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CORTE SUPREMA DE JUSTICIA DE LA REPÚBLICA

SALA PENAL PERMANENTE
RECURSO DE NULIDAD N.° 1592-2019
LIMA

VIGENCIA DE LA ACCIÓN PENAL

La acción penal por el delito de apropiación ilícita ha prescrito, al haber superado el plazo de prescripción ordinario (seis años) y extraordinario (nueve años), cuyo cálculo dimana del artículo 83, último párrafo, del Código Penal. En consecuencia, se declara fundada, de oficio, la excepción de prescripción y extinguida la acción penal; archivándose definitivamente el proceso incoado contra la imputada.

Lima, diez de agosto de dos mil veinte

VISTOS: el recurso de nulidad interpuesto por Erika contra la sentencia del dieciséis de abril de dos mil diecinueve (foja 1133), emitida por la Cuarta Sala Especializada en lo Penal para Procesos con Reos Libre de la Corte Superior de Justicia de Lima, que la condenó como autora del delito contra el patrimonio en la modalidad de apropiación ilícita, en agravio de la Municipalidad Distrital de Santiago de Surco, a tres años de pena privativa de libertad, con ejecución suspendida por el mismo término, bajo el cumplimiento de reglas de conducta, y fijó en S/ 3000 (tres mil soles) el monto que deberá pagar por concepto de reparación civil a favor de la entidad agraviada, sin perjuicio de devolver la suma de dinero apropiada.

De conformidad con el dictamen del señor fiscal supremo en lo penal. Interviene como ponente el señor juez supremo COAGUILA CHÁVEZ.

CONSIDERANDO

§ I. EXPRESIÓN DE AGRAVIOS

Primero. La acusada Erika, en su recurso de nulidad (foja 1150), indica que la resolución impugnada vulneró las garantías constitucionales de debido proceso, tutela judicial efectiva y debida motivación de las resoluciones judiciales, en la medida en que se limitó a describir los hechos alegados, sin compulsar adecuadamente los medios probatorios. En ese sentido:

1.1. No se valoró que el tesorero David Nina Aguilar le entregó el cheque y, cuando le preguntó si podía depositarlo en la cuenta de ahorros de la empresa Consorcio Victorica, este le indicó que sí, pues la obra ya había culminado.

1.2. El cheque ya no pertenecía a la Municipalidad de Surco, pues ya había sido girado lícitamente a favor de la empresa Consorcio Victorica, por lo que en su condición de gerente de la referida empresa depositó dicho monto a la cuenta de la empresa y efectuó los pagos a los proveedores.

1.3. El hecho de que se haya depositado el cheque en la cuenta de ahorros de la empresa Consorcio Victorica –y no en la cuenta mancomunada– no configura el delito de apropiación ilícita, más aún cuando no se ocasionó ningún perjuicio económico a la Municipalidad.

1.4. La obra fue culminada conforme lo demuestra el asiento 263 del cuaderno de obra.

Concluye afirmando que el cheque era de propiedad de su representada y, por lo tanto, no tenía la obligación de devolverlo.

II §. IMPUTACIÓN FISCAL

Segundo. Conforme a la acusación fiscal (foja 758), subsanada mediante dictamen (foja 790) y reiterada en dictamen del fiscal supremo (foja 35 del cuadernillo supremo ), se atribuye a Erika la comisión del delito de apropiación ilícita, al haberse determinado que indebidamente se apoderó del cheque número 48789465 del Banco de la Nación, por la suma de S/ 61 843.63 (sesenta y un mil ochocientos cuarenta y tres con 00/63 soles), perteneciente a la Municipalidad Distrital de Surco, lo cual habría realizado de la siguiente manera:

a) La Municipalidad Distrital de Surco suscribió el Contrato de Ejecución de Obra número 117-2009-MSS con el Consorcio Victorica (representado por la acusada), para que en el plazo de 60 días calendarios se ejecute la obra denominada “Mejoramiento de la Infraestructura Vial en la intersección de las avenidas Caminos del Inca, Los Próceres y Tomás Marsano”.

