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Fundada la demanda de revisión. Se acreditó que imputado no se encontraba en el lugar de los hechos.

CORTE SUPREMA DE JUSTICIA DE LA REPÚBLICA

SALA PENAL TRANSITORIA
REV. DE SENT. NCPP N.° 323-2016
SAN MARTÍN

FUNDADA LA DEMANDA DE REVISIÓN

Sumilla. Esta Sala Suprema declara sin valor la sentencia del 2 de junio de 2009, en el extremo que condenó a Daniel Huamán Balqui por los delitos de homicidio calificado en perjuicio de Henry Fasanando Merino y el arrebato de un arma en perjuicio del Estado, pues se corroboró que los hechos por los que fue condenado se suscitaron el 29 de marzo de 2005, fecha en la cual el demandante se encontraba recluido en el establecimiento penitenciario de Juanjui. En cuanto a la pena impuesta, esta se mantiene pues subsisten los delitos de robo con agravantes y arrebato de arma en perjucio de un agente de seguridad.

SENTENCIA DE REVISIÓN

Lima, veintinueve de noviembre de dos mil diecinueve

VISTA: la demanda de revisión interpuesta por el condenado DANIEL HUAMÁN BALQUI contra la Resolución N.° 56 que contiene la sentencia del dos de junio de dos mil nueve, que lo condenó como autor de los delitos contra: i) La vida el cuerpo y la salud-homicidio calificado, en perjuicio de Henry Fasanando Merino. ii) El patrimonio-robo con agravante, en perjuicio de la empresa Electro Oriente. iii) La seguridad pública, delito de peligro común-arrebato de armamento, en perjuicio de la Empresa Seguridad y Servicios Múltiples Regard y del Estado; y, como tal, le impusieron veinte años de pena privativa de la libertad; con lo demás que contiene.

Intervino como ponente la jueza suprema CASTAÑEDA OTSU.

CONSIDERANDO

DEMANDA Y CONTROL DE ADMISIBILIDAD

Primero. La defensa técnica del condenado DANIEL HUAMÁN BALQUI interpuso demanda de revisión el 10 de noviembre de 2016. Señaló que el 29 de marzo de 2005, cuando se le imputó haber cometido los delitos de homicidio calificado (en perjuicio de Henry Fasanando Merino) y arrebato de armamento (2 fusiles AKM; en perjuicio del Estado), se encontraba recluido en el establecimiento penitenciario de Juanjui. Agrega que el verdadero autor de los citados delitos fue Augusto Rodríguez Rengifo, condenado a veinte años de pena privativa de la libertad. Adjuntó como prueba nueva: i) constancia de reclusión (foja 7 del cuaderno de revisión); ii) sentencia del 20 de diciembre de 2006 (foja 20 del cuaderno de revisión); y iii) el acta de defunción del agraviado Henry Fasanando Merino del 29 de marzo de 2005 (foja 8 del cuaderno de revisión).

Segundo. Fue calificada mediante la ejecutoria suprema del 21 de julio de 2017 (foja 29 del cuaderno de revisión), en la cual se admitió a trámite, con base en la causal prevista en el numeral 4, artículo 439, del Código Procesal Penal (CPP)1, referida a la existencia de nueva prueba. Asimismo, la Sala Suprema advirtió la posible configuración de la causal de irreconciabilidad de sentencias.

Tercero. El veintiséis de setiembre de dos mil diecinueve, se programó la audiencia de pruebas; y el veinticuatro de octubre del mismo año se llevó a cabo la audiencia de revisión de sentencia, en la cual, la defensa técnica del sentenciado y el fiscal supremo adjunto expusieron sus alegatos. Por tanto, la causa quedó expedita para resolver la pretensión del accionante.

