[Principio de jerarquía] Prevalece dictamen de fiscal supremo sobre recurso impugnatorio del superior.
5 octubre, 2020
Lesiones. Toda la prueba admitida y actuada debe ser valorada
7 octubre, 2020

CORTE SUPREMA DE JUSTICIA DE LA REPÚBLICA

SALA PENAL PERMANENTE
RECURSO DE NULIDAD N.° 530-2019
NACIONAL

Libertad por exceso de carcelería y arresto domiciliario

a. En cuanto a la solicitud de libertad por exceso de carcelería, conforme al quinto párrafo del artículo 137 del Código Procesal Penal (Decreto Legislativo 368), el privado de su libertad, en cuyo proceso se ha emitido condena en su contra, impugnada por él, podrá salir libre, si al cumplimiento de la mitad de la pena que se le fijara, esta no quedó aún consentida o ejecutoriada. En el presente proceso, son dos los momentos en el que la encausada Liendo Gil fue privada de su libertad: por prisión preventiva y por sentencia condenatoria. Sumados ambos tiempos de reclusión, resulta evidente que no ha transcurrido la mitad de la pena (cadena perpetua) y, por tanto, no se cumple con lo dispuesto por el artículo aludido.

b. En lo atinente al arresto domiciliario, el encausado Morote Barrionuevo tiene la condición de sentenciado y pesa sobre él una pena efectiva. Esto es, la razón de la privación de su libertad ya no está en función de una medida cautelar destinada a asegurar un eficiente desarrollo del proceso penal, sino que estriba en la ejecución de la sanción impuesta por el órgano jurisdiccional, por habérsele encontrado responsable, luego del juicio oral respectivo, del delito que se le imputara. Por tanto, al ser el arresto domiciliario una medida cautelar que se rige por sus propios presupuestos, y dado que su fin es distinto al de la ejecución de la pena, pues no se encuentra en un estadio procesal en el que sea posible su imposición, no cabe amparar la solicitud del sentenciado.

Lima, seis de agosto de dos mil veinte

VISTOS: en audiencia pública mediante el sistema de videoconferencia, las solicitudes de libertad por exceso de carcelería sin pronunciamiento de segunda instancia y arresto domiciliario, efectuadas por los sentenciados Margot Lourdes Liendo Gil y Osmán Roberto Morote Barrionuevo, respectivamente, en el proceso que se les sigue por el delito contra la tranquilidad pública-terrorismo agravado, en agravio del Estado.

Intervino como ponente el señor juez supremo Figueroa Navarro.

CONSIDERANDO

I. Fundamentos de lo solicitado

Primero La defensa técnica de la encausada Margot Lourdes Liendo Gil (foja 466) argumenta lo siguiente:

1.1. La recurrente es una persona de setenta y un años de edad, adulto mayor y miembro de la población vulnerable; está recluida desde el año mil novecientos ochenta y ocho, y fue procesada, sentenciada y confinada en diversos penales del Perú.

1.2. En el año dos mil trece se le abrieron los Procesos signados con los números 13-2013 (caso Soras) y 346-2013 (caso Tarata), con el claro objetivo de impedir su libertad y desprestigiarla. Al año siguiente se le abrió el Proceso número 85-2014 (caso Movadef), y se le dictaron prisiones preventivas con el fin de impedir su libertad.

1.3. En el caso Tarata (Expediente número 346-2013), el once de septiembre de dos mil dieciocho, fue sentenciada arbitrariamente a cadena perpetua con el siniestro objetivo de que muera en la cárcel; a la fecha, cumplió treinta y dos años de prisión, esa sentencia fue recurrida en nulidad, pero aún no se ha emitido pronunciamiento; en consecuencia, tal condena no se encuentra confirmada.

1.4. La recurrente fue condenada a cadena perpetua en primera instancia y, respecto a la mitad de la pena, se ha de considerar lo establecido en el artículo 1 del Decreto Legislativo número 921 que establece que: “La pena de cadena perpetua será revisada cuando el condenado haya cumplido treinta y cinco años de privación de libertad”; por lo que, al estar recluida treinta y dos años, excede en demasía la mitad de la cadena perpetua.

1.5. Debe tenerse en cuenta que el cumplimiento de la pena en cárcel no puede estar por encima del derecho a la vida y salud; por lo que se debe considerar el Informe Médico número 132-2020, del veintiocho de abril de dos mil veinte, que acredita que la recurrente tiene hipertensión arterial e hipotiroidismo y que en la prueba de descarte de la COVID-19 salió positiva.

1.6. En nuestro país los establecimientos penitenciarios no están en la capacidad de hacer frente al peligro originado por la COVID-19.

Segundo. La defensa técnica del encausado Osmán Roberto Morote Barrionuevo (foja 478) argumenta lo siguiente:

2.1. El recurrente es una persona de setenta y cinco años, adulto mayor y miembro de la población vulnerable. Se encuentra preso desde el año mil novecientos ochenta y ocho, y fue procesado, sentenciado y confinado en diversos penales del Perú.