b) Al presentarse demoras en la ejecución del referido proyecto por parte de la empresa contratista, que se materializaron en el incumplimiento de los avances parciales establecidos en el calendario de avance de obra, mediante Resolución número 022-2010-GA-MSS, de la Municipalidad agraviada, se aprobó la intervención económica de la obra (que además fuera solicitada por el Consorcio), se nombró como interventor de la obra a David Wilson Nina Aguilar, en su calidad de subgerente de Tesorería de la Municipalidad, con la finalidad de que, mancomunadamente con el contratista o el residente de obra, giren los cheques de pago a la cuenta que se abrió para tal efecto y con la finalidad de cancelar los servicios de los proveedores de la obra.

c) El tres de febrero de dos mil diez, se realizó la apertura de la cuenta corriente mancomunada número 0011-0171-0100016223 del Banco Continental a nombre del Consorcio Victorica y de la Municipalidad de Surco, con firmas mancomunadas, para que ambos representantes firmen cheques y los retiren de forma conjunta.

d) En el desarrollo de la intervención económica se llegaron a realizar tres depósitos de dinero a la cuenta de la empresa Consorcio Victorica, correspondientes a las valorizaciones respectivas (avances de obra).

e) En la última valorización (número 8), cuando la acusada se encontraba siendo atendida por David Wilson Nina Aguilar en las oficinas de la Caja de la Tesorería de la Municipalidad, aproximadamente a las 16:00 horas del veintiocho de abril de dos mil diez, luego de firmar el comprobante de pago y la factura respectiva, al encontrarse en posesión del cheque número 48789465 del Banco de la Nación por la suma de S/ 61 843.63 (sesenta y un mil ochocientos cuarenta y tres con 63/100 soles), la acusada manifestó que se retiraba a los servicios higiénicos, lo que fue aprovechado por David Wilson Nina Aguilar para realizar una breve gestión en la oficina de la Municipalidad, pero al regresar a su oficina y esperar el retorno de la acusada, comprobó que esta se había retirado de la entidad llevándose el documento bancario, sin tener autorización; con posterioridad, el cheque fue cobrado, pero no se depositó, como correspondía, en la referida cuenta mancomunada del Banco Continental, sino que fue depositado en la cuenta de ahorros personal que la empresa Consorcio Victorica tenía en el Banco Scotiabank.

f) Posteriormente, la acusada fue requerida por la Municipalidad para que proceda a devolver el documento bancario, conforme aparece de las Cartas signadas con los números 081-2010, 082-2010 y 083-2010, del cinco de mayo de dos mil diez, pero ella hizo caso omiso al requerimiento formal.

g) En su descargo, la acusada refirió que fue autorizada verbalmente por su coacusado Nina Aguilar, quien por el contrario afirma que dicho depósito se debía realizar en la aludida cuenta bancaria mancomunada del Banco Continental, mientras que la acusada afirma que el depósito de la suma dineraria debía efectuarse en la cuenta bancaria de su empresa y no en la cuenta mancomunada, debido a que la obra había sido culminada, lo que carece de veracidad, en mérito de los Informes signados con los números 263-2010-SGEOP-GOB-MSS y 359-2010-SGEOP- GOB-MSS de la Sub Gerencia de Ejecución de Obras Públicas de la Municipalidad agraviada, a través de los cuales se recomienda la disolución del contrato por incumplimiento imputable a la empresa contratista, representada por la acusada, lo cual se realizó mediante Resolución Gerencial número 620-2010GA-MSS de la Municipalidad Distrital de Santiago de Surco; además, el mencionado incumplimiento fue verificado en la diligencia notarial de constatación física y levantamiento de obra pública.

h) Sumado a ello, la acusada trató de justificar el destino final que se le dio al dinero ilícitamente apropiado, para cuyo efecto presentó dos facturas; no obstante, resulta peculiar que la dirección domiciliaria de la empresa Livic Contratista S. A. C. coincida con el domicilio que diera la acusada al rendir su manifestación policial y que, además, después se haya presentado la ciudadana Luz Marlene Bottger Rubio indicando ser representante legal de dicha empresa, cuando con anterioridad dicha persona había sido designada por la acusada para que, en representación de la empresa Consorcio Victorica, cobre una de las facturas correspondiente a los avances de obra, como se colige de la carta del veintinueve de marzo de dos mil diez.

