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Revisión de sentencia. No se afectó el principio de legalidad y el principio de igualdad

CORTE SUPREMA DE JUSTICIA DE LA REPÚBLICA

SALA PENAL PERMANENTE
REV. DE SENT. N.° 150-2018
LIMA

Infundada la demanda de revisión

No existe contradicción entre la pena impuesta a la sentenciada recurrente y las de sus coprocesados, pues el juicio de condena declarado probado para ellos es diferente. En tal sentido, no se vulneró el principio de igualdad, tipicidad y pena impuesta, por lo que se declarará infundada la presente demanda de revisión.

SENTENCIA DE REVISIÓN

Lima, veinticuatro de septiembre de dos mil veinte

VISTOS: la demanda de revisión admitida en calificación interpuesta por la sentenciada Ana Luz Mendoza Mateo contra la ejecutoria suprema del diez de diciembre de mil novecientos noventa y nueve (foja 70), que declaró no haber nulidad en la sentencia del diez de agosto de mil novecientos noventa y ocho (foja 9), en el extremo en el que la condenó como autora del delito de terrorismo agravado, en perjuicio del Estado, a la pena de cadena perpetua.
Intervino como ponente el señor juez supremo Castañeda Espinoza.

CONSIDERANDO

§ I. FUNDAMENTOS FÁCTICOS Y JURÍDICOS DE LA CONDENA IMPUESTA

PRIMERO. La demandante Ana Luz Mendoza Mateo fue condenada por la Sala Superior Penal Corporativa Nacional para Casos de Terrorismo como autora del delito de terrorismo agravado, mediante la sentencia del diez de agosto de mil novecientos noventa y ocho (foja 9), que fue declarada no haber nulidad (ratificada) mediante la ejecutoria suprema del diez de diciembre de mil novecientos noventa y nueve (foja 70). De la sentencia y la ejecutoria suprema se advierte que la recurrente fue condenada por los siguientes hechos ocurridos como integrante de la organización terrorista Sendero Luminoso (en la que era conocida como “Gloria”) durante los meses de junio, septiembre y octubre de mil novecientos noventa y dos en Lima (en los distritos de La Victoria, El Agustino y San Martín de Porres):

i. Fue integrante del destacamento 21 (luego del 18) de Sendero Luminoso en mil novecientos noventa y dos; luego fue mando político y participó en la “confiscación” en una tienda de abarrotes en el distrito de La Victoria.

ii. En su casa (ubicada en el distrito de San Martín de Porres), se hallaron documentos de carácter subversivo.

iii. Participó como “mando político” del destacamento 24 y, como tal, en acciones de agitación y propaganda armada (pintas, embanderamientos, etc.), así como en la matanza de un miembro del Movimiento Revolucionario Túpac Amaru –MRTA– (en junio de mil novecientos noventa y dos, en el cerro San Cosme).

iv. Fue miembro del destacamento 18 y participó, en septiembre de mil novecientos noventa y dos, en la confiscación de la panadería San Pedro y, en octubre del mismo año, en la confiscación de medios (armas de fuego) contra personal de las Fuerzas Armadas en un mercado de La Victoria (donde hubo muertos y heridos).

v. Ese mismo año (septiembre y octubre de mil novecientos noventa y dos) participó en la confiscación de “economía” contra una agencia bancaria, y también en la confiscación de un vehículo. Y asistió a una actividad de “producción”.

Estos hechos imputados se calificaron como terrorismo agravado, previsto en el artículo 3, literal a), segundo párrafo, del Decreto Ley número 25475, que preveía la pena máxima de cadena perpetua1, a la cual fue condenada conforme se advierte de las sentencias adjuntadas.

§ II. CONTENIDO DE LA DEMANDA DE REVISIÓN DE SENTENCIA

SEGUNDO. En ejercicio del derecho que le asiste y amparada en el artículo 322 del Código de Procedimientos Penales, Mendoza Mateo interpuso la presente demanda de revisión de sentencia (foja 1), en la que cuestionó que a ella se le impuso cadena perpetua, pero no a sus coprocesados Victoriano Renelio Contreras Silva, Mario Efraín Gilvonio Misari y María del Carmen Ortega Segundo, condenados mediante sentencias posteriores.