Sobre la sentencia demandada en revisión (Exp. 254-2006)

Cuarto. Conforme con la acusación fiscal (foja 195), en correspondencia con la sentencia del 2 de junio de 2009 (foja 9 del cuaderno de revisión), que se demanda en revisión, la Sala Mixta Descentralizada de Mariscal Cáceres dio por probados los siguientes hechos:

4.1. El 29 de marzo de 2006, en el kilómetro 79 de la carretera Fernando Belaunde Terry, sector Cangrejo, conjuntamente con Wildoro Mozombite Gonzales, asesinaron al suboficial de segunda de la Policía Nacional del Perú (PNP) Henry Fasanando Merino, cuando este realizaba un operativo policial junto con otros efectivos policiales, a quienes le sustrajeron dos fusiles AKM con seis cacerinas abastecidas, las cuales fueron recuperadas el 23 de noviembre de 2006, conforme con el acta de registro efectuada en su domicilio.

4.2. El 9 de noviembre de 2006 asesinó, mediante disparos, a un sujeto no identificado, luego que discutieron en un bar llamado Arde Papi, en la provincia de Bellavista.

4.3. El 22 de noviembre de 2006, a las 3:30 horas, con otras personas asaltó las oficinas de la empresa Electro Oriente ubicada en la segunda cuadra del jirón Bolognesi, provincia de Bellavista, San Martín, día en que provistos con armas de fuego y el rostro cubierto llegaron a bordo de tres vehículos, redujeron al vigilante Paco Shapiama Sangama (perteneciente a la Empresa Seguridad y Servicios Múltiples Regard), y le sustrajeron su revólver calibre 38, marca Taurus; y a los trabajadores los despojaron de sus celulares y catorce mil ochocientos cincuenta y cinco soles con cincuenta centimos. Inmediatamente se dieron a la fuga en un automóvil station wagon, color blanco, con placa de rodaje N.° TW-1075, que robaron previamente a Daniel López Hernández.

4.4. El 23 de noviembre de 2006, fue intervenido en un operativo policial, junto con otros imputados, en una vivienda por el barrio de San Juan, y se les encontró en posesión de varios celulares, armas de fuego, municiones, televisores y otras especies robadas. Fueron identificados como la organización criminal llamada Los Malditos del Huallaga.

Se precisó que en el acta de registro domiciliario correspondiente a su vivienda, se encontró el revólver calibre 38 marca Taurus –perteneciente al miembro de seguridad de la empresa Regard– y los dos fusiles AKM; entre otros. Y, en su registro personal se le encontró un revólver calibre 38 mm, marca OMITH Wesson, con seis municiones y dinero en efectivo ascendente a seis mil seiscientos soles, entre otras especies y notas escritas.

Quinto. Concluido el juicio oral, la Sala Superior lo condenó como autor del delito de homicidio calificado, previsto en el inciso 5, artículo 108, del Código Penal (CP), en perjuicio del PNP Henry Fasanando Merino; de robo con agravantes, previsto en los incisos 1, 3 y 4 del artículo 189, en perjuicio de la empresa Electro Oriente; y por el arrebato de armamento, en perjuicio de la Empresa de Seguridad y Servicios Múltiples Regard y del Estado; y, como tal, se le impuso veinte años de pena privativa de la libertad2. Esta sentencia adquirió calidad de cosa juzgada al no ser impugnada y se reservó el juzgamiento a Wildoro Mozombite Gonzales.

Con relación a la sentencia del 20 de diciembre de 2006 (Exp. 54-2005), ofrecida como nueva prueba

Sexto. El accionante adjuntó a su demanda de revisión la sentencia del 20 de diciembre de 2006, mediante la cual se condenó a Augusto Rodríguez Rengifo por la comisión de los delitos contra la vida, el cuerpo y la salud-homicidio calificado, en perjuicio del PNP Henry Fasanando Merino; y contra la seguridad pública-sustracción de arma de guerra a un miembro de PNP, en perjuicio del Estado; y, como tal, le impuso veinte años de pena privativa de la libertad. Los hechos por los cuales fue condenado se produjeron el 29 de marzo de 2005. Asimismo, en la citada sentencia se reservó el juzgamiento de su hermano Carlos Rodríguez Rengifo.

