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CORTE SUPREMA DE JUSTICIA DE LA REPÚBLICA

SALA PENAL PERMANENTE
RECURSO DE NULIDAD N.° 920-2019
MADRE DE DIOS

El objeto material en el delito de tráfico ilícito de drogas

Cuando no se haya acreditado con prueba suficiente la idoneidad del objeto material (droga) para producir efectos o estragos en el organismo, no es factible sostener la existencia de delito ni lesión al interés jurídico tutelado, a fortiori, cuando no se acredita la existencia de droga en la que se pueda practicar examen pericial.Lima, veintidós de septiembre de dos mil veinte

VISTOS: los recursos de nulidad interpuestos por la defensa técnica de los procesados Lucio López Rodríguez y Randolph López Rodríguez, la parte civil (Procuraduría Pública a cargo de los Asuntos Judiciales del Ministerio del Interior) y el representante del Ministerio Público contra la sentencia del once de abril de dos mil diecinueve (foja 1186), que condenó a los citados procesados como coautores del delito contra la salud pública-tráfico ilícito de drogas en la modalidad de favorecimiento al consumo y tráfico de drogas, alcaloide de cocaína, mediante actos de acondicionamiento y transporte, cometidos por organización dedicada a su tráfico a nivel internacional, en agravio del Estado, a dieciocho años de pena privativa de libertad, doscientos días multa e inhabilitación, de conformidad con lo dispuesto en los numerales 1, 2, 4, 5 y 8 del artículo 36 del Código Penal, por un plazo de cinco años, y fijó en S/ 8000 (ocho mil soles) el monto por concepto de reparación civil que pagarán los condenados solidariamente a favor del Estado peruano. De conformidad con el dictamen del señor fiscal supremo en lo penal.

Intervino como ponente el señor juez supremo Coaguila Chávez.

CONSIDERANDO

§ I. Expresión de agravios

Primero. La defensa técnica de los procesados Lucio y Randolph López Rodríguez en los recursos incoados (fojas 1226 y 1240, respectivamente) solicitan su absolución sobre la base de los siguientes argumentos:

1.1. Se acreditó que los sentenciados Jancarlo Alí España Granados y Eduardo Jesús Rodríguez Holgado fueron detenidos y condenados el veintiocho de marzo de dos mil seis, por la droga incautada, que pertenece al conocido como Giovanni, Cholito o Negrito.

1.2. En ese sentido, se probó que los recurrentes no participaron en el evento delictivo del veintiocho de marzo de dos mil seis en que fueron intervenidos España Granados y Rodríguez Holgado; de modo que fueron comprendidos en una investigación preliminar que dio lugar a una irregular denuncia y apertura de instrucción.

1.3. Se quebrantaron los derechos a la motivación de las resoluciones judiciales y a la defensa, y también los principios procesales del debido proceso, legalidad, tutela jurisdiccional efectiva y presunción de inocencia, ya que se encuentran imbuidos en un hecho que no fue probado, pues las actas de reconocimiento realizadas por España Granados y Rodríguez Holgado son irrelevantes y carecen de eficacia probatoria, dado que el ilícito atribuido se consuma con la incautación de la sustancia ilícita que no ocurrió. Por otro lado, la versión incriminatoria de los referidos sentenciados no guarda correlación con el evento delictivo del veintiocho de marzo de dos mil seis, por lo que argumentar que la intervención de los procesados permite el conocimiento de actividades ilícitas previas carece de sustento legal, dado que las actividades presuntamente ilícitas (viajes a Argentina supuestamente para llevar sustancias ilícitas) deben ser corroboradas con la incautación de la droga objeto del ilícito.

1.4. A lo anterior se aúna que la sindicación efectuada por los sentenciados España Granados y Rodríguez Holgado resulta contradictoria; y que, igualmente, no se consideró que muchas veces las delaciones obedecen a lograr la reducción de la pena.

