acrediten su responsabilidad penal, se deberá proceder de conformidad con lo previsto en el artículo 284 del Código de Procedimientos Penales. En suma, la decisión de la Sala Superior debe mantenerse.

DECISIÓN

Por estos fundamentos, los jueces integrantes de la Sala Penal Permanente de la Corte Suprema de Justicia de la República:

I. DECLARARON NO HABER NULIDAD en la sentencia emitida el doce de diciembre de dos mil dieciocho por los jueces integrantes de la Primera Sala Penal Liquidadora de la Corte Superior de Justicia de Lima Norte, que absolvió a José Luis Granados Aparicio y Juan Carlos Torres Yépez de los cargos formulados en la acusación fiscal por el delito contra el patrimonio-robo agravado, en perjuicio de Susan Briggithe Machado Kaizen; con lo demás que contiene.

II. MANDARON que se transcriba la presente ejecutoria suprema al Tribunal de origen. Hágase saber.

Intervino el señor juez supremo Castañeda Espinoza por periodo vacacional del señor juez supremo Coaguila Chávez.

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