6.1. La referida sentencia condenatoria fue impugnada ante esta Corte Suprema, sobre la cual recayó la Ejecutoria Suprema del 5 de diciembre de 2007 (Recurso de Nulidad N.° 2771-2007/San Martín, foja 728), que declaró no haber nulidad en aquella.

6.2. Entre los actuados enviados a esta Corte Suprema, se advierte la sentencia del 23 de julio de 2015, emitida en el expediente N.° 54-2005, mediante la cual la Sala Penal Superior (foja 1927) condenó a Carlos Rodríguez Rengifo por los hechos del 29 de marzo de 2005, y los delitos de homicidio calificado, en perjuicio de Henry Fasanando Merino; y arrebatamiento de arma de guerra, en perjuicio del Estado; y, como tal, le impuso veinte años; la que fue confirmada mediante el Recurso de Nulidad 2570-2015/ San Martín (foja 1975), del 25 de abril de 2017.

CONSIDERACIONES DE ESTE SUPREMO TRIBUNAL

ÁMBITO DE PRONUNCIAMIENTO

Sétimo. En atención al contenido de la demanda de revisión y acompañados, calificación de la misma, los actuados remitidos por la Corte Superior de San Martín, y lo expuesto por la defensa del demandante y fiscal adjunto supremo, corresponde determinar si la sentencia condenatoria en contra de Daniel Huamán Balqui, del 2 de junio de 2009 (foja 9 del cuaderno de revisión), en el extremo que lo condenó como autor del delito de homicidio calificado, en perjuicio de Henry Fasanando Merino, y por el delito de arrebato de armamento en perjuicio del Estado (por los hechos del 29 de marzo de 2006), se encuentra arreglada a Ley. O si, por el contrario, en atención a la prueba nueva adjuntada en la demanda de revisión, entre ellas, las sentencias condenatorias, por los mismos hechos, que recae en contra de los hermanos Augusto y Carlos Rodríguez Rengifo; desvirtúan su responsabilidad penal en ese extremo y, por lo tanto, debe ser absuelto por estos delitos.

SOBRE LA ACCIÓN DE REVISIÓN DE SENTENCIA

Octavo. La acción de revisión de sentencia se encuentra regulada en los artículos 439 a 445 del CPP. En mérito al texto legal, la revisión de sentencias solo procede bajo las causales previstas en el artículo 439 del CPP. En el presente caso, se calificó la demanda por las causales de los incisos 1 y 4 del citado artículo.

Con relación a la primera, referida a la causal de sentencias contradictorias (inciso 1, artículo 439, del CPP) se busca evidenciar la contradicción e irreconciabilidad del juicio histórico de las sentencias contrapuestas; generando que de las dos sentencias subsista solo una. Así, San Martín Castro3 precisa que para la configuración de esta causal se debe cumplir con tres requisitos: i) Se hayan dictado dos o más sentencias, distintas entre sí, enjuiciando un mismo hecho. ii) Las sentencias sean firmes y contradictorias, existe absoluta imposibilidad de que coexistan ambas conclusiones fácticas con evidente lesión al principio lógico de no contradicción. iii) Hayan sido condenadas dos o más personas por un delito que no haya podido ser cometido más que por una sola.

Noveno. La segunda causal, referida a prueba nueva, busca evidenciar qué hechos o medios de prueba, advertidos luego de dictada la sentencia impugnada, anulan el efecto incriminador que sustentó aquella.