Segundo. La parte civil (Procuraduría Pública a cargo de los Asuntos Judiciales del Ministerio del Interior), en el recurso incoado (foja 1261), cuestiona el monto de S/ 8000 (ocho mil soles) fijado como reparación civil, por resultar exiguo, y solicita su incremento a S/ 30 000 (treinta mil soles), pues se debe considerar la cantidad de la sustancia ilícita, el daño ocasionado, la magnitud del hecho delictivo y el número de individuos que participaron en su comisión, sobre la base de los principios de suficiencia y razonabilidad o proporcionalidad. De otro lado, requiere que se tenga en cuenta el Recurso de Nulidad número 1895-2016/Callao. Precisa que los procesados son parte de una mafia dedicada al tráfico ilícito de drogas y que operó en varias oportunidades en el mercado internacional, como quedó acreditado, lo que da como resultado el traslado de la sustancia ilícita de 12.566 kilogramos, cuyo costo por kilo en la frontera del Perú es de USD 2300 (dos mil trescientos dólares americanos) que, al multiplicarse por la cantidad de droga señalada, produce una ganancia de USD 28 901.80 (veintiocho mil novecientos un soles con ochenta céntimos), que multiplicados por S/ 3.20 hacen un total de S/ 92 485.76 (noventa y dos mil cuatrocientos ochenta y cinco soles con setenta y seis céntimos). Entonces, la suma fijada no representa ni el 10% de las ganancias que obtuvieron, por lo que debe incrementarse.

Tercero. El representante del Ministerio Público, en el recurso incoado (foja 1268), cuestiona la sentencia impuesta, con base en los siguientes argumentos:

3.1. Respecto al procesado Randolph López Rodríguez, la Sala Superior se desvinculó incorrectamente de la acusación fiscal y no consideró el penúltimo párrafo del artículo 297 del Código Penal (cabecilla de la organización criminal); asimismo, para fijar la sanción, no consideró los antecedentes desarrollados en el numeral 38 de la sentencia ni aplicó el artículo 46 del Código Penal.

3.2. En cuanto al encausado Lucio López Rodríguez, tampoco se tomaron en cuenta los antecedentes desarrollados en el numeral 38 de la sentencia cuestionada, por lo que no se aplicó correctamente el artículo 46 del Código Penal, es decir, las circunstancias de atenuación y agravación para establecer la pena.

3.3. En ese sentido, se advierte que se rebajó indebidamente el monto de la reparación civil, el cual se deberá incrementar, en atención al daño causado que alcanza nivel internacional.

3.4. En tal sentido, en el proceso las pruebas no fueron valoradas con eficiencia. El Tribunal Constitucional en la STC 06712-2005-PHC/TC desarrolló la afectación del derecho a la prueba y motivación de las resoluciones judiciales, que ocurre en autos. Al obviarse la tipicidad objetiva y la motivación, también se afectó el debido proceso, máxime con una desvinculación que no cumple los requisitos de ley y se resuelve con atenuantes que no están probadas. Las penas deben sujetarse a derecho.

3.5. Debe fijarse la sanción solicitada en la acusación para ambos procesados.

§ II. Imputación fiscal

Cuarto. De la acusación fiscal (foja 353) se desprende que aproximadamente a las 13:00 horas del veintiocho de marzo de dos mil seis, fueron intervenidos los sentenciados Eduardo Jesús Rodríguez Holgado y Jancarlo Alí España Granados, quienes arribaron de la ciudad de Lima a Puerto Maldonado, para posteriormente usar los servicios de la empresa de transportes Nuevo Perú. Ambos se dirigieron a la agencia de dicha empresa, ubicada en el jirón Piura de la localidad de Tambopata, donde fueron intervenidos por la Policía Nacional del Perú y, posteriormente, trasladados al Hospital Santa Rosa, en donde, al ser sometidos a exámenes de rayos X, se determinó que llevaban en el estómago cápsulas que contenían clorhidrato de cocaína; el condenado Eduardo Jesús Rodríguez Holgado llegó a expulsar ciento nueve cápsulas con un peso neto de 1 kilo y doce gramos, y el sentenciado Jancarlo Allí España Granados, 88 cápsulas que contenían un peso neto de 903 gramos, conforme a las actas de comiso, prueba de campo, pesaje y lacrado de drogas (fojas 50 a 53) y los resultados preliminares de análisis químico refrendados por los Dictámenes Periciales de Química número 7389/06 y número 7390/06 (fojas 288 a 291).