Sostuvo que a Contreras Silva no se le condenó como “mando militar”, pero sí se indicó que era integrante del destacamento 18 y, a pesar de ello, no se le aplicó el literal a) del artículo 3 del Decreto Ley número 25475, como sí se aplicó a la recurrente, y por lo tanto se le impuso solamente la pena de veinte años de privación de libertad.

En cuanto a Gilvonio Misari, se acreditó que fue mando político, pero su conducta no se encuadró en el literal a) del artículo 3 del decreto ley antes mencionado, como sí se aplicó a la demandante, a pesar de tratarse básicamente de la misma imputación.

Finalmente, indicó que en la nueva sentencia contra Ortega Segundo se le impusieron veinticinco años de pena privativa de libertad pese a que fue condenada como autora de terrorismo por los delitos previstos en los artículos 2 y 3, literal a), segundo párrafo, del Decreto Ley número 25475.

TERCERO. Posteriormente, en su escrito de “ampliación al pedido de revisión adecuado al NCPP” (foja 251), la recurrente indicó que su pedido previo (al amparo del Código de Procedimientos Penales) tiene asidero en el artículo
439.2 del Código Procesal Penal, pues la sentencia de Contreras Silva y Gilvonio Misari (confirmada por la Corte Suprema) “se encuentra en contradicción con la sentencia firme precedente” que condenó a la demandante, en relación con las penas impuestas.

§ III. MOTIVO DE ADMISIÓN DE LA DEMANDA DE REVISIÓN

CUARTO. Por la ejecutoria suprema del siete de marzo de dos mil diecinueve (foja 257), previa calificación, se admitió a trámite la presente demanda de revisión.

Se aludió, en aplicación del principio pro actione, como sustento jurídico el texto del artículo 322 del Código de Procedimientos Penales y que en el presente caso correspondía esclarecer, en resguardo del principio de justicia, los motivos de la distinción punitiva entre la recurrente Mendoza Mateo y sus coencausados Contreras Silva y Gilvonio Misari, a fin de establecer si responden a criterios racionales y jurídicos.

Expresamente se limitó la admisibilidad de la presente demanda al análisis comparativo de las sentencias condenatorias de la recurrente y de sus coprocesados Victoriano Renelio Contreras Silva y Mario Efraín Gilvonio Misari mas no de la coencausada María del Carmen Ortega Segundo –como alegó la defensa en su informe oral–, por lo que no resulta posible introducir, de oficio, un supuesto adicional al admisorio de la demanda que no fue materia de pronunciamiento del fiscal supremo, por lo que se deja a salvo su derecho para hacerlo valer en otro proceso de ser el caso.

§ IV. AUDIENCIA DE REVISIÓN DE SENTENCIA

QUINTO. Seguido el trámite correspondiente y previo dictamen del señor fiscal supremo en lo penal (recibido el treinta y uno de agosto de dos mil veinte, en el que solicitó –por los argumentos allí expuestos– que se declare infundada la presente demanda), programada la fecha, la audiencia de fondo de revisión se llevó a cabo de manera virtual el diez de septiembre del año en curso, con la intervención de la sentenciada Ana Luz Mendoza Mateo, su abogado defensor y la fiscal adjunta suprema en lo penal, con los fundamentos expuestos (según consta en el acta correspondiente).

Concluida la audiencia, en la misma fecha, la Sala Suprema –en sesión secreta– procedió a la deliberación y votación de la causa, y se arribó –por unanimidad– a la decisión que será leída en la presente audiencia.

§ V. ANÁLISIS DE FONDO

SEXTO. En primer lugar, corresponde precisar que la finalidad de la demanda de revisión de sentencia no es la revaloración de hechos y pruebas actuadas y evaluadas en su conjunto en dicha decisión, y que sirvieron de sustento para el juicio de condena y la pena impuesta en forma independiente. Por lo tanto, nos limitaremos a efectuar un análisis o juicio comparativo del contenido de las sentencias condenatorias declaradas como tales con base en lo presentado en la demanda.

SÉPTIMO. Cabe precisar que el sustento jurídico referido en el admisorio de la presente demanda de revisión reside en el artículo 322 del Código de Procedimientos Penales:

Artículo 322.- Revisión de sentencia

Cuando el Tribunal Correccional o la Corte Suprema, en sus respectivos casos, fallen en una causa contra reos que fueron ausentes y en la que se expidió sentencia contra los reos presentes, podrán revisar la sentencia de los condenados, con el fin de atenuar la pena, si hubiera lugar por los datos nuevos que resulten.