Ahora bien, en la Sentencia Plenaria N.° 1-2015/301-A.2-ACPP, se estableció que la revisión no se ampara en la mera existencia de nulidades procesales en la sentencia o en el procedimiento que las precedió. Ni tampoco se basa en el examen de errores de juzgamiento o en la valoración de la prueba, menos aún en errores in iudicando. Su fundamento reside en la necesidad de consolidar y preservar derechos y principios tales como la defensa, presunción de inocencia y tutela jurisdiccional. Es por ello que se reconoce el valor de la justicia material – que deriva de la verdad histórica de los hechos y la rectitud del juzgamiento– por encima del carácter de cosa juzgada de las resoluciones judiciales, para permitir la impugnación de una sentencia firme, eliminar su eficacia y permitir un nuevo pronunciamiento sobre el mismo objeto procesal.

Asimismo, se estableció como línea interpretativa que debido al objeto de la revisión este –rescisión de sentencias firmes–: “Implica la inculpabilidad de aquellas personas que fueron condenadas con notoria equivocación o error, de modo que su finalidad está encaminada a que prevalezca sobre la sentencia firme la auténtica verdad y, con ello, la justicia material sobre la formal”.

Décimo. En atención a lo señalado, la naturaleza jurídica de las causales invocadas; así como de los actuados adjuntos para sustentar la demanda, esta Sala Suprema considera que la demanda de revisión se adecúa a la causal de inconciliabilidad de sentencias que gozan de la calidad de cosa juzgada (inciso 1, artículo 439, CPP)4, por los siguientes fundamentos:

10.1. El mismo órgano judicial, integrado por distintos jueces superiores, emitió dos sentencias inconciliables: i) la sentencia del 2 de junio de 2009, que condenó a Huamán Balqui por los hechos del 29 de marzo de 2006, que tipifican los delitos de homicidio calificado en perjuicio de Henry Fasanando, y el de de arrebatamiento de armamento (dos fusiles AKM), en perjuicio del Estado; y ii) la sentencia del 20 de diciembre de 2006, mediante la cual se condenó a Augusto Rodríguez Rengifo por los hechos del 29 de marzo de 2005, que tipifican los delitos de homicidio calificado en perjuicio de Henry Fasanando Merino; y el de arrebatamiento de arma de guerra (dos fusiles AKM), en perjuicio del Estado5. En dicha sentencia se hizo referencia al acta de defunción del citado Henry Fasanando Merino (foja 8 del cuaderno de revisión), mediante la cual se acreditó que falleció a consecuencia de los hechos acontecidos el 29 de marzo de 2005.

Como en esta última sentencia, se dispuso la reserva del proceso respecto de Carlos Rodríguez Rengifo, se emitió la sentencia del 23 de julio de 2015, mediante la cual se le condenó, por los hechos del 29 de marzo de 2005, confirmada mediante el Recurso de Nulidad 2570-San Martín.

10.2. Ambas sentencias son incociliables, pues resulta imposible, fáctica y jurídicamente, que la muerte de Henry Fasanando Merino y el arrebatamiento de armamento oficial (que se llevaron a cabo en un solo acto) haya ocurrido en dos fechas (el 29 de marzo de 2005 y el 29 de marzo de 2006).

10.3. El demandante no pudo participar en los actos cometidos el 29 de marzo de 2005, que tipifican dos de los delitos por los que fue condenado (homicidio calificado de Henrry Fasanando Merino y arrebatamiento de arma en perjuicio del Estado), pues se encontraba privado de su libertad, según la constancia de reclusión (foja 7 del cuaderno de revisión) y el certificado de antecedentes judiciales (foja 186 del cuaderno de revisión), que señalan que Daniel Huamán Balqui se encontró recluido en el establecimiento penitenciario de Juanjuí, por disposición judicial del Juzgado Mixto de Saposoa, desde el 6 de marzo de 2004 hasta el 12 de agosto de 2005, fecha en que obtuvo el beneficio penitenciario de semilibertad.