2.2. En el año dos mil trece se le abrió los Procesos signados con los números 13-2013 (caso Soras) y 346-2013 (caso Tarata), con el objeto de impedir su libertad y desprestigiarlo. Al año siguiente se le abrió el Proceso número 85-2014 (caso Movadef), y se le dictaron prisiones preventivas con el fin de impedir su libertad.

2.3. El solicitante tiene elevado colesterol, triglicéridos y dupuyten (deformidad de la mano); cuadro clínico que necesita ser tratado con suma urgencia, dada la emergencia nacional por la pandemia, la que no puede ser atendida en el establecimiento penitenciario de Ancón-I, en donde se encuentra recluido.

2.4. Antes de la pandemia ya se expresaba el problema de las cárceles; una medida para ello es la atención inmediata a la salud y el tratamiento a los reos infectados; además, debe reducirse la población carcelaria.

2.5. Ante la situación de emergencia sanitaria, las libertades que se otorguen deben darse con base en razones humanitarias por la vulnerabilidad de las personas frente a la COVID-19 y no por el delito por el que están detenidos, pues debe primar la vida y salud frente al poder punitivo del Estado.

2.6. El solicitante lleva treinta y tres años de carcelería, con enfermedades preexistentes producto de las torturas (sobreviviente del genocidio de Castro Castro, mayo de 1992) y una larga carcelería en precarias condiciones. El Informe Médico número 197, del diecinueve de mayo de dos mil veinte, firmado por el médico del área de salud del penal, confirma que tiene diversas enfermedades como D/C Alzheimer y desnutrición leve, lo que implica que no está recibiendo una adecuada alimentación, lo que afecta su sistema inmunológico.

2.7. El solicitante fue condenado en primera instancia por el caso Tarata e interpuso recurso de nulidad, el cual no ha sido resuelto; por tanto, goza de la presunción de inocencia; así, debería cumplir el resto de la pena en su domicilio, donde se le puede brindar una atención óptima a su salud.

2.8. En el Informe número 0127-2020-Jus/CDJE, el Estado peruano remitió su respuesta a la Corte Interamericana de Derechos Humanos, en atención a la solicitud de medidas provisionales para el solicitante; se sostiene que se le realizó la prueba de la COVID-19 con resultado positivo y que se ocultó esta información en una audiencia realizada por el Juzgado de Puente Piedra-Ventanilla.

II. Fundamentos del Tribunal Supremo

A. Delimitación del pronunciamiento

Tercero. En el presente caso, los solicitantes fueron condenados mediante sentencia del once de septiembre de dos mil dieciocho (foja 17309), emitida por el Colegiado A de la Sala Penal Nacional, como autores mediatos, por estructura de aparato organizado de poder no estatal, por el delito contra la tranquilidad pública-terrorismo agravado, en agravio del Estado, y a ambos se les impuso, la pena privativa de libertad de cadena perpetua. En este contexto, considerando los argumentos principales expuestos en sus solicitudes y lo debatido en audiencia, este Tribunal Supremo debe determinar: i) si a la sentenciada Liendo Gil le resulta aplicable la libertad por exceso de carcelería sin pronunciamiento de segunda instancia; ii) si al sentenciado Morote Barrionuevo le resulta aplicable el arresto domiciliario, y iii) si en atención a sus edades, sus estados de salud, el problema de hacinación de las cárceles y a la vulnerabilidad frente a la pandemia que se vive en el país por el virus de la COVID-19, se debe acceder a sus peticiones por razones humanitarias y no por el delito por el cual se encuentran privados de su libertad, haciendo prevalecer la vida y salud frente al poder punitivo del Estado.

B. Respecto a la libertad por exceso de carcelería sin pronunciamiento de segunda instancia solicitada por la sentenciada Liendo Gil

Cuarto. La sentenciada solicita libertad por exceso de carcelería, en atención al artículo 137 del Código Procesal Penal (erróneamente citado como Código de Procedimientos Penales). En este extremo, alega que lleva treinta y dos años recluida en diferentes penales y que al haber sido condenada a cadena perpetua, cuya revisión se da cada treinta y cinco años, ha excedido en demasía la mitad de dicha pena. Por tanto, en aplicación del artículo referido, se debe decretar su libertad.

Quinto. Ahora bien, el artículo invocado por la solicitante, en su quinto párrafo, establece que: “Una vez condenado en primera instancia el inculpado, la detención se prolongará hasta la mitad de la pena impuesta, cuando ésta hubiera sido recurrida. No se tendrá en cuenta para el cómputo de los plazos establecidos en este artículo, el tiempo en que la causa sufriere dilaciones maliciosas imputables al inculpado o su defensa […]”. Esto es, el privado de su libertad, en cuyo proceso se ha emitido condena en su contra, impugnada por él, podrá salir libre si al cumplimiento de la mitad de la pena que se le fijara, esta no quedó aún consentida o ejecutoriada.