III §. FUNDAMENTOS DEL TRIBUNAL SUPREMO

Tercero. El análisis de los agravios formulados por la acusada Erika y la dilucidación fáctica y probatoria del presente caso no pueden soslayar la verificación de un requisito sustancial: la vigencia de la acción penal. De este modo, es preciso reconocer como garantía inherente del debido proceso que la persecución penal por la comisión de un delito no tenga carácter indeterminado, esto es, que se prolongue más allá de lo estrictamente necesario, razonable y proporcional; la prescripción se erige como un mecanismo legal de autolimitación del poder punitivo estatal, cuya finalidad esencial es preservar la seguridad jurídica. La base normativa está prevista en el artículo 78 del Código Penal, que señala: “La acción penal se extingue: 1. Por […] prescripción […].

Cuarto.En ese sentido, trasciende que la prescripción de la acción penal tiene relevancia constitucional, al encontrarse vinculada con el derecho al plazo razonable del proceso, el cual forma parte del derecho fundamental al debido proceso y constituye, en sí misma, una sanción ante la inacción del Estado de cara a la persecución eficaz del delito. De ahí que, en caso de que la acción penal se mantenga vigente indefinidamente, se vulneraría el derecho al plazo razonable del proceso. La prosecución de un proceso penal, sin ningún límite material-temporal, resulta a todas luces inconstitucional. En esa perspectiva, la Convención Americana sobre Derechos Humanos, en el artículo 7, numeral 5, estableció que: “Toda persona detenida o retenida debe ser llevada, sin demora, ante un juez u otro funcionario autorizado por la ley para ejercer funciones judiciales y tendrá derecho a ser juzgada dentro de un plazo razonable o a ser puesta en libertad, sin perjuicio de que continúe el proceso. Su libertad podrá estar condicionada a garantías que aseguren su comparecencia en el juicio”.

Quinto. Sobre los alcances de la prescripción, cabe destacar que el Tribunal Constitucional1 ha señalado, con razonabilidad, que:

La prescripción, desde un punto de vista general, es la institución jurídica mediante la cual, por el transcurso del tiempo, la persona adquiere derechos o se libera de obligaciones. Y, desde la óptica penal, es una causa de extinción de la responsabilidad criminal fundada en la acción del tiempo sobre los acontecimientos humanos o en la renuncia del Estado al ius puniendi, bajo el supuesto de que el tiempo transcurrido borra los efectos de la infracción, existiendo apenas memoria social de ella […].

Con mayor precisión se ha pronunciado, en sede internacional, la Corte Interamericana de Derechos Humanos2 al puntualizar que, para determinar la razonabilidad del plazo en el cual se desarrolla un proceso, se deben tomar en cuenta los siguientes elementos: a) la complejidad del asunto, b) la actividad procesal del interesado y c) la conducta de las autoridades judiciales.

Sexto. Con base en lo expuesto, es oportuno señalar que a la procesada Erika se le imputa el delito de apropiación ilícita, previsto en el segundo párrafo del artículo 190 del Código Penal. La descripción típica del referido ilícito es la siguiente:

El que, en su provecho o de un tercero, se apropia indebidamente de un bien mueble, una suma de dinero o un valor que ha recibido en depósito, comisión, administración u otro título semejante que produzca obligación de entregar, devolver, o hacer un uso determinado, será reprimido con pena privativa de libertad no menor de dos ni mayor de cuatro años.

Si el agente obra en calidad de curador, tutor, albacea, síndico, depositario judicial o en el ejercicio de una profesión o industria para la cual tenga título o autorización oficial, la pena será privativa de libertad no menor de tres ni mayor de seis años.

