TID. Prueba indiciaria. Presencia en el lugar de los hechos y actitud sospechosa.
28 septiembre, 2020
Difamación. Libertad de expresión no es derecho absoluto.
30 septiembre, 2020

Prescripción. Interrupción de los plazos por la comisión de nuevos delitos

CORTE SUPREMA DE JUSTICIA DE LA REPÚBLICA

SALA PENAL PERMANENTE
RECURSO DE NULIDAD N.° 1978-2019
LIMA

Interrupción del plazo de la prescripción

La interrupción de la prescripción ordinaria por la comisión de nuevos delitos dolosos, conforme al tercer párrafo del artículo 83 del Código Penal, no conlleva que el plazo se alargue indefinidamente o tantas veces como nuevas condenas tenga el procesado, pues en todo caso la acción penal siempre prescribirá luego de un plazo ordinario más una mitad contabilizados desde la fecha de los hechos.

Lima, tres de marzo de dos mil veinte

VISTOS: el recurso nulidad interpuesto por el procesado Carlos Humberto Almonacid Abarca contra la sentencia del diecisiete de junio de dos mil diecinueve, que lo condenó como autor del delito contra el patrimonio-hurto agravado en grado de tentativa, en perjuicio de Marisol Arias Gutiérrez de Ampuero, a seis años de pena privativa de la libertad y fijó en S/ 300 (trescientos soles) la reparación civil.

Intervino como ponente el señor juez supremo Príncipe Trujillo.

CONSIDERANDO

§ I. De la pretensión impugnativa

Primero. El procesado Almonacid Abarca manifestó su disconformidad con la sentencia recurrida en su recurso formalizado (foja 314). Principalmente señaló que no se tomó en cuenta que los hechos sucedieron el treinta de noviembre de mil novecientos noventa y nueve, y dado que el delito materia de condena tiene en su extremo máximo una sanción de seis años de privación de la libertad ello conlleva que la prescripción extraordinaria sea de nueve años y, por ende, los hechos prescribieron el veintinueve de noviembre de dos mil ocho. De este modo, consideró que existió una indebida interpretación sobre la interrupción de la prescripción, ya que el último párrafo del artículo 83 del Código Penal abarca cualquier supuesto previo.

§ II. De los hechos objeto del proceso penal

Segundo. Según la acusación fiscal (foja 62), se atribuyó al imputado que a las 10:00 horas, aproximadamente, del treinta de noviembre de dos mil, junto con otros sujetos no identificados, despojó violentamente a la agraviada de su billetera, que contenía dinero, documentos y tarjetas de crédito. Los hechos ocurrieron cuando la víctima se desplazaba en un vehículo de transporte público por la vía de Evitamiento (con sentido de sur a norte). Así, a la altura del puente de Santa Anita, subieron tres personas (entre ellas, el imputado); luego, los dos desconocidos bajaron del vehículo, mientras que el acusado arrebató la billetera de la víctima y la arrojó a sus compañeros por la ventana. También pretendió arrebatarle su celular, pero fue detenido por los demás pasajeros para, finalmente, ser trasladado a la comisaría del sector.

§ III. De la absolución del grado

Tercero. A pesar de que la sentencia recurrida realizó un juicio de valoración para establecer la responsabilidad del imputado por el delito de hurto agravado tentado, antes de realizar el análisis de fondo es preciso señalar que el recurso de nulidad interpuesto por el recurrente, principalmente, cuestiona que a la fecha de la emisión de la sentencia los hechos se encontraban prescritos, por lo que se deberá realizar preliminarmente dicho punto.

Cuarto. En primer lugar, se tiene que los hechos imputados acaecieron el treinta de noviembre de mil novecientos noventa y nueve. De este modo, con el auto del primero de diciembre de mil novecientos noventa y nueve (foja 16), se abrió instrucción en vía especial contra el recurrente por el delito de robo agravado y se impuso contra este mandato de comparecencia con restricciones.