Sexto. En este contexto, en atención a la norma aludida, corresponde verificar el tiempo que lleva privada de su libertad por el presente proceso. Así, mediante auto de apertura de instrucción del nueve de enero de dos mil catorce (foja 4151), se instauró proceso penal en contra de la solicitante Margot Lourdes Liendo Gil y otros, como autores mediatos, del delito contra la tranquilidad pública-terrorismo agravado, en perjuicio del Estado. El representante del Ministerio Público solicitó prisión preventiva, por lo que, el veinte de enero de dos mil catorce, se llevó a cabo la audiencia de prisión preventiva. Culminada dicha audiencia, se declaró fundado el requerimiento y se dictó prisión preventiva en contra de la antes mencionada y sus coencausados.

Séptimo. Dicha resolución fue impugnada y, mediante auto superior de vista del veintiocho de mayo de dos mil catorce (foja 681 del cuaderno de apelación de prisión preventiva), se llegó a confirmar la resolución emitida en primera instancia. Sin embargo, mediante resolución de trece de marzo de dos mil diecisiete (foja 227 del cuaderno de cese de prisión preventiva), al no haberse solicitado la prolongación de prisión preventiva, se llegó a ordenar la libertad inmediata por vencimiento de esa medida y se dictaron en contra de la encausada Liendo Gil, las siguientes reglas de conducta: a) detención domiciliaria, b) prohibición de comunicarse con personas relacionadas con los hechos por los que se la juzga, c) presentarse ante la autoridad judicial los días que se le fijen y d) la prestación de una caución económica de dos mil soles. Dicha medida cautelar fue impugnada por la solicitante, pero la resolución referida se confirmó mediante resolución de vista del trece de julio de dos mil diecisiete (foja 463 del cuaderno de cesación de prisión preventiva).

Octavo. Cabe precisar que la citada encausada no salió en libertad. La Dirección de Registro Penitenciario del INPE, mediante Oficio número 896-2017-INPE/18.06-AE (foja 318 del cuaderno de cesación de prisión preventiva), recibido el veintidós de marzo de dos mil diecisiete, comunicó que no se produjo la excarcelación de la mencionada procesada debido a que en la fecha referida registraba dos órdenes de detención vigentes, que emanaban del Expediente número 13-2013, seguido ante el Segundo Juzgado Penal Nacional, y el Expediente número 85-2014, seguido ante el Tercer Juzgado Penal Nacional.

Noveno. En este contexto, es posible afirmar que, por el presente proceso, la encausada Margot Lourdes Liendo Gil no estaba sufriendo privación de su libertad, debido a que el plazo de prisión preventiva fijado con anterioridad se había vencido, esto es, no tenía orden de detención con internamiento en un centro penitenciario. La privación de su libertad derivaba de procesos distintos al caso concreto, los que resultan ser totalmente independientes.

Décimo. Ahora bien, como se ha señalado, la referida solicitante fue condenada mediante sentencia del once de septiembre de dos mil dieciocho (foja 17309), como autora mediata por estructura de aparato organizado de poder no estatal, por el delito contra la tranquilidad pública-terrorismo agravado, en agravio del Estado, y se le impuso la pena de cadena perpetua, decisión que representaba la privación de su libertad. Por tanto, son dos los momentos en que la citada procesada fue privada de su libertad en el presente proceso: prisión preventiva y sentencia condenatoria. Sumados ambos tiempos a la fecha de expedición de la presente ejecutoria, resulta evidente que no ha transcurrido la mitad de la pena de cadena perpetua y, por tanto, que no se cumple con lo dispuesto por el quinto párrafo del artículo 137 del Código Procesal Penal (Decreto Legislativo 368) antes mencionado.

Decimoprimero. Los treinta y dos años de privación de la libertad que aduce la sentenciada no son contabilizables para el caso concreto; en cuanto la norma aludida refiere que la libertad por exceso de carcelería está relacionada con la privación de su libertad, sufrida en el proceso en el que se emitió sentencia condenatoria en su contra. No señala que esta puede ser consecuencia de otros procesos. Consiguientemente, los argumentos que presenta en este extremo no pueden ser estimados.

C. Respecto al arresto domiciliario solicitado por el sentenciado Morote Barrionuevo

Decimosegundo. En el caso concreto, el sentenciado solicita arresto domiciliario. En este extremo, alega que lleva treinta y tres años recluido en diferentes penales y que en el año dos mil trece se le abrieron los Procesos signados con los números 13-2013 (caso Soras) 346-2013 (caso Tarata), con el objeto de impedir su libertad y desprestigiarlo. Al año siguiente se le abrió el Proceso número 85-2014 (caso Movadef), y se le dictaron prisiones preventivas con el fin de impedir su libertad. Explica que fue condenado en primera instancia por el caso Tarata, e interpuso recurso de nulidad, que no ha sido resuelto y, por tanto, goza de la presunción de inocencia; así, debería cumplir el resto de la pena en su domicilio, donde se le puede brindar una atención óptima a su salud.