Durante las investigaciones preliminares se evidenció que, en abril de dos mil cuatro, el sentenciado Eduardo Jesús Rodríguez Holgado fue captado por Edgar Santana Rojas, quien le propuso transportar droga y, además, le presentó al procesado Randolph López Rodríguez. Ellos lo entrenaron para que logre pasar aceitunas íntegras al estómago. Luego el imputado Lucio López Rodríguez le entregó 210 (doscientas diez) cápsulas, de las cuales logró ingerir 110 (ciento diez). Posteriormente, el veintidós de mayo de dos mil cuatro, enrumbó a la ciudad de Buenos Aires (Argentina), donde hizo la entrega de la droga y a su retorno recibió del procesado Randolph López Rodríguez, dueño de la droga, USD 290 (doscientos noventa dólares americanos). Después, el referido sentenciado realizó tres viajes más: en el primero, el doce de diciembre de dos mil cuatro, transportó 140 (ciento cuarenta) cápsulas, en el segundo, el veintiséis de febrero de dos mil cinco, transportó 155 (ciento cincuenta y cinco), y en el tercero, el siete de julio de dos mil cinco, 160 (ciento sesenta) cápsulas. Por cada uno de los viajes que realizaba, los propietarios de la droga Randolph López Rodríguez –jefe de la organización delictiva– y Lucio López Rodríguez, le proporcionaban pasajes de ida y vuelta, ropa nueva y una bolsa de viaje; así, recibió como pago por el traslado las sumas de USD 425, USD 500 y USD 550 (cuatrocientos veinticinco, quinientos y quinientos cincuenta dólares americanos, respectivamente). Por tales acciones, el sentenciado Eduardo Jesús Rodríguez Holgado hizo del transporte ilícito de drogas su modo de vida e integró una organización delictiva encabezada por Randolph López Rodríguez, conforme al registro de ingresos y salidas del país.

El procesado Randolph López Rodríguez y el sentenciado Eduardo Jesús Rodríguez Holgado intimidaron al sentenciado Jancarlo Alí España Granados, quien había sido captado por Lucio Augusto Guzmán Simpe, para que aceptase transportar drogas, le indicaron que conocían los movimientos de su hermana y su madre, por lo que aceptó realizar viajes al extranjero. Así, en febrero de dos mil cinco, fue adiestrado por el procesado Randolph López Rodríguez y luego se le ordenó ingerir 200 (doscientas) cápsulas, de las cuales solo pudo ingerir 23 (veintitrés). Luego fue enviado a la ciudad de Buenos Aires a entregar la droga a una persona identificada como Diego, por lo que recibió una contraprestación económica.

En marzo de dos mil cinco, el condenado Jancarlo Alí España Granados se encontró con el sentenciado Eduardo Jesús Rodríguez Holgado, quien le propuso que buscara a otras personas que pudieran viajar, y que a cada una se le pagaría la suma de USD 50 (cincuenta dólares americanos), propuesta que no aceptó. Sin embargo, fue convencido de viajar a la ciudad de Buenos Aires para llevar dinero –aproximadamente cinco mil dólares–, para ser entregado a una persona identificada como Diego. El quince de febrero de dos mil seis, el condenado Eduardo Jesús Rodríguez Holgado le indicó que había un trabajo de llevar droga a Brasil, y también a Buenos Aires, de lo cual se desprende que este sentenciado integraba dos organizaciones delictivas a la vez, la del procesado Randolph López Rodríguez y la del denominado Giovanni, Cholito o Negro.

Así, el sentenciado Jancarlo Alí España Granados optó por viajar a Buenos Aires llevando 82 (ochenta y dos) cápsulas, y retornó el ocho de marzo de dos mil seis a Lima, llevando un fajo de billetes de dólares americanos, dinero que entregó al imputado Randolph López Rodríguez; en esa oportunidad, recibió la suma de USD 680 (seiscientos ochenta dólares americanos) y fue prácticamente un integrante de la organización criminal encabezada por Randolph López Rodríguez.

