Fundada la demanda de revisión. Se acreditó que imputado no se encontraba en el lugar de los hechos.
18 octubre, 2020
Robo agravado. Medida de seguridad de internamiento es desproporcionada dada la crisis sanitaria.
20 octubre, 2020

Máximas de la experiencia sirven para deducir la veracidad de los hechos.

CORTE SUPREMA DE JUSTICIA DE LA REPÚBLICA

SALA PENAL PERMANENTE
RECURSO DE NULIDAD N.° 1382-2019
ÁNCASH

INADECUADA VALORACIÓN DE LA PRUEBA

Este Supremo Tribunal advierte nuevamente que la valoración de la prueba efectuada por el Tribunal de primera instancia resulta incorrecta y que se encuentra ante un error en el proceder –vicio in procedendo–; en consecuencia, a fin de lograr el esclarecimiento de los hechos, debe declararse nula la sentencia recurrida, por incurrir en la causal prevista en el numeral 1 del artículo 298 del Código de Procedimiento Penales.

Lima, tres de septiembre de dos mil veinte

VISTOS: el recurso de nulidad interpuesto por el representante del Ministerio Público y los agraviados Esteban Pineda Casimiro y Lucio Eleadoro Pineda Espinoza contra la sentencia del seis de mayo de dos mil diecinueve (foja 2083), emitida por la Sala Penal Liquidadora de la Corte Superior de Justicia de Áncash, que absolvió a: i) Timoteo Mardonio Camones Córdova, Evaristo Luciano Sánchez Casimiro, Mauro Félix Sánchez Espinoza, Teódulo Zósimo Torre Albino, Timoteo Nemesio Huamán Aguilar y Heriberto Félix Manrique Córdova, como autores de los delitos contra el patrimonio en la modalidad de robo agravado y robo de ganado, en agravio de Esteban Pineda Casimiro, Lucio Eleadoro Pineda Espinoza y Esperanza Caridad Maldonado Robles; ii) Teófila Aureliana Maldonado Robles, Raimunda Ildefonza Camones Córdova, Trinidad Humberta Toledo Olivera y Fortunata Facunda Maldonado Robles, como autores del delito contra el patrimonio en la modalidad de robo agravado, en agravio de Esperanza Caridad Maldonado Robles, y iii) Mauro Félix Sánchez Espinoza, Teódulo Zósimo Torre Albino, Timoteo Nemesio Huamán Aguilar, Heriberto Félix Manrique Córdova, Timoteo Mardonio Camones Córdova, Evaristo Luciano Sánchez Camones, Teófila Aureliana Maldonado Robles, Raimunda Ildefonza Camones Córdova, Trinidad Humberta Toledo Olivera y Fortunata Facunda Maldonado Robles, como autores del delito de peligro común en la modalidad de producción de peligro común, en agravio de la colectividad del caserío de San Idelfonso de Cachoc, La Merced y Esteban Pineda Casimiro, Lucio Eleadoro Pineda Espinoza y Esperanza Caridad Maldonado Robles.

Intervino como ponente el señor juez supremo COAGUILA CHÁVEZ.

CONSIDERANDO

§ I. EXPRESIÓN DE AGRAVIOS

Primero. El representante del Ministerio Público, en su recurso de nulidad (foja 2109), solicita la nulidad de la sentencia recurrida, en la medida en que los hechos materia de imputación se encuentran acreditados con: i) el Certificado Médico Legal perteneciente al agraviado Lucio Eleadoro Pineda Espinoza; ii) las fotografías presentadas por los agraviados Esteban Pineda Casimiro, Lucio Eleodoro Pineda Espinoza y Esperanza Caridad Maldonado Robles, y iii) la declaración de los testigos Gregorio San Martín León, Susana María Molina Maguiña y Sabino Donato Antúnez Gonzales.

Segundo. Los agraviados Esteban Pineda Casimiro y Lucio Eleadoro Pineda Espinoza, en su recurso de nulidad (foja 2116), solicitaron la nulidad de la sentencia, para cuyo efecto alegaron que la Sala Superior no efectuó una correcta valoración de la prueba actuada en el proceso, pese a que ya hubo un pronunciamiento previo de la Corte Suprema, que declaró nula la sentencia absolutoria emitida con anterioridad a la recurrida, por la incorrecta valoración de la prueba.