Decimotercero. Al respecto, se debe indicar que el arresto domiciliario, o detención domiciliaria, es una medida de coerción procesal personal alternativa a la prisión preventiva. Su imposición se produce por sustitución de aquellos casos en los que corresponda la medida más gravosa, atendiendo a las condiciones personales de quien padecerá su cumplimiento, y se dictará a favor de: i) personas mayores de sesenta y cinco años de edad, ii) quienes adolezcan de una enfermedad grave o incurable y iii) quienes sufran una grave incapacidad física permanente que afecte sensiblemente su capacidad de desplazamiento; transversalmente, se ubican en este tipo de medidas las personas con algún grado de vulnerabilidad y riesgo para su integridad en caso de que se disponga su internamiento en una cárcel pública1. La condición general de la medida estriba en que el peligro de fuga o de obstaculización puede evitarse con su imposición2.

Decimocuarto. En efecto, el artículo 290 del Código Procesal Penal (vigente a nivel nacional, de conformidad con la Quinta Disposición Complementaria Modificatoria del Decreto Legislativo número 1229, publicado el veinticinco de septiembre de dos mil quince), regula, en su numeral 1, los supuestos en los que será aplicable dicha institución procesal3, cuando corresponda dictar prisión preventiva. De ahí que el arresto domiciliario es una medida sustitutiva que se fija cuando el encausado se encuentra en cualquiera de los supuestos que la norma aludida señala, para sujetarlo al proceso y asegurar la eficacia en la administración de justicia.

Decimoquinto. Sin embargo, en el caso concreto, el accionante tiene la condición de sentenciado y pesa sobre él una pena efectiva. Esto es, la razón de la privación de su libertad ya no está en función de una medida cautelar destinada a asegurar un eficiente desarrollo del proceso penal, sino de la ejecución de la sanción impuesta por el órgano jurisdiccional por habérsele encontrado responsable, luego del juicio oral respectivo, del delito que se le imputara.

Decimosexto. En efecto, el accionante Osmán Roberto Morote Barrionuevo, mediante sentencia del once de septiembre de dos mil dieciocho (foja 17309), emitida por el Colegiado A de la Sala Penal Nacional, fue condenado como autor mediato, por estructura de aparato de poder organizado de poder no estatal, por el delito contra la tranquilidad pública-terrorismo agravado, a la pena de cadena perpetua. Esta decisión fue recurrida en recurso de nulidad, pero su ejecución se da con arreglo a lo dispuesto por el artículo 293 del Código de Procedimientos Penales, que indica: “El recurso de nulidad no impide que se cumpla la sentencia expedida por el Tribunal, salvo lo dispuesto en los artículos 330 y 331”. Este artículo debe ser leído, interpretado y aplicado en consonancia con el artículo 330 del referido código, que precisa: “La sentencia condenatoria se cumplirá aunque se interponga recurso de nulidad”.

Decimoséptimo. Cabe precisar que, en el nuevo modelo procesal penal, de manera similar, se permite la ejecución provisional de la pena. En efecto, el numeral 1 del artículo 402 del Código Procesal Penal prescribe textualmente que: “La sentencia condenatoria, en su extremo penal, se cumplirá provisionalmente, aunque se interponga recurso contra ella, salvo los casos en que la pena sea de multa o limitativa de derechos”. En esta misma línea se tiene el numeral 1 del artículo 412 del mencionado código, según el cual: “Salvo disposición contraria de la ley, la resolución impugnada mediante recurso se ejecuta provisionalmente, dictando las disposiciones pertinentes si el caso lo requiere”, y el numeral 2 del artículo 418 del Código Procesal Penal, el cual establece que: “Si se trata de una sentencia condenatoria que imponga pena privativa de libertad efectiva, este extremo se ejecutará provisionalmente”.

Decimoctavo. En este contexto, es evidente que en nuestro ordenamiento procesal penal no es necesario que la sentencia condenatoria adquiera firmeza para que la pena privativa de libertad impuesta o, en su caso, la sentencia, se ejecute. Por tanto, al ser el arresto domiciliario una medida cautelar que se rige por sus propios presupuestos y dado que su fin es distinto al de la ejecución de la pena, pues no se encuentra en un estadio procesal en el que sea posible su imposición, no cabe amparar la solicitud del sentenciado.

D. Respecto al acceso a sus peticiones por razones humanitarias en prevalencia de la vida y la salud frente al poder punitivo del Estado

Decimonoveno. En este extremo, corresponde verificar si en atención a la edad de los solicitantes, al estado de salud, el problema de hacinamiento de las cárceles y su vulnerabilidad frente a la pandemia que se vive en el país por el virus de la COVID-19, se debe acceder a sus peticiones por razones humanitarias y no por el delito por el cual se encuentran privados de su libertad, haciéndose primar la vida y la salud frente al poder punitivo del Estado.