§ III. Fundamentos del Tribunal Supremo

A. Antecedentes

Quinto. En la presente causa se emitieron diferentes pronunciamientos:

5.1. La sentencia del diecisiete de septiembre de dos mil siete (foja 435), en que los acusados Eduardo Jesús Rodríguez Holgado y Jancarlo Alí España Granados, tras comprobarse tanto el rol de captador de burriers y a la vez transportador de drogas del primero como la participación del segundo en el evento delictivo como integrantes de una organización criminal, mas no el rol de cabecillas o jefes de esta, fueron condenados por el delito de tráfico ilícito de drogas en la modalidad agravada (artículo 296, en concordancia con el numeral 6 del artículo 297 del Código Penal vigente al momento de los hechos) a quince y doce años de pena privativa de libertad, respectivamente, trescientos días multa e inhabilitación por cinco años para obtener mandato, cargo, empleo o comisión de carácter público, así como incapacidad para realizar comercio internacional por cuenta propia o por intermedio de terceros, conforme a los numerales 1, 2 y 4 del artículo 36 del Código Penal; se les fijó la suma de S/ 4000 (cuatro mil soles) como reparación civil, que debían pagar a favor de la parte agraviada, y se reservó el juzgamiento de los reos ausentes Lucio López Rodríguez, Lucio Augusto Guzmán Simpe, Edgar Santana Rojas y Randolph López Rodríguez. La sentencia fue revocada en el extremo de la pena impuesta a Jancarlo Alí España Granados y reformándola le impuso quince años de sanción, como se desprende de la Ejecutoria Suprema del Recurso de Nulidad número 568-2008 (foja 504).

5.2. Después se emitió la sentencia del veintisiete de mayo de dos mil diez (foja 602) en que el acusado Lucio Augusto Guzmán Simpe, tras haberse acreditado su participación en el delito de tráfico ilícito de drogas agravado, fue condenado a quince años de pena privativa de libertad, doscientos días multa e inhabilitación, conforme a los numerales 1, 2, 4 y 5 del artículo 36 del Código Penal, y se le fijó la suma de S/ 4000 (cuatro mil soles) por concepto de reparación civil, que debía pagar a favor de la parte agraviada, y reservaron el juzgamiento con relación a los otros acusados ausentes. La sentencia fue reformada y el referido procesado fue absuelto de la acusación fiscal, mediante la Ejecutoria Suprema del Recurso de Nulidad número 2460-2010 (foja 674).

5.3. Posteriormente, se emitió la sentencia absolutoria del veintidós de noviembre de dos mil once (foja 729) en favor del procesado Edgar Santana Rojas, al no haberse acreditado su participación en el delito de tráfico ilícito de drogas agravado atribuido, y se dispuso el archivo definitivo del proceso. La sentencia fue confirmada mediante ejecutoria suprema, Recurso de Nulidad número 1628-2012, del veintiuno de enero de dos mil catorce (según el Sistema Integrado de Justicia-SIJ).

5.4. Finalmente, los procesados Lucio y Randolph López Rodríguez, mediante la sentencia del veintidós de junio de dos mil diecisiete (foja 1018), fueron absueltos del ilícito atribuido. La referida sentencia fue declarada nula mediante ejecutoria suprema, Recurso de Nulidad número 2258-2017, del seis de febrero de dos mil dieciocho (foja 1096), debido a que la sentencia de primera instancia no se encontraba debidamente motivada, pues la conclusión expresada por el Colegiado Superior no era válida, al basarse en la falta de sindicación de los intervenidos España Granados y Rodríguez Holgado hacia Lucio y Randolph López Rodríguez; así, se requirió que se analicen las múltiples declaraciones brindadas por los ya sentenciados, conforme al Acuerdo Plenario número 2-2005/CJ-116 y el fundamento quinto de la Ejecutoria Suprema Vinculante número 3044-2004-Lima, y en especial que se evalúe el comportamiento de Rodríguez Holgado durante el proceso. También señaló que no se valoraron las actas de reconocimiento que efectuaron los condenados, en que reconocen a los procesados como jefe e integrante de la organización criminal y como propietarios de la droga que trasladaron en reiteradas ocasiones hacia Buenos Aires. Del mismo modo, no se expresaron las conclusiones sobre la diligencia de confrontación entre España Granados y Rodríguez Holgado; por otro lado, la Sala Superior habría empleado como motivo para absolver, un dato falso: Lucio López Rodríguez se hallaba privado de su libertad por sentencia del trece de junio de dos mil cinco, pero la sentencia que obra en autos es del once mayo de dos mil seis, razón por la cual se ordenó que se analice este extremo.

