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CORTE SUPREMA DE JUSTICIA  DE LA REPÚBLICA

SALA PENAL PERMANENTE
CASACIÓN N.° 135-2019
AYACUCHO

Infracción del principio jurisdiccional de la motivación judicial

En la perspectiva de la preparación y sustanciación del juicio oral, los estadios sobre la prueba son precognitivos y cognitivos. El primer caso se refiere al acto de ofrecimiento, mientras que el segundo supuesto alude a la admisión, actuación y valoración.

La interpretación de los artículos 350, numeral 1, literal f; 353, numeral 2, literal c; 375, numeral 1, literal b, y 394, numeral 3, del Código Procesal Penal, es sistemática, secuencial y permite arribar a la siguiente conclusión: la prueba que se ofrece, se admite y se actúa, finalmente, debe ser evaluada en la sentencia. No son amparables aquellos escenarios en los que una prueba que ha sido oportunamente admitida no sea actuada ni es aceptable que una prueba admitida y actuada no sea valorada. Lo último es lo que refleja el grado de confirmación lógica y epistémica que dicha prueba aporta al enunciado sobre el hecho principal.

Este Tribunal Supremo establece que, en el caso, se contravino el principio jurisdiccional de la motivación de las resoluciones judiciales. Por ello, al amparo del artículo 150, literal d, del Código Procesal Penal, resulta necesario declarar la nulidad de las sentencias de primera y segunda instancia.

El recurso de casación interpuesto por el ACTOR CIVIL (Teófilo Alarcón Cabana) se declarará fundado.

SENTENCIA DE CASACIÓN

Lima, veintiocho de agosto de dos mil veinte

VISTOS: el recurso de casación interpuesto por el ACTOR CIVIL (Teófilo Alarcón Cabana), contra la sentencia de vista del trece de noviembre de dos mil dieciocho (foja 251), emitida por la Primera Sala Penal de Apelaciones de Huamanga de la Corte Superior de Justicia de Ayacucho, que confirmó la sentencia de primera instancia del doce de diciembre de dos mil diecisiete (foja 130), que absolvió a AMARU ÓSCAR SAIRE SILVA, OLIMPIO CHURASI CCOPA y ALBERTO QUISPE GARIBAY del requerimiento de acusación por el delito contra la vida, el cuerpo y la salud-lesiones graves, submodalidad cuando la víctima es de la tercera edad, en agravio de Teófilo Alarcón Cabana.

Intervino como ponente el señor juez supremo Coaguila Chávez.

FUNDAMENTOS DE HECHO

§ I. Del procedimiento en primera y segunda instancia

Primero. Según el requerimiento de acusación del dieciséis de enero de dos mil diecisiete (foja 1), los hechos incriminados por el representante del Ministerio Público fueron los siguientes:

1.1. El ocho de septiembre de dos mil dieciséis, en el centro poblado de Autama, distrito de Santiago de Paucaray, provincia de Sucre, departamento de Ayacucho, se organizó una serenata por el aniversario de su creación. La animación del evento estuvo a cargo de AMARU ÓSCAR SAIRE SILVA. Entre los asistentes estuvieron presentes OLIMPIO CHURASI CCOPA, ALBERTO QUISPE GARIBAY, Juan Carlos Alarcón Salcedo y los hermanos Pedro, Máximo y Julio Alarcón Santaria. Se bebió licor y se bailó al ritmo de la música propalada.

1.2. El nueve de septiembre de dos mil dieciséis, entre las 03:00 y 04:00 horas, Teófilo Alarcón Cabana salió de su vivienda situada en las inmediaciones de la plaza principal del centro poblado de Autama y de la vía carrozable que conduce hacia la ciudad de Querobamba, y se dirigió a su chacra en el sector Tancarcha, con el propósito de observar los pastos naturales pues ingresa el ganado vacuno y causa daños. Después de haber caminado tres minutos, escuchó bulla y advirtió la presencia de ALBERTO QUISPE GARIBAY, AMARU ÓSCAR SAIRE SILVA y OLIMPIO CHURASI CCOPA. En ese momento, sin motivo alguno, este último le asestó una patada en la cadera y lo derribó, a su vez, el primero y el segundo lo agredieron en diversas partes del cuerpo, gritó de dolor y perdió el conocimiento. No recuerda lo sucedido después.

1.3. A consecuencia de ello, Teófilo Alarcón Cabana fue traslado a los centros de salud del distrito de Soras y la ciudad de Querobamba. Sin embargo, debido al deterioro de los equipos médicos, fue derivado a los hospitales de Cangallo y de Ayacucho. Fue internado en el área de traumatología y permaneció varios días en proceso de recuperación.