Vigésimo. Al respecto, se debe indicar que la Constitución Política del Estado prescribe una serie de derechos y principios fundamentales que rigen para todas las personas sin distinción alguna. Así, se protege la vida, la salud, la libertad y la seguridad personal, entre otros derechos. Sin embargo, el Tribunal Constitucional ha establecido en reiterada jurisprudencia que: “Ningún derecho fundamental es ilimitado. En efecto, por alta que sea su consideración dogmática y axiológica, ningún derecho fundamental tiene capacidad de subordinar, en toda circunstancia, el resto de derechos, principios o valores a los que la Constitución también concede protección”4. De ahí que, en este mismo nivel, también se encuentre la ejecución de las resoluciones judiciales como un principio de la administración de justicia consagrado también en nuestra Constitución5.

Vigesimoprimero. Ahora bien, la pandemia originada por el virus de la COVID-19 que se vive a nivel global, no solo pone en riesgo los derechos antes referidos, sino también la estabilidad económica del país y su desarrollo. Ante este peligro, luego que la Organización Mundial de la Salud calificara el brote de coronavirus como una pandemia, el presidente de la República del Perú, mediante Decreto Supremo número 008-2020-SA, publicado en el diario oficial El Peruano el once de marzo de dos mil veinte, declaró en emergencia sanitaria a todo el país por el plazo de noventa días calendarios y dictó medidas de prevención y control del aludido virus.

Vigesimosegundo. Posteriormente, se emitió el Decreto Supremo número 044-2020-PCM, publicado en el diario oficial El Peruano el quince de marzo de dos mil veinte, por el cual se declaró el “Estado de emergencia nacional por las graves circunstancias que afectan la vida de la nación a consecuencia del brote del Covid-19”, por el plazo de quince días calendario, y se dispuso el aislamiento social obligatorio, suspendiendo, limitando y restringiendo algunos derechos constitucionales6, con el fin de evitar la propagación del mencionado virus. Cabe señalar que estas medidas se fueron flexibilizando (cuarentena focalizada); es así que, mediante Decreto Supremo número 116-2020-PCM, publicado en el diario oficial El Peruano el veintiséis de junio de dos mil veinte, se amplió el estado de emergencia de modo parcial en el país, desde el primero de julio hasta el treinta y uno de julio de dos mil veinte.

Vigesimotercero.En relación con el orden internacional, la Corte Interamericana de Derechos Humanos, el nueve de abril de dos mil veinte, mediante Declaración 1/207, instó a los Estados parte de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, a fin de que adopten e implementen medidas para abordar y contener la grave situación ocasionada por la pandemia global causada por el Coronavirus (COVID-19). Con relación con los privados de libertad, recomendó, en su punto nueve: “Dado el alto impacto que el Covid-19 pueda tener respecto a las personas privadas de libertad en las prisiones y otros centros de detención y en atención a la posición especial de garante del Estado, se torna necesario reducir los niveles de sobrepoblación y hacinamiento, y disponer, en forma racional y ordenada, medidas alternativas a la privación de la libertad”.

Vigesimocuarto. En esta misma línea, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, el diez de abril de dos mil veinte, mediante Resolución número 1/20208, formuló una serie de recomendaciones a los gobiernos de los Estados miembros de la OEA, a efectos de garantizar los derechos humanos en el contexto de la pandemia de la COVID-19. Entre ellas, adoptar medidas para enfrentar el hacinamiento de las unidades de privación de la libertad, incluida la reevaluación de los casos de prisión preventiva para identificar aquellos que pueden ser convertidos en medidas alternativas a la privación de la libertad, dando prioridad a las poblaciones con mayor riesgo de salud frente a un eventual contagio de la COVID-19, principalmente las personas mayores y mujeres embarazadas o con hijos lactantes. Asimismo, se debe asegurar que, en los casos de personas en situación de riesgo en el contexto de pandemia, se evalúen las solicitudes de beneficios carcelarios y medidas alternativas a la pena de prisión. Además, se indicó que en el caso de personas condenadas por graves violaciones a los derechos humanos y delitos de lesa humanidad, atendiendo el bien jurídico afectado, la gravedad de los hechos y la obligación de los Estados de sancionar a los responsables de tales violaciones, esas evaluaciones requieren de un análisis y requisitos más exigentes, con apego al principio de proporcionalidad y a los estándares interamericanos aplicables.

Vigesimoquinto. Este poder del Estado tampoco ha sido ajeno a la crisis sanitaria mundial que se vive actualmente; es por ello que mediante Resolución Administrativa número 000118-2020-CE-PJ, del once de abril de dos mil veinte, en su artículo cuarto, precisó que:

Los presidentes de las Cortes Superiores de Justicia del país exhorten a los jueces de la especialidad penal, para que en todos aquellos casos en los que tengan la competencia y posibilidad, revisen, incluso de oficio, la situación jurídica de los procesados y sentenciados privados de su libertad, que estén bajo su competencia, a fin de evaluar modificaciones en su condición jurídica.