Quinto. Con la resolución del siete de enero de dos mil (foja 41), el juzgado penal decidió ampliar instrucción contra el recurrente adicionalmente por el delito de hurto agravado. Así, tras la emisión de la acusación fiscal1 (foja 62), la Sala Superior emitió el auto superior del diez de marzo de dos mil (foja 65), por el que elevó los actuados al fiscal supremo al no encontrarse conforme con la calificación jurídica efectuada por el fiscal superior. De este modo, el fiscal supremo en lo penal emitió su dictamen fiscal (foja 67), con el que consideró adecuada la subsunción de hechos al delito de robo agravado, de modo tal que la Sala Superior expidió el auto del dieciocho de abril de dos mil (foja 69), mediante el cual, finalmente, declaró haber mérito para pasar a juicio oral contra el recurrente por el delito de robo agravado.

Sexto. Ahora bien, a partir de este punto se produjo una serie de reprogramaciones para el inicio de los debates orales ocasionadas por la inconcurrencia del imputado, a pesar de encontrarse con comparecencia restringida y tener conocimiento del proceso materia de autos. Así, con el auto del veinte de noviembre de dos mil (foja 108), la Sala Superior decidió reservar el juzgamiento contra el recurrente y dispuso que se cursen las órdenes correspondientes para su ubicación y captura. Cabe precisar que en dicha resolución no se le declaró reo contumaz de forma directa o siquiera se hizo referencia a la Ley número 26641 (Ley de Contumacia) de manera indirecta; no obstante, en las providencias y oficios subsecuentes se le consideró y atribuyó la calidad de reo contumaz (sin serlo).

Séptimo. De este modo, dada la imposibilidad para ubicar al imputado, se debió llevar a cabo una pericia dactiloscópica, a fin de corroborar su verdadera identidad, la cual pudo ser confirmada y en mérito de ella se emitió la resolución del veintiocho de septiembre de dos mil dieciocho (foja 210), por la que se corrigió el nombre del imputado al que figura en la presente ejecutoria y, además, se observó que en la resolución del veinte de noviembre de dos mil formalmente no se le declaró reo contumaz, a pesar de haber estado denominándosele como tal, por lo que se corrigió e integró dicha decisión, y a partir de dicha fecha (dos mil dieciocho) recién se le tuvo como reo contumaz.

Octavo. Así, el recurrente fue detenido y puesto a disposición de las autoridades el trece de mayo de dos mil diecinueve (foja 244), tras lo cual se señaló fecha para el inicio del juicio oral en su contra, el cual concluyó con la sentencia materia de autos, en que la Sala Superior consideró que los hechos imputados corresponden más bien a hurto agravado tentado y no a robo agravado consumado, por lo que se desvinculó de la acusación fiscal.

Noveno. Ahora bien, en la sentencia impugnada se consignó en el tercer párrafo de su décimo considerando que, a pesar de que los hechos se suscitaron en mil novecientos noventa y nueve, debe tomarse en cuenta que, según los antecedentes penales del imputado (foja 244), este registra condenas posteriores (once de julio de dos mil cinco, tres de noviembre de dos mil seis, dieciséis de junio de dos mil siete y primero de septiembre de dos mil diez), todas por hurto agravado con penas condicionales, por lo que, de conformidad con el tercer párrafo del artículo 83 del Código Penal (que señala que se interrumpe el plazo de la prescripción de la acción penal por la comisión de un nuevo delito doloso) y aunque no le corresponda la condición de reincidente, igualmente se debe imponer una pena efectiva.

Décimo. Al respecto, este Colegiado Supremo debe precisar que el primer párrafo del artículo 80 del Código Penal señala que la acción penal prescribe en un tiempo igual al máximo de la pena fijada por la ley para el delito si es privativa de la libertad, lo cual se conoce como plazo de prescripción extraordinaria. Además, el artículo 83 del código sustantivo prevé tres supuestos de interrupción del plazo ordinario de prescripción referidos a: i) las actuaciones del Ministerio Público, ii) las actuaciones del Poder Judicial y iii) si el sujeto activo comete nuevo delito doloso (aplicado al caso materia de autos).

Empero, no debe olvidarse que el último párrafo del artículo antes citado señala expresamente que la acción penal prescribe, en todo caso, cuando el tiempo transcurrido sobrepasa en una mitad al plazo ordinario de prescripción.