1.4. La División Médico Legal de Ayacucho, mediante el certificado del doce de septiembre de dos mil dieciséis, diagnosticó que Teófilo Alarcón Cabana sufrió fractura de cadera derecha ocasionada por agente contundente duro. Le prescribieron diez días de atención facultativa y noventa días de incapacidad médico legal.

Los hechos fueron calificados en el artículo 121, primer párrafo, numerales 2 y 3, del Código Penal. Se solicitó la imposición de las siguientes consecuencias jurídicas: cinco años y tres meses de pena privativa de libertad a ALBERTO QUISPE GARIBAY y AMARU ÓSCAR SAIRE SILVA, y cuatro años de privación de libertad a OLIMPIO CHURASI CCOPA, así como el pago de la reparación civil de S/ 9000 (nueve mil soles).

Segundo. Llevado a cabo el juicio oral, el Juzgado Penal Unipersonal de Sucre, mediante sentencia del doce de diciembre de dos mil diecisiete (foja 130), absolvió a AMARU ÓSCAR SAIRE SILVA, OLIMPIO CHURASI CCOPA y
ALBERTO QUISPE GARIBAY del requerimiento de acusación por el delito de lesiones graves, submodalidad cuando la víctima es de la tercera edad, en agravio de Teófilo Alarcón Cabana.

Los fundamentos de esta decisión fueron los siguientes:

En primer lugar, no se acreditó el móvil y el dolo, pues no había razón para que AMARU ÓSCAR SAIRE SILVA, OLIMPIO CHURASI CCOPA y ALBERTO QUISPE GARIBAY agredieran a Teófilo Alarcón Cabana.

En segundo lugar, no se comprobó que la fractura de cadera de Teófilo Alarcón Cabana haya sido producida por la agresión de AMARU ÓSCAR SAIRE SILVA, OLIMPIO CHURASI CCOPA y ALBERTO QUISPE GARIBAY. Además, en virtud de los golpes, el primero debió presentar otras lesiones en la cabeza, tuvo que desmayarse y perder el conocimiento, pero nada de ello se verificó.

En tercer lugar, las pruebas testimoniales fueron divergentes, pues, por un lado, los hijos de Teófilo Alarcón Cabana aseveraron que los autores de los golpes fueron AMARU ÓSCAR SAIRE SILVA, OLIMPIO CHURASI CCOPA y ALBERTO QUISPE GARIBAY; y, por otro lado, los testigos Fredy Alarcón Gutiérrez, Serafín Antonio Escajadillo Silva y William Lapa Poma indicaron que la agresión la produjo uno de los hijos, es decir, Pedro Alarcón Santaria.

Tercero. Contra la mencionada sentencia, el señor fiscal provincial y el ACTOR CIVIL (Teófilo Alarcón Cabana) interpusieron los recursos de apelación del diecinueve de diciembre de dos mil diecisiete (fojas 172 y 162).

Dichas impugnaciones fueron concedidas por auto del veinte de diciembre de dos mil diecisiete (foja 177). Se dispuso elevar los actuados al superior jerárquico.

Cuarto. A su turno, la Sala Penal Superior, a través de los autos del veintinueve de enero de dos mil dieciocho (fojas 196 y 200), declaró inadmisibles los recursos de apelación formulados por señor fiscal provincial y el ACTOR CIVIL (Teófilo Alarcón Cabana).

Sin embargo, este Tribunal Supremo, mediante la ejecutoria suprema recaída en el Recurso de Queja NCPP número 300-2018/Ayacucho, del cuatro de junio de dos mil dieciocho (foja 223), declaró fundado el recurso de queja promovido por ACTOR CIVIL (Teófilo Alarcón Cabana) y ordenó que se admita su recurso apelación y se continúe con el trámite correspondiente.

Quinto. En la audiencia de apelación, según emerge del acta (foja 243), no se incorporaron ni actuaron medios probatorios. Solo se expusieron las alegaciones de los abogados defensores.

Por parte de los encausados AMARU ÓSCAR SAIRE SILVA, OLIMPIO CHURASI CCOPA y ALBERTO QUISPE GARIBAY, se indicó que la sentencia recurrida fue debidamente motivada.

Por parte del ACTOR CIVIL (Teófilo Alarcón Cabana), se precisó que no hubo valoración de cuatro CD-ROM en los que se registraron diversas conversaciones, de cuyo contenido subyace el reconocimiento de los hechos delictivos atribuidos y pedidos de conciliación, entre otros.