Este artículo fue precisado mediante Resolución Administrativa número 000120-2020-CE-PJ, del diecisiete de abril de dos mil veinte, en el siguiente sentido:

a) Se exhorta a todos los jueces penales de los Distritos Judiciales del país incluidos quienes integran los órganos jurisdiccionales de emergencia, que resuelvan de oficio y/o a pedido de la parte legitimada la situación jurídica de los procesados y sentenciados privados de su libertad, que estén bajo su competencia, a fin de evaluar modificaciones en su condición jurídica.

b) Los jueces penales de los Distritos Judiciales del país, incluidos los que integran los órganos jurisdiccionales de emergencia, están en la obligación de resolver las solicitudes de variación del mandato de detención o de cese de prisión preventiva según corresponda al modelo procesal que se aplique, que se presenten en los procesos judiciales a su cargo; y,

c) En los casos que se requiera realizar una audiencia, esta se llevará a cabo virtualmente o mediante el uso de un medio tecnológico idóneo que permita garantizar la tutela judicial efectiva y el debido proceso.

Asimismo, mediante Resolución Administrativa número 000138-2020-CE- PJ, del siete de mayo de dos mil veinte, se aprobó la “Directiva de Medidas Urgentes con motivo de la Pandemia del Covid-19, para evaluar y dictar, si correspondiera, la reforma o cesación de la prisión preventiva”; en el punto 4 de la directiva adjunta a la mencionada resolución se fijaron criterios que deben adoptarse para valorar el peligro procesal en relación con el derecho a la salud de los internos procesados:

A. Constituye población de vulnerabilidad excepcional las personas: i) que son mayores de 65 años de edad, ii) que adolecen de enfermedades graves o enfermedades crónicas, calificadas como riesgosas frente al coronavirus, iii) que son madres gestantes y iv) que son madres que tienen hijos menores de tres años. En el segundo supuesto, el juez examinará si la persona interna procesada padece una enfermedad crónica grave o presenta comorbilidad al Covid-19, conforme con lo señalado por el Ministerio de Salud; así como, si padece de otras enfermedades crónicas que, teniendo en cuenta las condiciones penitenciarias, se consideran vulnerables al contagio por Covid-19.

B. En estos supuestos, el juez tendrá presente el estado de salud de las personas o, en su caso, ordenará una evaluación médico-legal, así como tendrá en cuenta el nivel de salubridad del establecimiento penal –el grado de contaminación del Covid-19– y las medidas que se han tomado para evitarlo y para atender a los afectados, así como su grado de hacinamiento del mismo y, de ser posible, la situación concreta de cada interno procesado.

C. En los casos de los internos procesados por delitos sancionados con penas capitales (cadena perpetua y en su extremo mínimo conminados con veinticinco o más años de pena privativa de libertad) y los delitos referidos a graves violaciones a los derechos humanos y delitos de lesa humanidad, la evaluación requiere de un análisis y requisitos más exigentes, con apego al principio de proporcionalidad y a los estándares interamericanos aplicables.

D. Otro factor será si el interno procesado está por cumplir el plazo de prisión preventiva o si ya se encuentra bajo la prolongación de prisión preventiva. En estos casos, será preponderante, en función al riesgo sanitario del Establecimiento Penal -riesgo para su vida o salud-, la edad del interno y demás condiciones personales, y a la entidad del delito imputado, considerar la posibilidad de reformar o cesar la prisión preventiva. El tiempo de prisión preventiva es un factor, en sí mismo, factible para disminuir el riesgo de fuga o de obstaculización, a menos que se evidencie lo contrario en función a las circunstancias del caso concreto.

E.Para todos estos efectos, será valorable por el juez la información que las partes obtengan y, preponderantemente, todas las informaciones de fuente abierta, en especial las oficiales.

Vigesimosexto. Por otro lado, teniendo en cuenta que el Sistema Nacional Penitenciario atraviesa desde hace varias décadas una aguda crisis, debido principalmente a la sobrepoblación de internos en los establecimientos penitenciarios, así como a la declaración de emergencia sanitaria por el virus de la COVID-19, y que la Ley número 31020 (ley que delega en el Poder Ejecutivo la facultad de legislar en materia penal, procesal penal y penitenciaria, a fin de establecer medidas para el deshacinamiento de establecimientos penitenciarios y centros juveniles por riesgo de contagio de virus COVID-19), se emitió el Decreto Legislativo número 1513, publicado en el diario oficial El Peruano el cuatro de junio de dos mil veinte, que establece disposiciones de carácter excepcional para el deshacinamiento de establecimientos penitenciarios y centros juveniles por riesgo de contagio de la COVID-19; el aludido decreto está dirigido a personas privadas de su libertad por sentencias condenatorias o medidas de coerción personal, así como las que cuenten con una medida de internamiento por infracción de la ley penal o medida de internamiento preventivo, a fin de preservar su vida y salud.