2.1. A los acusados también les imputaron los delitos de lesiones y daños leves, los cuales prescribieron por negligencia de los juzgadores.

2.2. Respecto a los hechos imputados, la Sala Superior omitió valorar: a) el Certificado Médico Legal practicado al agraviado Lucio Eleadoro Pineda Espinoza, que acredita la violencia con la que se perpetró el delito; b) las declaraciones de los efectivos policiales Jorge Luis Noriega Cerdán y Jorge Arturo Chávez Hernández y del presidente del sector San Ildefonso, Rufino Edenigno Sánchez Torres, quienes constataron los hechos acontecidos; c) las declaraciones testimoniales de Gregorio Medina San Martín y Susana María Molina Maguiña, quienes identificaron a los acusados en el lugar de los hechos; d) la declaración del testigo Sabino Donato Antúnez Gonzales, quien identificó al acusado Mauro Sánchez Espinoza como el sujeto que participó en el incendio de las chozas; e) copia certificada de la inscripción en los Registros Públicos de la Directiva Comunal de la Comunidad Campesina de Tian Ayllu, que acredita que el acusado Mauro Félix Sánchez Espinoza, en el año 2008, era vicepresidente de la Directiva Comunal, por lo que tuvo participación en los hechos, y f) las solicitudes de garantías personales.

§ II. IMPUTACIÓN FISCAL

Tercero. Conforme a la acusación fiscal (foja 1322), reiterada en el dictamen de la fiscal suprema (foja 1844), se tiene que:

El veintinueve de febrero de dos mil ocho, a las 11:00 horas, los encausados Timoteo Mardonio Camones Córdova, Evaristo Luciano Sánchez Casimiro, Mauro Félix Sánchez Espinoza, Teódulo Zósimo Torre Albino, Timoteo Nemesio Huamán Aguilar y Heriberto Félix Manrique Córdova habrían causado dolosamente lesiones al agraviado Lucio Pineda Espinoza, cuando se encontraba apacentando sus animales en el paraje de Huichucho, como consta en el Certificado Médico Legal (folio 12), que concluye que el agraviado presenta: “Lesiones ocasionadas por agente contuso” y requiere tres días de atención facultativa y doce días de incapacidad médico legal, lo que significa que los gastos ocasionados no fueron asumidos por los encausados, quienes dejaron a su suerte al afectado.

También se imputa a los referidos procesados que, en horas de la tarde del veintinueve de febrero de dos mil ocho, sustrajeron diferentes tipos y cantidades de ganado vacuno y lanar, de propiedad de Esteban Pineda Casimiro, Lucio Eleadoro Pineda Espinoza y Esperanza Caridad Maldonado Robles; hecho ocurrido en los sectores de Huicho y Curhua Cunapampa, lo que significa que el ganado sustraído no fue recuperado en su totalidad. Asimismo, los imputados, con la concurrencia de Teófila Aureliana Maldonado Robles, Raimunda Ildefonza Camones Córdova, Trinidad Humberta Toledo Olivera y Fortunata Facunda Maldonado Robles, sustrajeron diferentes enseres, consistentes en víveres, ropa, herramientas de labranza, costales, conejos, cuyes, gallinas, etcétera, de propiedad de los agraviados; para ello, ejercieron violencia contra la agraviada Esperanza Caridad Maldonado Robles.

A su vez, los acusados Mauro Félix Sánchez Espinoza, Teódulo Zósimo Torre Albino, Timoteo Nemesio Huamán Aguilar, Heriberto Félix Manrique Córdova, Timoteo Mardonio Camones Córdova, Evaristo Luciano Sánchez Camones, Teófila Aureliana Maldonado Robles, Raimunda Ildefonza Camones Córdova, Trinidad Humberta Toledo Olivera y Fortunata Facunda Maldonado Robles incendiaron dolosamente varias chozas habitadas de diferentes tamaños, de propiedad de los agraviados, ubicadas en los parajes de Huichucho y Curhua Cunapampa, donde ocasionaron la muerte a los animales, la cementera de cebada cultivada y causaron perjuicio a los afectados, sin haberles resarcido dicho daño.