A su turno, el Tribunal Superior, a través de la sentencia de vista del trece de noviembre de dos mil dieciocho (foja 251), confirmó la sentencia de primera instancia que absolvió a AMARU ÓSCAR SAIRE SILVA, OLIMPIO CHURASI CCOPA y ALBERTO QUISPE GARIBAY del requerimiento de acusación por el delito de lesiones graves, en agravio de Teófilo Alarcón Cabana.

Los argumentos de esta decisión fueron los siguientes:

En primer lugar, los audios no contienen declaraciones o reconocimientos de la imputación formulada por el Ministerio Público. Las conversaciones no fueron contextualizadas para establecer que estén referidas a las agresiones físicas que sufrió Teófilo Alarcón Cabana. Por ello, la omisión de evaluar el contenido de los CD-ROM no resulta trascendente para declarar la nulidad de la sentencia de primera instancia. Se indicó que, en caso de ordenarse la realización de un nuevo juicio oral, no existe probabilidad de que pueda emitirse un fallo distinto.

En segundo lugar, no hubo motivación aparente sobre las declaraciones de Pedro, Ángel Máximo y Julio Anastacio Alarcón Santaria. Se precisó que ellos carecen de verosimilitud por dos razones: son hijos de Teófilo Alarcón Cabana y antes de los hechos estuvieron enfrentados con los procesados AMARU ÓSCAR SAIRE SILVA, OLIMPIO CHURASI CCOPA y ALBERTO QUISPE GARIBAY.

En tercer lugar, la interpretación efectuada sobre la manifestación del perito Fabio Palacios Lizarbe fue coherente y no se comprobaron errores o vulneración de reglas de la lógica o conocimientos científicos.

Sexto. Frente a la sentencia de vista, el ACTOR CIVIL (Teófilo Alarcón Cabana) formalizó el recurso de casación del diez de diciembre de dos mil dieciocho (foja 268).

Invocó el acceso casacional regulado en el artículo 427, numeral 4, del Código Procesal Penal.

También puntualizó las causales previstas en el artículo 429, numerales 1 y 5, del Código Procesal Penal.

Mediante auto del catorce de diciembre de dos mil dieciocho (foja 277), la citada impugnación fue admitida. El expediente judicial fue remitido a este Tribunal Supremo.

§ II. Del procedimiento en la Sede Suprema

Séptimo. Esta Sala Penal Suprema, al amparo del artículo 430, numeral 6, del Código Procesal Penal, emitió el auto de calificación del veintiséis de julio de dos mil diecinueve (foja 53 en el cuaderno supremo).

Se aplicó la doctrina de la voluntad impugnativa y se declaró inadmisible el recurso de casación del ACTOR CIVIL (Teófilo Alarcón Cabana) por las causales estatuidas en el artículo 429, numerales 1 y 5, del Código Procesal Penal; en cambio, se concedió la casación por la causal prevista en el numeral 4 del mencionado artículo.

Octavo. Las partes procesales fueron instruidas sobre la admisión del recurso de casación, según las notificaciones respectivas (fojas 58, 59 y 60 en el cuaderno supremo).

Posteriormente, se emitió el decreto del veintinueve de julio de dos mil veinte (foja 79 en el cuaderno supremo), que señaló el veinte de agosto del mismo año como fecha para la audiencia de casación.

Noveno. Realizada la audiencia de casación, se celebró de inmediato la deliberación de la causa en sesión privada. Llevada a cabo la votación, y por unanimidad, corresponde dictar la presente sentencia casatoria, cuya lectura se programó en la fecha.

FUNDAMENTOS DE DERECHO

Primero. Como se indicó, este Tribunal Supremo declaró bien concedido el recurso de casación planteado por el ACTOR CIVIL (Teófilo Alarcón Cabana) por la causal contenida en el artículo 429, numeral 4, del Código Procesal Penal.

El motivo casacional se circunscribe a dilucidar si la falta de valoración de los audios contenidos en los cuatro CD-ROM, actuados en el juicio oral respectivo, da lugar a la infracción del principio jurisdiccional de la motivación de las resoluciones judiciales.

Segundo. En principio, se advierte que, mediante auto de enjuiciamiento del dieciséis mayo de dos mil diecisiete (foja 25), se admitieron los medios de prueba ofrecidos por el representante del Ministerio Público, entre ellos: “Cuatro CD´s en donde aparecen registradas las llamadas actuadas por los imputados Amaru Oscar Saire, Alberto Quispe Garibay y de (la) esposa de éste, al hijo del agraviado, Nico Alejandro Alarcón Santaria [sic]”.