Vigesimoséptimo. En lo que es materia de controversia, se evidencia que, con motivo de la pandemia del COVID-19, tanto el Legislativo como el Ejecutivo emitieron normas para tomar medidas en favor de quienes se encuentran privados de su libertad. Así, a fin de dar respuesta a los encausados, resulta legítimo evaluar su solicitud bajo las reglas de estas normas de emergencia, para considerar si, dado el grave estado de salud que aluden, el problema de hacinación de las cárceles y su vulnerabilidad frente a la pandemia que se vive en el país por el virus aludido, se debe acceder a su petición por razones humanitarias.

Vigesimoctavo. Como se mencionó, los solicitantes fueron condenados como autores mediatos, por estructura de aparato de poder organizado de poder no estatal, por el delito contra la tranquilidad pública-terrorismo agravado, a la pena de cadena perpetua. En tal sentido, el literal c del punto 4 de la Directiva adjunta a la Resolución Administrativa número 000138-2020-CE-PJ precisa que:

En los casos de los internos procesados por delitos sancionados con penas capitales (cadena perpetua y en su extremo mínimo conminados con veinticinco o más años de pena privativa de libertad) y los delitos referidos a graves violaciones a los derechos humanos y delitos de lesa humanidad, la evaluación requiere de un análisis y requisitos más exigentes, con apego al principio de proporcionalidad y a los estándares interamericanos aplicables.

Vigesimonoveno. En este contexto, se evidencia que el delito por el cual fueron sentenciados los solicitantes es de suma gravedad, cuyo bien jurídico protegido es complejo y supraindividual, en el que se ejecutan actos especialmente violentos, sistemáticos y organizados contra bienes jurídicos individuales como la vida, el cuerpo, la salud, el patrimonio o la libertad, acciones realizadas con el fin de causar zozobra o temor en la población, traduciéndose en la creación o mantenimiento en un estado de inseguridad colectiva que debe ser protegido más allá de estos9. De ahí que, la ejecución de las resoluciones judiciales, como principio de la administración de justicia consagrado en nuestra Constitución, cobre importancia y esté sustentado en la reafirmación de la vigencia de los valores fundamentales de todos.

Trigésimo. Aunado a ello, en cuanto al acceso a los beneficios establecidos en el Decreto Legislativo número 1513, se debe cumplir con ciertos requisitos. Así, en el Capítulo III del aludido Decreto Legislativo, se reguló la “Remisión condicional de la pena” de los condenados y condenadas, y se estableció, en su artículo sexto, que dicha remisión procede en los casos en que se les hubiera impuesto: a) una pena privativa de libertad efectiva no mayor de 8 (ocho) años, que hayan cumplido la mitad de la pena impuesta, y se encuentren ubicados en las etapas de tratamiento de mínima o mediana seguridad del régimen cerrado ordinario, y b) una pena privativa de libertad efectiva no mayor de 10 (diez) años, que hayan cumplido nueve años de la pena impuesta, y se encuentren ubicados en las etapas de tratamiento de mínima seguridad del régimen cerrado ordinario. Del mismo modo, en el artículo séptimo del referido decreto legislativo se estableció taxativamente que la remisión condicional de la pena no procede en el caso de los internos e internas que se encuentren sentenciados o sentenciadas, entre otros, por los delitos comprendidos en el Decreto Legislativo número 25475 (legislación que establece los delitos de terrorismo).

Trigésimo primero. En tal virtud, en el caso concreto, resulta evidente que los presupuestos fijados en el citado decreto legislativo con el fin de obtener la remisión condicional de la pena no se cumplen para los solicitantes, por la cuantía de la pena impuesta y el delito imputado materia de condena.

Trigésimo segundo. En lo atinente a la edad, al estado de salud de los solicitantes y su vulnerabilidad frente a la pandemia que se vive en el país por el virus de la COVID-19, la sentenciada Liendo Gil indicó que, de acuerdo con el Informe Médico número 132-2020 del veintiocho de abril de dos mil veinte, se desprende que tiene hipertensión arterial e hipotiroidismo y que en la prueba de descarte de la COVID-19 salió positiva. Al respecto, en el cuadernillo formado en esta Instancia Suprema, obran los Informes Médicos número 173-2020 y número 295- 2020, del veintiséis de mayo de dos mil veinte y veinticuatro de junio de dos mil veinte, respectivamente, emitidos por la doctora del área de salud del establecimiento penal en el que se encuentra recluida, por el cual se evidencia que a la solicitante se le viene proporcionando atención médica permanente; así, se indica que, con motivo de haber dado: “Positiva a IgG e IgM” en la prueba rápida para la COVID-19 que se le realizó el ocho de junio de dos mil veinte, se le dio el medicamento respectivo y se la puso en aislamiento por catorce días, tomándose las acciones correspondientes para preservar su salud e integridad física.

Trigésimo tercero. Respecto al encausado Morote Barrionuevo, este indicó que también dio positivo para el virus de la COVID-19. En tal sentido, se tienen los siguientes medios probatorios: i) Informe Médico número 123, del veintiocho de abril de dos mil veinte, cuyo diagnóstico es: “Clínicamente estable al momento del examen”; ii) Informe Médico número 197, del diecinueve de mayo de dos mil veinte, cuyo diagnóstico es:

“D/C Alzheimer, desnutrición leve, paciente clínicamente estable”, y iii) Informe Médico número 287, del tres de junio de dos mil veinte, cuyo diagnóstico es: “Paciente con Covid-19 leve”. En cuanto a este último diagnóstico, se aprecia del citado Informe que se le proporcionaron los medicamentos respectivos y, además, fue trasladado a los ambientes de aislamiento del penal.