§ III. FUNDAMENTOS DEL TRIBUNAL SUPREMO

Cuarto.La valoración de la prueba es: «La actividad de percepción por parte del juez de los resultados de la actividad probatoria que se realiza en un proceso»1. Mediante la valoración de la prueba, el juzgador aplica las reglas de la lógica y las máximas de la experiencia propias de la sana crítica racional para deducir la veracidad de los hechos objeto de prueba, a partir de los medios probatorios que le han sido presentados por las partes. Cuando a partir del razonamiento del juzgador, se valora positivamente un medio probatorio, pasa a ser prueba de un hecho y, desde entonces, se reputará como hecho probado.

Quinto. La sentencia venida en grado ha precisado que:

5.1. En cuanto al delito de robo y robo de ganado en agravio de Esteban Pineda Casimiro, Lucio Eleadoro Pineda Espinoza y Esperanza Caridad Maldonado Robles: a) no se especificó la cantidad de los objetos y semovientes sustraídos, su valor o la conducta desplegada por los acusados para su apoderamiento, tampoco se acreditaron los elementos configuradores del delito (violencia o amenaza); b) el agraviado Esteban Pineda Casimiro no identificó a los sujetos que habrían sustraído el ganado, pues no se encontraba cuando se suscitaron los hechos; asimismo, el agraviado Lucio Eleadoro Pineda Espinoza tampoco individualizó a los sujetos que sustrajeron el ganado, solo identificó a los sujetos que le ocasionaron las lesiones; además, la declaración de la testigo Esperanza Caridad Maldonado Robles es insuficiente para acreditar la sustracción violenta de los animales y la relación de los supuestos autores de la sustracción; c) las declaraciones testimoniales de Gregorio San Martín León, Sabino Donato Antúnez Gonzales y Susana María Molina Maguiña son inconsistentes y no identifican a los acusados como autores de los hechos, y d) no se acreditó la preexistencia de ley, pues las pericias efectuadas solo valoraron los daños causados, que fundamentan el delito de daños, que ya prescribió.

5.2. En cuanto al delito de robo en agravio de Esperanza Caridad Maldonado Robles, indicaron que la declaración de la agraviada no tenía virtualidad para acreditar la comisión del delito, mucho menos la participación de los imputados en el hecho.

5.3. En cuanto al delito de producción de peligro común, precisaron que el acta de inspección técnica policial es insuficiente para afirmar la responsabilidad penal de los acusados en el hecho delictivo; si bien existen testigos que evidenciaron el incendio, ninguno pudo identificar a los responsables.

Sexto. Es preciso mencionar que, mediante ejecutoria suprema del primero de septiembre de dos mil diecisiete, esta Corte Suprema declaró nula la absolución decretada contra los acusados por los hechos materia del recurso y precisó que el Colegiado no había compulsado adecuadamente la prueba actuada. Además, indicó que la sola declaración de la víctima puede enervar la presunción de inocencia que ampara a un acusado, si supera las garantías de certeza establecidas en el Acuerdo Plenario número 2-2005/CJ-116.

Séptimo. Este Supremo Tribunal advierte nuevamente que la valoración de la prueba efectuada por el Tribunal de primera instancia resulta incorrecta y que se encuentra ante un error en el proceder –vicio in procedendo– por las siguientes razones:

7.1. La declaración de los agraviados debió ser sometida a los alcances del Acuerdo Plenario número 2-2005/CJ-116, para de esta forma, primero, verificar la existencia o no de móviles de animadversión entre los acusados y los agraviados; segundo, verificar la coherencia interna de sus declaraciones y contrastarlas con la prueba corroborativa (actas, declaraciones testimoniales, fotografías, evaluaciones físicas y otras), y, tercero, evaluar la persistencia en la sindicación efectuada.

7.2. Las declaraciones testimoniales sitúan a los acusados en el lugar de los hechos. El hecho se practicó en coautoría, entonces se trata de un hecho conjunto atribuido a cada uno de los imputados, lo que no permite realizar una descomposición fáctica, a fin de realizar atribuciones delictivas autónomas. Las distintas contribuciones deben considerarse como un todo y el resultado total debe atribuirse a cada coautor, independientemente de la entidad material de su intervención.