10.4. Asimismo, obra en autos la Sentencia del 12 de octubre de 2018, emitida por la Sala Superior (foja 62 del cuadernillo de revisión) que resolvió la situación jurídica de Wildoro Mozombite Gonzales, quien también fue acusado por la muerte de Henrry Fasanando Merino junto con Daniel Huamán Balqui (véase fundamento jurídico quinto de la presente ejecutoria). En esta sentencia, se vuelve a incurrir en el error de señalar como fecha de los hechos el 29 de marzo de 2006.

Se advierte que, en este caso, la Sala Penal lo absolvió de la acusación fiscal por la comisión del delito de homicidio calificado en perjuicio de Henry Fasanando Merino; y lo condenó como autor de los delitos contra el patrimonio-robo con agravantes, en perjuicio de la empresa Electro Oriente; y contra la seguridad pública-arrebatamiento de arma de uso oficial, por los hechos del 22 de noviembre de 2006; y, como tal, le impuso veinte años de pena privativa de la libertad.

10.5. La prueba actuada permite concluir que el demandante no intervino en los acontecimientos del 29 de marzo de 2005, que constituyen los delitos de homicidio calificado, en perjuicio de Henry Fasanando Merino, y el arrebatamiento de armamento (dos fusiles AKM), en perjuicio del Estado, por los cuales fue erróneamente condenado en la sentencia del 2 de junio de 2009.

Decimoprimero. Ante esta situación, corresponde que esta Sala Suprema declare sin valor la sentencia del 2 de junio de 2009, solo en el extremo que condenó a Daniel Huamán Balqui por los delitos de homicidio calificado, en perjuicio de Henry Fasanando Merino y el arrebatamiento de arma, en perjuicio del Estado. Y, en consecuencia, sea absuelto en este extremo. Igualmente, corresponde dejar sin efecto la reparación civil impuesta por los citados delitos, que asciende a once mil quinientos soles.

De la readecuación de la pena impuesta

Decimosegundo. Ahora bien, la absolución dictada en esta instancia suprema solo comprende los aspectos penales y civiles respecto a los dos delitos anotados; sin embargo, mantiene su vigencia la condena de Daniel Huamán Balqui por los hechos acontecidos el 22 de noviembre de 2006, que configuraron los delitos de robo con agravantes, en perjuicio de la empresa Electro Oriente, y de arrebato de armamento en perjuicio de la empresa Seguridad y Servicios Múltiples Regard. Por lo que se procede a la determinación judicial de la pena con relación a estos delitos.

12.1. Las distintas clases de pena que señala el artículo 28 del CP (privativa de libertad, restrictivas de libertad, limitativas de derechos y multa), conforme lo señala el artículo IX, Título Preliminar, del acotado Código, tienen una función preventiva, protectora y resocializadora, cuya base se encuentra en el inciso 22, artículo 22, de la Constitución Política.

12.2. En esa perspectiva, la aplicación de las sanciones penales debe guardar una equivalencia razonable, en sus dimensiones cualitativas o cuantitativas, con la magnitud del daño ocasionado y la trascendencia del bien jurídico lesionado6. Es por ello que deben ser impuestas con base en los principios de responsabilidad, proporcionalidad y racionalidad, pues el derecho a la libertad personal puede restringirse por una pena bien aplicada mas no cuando la misma sea una excesiva o errada7.

12.3. Con relación a la determinación judicial de la pena, se han emitido diversos acuerdos plenarios y casaciones, entre ellos, el Acuerdo Plenario N.º 4-2009/CJ-1168, según el cual constituye un procedimiento técnico y valorativo regulado por el CP, en cuya apreciación se debe tener en cuenta los hechos y circunstancias que la rodean. En el artículo 45 del CP, se establecen los criterios de fundamentación y determinación de la pena, mientras que las circunstancias tienen como función esencial ayudar a la medición judicial de la intensidad de un delito y a la decisión sobre la calidad o extensión del castigo que aquel se merece, las que pueden ser circunstancias atenuantes y agravantes9.