Dicho artículo hace referencia a la facultad de un órgano jurisdiccional en su actuación como instancia, esto es, cuando se conoce un caso en el que existen reos ausentes y presentes en el cual aún no ha recaído una sentencia firme y definitiva, por lo que la “revisión” de la sentencia del condenado previo en ese caso puede extenderse al análisis de la prueba actuada para acreditar determinado hecho (que incida en la disminución de la pena). Sin embargo, en el presente supuesto, al tratarse de una demanda de revisión de sentencia que tiene como finalidad rescindir sentencias condenatorias firmes, el análisis se limita al contenido específico que consignen dichas decisiones (sin cuestionamientos sobre la suficiencia de dichos juicios de condena y solo sobre la base de las causales expresamente previstas por la ley).

OCTAVO. Es preciso señalar que, en términos generales, la ley nace para regular, determinar o poner fin a un hecho social que resulta perturbador; en cambio, la justicia se considera como la situación ideal deseada en la sociedad para la convivencia humana armoniosa2.

Por otro lado, ilustrativamente, cuando hablamos de sentencias contradictorias, nos podemos referir a aquellas en las que los Tribunales de justicia, ante una misma situación de hecho y respecto a fundamentos y pretensiones iguales, llegan a pronunciamientos distintos3.

NOVENO. En este caso, para resolver la presente demanda de revisión, se procederá a un juicio de comparación, que consiste en el análisis paralelo de las sentencias recaídas contra la recurrente y contra sus coprocesados Victoriano Renelio Contreras Silva y Mario Efraín Gilvonio Misari, comprendidos en la misma causa, en relación con las penas impuestas por la condena en su contra.

Por lo tanto, no se trata en sentido estricto de sentencias contradictorias, sino que están en función del análisis o juicio comparativo que cuestiona la recurrente respecto a la diferencia entre la pena con la que se le sancionó y la que se le impuso a sus demás coencausados vinculados en el mismo proceso, a fin de determinar si con ello se afectó la aplicación de los principios de legalidad e igualdad, esto es, el asegurar que una persona sea sancionada por un acto que se encuentre expresamente previsto como delito en una ley vigente al momento de los hechos (artículo II del Título Preliminar del Código Penal) y que, durante un proceso, todos los intervinientes recibieron un mismo trato por parte de los órganos de justicia –igualdad–.

DÉCIMO. Así, se aprecia, conforme a los hechos probados y descritos en la sentencia recaída contra la recurrente Ana Luz Mendoza Mateo, del diez de agosto de mil novecientos noventa y ocho (foja 9), y ratificada por la ejecutoria suprema del diez de diciembre de mil novecientos noventa y nueve (foja 70), que se dio por probada su responsabilidad penal como autora del delito de terrorismo agravado –previsto en el artículo 3, literal a), segundo párrafo, del Decreto Ley número 25475– por la comisión de los siguientes hechos –ya mencionados en el considerando primero de la presente sentencia–:

i. Fue integrante del destacamento veintiuno (luego del dieciocho) de Sendero Luminoso en mil novecientos noventa y dos; luego fue mando político y participó en la “confiscación” en una tienda de abarrotes en el distrito de La Victoria.

ii. En su casa (ubicada en el distrito de San Martín de Porres), se hallaron documentos de carácter subversivo.

iii. Participó como “mando político” del destacamento veinticuatro y, como tal, en acciones de agitación y propaganda armada (pintas, embanderamientos, etc.), así como en la matanza de un miembro de la organización terrorista MRTA (en junio de mil novecientos noventa y dos, en el cerro San Cosme).

iv. Fue miembro del destacamento dieciocho y participó, en septiembre de mil novecientos noventa y dos, en la confiscación de la panadería San Pedro y, en octubre del mismo año, en la confiscación de medios (armas de fuego) contra personal de las Fuerzas Armadas en un mercado de La Victoria (donde hubo muertos y heridos).

v. Ese mismo año (septiembre y octubre de mil novecientos noventa y dos) participó en la confiscación de “economía” contra una agencia bancaria y también en la confiscación de un vehículo. Y asistió a una actividad de “producción”.