Trigésimo cuarto. En este contexto, se puede evidenciar que el Estado, a través del órgano competente (INPE), viene tomando acciones periódicas para preservar la salud de los sentenciados, quienes si bien han sido infectados con el virus de la COVID-19, fueron debidamente atendidos y, a la fecha de los Informes emitidos, venían siendo monitoreados con el fin de salvaguardar su salud y su vida. Cabe precisar que en ninguno de los informes se llegó a diagnosticar un mal irreversible que complique completamente su salud y amerite, por razones humanitarias, decretar la libertad de los solicitantes.

Trigésimo quinto. Además, se debe considerar que, tratándose de personas que cumplen condena privativa de libertad en un centro penitenciario, la concreta compatibilidad entre el cumplimiento de la pena y la salud de quien permanece internado en dicho establecimiento exige un ejercicio de ponderación que deben realizar las autoridades penitenciarias, bajo el control del órgano judicial competente. El Instituto Nacional Penitenciario se encuentra obligado a velar por la salud de los internos, de conformidad con el artículo 76 del Código de Ejecución Penal que, en su primer párrafo, dispone: “La Administración Penitenciaria proveerá lo necesario para el desarrollo de las acciones de prevención, promoción y recuperación de la salud, teniendo en cuenta las políticas nacionales de salud y especialmente los lineamientos y medidas establecidas por el Ministerio de Salud”; lo que, en el caso concreto, se viene dando.

Trigésimo sexto. En consecuencia, de acuerdo con lo señalado precedentemente, no se puede acceder a lo solicitado por los sentenciados. El Estado no solo debe velar por los derechos que les corresponde a los privados de su libertad, sino también debe velar por las víctimas o sus familiares, quienes tienen el derecho a conocer la verdad de los hechos acaecidos en su perjuicio.

DECISIÓN

Por estos fundamentos, los señores jueces supremos integrantes de la Sala Penal Permanente de la Corte Suprema de Justicia de la República DECLARARON IMPROCEDENTES las solicitudes de libertad por exceso de carcelería sin pronunciamiento de segunda instancia y arresto domiciliario, efectuadas por los sentenciados Margot Lourdes Liendo Gil (foja 466) y Osmán Roberto Morote Barrionuevo (foja 478), respectivamente, en el proceso que se les sigue por el delito contra la tranquilidad pública-terrorismo agravado, en agravio del Estado; y los devolvieron.


1 Sala Penal Permanente, Sentencia de Casación número 484-2019-Corte Especializada, del diecinueve de diciembre de dos mil diecinueve, fundamento jurídico 2.2 del considerando segundo.
2 SAN MARTÍN CASTRO, César. Derecho Procesal Penal Lecciones. Lima: Editoriales INPECCP y CENALES, 2015, p. 470.
3 Artículo 290 Detención domiciliaria
1. Se impondrá detención domiciliaria cuando, pese a corresponder prisión preventiva, el imputado:
a) Es mayor de 65 años de edad
b) Adolece de una enfermedad grave o incurable
c) Sufre grave incapacidad física permanente que afecte sensiblemente su capacidad de desplazamiento
d) Es una madre gestante.
4 Sentencia del TC recaída en el Expediente número 0019-2005-PI/TC, fundamento jurídico 12.
5 Segundo párrafo del numeral 2, del artículo 139 de la Constitución Política del Estado.
6 Dicha medida fue ampliada temporalmente mediante Decretos Supremos signados con los números 051-2020-PCM (veintisiete de marzo de dos mil veinte) 064-2020-PCM (nueve de abril de dos mil veinte) 075-2020-PCM (veinticinco de abril de dos mil veinte) 083-2020-PCM (nueve de mayo de dos mil veinte) y 094-2020-PCM (veintitrés de mayo de dos mil veinte). Precisado o modificado por los Decretos Supremos signados con los números 045-2020-PCM, 046-2020-PCM, 051-2020-PCM, 053-2020-PCM, 057-2020-PCM, 058- 2020-PCM, 061-2020-PCM, 063-2020-PCM, 64-2020-PCM, 068-2020-PCM y 072-2020-PCM.
7 Fuente: https://www.corteidh.or.cr/tablas/alerta/comunicado/declaracion_1_20_ESP.pdf
8 Fuente: https://www.oas.org/es/cidh/decisiones/pdf/Resolucion-1-20-es.pdf
9 Recurso de Nulidad número 5385-2006 del catorce de diciembre de dos mil siete, de la Segunda Sala Penal Transitoria de la Corte Suprema de Justicia, fundamento jurídico 5.5.3.

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