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CORTE SUPREMA DE JUSTICIA DE LA REPÚBLICA

SALA PENAL PERMANENTE
CASACIÓN N.° 657-2019
VENTANILLA

Solidaridad en el pago de la reparación civil

La razón de la solidaridad de las obligaciones civiles generadas en un proceso penal radica en la responsabilidad ex ante y durante que los obligados tuvieron en la comisión, por acción u omisión, del hecho que generó el daño a reparar cocausación del daño, ya sea por: i) intervención directa o indirecta, ii) acuerdo contractual previo para situarse como garante, iii) mandato legal u iv) otra fuente que idóneamente constituya a una persona como responsable para reparar un daño.

SENTENCIA DE CASACIÓN

Lima, diecisiete de septiembre de dos mi veinte

VISTOS: en audiencia pública mediante el aplicativo Google Meet, el recurso de casación por infracción de precepto penal material interpuesto por Julia Cáceres Abad contra la sentencia de vista emitida el diecinueve de marzo de dos mil diecinueve –folios 359-371– en el extremo en el que, confirmando la sentencia de primera instancia, ordenó el pago de S/ 20 000 –veinte mil soles– por concepto de reparación civil, así como la restitución de la suma de USD 31 000 –treinta y un mil dólares estadounidenses–, como consecuencia de haber sido condenada como autora de la comisión del delito de falsedad genérica, en agravio de Scotiabank S. A. A.

Intervino como ponente el señor juez supremo Sequeiros Vargas.

FUNDAMENTOS DE HECHO

Primero. Fundamentos de la impugnación

El auto de calificación expedido el trece de septiembre de dos mil diecinueve1 dio cuenta de que el recurso de casación fue concedido en la forma ordinaria por el motivo previsto en el numeral 3 del artículo 429 del Nuevo Código Procesal Penal –en adelante, NCPP– para que se evalúe si el carácter solidario de las obligaciones civiles del artículo 95 del Código Penal debe regir para la restitución del bien cuando concurre una pluralidad de sentenciados por tipos penales diferentes.

Lo mencionado se produjo en atención a que la casacionista sostiene que no le corresponde restituir el bien sustraído porque no intervino en tal acción y no ha sido condenada por el delito de hurto agravado; que no se benefició económicamente ni conoce ni tiene relación alguna con David Ángel Arredondo Fernández, quien realizó la sustracción del dinero y fue sentenciado por ello; y que su condena fue por el delito de falsedad genérica.

Segundo. Hechos probados

Se imputó a David Arredondo Fernández y Erick Tejada Lecca que, en su condición de trabajadores de Scotiabank S. A. A., en la agencia La Pampilla – distrito de Ventanilla–, efectuaron once cancelaciones de cuentas de ahorros y CTS de forma irregular y sin consentimiento de sus usuarios, de las cuales retiraron la suma de USD 56 132.86 –cincuenta y seis mil ciento treinta y dos dólares estadounidenses con ochenta y seis centavos–. Efectuada la auditoría correspondiente, se verificó la falta de documentación que sustentara las cancelaciones descritas.

Asimismo, emitieron dos cheques de gerencia –08967806 y 08967807– por las sumas de USD 16 200 –dieciséis mil doscientos dólares estadounidenses– y USD 15 000 quince mil dólares estadounidenses, respectivamente, las cuales fueron cargadas a los fondos de la cuenta de ahorros en moneda extranjera número 005-70443718. Los cheques descritos fueron girados –sin el conocimiento del titular de la cuenta de origen– a nombre de Julia Cáceres Abad, quien efectuó los cobros los días diez y veinte de marzo de dos mil quince, respectivamente, en la agencia del Centro Bancario Fiori. Al realizar los retiros y cumplir con el registro del formato denominado “Registro de Operaciones Únicas”, sostuvo que los fondos provenían de la venta de dos vehículos y brindó datos que, en realidad, no correspondían a la marca, la placa y las demás características de los bienes señalados.

Tercero. Itinerario del procedimiento

3.1. Durante el proceso penal llevado a cabo en primera instancia, David Ángel Arredondo Fernández reconoció los cargos que fueron materia de acusación y se sometió a la conclusión anticipada de proceso. Así consta en la sentencia conformada emitida el veinte de septiembre de dos mil dieciocho –folios 148- 155–, que lo condenó como autor del delito de hurto agravado, en perjuicio de Scotiabank S. A. A., a tres años con seis meses de pena privativa de libertad suspendida en su ejecución por el mismo periodo, fijó en S/ 20 000 –veinte mil soles– el monto de pago por concepto de reparación civil y dispuso la restitución de la suma de dinero sustraída de USD 56 312.86 –cincuenta y seis mil trescientos doce dólares estadounidenses con ochenta y seis centavos–. Esta decisión adquirió firmeza.