Asimismo, el acta (foja 99), evidenció que, luego de escuchar los audios registrados en los cuatro CD-ROM, el señor fiscal provincial sostuvo:

Acabamos de escuchar que las partes han rememorado el incidente materia de la presente investigación y conforme se advierte de los audios las partes tienen conocimiento mediano sobre la conciliación y en todo instante […] quieren conciliar […] en todos los audios siempre han tratado de conciliar las partes inclusive han reconocido que lo que han cometido ambas partes inclusive se han dado las concesiones mutuas […].

Por su parte, el defensor técnico de los encausados AMARU ÓSCAR SAIRE SILVA, OLIMPIO CHURASI CCOPA y ALBERTO QUISPE GARIBAY adujo:

Con respecto a los 4 audios escuchados […] donde han tenido una larga conversación con el señor Alberto Quispe Garibay y Óscar Amaru Saire Silva se ha escuchado […] lo que ellos han querido solucionar ese tema solo por no ser mal vistos por la gente como docentes (que los miren mal) o evitar gastos sucesivos a aventurarse a un juicio […] ellos han narrado con lujo de detalle evitar un problema a pesar que no han cometido el hecho ya que le ha dicho claramente a Niko que ellos no han cometido el hecho […] en los 4 audios en ningún momento ellos han reconocido la agresión […].

Tercero. Como puede observarse, durante el juicio oral, las partes acusatoria y defensiva detallaron sus posiciones respecto al valor de los audios respectivos. Esto último, necesaria e indefectiblemente, compelía a que el órgano jurisdiccional de primera instancia emita un pronunciamiento individualizado, tanto para conceder el mérito y la fiabilidad correspondiente como para decidir sobre su probanza. Sin embargo, se coteja una absoluta falta de apreciación.

Del acta (foja 243) trasciende que en la audiencia de apelación nuevamente se escucharon los audios; sin embargo, tal proceder es incorrecto, pues, sin otras razones que lo justifiquen, resulta evidente que el único propósito era enmendar la omisión anotada y viabilizar su valoración posterior. En la sentencia de vista no se transcribieron plenamente las conversaciones oídas. Esto, cuando menos, habría otorgado un soporte literosuficiente para contrastar la razonabilidad del análisis efectuado, pero no ocurrió.

En este punto, el Tribunal Superior actuó como juzgado sentenciador, lo suplantó en sus funciones de valoración de la prueba y soslayó que la sentencia apelada debía ser evaluada en sus propios términos, debido a que no se admitieron pruebas en la fase de impugnación.

El artículo 424, numeral 4, del Código Procesal Penal, autoriza que en las audiencias de apelación sean leídas las “actuaciones del juicio oral de primera instancia no objetadas por las partes [sic]”. En el caso, uno de los motivos de cuestionamiento recursal fue la ausencia de análisis de los audios, cuya actuación se produjo en el acto oral primigenio. Es decir, no se cumple con el requisito glosado.

Por otro lado, de acuerdo con el artículo 409, numeral 2, del Código Procesal Penal, en los Tribunales revisores solo se pueden corregir “errores de Derecho en la fundamentación de la decisión, que no hayan influido en la parte resolutiva [sic]”. En aplicación del principio de legalidad procesal, la ausencia de motivación sobre el valor de una prueba de cargo relevante para la tesis acusatoria no puede asemejarse a un simple error.

Cuarto.En la perspectiva de la preparación y sustanciación del juicio oral, los estadios sobre la prueba son precognitivos y cognitivos. El primer caso se refiere al acto de ofrecimiento, mientras que el segundo supuesto alude a la admisión, actuación y valoración.

La interpretación de los artículos 350, numeral 1, literal f; 353, numeral 2, literal c; 375, numeral 1, literal b, y 394, numeral 3, del Código Procesal Penal es sistemática, secuencial y permite arribar a la siguiente conclusión: la prueba que se ofrece, se admite y se actúa, finalmente, debe ser evaluada en la sentencia.

No son amparables aquellos escenarios en los que una prueba que ha sido oportunamente admitida no sea actuada ni es aceptable que una prueba admitida y actuada no sea valorada. Lo último es lo que refleja el grado de confirmación lógica y epistémica que dicha prueba aporta al enunciado sobre el hecho principal.

Es oportuno subrayar que la valoración de la prueba tiene por objeto establecer la conexión final entre los medios de prueba presentados y la verdad o falsedad de los enunciados sobre los hechos en litigio1. En esa óptica, nunca será redundante una prueba que aporte algún dato nuevo en apoyo de la hipótesis o le confiera credibilidad a una fuente probatoria y, a su vez, se considerará superfluo todo aquello que no suministre nueva información probatoria ni dote de fiabilidad a la existente2.

Quinto. Por otro lado, concierne efectuar control casacional sobre la motivación del resto de la prueba.