Séptimo. En ese orden de ideas, corresponde determinar si, en el caso concreto, la potestad persecutora del Estado se encuentra o no vigente, en relación al ilícito penal referenciado. Así, es preciso remitirse al sustento normativo contemplado en el segundo párrafo del artículo 190 del Código Penal. Los hechos imputados estaban reprimidos con la siguiente pena privativa de la libertad: no menor de tres ni mayor de seis años. El plazo de prescripción ordinario es de seis años, mientras que el plazo de prescripción extraordinario será de nueve años. Dicho cálculo dimana de lo previsto en el artículo 83, último párrafo, del código sustantivo: “La acción penal prescribe, en todo caso, cuando el tiempo transcurrido sobrepasa en una mitad el plazo ordinario de prescripción”.

Octavo. Ahora bien, es preciso considerar las siguientes circunstancias acaecidas durante el proceso penal:

8.1. De la revisión de los actuados se advierte que los hechos se suscitaron el veintiocho de abril de dos mil diez, cuando la acusada Erika tomó posesión del título valor y lo depósito en la cuenta Scotiabank de su representada (foja 46). Las cartas notariales de requerimiento fueron cursadas el cinco de mayo de dos mil diez (fojas 59, 60, 61 y 79).

8.2. La acusada Erika, representante del Consorcio Victorica, mediante carta del seis de mayo de dos mil diez (foja 74), exteriorizó su negativa de devolver el cheque o la suma de dinero. A partir de ese momento comienza a computar el plazo de prescripción, en cuanto son los signos externos de esa apropiación ilícita los que denotan que el poseedor ya se ha adueñó del cheque y lo incorporó a su patrimonio. Desde esta última fecha a la actualidad han transcurrido diez años, tres meses y cuatro días. Por lo tanto, el plazo de prescripción extraordinario habría vencido el seis de mayo de dos mil diecinueve.

8.3. En autos no existe resolución alguna que suspenda la prescripción de la acción penal, conforme a lo dispuesto por el artículo 1 de la Ley número 26641.

8.4. Del mismo modo la sentencia de vista fue emitida el dieciséis de abril de dos mil diecinueve, esto es, con anterioridad al vencimiento del plazo de prescripción.

8.5. La acusada Quispe Ormeño interpuso recurso de nulidad contra la sentencia de vista el dos de mayo de dos mil diecinueve (foja 1150), fue concedido el nueve de agosto de dos mil diecinueve, se hizo efectivo el seis de septiembre de dos mil diecinueve (foja 1 del cuadernillo supremo) y se remitió a vista fiscal el trece de septiembre de dos mi diecinueve (foja 33 del cuadernillo supremo).

8.6. El fiscal supremo en lo penal emitió opinión por que se declare prescrita la acción penal promovida contra Erika, pues la acción penal ya había prescito (foja 35 del cuadernillo supremo).

Noveno. En consecuencia, de acuerdo con el cómputo señalado, resulta evidente que el plazo de prescripción extraordinario venció el seis de mayo de dos mil diecinueve; así, es indudable que, a la fecha de emisión de la presente ejecutoria suprema (diez de agosto de dos mil veinte), la acción penal por el delito apropiación ilícita, incoada contra Erika, se ha extinguido por prescripción. En esa línea, el artículo 5 del Código de Procedimientos Penales confiere la facultad de resolver de oficio una excepción de prescripción de la acción penal, en cualquier estado del proceso. Por lo tanto, este Tribunal Supremo, de oficio, declara la prescripción de la acción penal y ordena archivar definitivamente la causa. Es una decisión de pleno derecho (ipso iure).

DECISIÓN

Por estos fundamentos, los señores jueces supremos de la Sala Penal Permanente de la Corte Suprema de Justicia de la República:

I. DECLARARON, de oficio, LA PRESCRIPCIÓN de la acción penal a favor de la acusada Erika. En consecuencia, EXTINGUIDA LA ACCIÓN PENAL seguida en su contra por el delito contra el patrimonio en la modalidad de apropiación ilícita, en agravio de la Municipalidad Distrital de Santiago de Surco.

II. ORDENARON el archivo definitivo de la causa y DISPUSIERON la anulación de los antecedentes penales, judiciales y policiales generados a consecuencia del presente proceso, y que se notifique la presente ejecutoria a las partes personadas a esta instancia, se devuelvan los actuados a la Sala Superior de origen y se archive el cuadernillo.

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