3.2. El encausamiento prosiguió contra Erick Joel Tejada Lecca y Julia Cáceres Abad, y con tal motivo se dictó la sentencia del veinticuatro de octubre de dos mil dieciocho –folios 227-251–, en la que se absolvió a Tejada Lecca de la acusación por el delito de hurto agravado. El argumento esencial fue la exculpación realizada por su coprocesado Arredondo Fernández, quien sostuvo que Tejada Lecca era su subordinado y por ello tenía su clave, que facilitó el empleo de un perfil para proceder con la cancelación de las cuentas en el marco de una operación dual. Tal versión se halla debidamente corroborada con la declaración de la testigo Carol Murga Portocarrero, y sobre este extremo no obró cuestionamiento del fiscal ni de la parte civil.

3.3. La encausada Cáceres Abad también pretendió su absolución y argumentó: i) no conocer al sentenciado Arredondo Fernández, ii) que nunca acudió a efectuar el cobro de los cheques que facilitaron la sustracción del dinero y iii) que perdió su documento de identidad –como prueba de ello ofreció la denuncia correspondiente– y que, en todo caso, fue una persona distinta la que usurpó su identidad y efectuó el cobro. Tal versión no fue amparada por el juez de primera instancia en virtud de la relatividad de sus alegaciones. Durante el decurso de la primera instancia, pues, se actuó prueba pericial que dio cuenta de que fue ella quien realizó los cobros de los cheques antes descritos. Por tal razón, el Juzgado de Primera Instancia la condenó como autora del delito de falsedad genérica, en agravio de Scotiabank S. A. A., a dos años con ocho meses de pena privativa de libertad suspendida en su ejecución bajo el cumplimiento de reglas de conducta –entre las que se hallaba el pago de la reparación civil–, fijó el pago de S/ 20 000 –veinte mil soles– por concepto de reparación civil y dispuso la restitución de lo sustraído equivalente a la suma de USD 31 200 –treinta y un mil doscientos dólares estadounidenses–, a cumplir en el plazo de veinte meses –folios 227-251–. Inconforme con esta decisión, la recurrente apeló la sentencia del a quo, y asumió competencia la Sala Penal de Apelaciones Transitoria de la Corte Superior de Justicia de Ventanilla, que el diecinueve de marzo de dos mil diecinueve emitió la sentencia de vista que confirmó la condena, la pena y el extremo civil fijados en primera instancia a Cáceres Abad, e integró únicamente el carácter solidario con el que debía cumplirse la obligación civil.

3.4. En cumplimiento de lo estipulado en el numeral 1 del artículo 431 del NCPP, mediante el decreto del pasado diecinueve de agosto, esta Sala Suprema fijó como fecha para la audiencia de casación para el lunes siete de septiembre, en la cual intervino la representante de Scotiabank S. A. A. –quien tuvo intervenciones imprecisas respecto a la información de este expediente y a quien se recomienda mayor diligencia– y el abogado de la sentenciada Julia Cáceres Abad. Culminada esta, de inmediato, se produjo la deliberación de la causa en sesión privada, en la que se produjo el debate en virtud del cual, tras la votación respectiva y al obtener el número de votos necesarios, corresponde pronunciar la presente sentencia de casación, cuya lectura se dará en audiencia pública en la fecha.

FUNDAMENTOS DE DERECHO

Primero. Solidaridad en el pago de la reparación civil

1.1. La extensión de la reparación civil ha sido regulada en el artículo 93 del Código Penal, según el cual comprende: i) la restitución del bien o, si no es posible, el pago de su valor y ii) la indemnización de los daños y perjuicios.

1.2. El cumplimiento de ambos extremos debe ser solidario, según manda el artículo 95 del Código Penal. Este precepto legal da cumplimiento a la condición descrita en el artículo 1183 del Código Civil –la solidaridad no se presume. Solo la ley o el título de la obligación la establecen en forma expresa.