Al realizar una lectura conjunta de los fundamentos esgrimidos en primera y segunda instancia, concita especial atención que se haya desestimado apriorísticamente las testificales de Pedro, Ángel Máximo y Julio Anastacio Alarcón Santaria. Ellos son hijos del agraviado Teófilo Alarcón Cabana.

Cabe destacar que un testimonio solo resulta discordante si se aprecia que en sus notas esenciales se han incorporado datos manifiestamente incompatibles entre sí. Sea que se trate de una sola o varias declaraciones, es preciso identificar sus elementos medulares, los cuales deben permanecer esencialmente inmutables. La consistencia de la testifical no se descarta por el mero hecho de que el deponente haya mencionado datos adicionales, puesto que estos bien pueden coadyuvar a la comprensión de la información suministrada o al esclarecimiento de algún aspecto central.

Así, cuando se motiva sobre el peso de una declaración, es pertinente ponderar las siguientes contingencias: en primer lugar, que los testigos y las víctimas sean subjetivamente creíbles (no poseen malas relaciones con el imputado) y verosímiles (prestan manifestaciones de acuerdo con la lógica y las máximas de la experiencia); no obstante, lo manifestado por estos no se adecúa a lo verdaderamente acontecido; y, en segundo lugar, que tales órganos de prueba, aun teniendo malas relaciones con el acusado y habiendo variado en algunos extremos su relato, aseveran hechos que se corresponden con la realidad, por encontrar respaldo en otros elementos probatorios.

Tales aspectos ameritan un nuevo examen de la prueba personal, en cumplimiento del principio de inmediación.

Sexto. En consecuencia, este Tribunal Supremo establece que, en el caso, se contravino el principio jurisdiccional de la motivación de las resoluciones judiciales. Por ello, al amparo del artículo 150, literal d, del Código Procesal Penal, resulta necesario declarar la nulidad de las sentencias de primera y segunda instancia.

En observancia del artículo 433, numeral 2, del Código Procesal Penal, se remitirán los actuados a otro órgano judicial de primera instancia, a fin de que, previa realización del juicio oral, emita la sentencia correspondiente, teniendo en consideración lo expuesto en la presente sentencia de casación.

El recurso de casación interpuesto por el ACTOR CIVIL (Teófilo Alarcón Cabana) se declarará fundado.

DECISIÓN

Por estos fundamentos, los jueces supremos integrantes de la Sala Penal Permanente de la Corte Suprema de Justicia de la República:

I. DECLARARON FUNDADO el recurso de casación interpuesto por el ACTOR CIVIL (Teófilo Alarcón Cabana) contra la sentencia de vista del trece de noviembre de dos mil dieciocho (foja 251), emitida por la Primera Sala Penal de Apelaciones de Huamanga de la Corte Superior de Justicia de Ayacucho, que confirmó la sentencia de primera instancia del doce de diciembre de dos mil diecisiete (foja 130), que absolvió a AMARU ÓSCAR SAIRE SILVA, OLIMPIO CHURASI CCOPA y ALBERTO QUISPE GARIBAY del requerimiento de acusación por el delito contra la vida, el cuerpo y la salud-lesiones graves, submodalidad cuando la víctima es de la tercera edad, en agravio de Teófilo Alarcón Cabana.

II. CASARON la sentencia de vista del trece de noviembre de dos mil dieciocho (foja 251) y DECLARARON NULA la sentencia de primera instancia del doce de diciembre de dos mil diecisiete (foja 130), que absolvió a AMARU ÓSCAR SAIRE SILVA, OLIMPIO CHURASI CCOPA y ALBERTO QUISPE GARIBAY del requerimiento de acusación por el delito contra la vida, el cuerpo y la salud-lesiones graves, en agravio de Teófilo Alarcón Cabana.

III. ORDENARON la realización de un nuevo juicio oral de primera instancia a cargo de otro órgano judicial; en caso de mediar recurso de apelación, deberá ser evaluado por un Tribunal Superior distinto.

IV. DISPUSIERON que la presente sentencia se lea en audiencia pública, se notifique a las partes personadas a esta Sede Suprema y se publique en la página web del Poder Judicial.

V. MANDARON que, cumplidos estos trámites, se devuelvan los actuados al órgano jurisdiccional de origen y se archive el cuadernillo de casación en esta Sala Penal Suprema. Hágase saber.


1 TARUFFO, Michele. La prueba. Madrid: Editorial Marcial Pons, 2008, p. 132.

2 IGARTUA SALAVERRÍA, Juan. El razonamiento en las resoluciones judiciales. Lima: Palestra Editores, 2018, pp.119-120.

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