En cambio, de la sentencia condenatoria dictadas en contra de sus coprocesados Victoriano Renelio Contreras Silva y Mario Efraín Gilvonio Misari, del siete de marzo de dos mil seis (foja 75), confirmada mediante la ejecutoria suprema del veintiséis de marzo de dos mil ocho (foja 165), se desprende que:

a. En relación con el cosentenciado Contreras Silva, este fue condenado y se acreditó su responsabilidad como autor del delito de terrorismo –previsto en los artículos 2 y 3, literal c), primer párrafo, del Decreto Ley número 25475–4 por los siguientes hechos:

i. Ser miembro de Sendero Luminoso.

ii. Haber incursionado en el local de Chapetex de La Victoria (en agosto de mil novecientos noventa y dos).

b. Por su parte, su coprocesado Gilvonio Misari fue condenado y se declaró probada su responsabilidad como autor del delito de terrorismo –previsto en los artículos 2 y 3, literal c), primer párrafo, del Decreto Ley número 25475–5 por los siguientes hechos:

i. Ser miembro de Sendero Luminoso.

ii. Haber participado en el atentado contra la agencia del Banco Continental (sede de La Victoria), ocurrido el treinta de octubre de mil novecientos noventa y dos.

iii. Haber sido mando político de la dirección del comité metropolitano y mando responsable de la subzona “El Agustino, La Victoria y San Luis”.

UNDÉCIMO. De lo anterior se desprende claramente que pese a estar comprendidos en el mismo casos penal, luego de la actividad probatoria correspondiente, solo respecto a Ana Luz Mendoza Mateo se consideró acreditado el cargo imputado de ser integrante de un grupo terrorista encargado de la eliminación de personas, conforme determinó su sentencia, por lo que su conducta se encuadró jurídicamente en el artículo 3, literal a), segundo párrafo, del Decreto Ley número 25475, y en consecuencia se le impuso la pena de cadena perpetua establecida en dicho artículo.

Situación de hecho que es distinta a la de sus coprocesados Victoriano Renelio Contreras Silva y Mario Efraín Gilvonio Misari, quienes luego del análisis de la prueba actuada y valorada por la Sala Superior respectiva y confirmada por la Corte Suprema fueron condenados solo por los hechos referidos en el considerando anterior, que corresponden a los tipos penales previstos en los artículos 2 y 3, literal c), primer párrafo, del Decreto Ley número 25475, que preveía una pena privativa de libertad no menor de veinticinco años, que fue la sanción impuesta a Gilvonio Misari, mientras que a su cosentenciado Contreras Silva se le impuso la pena de veinte años de privación de libertad (en atención a sus condiciones personales y el tiempo que permaneció en la organización terrorista).

Es más, tanto Contreras Silva como Gilvonio Misari fueron absueltos por insuficiencia probatoria (duda) de los demás cargos imputados en la acusación fiscal que correspondían al delito más grave previsto en el artículo 3, literal a), segundo párrafo, del Decreto Ley número 254756 –por el que sí fue condenada y sancionada la recurrente Mendoza Mateo–, pues no se acreditó que ellos formaran parte de los grupos armados, bandas, pelotones, grupos de aniquilamiento o similares pertenecientes a Sendero Luminoso, encargados de la eliminación de personas o grupos de personas.

DUODÉCIMO. Por lo tanto, resulta evidente que la diferencia entre la pena privativa de libertad impuesta a la recurrente Ana Luz Mendoza Mateo (cadena perpetua) y las de sus coprocesados Victoriano Renelio Contreras Silva y Mario Efraín Gilvonio Misari (veinte y veinticinco años de privación de libertad, respectivamente) se sustenta en que sus respectivas sentencias declararon probados hechos distintos por lo que la responsabilidad penal fue declarada en forma individual, y las penas impuestas corresponden a la aplicación de diferentes artículos del Decreto Ley número 25475 que regulan distintas conductas relacionadas a la comisión del delito de terrorismo y que, por ello, son sancionadas con diferentes penas privativas de libertad.