12.4. Por lo que primero se recurre a los citados criterios y luego se debe observar la concurrencia de tales circunstancias, las cuales se encuentran previstas en el artículo 46 del CP. Además, debe verificarse la concurrencia de otras reglas que afecten la construcción o extensión de la pena básica o concreta, como son las denominadas causales de disminución o incremento de punibilidad, y las reglas de reducción punitiva por bonificación procesal.

Decimotercero. Del análisis del caso concreto se debe tener en consideración lo siguiente:

13.1. El fiscal superior (foja 195) solicitó en su acusación la imposición de cadena perpetua.

13.2. La Sala Penal Superior, en su sentencia del 2 de junio de 2009, impuso veinte años de pena privativa de la libertad.

Valoró que el acusado cometió también los delitos de homicidio calificado en perjuicio de Henrry Fasanando Merino y arrebatamiento de arma (dos fusiles AKM), en perjuicio del Estado, de lo que fue absuelto a través de la acción de revisión. Impuso la pena final con base en los principios de proporcionalidad y humanidad de las penas; y no aplicó las reglas de la reincidencia, no obstante que lo consideró reincidente.

13.3. Con relación a este punto, el fiscal supremo en lo penal, al emitir su dictamen fiscal, opinó porque se declare fundada la revisión; sin embargo, no emitió opinión referente al nuevo cálculo de pena. En la celebración de la audiencia de revisión, el fiscal supremo adjunto ratificó la opinión del fiscal supremo, esto es, que se absuelva al demandante por los delitos de homicidio calificado en perjuicio del PNP Henry Fasanando Merino y del arrebatamiento de arma (dos fusiles AKM), en perjuicio del Estado; sin embargo, consideró que la pena impuesta de veinte años debe mantenerse, pues los delitos que subsisten (robo con agravantes, en perjuicio de la empresa Electro Oriente y el arrebatamiento de arma, revólver calibre 38, marca Taurus) en perjuicio de la empresa Regard son graves.

Al respecto, este Supremo Tribunal tiene en cuenta: i) el tipo penal de robo con agravates y el de arrebatamiento de arma, vigentes al 22 de noviembre de 2006, señalaban un marco punitivo no menor de diez ni mayor de veinte años; ii) que desde el 14 de mayo de 2006 (antes de los hechos por los que se mantiene la condena) ya estaba vigente el artículo 50 del CP referido al concurso real, que regula la sumatoria de penas; y iii) la vigencia del artículo 46-B que regula la reincidencia, lo que admitiría que el juez suba la pena hasta por un tercio del máximo legal, en estos casos.

Decimocuarto. Por tanto, si en el presente caso, al imponer el quantum de la pena, se valora que se trata de un delito de robo con tres agravantes, que amerita una pena no menor de catorce años, a la cual se debe sumar la pena del delito de arrebatamiento de arma, que en el mejor de los casos sería la pena mínima de diez años; dando un total de veinticuatro años, sin considerar que al tratarse de un reincidente el marco punitivo superior se debía incrementar hasta en un tercio.

No obstante, en atención al principio de prohibición de reforma en peor que resguarda al recurrente10, no puede variarse su pena por una que lo sitúe en una situación peor de la que se encontraba, por lo que corresponde a esta Sala de Revisión ratificar la pena de veinte años de privación de libertad impuesta.

DECISIÓN

Por estos fundamentos, declararon:

I. FUNDADA la demanda de revisión interpuesta por el condenado Daniel Huamán Balqui; SIN VALOR la Resolución N.° 56 que contiene la sentencia del dos de junio de dos mil nueve, SOLO EN EL EXTREMO que lo condenó como autor de los delitos contra la vida, el cuerpo y la salud- homicidio calificado, en perjuicio de Henry Fasanando Merino; y por el delito contra la seguridad pública, delito de peligro común-arrebato de armamento, en perjuicio del Estado; en consecuencia, lo ABSOLVIERON de la acusación fiscal en su contra por los citados delitos y en agravio de Henry Fasanando Merino y el Estado; y dejaron sin efecto la reparación en este extremo que ascendía a diez mil soles a favor de los deudos de Henrry Fasanando Merino, y mil quinientos a favor del Estado. Mandaron que se rectifique su registro central de condenas, en atención a lo resuelto por esta Sala Suprema.