7.3. Asimismo, existen diligencias de confrontaciones entre los acusados y testigos que no fueron valoradas (fojas 994 al 997 y 1024 al 1040).

7.4. Las vistas fotográficas (fojas 41 al 43, 359 al 360 y 396 al 400) y el informe técnico (foja 821) evidencian la violencia con la cual se actuó para perpetrar el delito, por lo que es errado afirmar que estas pruebas solo acreditan el delito de daños.

7.5. En cuanto a la preexistencia de ley, en nuestro ordenamiento la prueba se rige por el sistema de valoración razonable y proporcional –sana crítica–; en tal virtud, el juzgador dispone de un sistema de evaluación de los medios probatorios, sin que estos tengan asignado un valor predeterminado, de modo que será válido el juicio que tenga por acreditada la preexistencia del bien sustraído que se asienta en prueba personal, aunque no exista boleta, factura y/o comprobante de pago que corrobore la cuantía, por lo que las declaraciones de los agraviados cumplen dicha finalidad probatoria; a lo anterior se unen las vistas fotográficas (fojas 41 al 43, 359 al 360 y 396 al 400), el certificado oficial de vacunación (foja 148), el acta de inspección técnico policial (foja 153), el informe técnico de peritaje valorativo daños y perjuicios (foja 712) y otras instrumentales que obran en los actuados.

Octavo. En consecuencia, se colige que el Colegiado Superior realizó una apreciación limitada de los medios de prueba lo que claramente evidencia una motivación insuficiente y arbitraria, que vulnera las garantías constitucionales del debido proceso–; en consecuencia, a fin de lograr el esclarecimiento de los hechos, debe declararse nula la sentencia recurrida, por incurrir en la causal prevista en el numeral 1 del artículo 298 del Código de Procedimientos Penales.

DECISIÓN

Por estos fundamentos, los señores jueces supremos de la Sala Penal Permanente de la Corte Suprema de Justicia de la República DECLARARON NULA la sentencia del seis de mayo de dos mil diecinueve (foja 2083), emitida por la Sala Penal Liquidadora de la Corte Superior de Justicia de Áncash, que absolvió a: i) Timoteo Mardonio Camones Córdova, Evaristo Luciano Sánchez Casimiro, Mauro Félix Sánchez Espinoza, Teódulo Zósimo Torre Albino, Timoteo Nemesio Huamán Aguilar y Heriberto Félix Manrique Córdova, como autores de los delitos contra el patrimonio en la modalidad de robo agravado y robo de ganado, en agravio de Esteban Pineda Casimiro, Lucio Eleadoro Pineda Espinoza y Esperanza Caridad Maldonado Robles; ii) Teófila Aureliana Maldonado Robles, Raimunda Ildefonza Camones Córdova, Trinidad Humberta Toledo Olivera y Fortunata Facunda Maldonado Robles, como autores del delito contra el patrimonio en la modalidad de robo agravado, en agravio de Esperanza Caridad Maldonado Robles; iii) Mauro Félix Sánchez Espinoza, Teódulo Zósimo Torre Albino, Timoteo Nemesio Huamán Aguilar, Heriberto Félix Manrique Córdova, Timoteo Mardonio Camones Córdova, Evaristo Luciano Sánchez Camones, Teófila Aureliana Maldonado Robles, Raimunda Ildefonza Camones Córdova, Trinidad Humberta Toledo Olivera y Fortunata Facunda Maldonado Robles, como autores del delito de peligro común en la modalidad de producción de peligro común, en agravio de la colectividad del caserío de San Idelfonso de Cachoc, La Merced, y Esteban Pineda Casimiro, Lucio Eleadoro Pineda Espinoza y Esperanza Caridad Maldonado Robles; y, MANDARON que se realice nuevo juicio oral por otro Colegiado Superior en contra de los citados procesados, teniendo en cuenta la parte considerativa de la presente ejecutoria suprema y agotando la actividad probatoria expuesta, así como las demás que sean necesarias para el esclarecimiento de los hechos. Y los devolvieron.

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