Undécimo. Ello quiere decir que los supuestos de interrupción antes indicados conllevan que el cómputo de prescripción ya no se haga sobre la base del plazo ordinario, sino extraordinario, el cual se contabiliza (según el artículo 82 del Código Penal) para el delito instantáneo (conforme a la acusación fiscal por robo agravado) a partir del día en que se consumó, y en la tentativa (conforme a la sentencia recurrida) desde el día en que cesó la actividad delictuosa. Por ello, la interrupción de la prescripción ordinaria por la comisión de nuevos delitos dolosos no implica (como así lo deja entender la Sala Superior) que el plazo quede interrumpido indefinidamente o se alargue tantas veces como nuevas condenas tenga el procesado.

Duodécimo. Por ello, consideramos que la problemática generada en el caso de autos se debió, en primer lugar, a que la Sala Superior no declaró oportunamente reo contumaz al imputado (en el año dos mil), con lo cual la acción penal sí pudo quedar interrumpida hasta su ubicación y captura, por ser ello uno de los efectos de dicha condición; y, en segundo lugar, debido a la desvinculación del delito materia de acusación de robo agravado a hurto agravado, puesto que la prescripción extraordinaria para el primero de ellos resulta de treinta años (con lo cual la acción recién prescribiría en el dos mil veintinueve), mientras que para el segundo delito es de nueve años. Por lo tanto, en vista de que la Sala Superior fundamentó la necesidad de una pena efectiva sobre la base de la interrupción de la acción penal en un considerando específico, ello debió conllevar que los argumentos hasta aquí descritos hayan sido tomados en cuenta por el Colegiado Superior para que advirtiera que, debido a su desvinculación a hurto agravado, necesariamente debió analizar el cómputo de prescripción de la acción penal de forma más fundamentada y no tan ligeramente, como se hizo.

Decimotercero. Finalmente, se debe considerar que el principio y garantía de la prohibición de la reforma en peor implica que la situación jurídica del recurrente no se vea agravada tras la decisión de la instancia de apelación (cuando solo este impugna). Por ello, habiendo ya efectuado la Sala Superior una desvinculación de la acción penal que no puede ser modificada sin causarle perjuicio al recurrente (puesto que el fiscal superior no recurrió en nulidad), únicamente corresponde analizar el cómputo de prescripción por el delito de hurto agravado. De este modo, se aprecia que los nueve años de prescripción extraordinaria computados desde la fecha de los hechos en noviembre de mil novecientos noventa y nueve fueron largamente superados y, por ello, la acción penal se encuentra prescrita, sin la posibilidad de emitir juicio de valor sobre el fondo de la controversia. Por tal motivo, se deberá dejar sin efecto la sentencia recurrida, declarar prescrita la causa y ordenar dejar sin efecto las órdenes de ubicación y captura que se dispusieron en la sentencia recurrida para el caso de autos (salvo que exista otra orden distinta emitida por autoridad competente).

DECISIÓN

Por estos fundamentos, los jueces integrantes de la Sala Penal Permanente de la Corte Suprema de Justicia de la República:

I. DECLARARON HABER NULIDAD en la sentencia del diecisiete de junio de dos mil diecinueve, que condenó a Carlos Humberto Almonacid Abarca como autor del delito contra el patrimonio- hurto agravado en grado de tentativa, en perjuicio de Marisol Arias Gutiérrez, a seis años de pena privativa de la libertad y fijó en S/ 300 (trescientos soles) la reparación civil.

II. REFORMÁNDOLA, declararon PRESCRITA la presente causa y, en consecuencia, extinguida la acción penal seguida contra Carlos Humberto Almonacid Abarca por la comisión del delito contra el patrimonio-hurto agravado tentado, en perjuicio de Marisol Arias Gutiérrez.

III. DISPUSIERON DEJAR SIN EFECTO las órdenes de ubicación y captura contra el recurrente señaladas en la sentencia recurrida (salvo que exista otra orden distinta emitida por autoridad competente). Y los devolvieron.

Intervinieron los señores jueces supremos Castañeda Espinoza y Aquize Díaz por periodo vacacional y licencia, respectivamente, de los señores jueces supremos San Martín Castro y Figueroa Navarro.


1 Por la cual el titular de la acción penal se decantó exclusivamente por la tipificación del delito de robo agravado y estimó que no existía mérito para acusar por hurto agravado.

DESCARGAR RESOLUCIÓN AQUÍ:

Pin It on Pinterest