DECIMOTERCERO. Por ende, es de reiterar que no corresponde a la finalidad de la presente demanda efectuar un análisis de revaloración de hechos y pruebas, es decir, no procede efectuar la revisión de cada una de las declaraciones de los testigos o colaboradores eficaces, sean de cargo o de descargo, actuadas en el juicio para concluir sobre su validez o no. Tampoco corresponde evaluar si resultan suficientes o no para sostener un juicio de condena contra la demandante Ana Luz Mendoza Mateo –como pretendió su defensa en el acto del informe oral en audiencia–, quien fue condenada como autora del ilícito previsto en el artículo 3, literal a), segundo párrafo, del Decreto Ley número 25475 –que prevé la pena de cadena perpetua–. Mientras que a sus coencausados Contreras Silva y Gilvonio Misari se les absolvió expresamente por dicho tipo penal y se les condenó y sancionó por otros supuestos de terrorismo que contemplan penas temporales no menores de veinticinco años –artículos 2 y 3, literal c), primer párrafo, del decreto ley antes referido–.

Es decir, la pena impuesta a cada uno de los encausados (incluida la recurrente) corresponde al tipo legal que fue materia de condena en cada una de sus sentencias firmes, conforme se desprende del texto de estas. Por lo tanto, el análisis comparativo de las condenas permite establecer que se respetaron los principios de legalidad e igualdad.

DECIMOCUARTO. En atención a lo anterior, este Colegiado Supremo verifica que no existe contradicción alguna entre las penas impuestas en las sentencias recaídas contra la recurrente Mendoza Mateo y las posteriores contra sus coprocesados Contreras Silva y Gilvonio Misari, en razón de que la pena privativa de libertad establecida para cada uno de ellos corresponde a la sanción prevista en el tipo penal cuya configuración se declaró probada. Por ende, la demanda planteada no posee sustento y debe desestimarse.

DECIMOQUINTO. Finalmente, en función de lo decidido, se deberán imponer las costas procesales a la demandante Ana Luz Mendoza Mateo, según lo dispuesto por el artículo 497, numeral 3, del Código Procesal Penal, cuya liquidación corresponde a la Secretaría de esta Sala Suprema, de conformidad con el artículo 506 del acotado cuerpo normativo.

DECISIÓN

Por estos fundamentos, los jueces integrantes de la Sala Penal Permanente de la Corte Suprema de Justicia de la República:

I. Declararon INFUNDADA la demanda de revisión interpuesta por la sentenciada Ana Luz Mendoza Mateo contra la ejecutoria suprema del diez de diciembre de mil novecientos noventa y nueve (foja 70), que declaró no haber nulidad en la sentencia del diez de agosto de mil novecientos noventa y ocho (foja 9), en el extremo en el que la condenó como autora del delito de terrorismo agravado, en perjuicio del Estado, a la pena de cadena perpetua.
II. CONDENARON a la demandante al pago de las costas procesales y ORDENARON su liquidación a la Secretaría de esta Sala Suprema.
III. DISPUSIERON que los expedientes remitidos a esta Sala Suprema se devuelvan al lugar de origen.
IV. HÁGASE saber a las partes personadas en esta sede suprema.


1 Artículo 3.- Penas aplicables
La pena será:
a. Cadena perpetua: […]
Si el agente es integrante de grupos armados, bandas, pelotones, grupos de aniquilamiento o similares, de una organización terrorista, encargados de la eliminación física de personas o grupos de personas indefensas sea cual fuere el medio empleado.

2 Velarde La Rosa, Gisèle. (2001). La justicia: ¿legalidad e igualdad? Conflictos permanentes en torno a un ideal necesario. THĒMIS. Revista de Derecho, n.° 43, pp. 201-211. Recuperado de https://dialnet.unirioja.es/descarga/articulo/5109803.pdf

3 Al respecto, véase el siguiente enlace: https://www.expansion.com/diccionario- juridico/sentencia-contradictoria.html

4 Se le absolvió por los delitos imputados previstos en los artículos 319 y 320, numerales 1, 2 y 6, del Código Penal de mil novecientos noventa y uno, además del artículo 3, literal a), segundo párrafo, literal b), segundo párrafo, literal c), tercer párrafo, y el artículo 4 del Decreto Ley número 25475.

5 Se le absolvió por el artículo 3, literal a), segundo párrafo, del Decreto Ley número 25475.

6 Referidos al aniquilamiento de un exdiputado y de un dirigente vecinal, así como tener cargo de mando militar, entre otros.

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