1.3. La razón de la solidaridad de las obligaciones civiles generadas en un proceso penal radica en la responsabilidad ex ante y durante que los obligados tuvieron en la comisión, por acción u omisión, del hecho que generó el daño a reparar cocausación del daño, ya sea por: i) intervención directa o indirecta, ii) acuerdo contractual previo para situarse como garante, iii) mandato legal u iv) otra fuente que idóneamente constituya a una persona como responsable para reparar un daño.

1.4. Sobre lo descrito, corresponde evaluar cuál fue la razón por la que la sentenciada ha sido declarada responsable solidaria para el pago de la indemnización y la restitución del bien. Así:

a. Julia Cáceres Abad expresó razones insuficientes para desvincularse de los hechos que fueron materia de acusación. Sostuvo que alguien suplantó su identidad en razón de que perdió su DNI en el distrito de Santa Anita, y de ello dio cuenta la denuncia que interpuso en la comisaría de la zona –folio 229–. En juicio se desestimó su coartada con el Dictamen Pericial Grafotécnico número 466-2017 practicado a los cheques número 089678072009277000000000050 y número 089678064009277000000000050 –folios 30-54–, el cual concluyó que las firmas efectuadas en los cheques que fueron cobrados en la entidad agraviada le pertenecían a la casacionista.

b. La mencionada conclusión conlleva establecer que su intervención se realizó en coordinación con el sentenciado David Ángel Arredondo Fernández para hacerse de los USD 31 200 –treinta y un mil doscientos dólares estadounidenses–. Este último ejecutó un plan criminal aprovechando su condición laboral en Scotiabank S. A. A. y giró cheques de cuentas a las que dieron de baja y, para concluir con su plan, Cáceres Abad cobró una suma considerable sin una justificación debida de su procedencia, y falseó información con el fin premeditado de saltarse los controles administrativos de la entidad financiera.

1.5. La escena descrita muestra que, en efecto, hubo un plan conjunto para apoderarse de la suma de USD 31 200 –treinta y un mil doscientos dólares estadounidenses–, el cual se produjo. No son conductas aisladas. Se trata de una intervención directa en la obtención de su ilícito y, por esta razón, deben responder de forma solidaria en el pago tanto de la indemnización como de la restitución del bien.

1.6. Amparar la alegación de la casacionista sería un despropósito, dado que se encuentra probado que fue la persona que efectuó el cobro del dinero apropiado y, por ello, resulta responsable civilmente para devolver el dinero e indemnizar a la empresa bancaria.

1.7. El daño civil al agraviado tiene que ser resarcido al margen del ilícito penal que se haya tipificado siempre que guarden relación en la vulneración del bien jurídico protegido. Sin embargo se deja a salvo el derecho de las partes para que, en su oportunidad y por la vía correspondiente, ejerzan la acción de repetición de pago cuando lo estimen conveniente.

1.8. En virtud de lo mencionado, se debe desestimar la casación propuesta y, en consecuencia, corresponde imponer a la recurrente Julia Cáceres Abad el pago de las costas procesales, de conformidad con el numeral 2 del artículo 504 del NCPP, el cual será exigido por el Juzgado de origen.

DECISIÓN

Por estos fundamentos, los jueces integrantes de la Sala Penal Permanente de la Corte Suprema de Justicia de la República:

I. DECLARARON INFUNDADO el recurso de casación por infracción de precepto penal material interpuesto por Julia Cáceres Abad contra la sentencia de vista emitida el diecinueve de marzo de dos mil diecinueve –folios 359-371– en el extremo en el que, confirmando la sentencia de primera instancia, ordenó el pago de S/ 20 000 –veinte mil soles– por concepto de reparación civil, así como la restitución de la suma de USD 31 000 –treinta y un mil dólares estadounidenses–, como consecuencia de haber sido condenada como autora de la comisión del delito de falsedad genérica, en agravio de Scotiabank S. A. A. En consecuencia, NO CASARON la sentencia de vista.

II. CONDENARON a la sentenciada al pago de las costas procesales, el cual será exigido por el Juzgado de Investigación Preparatoria pertinente.

III. DISPUSIERON que la presente sentencia casatoria sea leída en audiencia pública y, acto seguido, se notifique a todas las partes personadas en esta Sede Suprema.

IV. DISPUSIERON que se transcriba la presente sentencia casatoria al Tribunal Superior de origen –al que se remitirán las actuaciones– y se archive el cuadernillo de casación en esta Suprema Corte.

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