B. Análisis del caso concreto

Sexto. Realizado el juicio oral respectivo, se emitió la sentencia materia de grado que se encuentra cuestionada tanto por los procesados Lucio y Randolph López Rodríguez (que sostienen su inocencia) como por el procurador a cargo de los Asuntos Judiciales del Ministerio del Interior (que requiere que se incremente la reparación civil) y el Ministerio Público (que requiere que se condene a Randolph López Rodríguez como cabecilla de la organización criminal, se incremente la pena a ambos procesados y, del mismo modo, se suba el monto de la reparación civil).

Séptimo. El cuestionamiento central de los procesados parte del argumento de que la vinculación de los recurrentes se basa en la sola declaración, que incluso resulta contradictoria, de los ya sentenciados España Granados y Rodríguez Holgado, pero que la versión incriminatoria de estos no guarda correlación con el evento delictivo del veintiocho de marzo de dos mil seis, en que los últimos fueron detenidos y por el que incluso fueron sentenciados, por lo que argumentar que la intervención de estos permite el conocimiento de actividades previas carece de sustento legal, pues las actividades presuntamente ilícitas (viajes a Argentina para supuestamente llevar sustancias ilícitas) deben ser corroboradas con la incautación de la droga objeto del ilícito. En suma, si no existe el objeto material del delito no puede acreditarse la conducta atribuida.

Octavo. La Sala Superior, en el considerando 14, literal a, de la sentencia materia de grado, para analizar la causa, parte de la imputación efectuada en la acusación fiscal, esto es, que Randolph López Rodríguez era jefe de la organización criminal dedicada al tráfico ilícito de drogas y que, como propietario de la droga, se la entregó a Eduardo Jesús Rodríguez Holgado para ser transportada a Argentina en la modalidad de ingesta; los viajes se realizaron entre mayo de dos mil cuatro y julio de dos mil cinco, él los financió y le pagó a Rodríguez Holgado por ello. Adicionalmente, que intimidó a Jancarlo Alí España Granados para transportar droga en la misma modalidad y al mismo destino, lo que realizó en febrero de dos mil cinco. Finalmente, que en marzo de dos mil seis recibió dinero que España Granados trajo de Argentina, por un viaje que realizó bajo la supervisión de Rodríguez Holgado. En cuanto a Lucio López Rodríguez, se señaló que participó en la organización criminal dedicada al tráfico de drogas y, como tal, entregó droga a Rodríguez Holgado para trasportarla a Argentina, en la modalidad de ingesta; los viajes se realizaron entre mayo de dos mil cuatro y julio de dos mil cinco. El Colegiado Superior, posteriormente, analiza la sindicación efectuada por los sentenciados España Granados y Rodríguez Holgado para acreditar el hecho.

Por tales motivos, concluye (fundamento 36) que se determinó que no hay relación entre los acusados López Rodríguez y el traslado de droga a Brasil (que dio lugar a la intervención de España Granados y Rodríguez Holgado el veintiocho de marzo de dos mil seis). Y continúa señalando que la intervención realizada a España Granados y Rodríguez Holgado es un evento que permite conocer las actividades ilícitas previas y que, por tanto, carece de objeto pronunciarse sobre las actas de intervención de pesaje, registro personal y otros, pues ello tiene que ver con el evento descubrimiento, pero no con las conductas incriminadas a los procesados López Rodríguez.