II. SUBSISTE la condena en su contra en el extremo que lo condenó por los delitos de robo con agravantes, en perjuicio de la empresa Electro Oriente y arrebato de armamento, en perjuicio de la empresa Seguridad y Servicios Múltiples Regard; y la pena de veinte años.

III. DISPONER la publicación de la presente ejecutoria en el diario oficial El Peruano.

Intervinieron los jueces supremos Sequeiros Vargas y Castañeda Espinoza, por impedimento de los jueces supremos Prado Saldarriaga y Barrios Alvarado.


1 Artículo 439. Procedencia. La revisión de las sentencias condenatorias firmes procede, sin limitación temporal y solo a favor del condenado, en los siguientes casos: […]
4. Si con posterioridad a la sentencia se descubren hechos o medios de prueba no conocidos durante el proceso, que solos o en conexión con las pruebas anteriormente apreciadas sean capaces de establecer la inocencia del condenado.

2 Asimismo, lo absolvió de la acusación fiscal por los delitos contra la vida, el cuerpo y la salud, en sus modalidades de lesiones graves y homicidio calificado; en perjuicio de Dogmer Toro Ruiz y de la persona no identificada N/N.

3 SAN MARTÍN CASTRO, César. Derecho procesal penal. Lima: INPECCP, 2015, p. 765.

4 Es pertinente precisar que si bien se adjuntó la constancia de reclusión carcelaria del demandante, y el acta de defunción de Henry Fasanando Merino; estas no constituyen prueba nueva; pues reflejan información que se tenía de conocimiento a la fecha de resolución de la sentencia en revisión. Asimismo, estos elementos solo corroboran la contradicción generada entre dos sentencias condenatorias.

5 Mediante el Recurso de Nulidad N.° 2771-2007/San Martín, del 5 de diciembre de 2007, se declaró no haber nulidad.

6 PRADO SALDARRIAGA, Víctor. Determinación judicial de la pena y acuerdos plenarios. Lima: Idemsa, 2010, p. 128. Sostiene, además, que alude a un procedimiento técnico y valorativo cuya función esencial es servir al órgano jurisdiccional para llevar a cabo la individualización de los castigos penales. Del mismo autor, La dosimetría del castigo penal. Modelos, reglas y procedimientos, Lima, Ideas Solución: 2018, p. 188.

7 STC N.° 08439-2013-PHC/TC.

8 Del 13 de noviembre de 2009. Asunto: Determinación judicial de la pena y concurso real de delitos, fj. 15.

9 PRADO SALDARRIAGA, Víctor. Ob. cit., pp. 193-196. Según el Acuerdo Plenario N.º 1-2008/CJ- 116, sobre reincidencia, habitualidad y determinación de la pena, se denominan circunstancias atenuantes y agravantes, a aquellos factores objetivos o subjetivos que influyen en la medición de la intensidad del delito (antijuridicidad o culpabilidad), haciéndolo más o menos grave; cuya función principal es coadyuvar a la graduación del quantum de pena aplicable al hecho punible cometido.

10 Conforme lo ha establecido el Tribunal Constitucional, la interdicción de la reformatio in peius o reforma peyorativa de la pena, es una garantía del debido proceso implícita en nuestro texto constitucional, la cual se relaciona con los derechos de defensa y de interponer recursos impugnatorios. De acuerdo con dicha garantía, el órgano jurisdiccional que conoce de un proceso en segunda instancia no puede empeorar la situación del recurrente en caso de que sólo éste hubiese recurrido la resolución emitida en primera instancia. STC STC N.º 0553-2005- HC/TC, f.j. 3.

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