Noveno. El delito de tráfico ilícito de drogas, conforme la doctrina informa, se trata de un injusto grave y de tal connotación que involucra a la sociedad en su conjunto. Por ello, en el caso concreto, sin necesidad de entrar a examinar el tipo agravado, se analizará el tipo base, por ser la norma matriz que define el delito imputado a los encausados. Así, la norma criminaliza la promoción, el favorecimiento o facilitación ilegal de drogas tóxicas, estupefacientes o sustancias psicotrópicas, mediante actos de fabricación o tráfico; en tal sentido, para evaluar los verbos rectores y, consecuentemente, el tipo atribuido se debe determinar la existencia del objeto material del delito.
Décimo. Según Peña Cabrera Freyre, el objeto material del delito lo constituyen las “drogas tóxicas, sustancias psicotrópicas y estupefacientes”, cuya extensión constituye igualmente objeto de discusión doctrinal y jurisprudencial. También refiere que es importante definir con corrección el concepto jurídico penal de droga, a la que, citando a Fontán Balestra, define como toda sustancia tóxica que tiende a producir estragos dañosos en el organismo a partir de su consumo habitual, es decir, por tiempo determinado, y que produce dependencia en la persona del consumidor. Adicionalmente refiere que: “[C]omo bien apunta Valencia M., la tipicidad del hecho requiere la idoneidad del objeto material de la conducta descrita por el legislador, sin cuya presencia no existe delito ni lesión alguna al interés jurídico tutelado”1.

Decimoprimero.En ese sentido, para acreditar la materialidad del delito es necesario que pericialmente se pruebe la cantidad y la calidad de la droga, lo que en el presente caso no fue factible, debido a que no llegó a incautarse sustancia ilícita alguna que vincule a los procesados (se acreditó que la droga incautada a los sentenciados España Granados y Rodríguez Holgado, el veintiocho de marzo de dos mil seis, pertenecía a otra red), por consiguiente, al no haberse acreditado la existencia del cuerpo material del delito, no se sabe a ciencia cierta si hubo sustancia ilícita ni cuál pudo ser o si se trataba de otra sustancia, tampoco se sabe el peso; no hay base sólida para una condena. En suma, cuando no se haya acreditado con prueba suficiente la idoneidad del objeto material (droga) para producir efectos o estragos en el organismo, no es factible sostener la existencia de delito ni lesión al interés jurídico tutelado, a fortiori, cuando no se acredita la existencia de droga en la que se pueda practicar el examen pericial respectivo; en consecuencia, corresponde absolver a los procesados Lucio López Rodríguez y Randolph López Rodríguez. En esa línea, no es necesario analizar los argumentos restantes postulados por los recurrentes.

DECISIÓN

Por estos fundamentos, los jueces supremos integrantes de la Sala Penal Permanente de la Corte Suprema de Justicia de la República DECLARARON HABER NULIDAD en la sentencia del once de abril de dos mil diecinueve (foja 1186), que condenó a Lucio López Rodríguez y Randolph López Rodríguez como coautores del delito contra la salud pública-tráfico ilícito de drogas en la modalidad de favorecimiento al consumo y tráfico de drogas, alcaloide de cocaína, mediante actos de acondicionamiento y transporte cometidos por organización dedicada a su tráfico a nivel internacional, en agravio del Estado, a dieciocho años de pena privativa de libertad, doscientos días multa e inhabilitación, de conformidad con lo dispuesto en los numerales 1, 2, 4, 5 y 8 del artículo 36 del Código Penal por un plazo de cinco años, y fijó en S/ 8000 (ocho mil soles) el monto por concepto de reparación civil, que pagarán los condenados solidariamente a favor del Estado peruano, con lo demás que contiene; y, reformándola ABSOLVIERON de dichos cargos a Lucio López Rodríguez y Randolph López Rodríguez, DISPUSIERON la anulación de los antecedentes policiales y judiciales generados como consecuencia del presente proceso, y el archivo definitivo de la causa respecto de los citados encausados y, al encontrarse sufriendo carcelería: ORDENARON la INMEDIATA LIBERTAD de Lucio López Rodríguez y Randolph López Rodríguez, que se ejecutará siempre y cuando no exista en contra de ellos otra orden o mandato de detención emanados de autoridad competente, y comunicar para tal efecto, vía fax o por el medio electrónico más idóneo, a la Sala Penal Liquidadora de la Corte Superior de Justicia de Madre de Dios; y los devolvieron.


1 PEÑA CABRERA FREYRE, Alonso Raúl. Derecho Penal Parte Especial. Tomo IV. Lima: Idemsa, 2010, pág. 59.

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