Acusado de feminicidio es absuelto por duda razonable.
28 octubre, 2020
ROBO AGRAVADO: Absolución al no resultar clara la vinculación imputada a uno de los procesados con el delito investigado.
30 octubre, 2020

VIOLACIÓN SEXUAL. Prueba suficiente y causales de disminución de la punibilidad.

CORTE SUPREMA DE JUSTICIA DE LA REPÚBLICA

SALA PENAL PERMANENTE
RECURSO DE NULIDAD N.° 571-2019
LIMA ESTE

Violación sexual de menor de edad, prueba suficiente y causales de disminución de la punibilidad

Luego de haber desestimado las infracciones jurídicas alegadas, este Tribunal Supremo advierte que el núcleo de lo relatado por la menor de iniciales L. C. R. V., con relación a las agresiones sexuales sufridas, a la mecánica de su producción y a las circunstancias temporales y especiales en que tuvieron lugar, se mantuvo incólume. Como es lógico, se refleja una situación de vulnerabilidad previa, concomitante y posterior a los actos sexuales, lo que impide concluir que haya entablado relaciones libres, voluntarias, igualitarias y equilibradas. No convergen elementos de juicio para cuestionar su credibilidad subjetiva. La animadversión propuesta no tiene una base sólida y constituye una mera conjetura. La prueba de cargo razonada es plural, concordante y suficiente. Por consiguiente, la presunción constitucional de inocencia del imputado MÁXIMO BARRIOS CASTRO ha sido enervada. La condena dictada, en observancia del artículo 285 del Código de Procedimientos Penales, es conforme a derecho.

Lima, cinco de noviembre de dos mil diecinueve

VISTOS: el recurso de nulidad interpuesto por el encausado MÁXIMO BARRIOS CASTRO contra la sentencia de fojas seiscientos setenta y siete, del dieciocho de enero de dos mil diecinueve, emitida por la Sala Penal Transitoria de la Corte Superior de Justicia de Lima Este, que lo condenó como autor del delito contra la libertad sexual-violación sexual de menor de edad, en grado de tentativa, en agravio de la menor identificada con las iniciales L. C. R. V., a veinte años de pena privativa de libertad y fijó como reparación civil la suma de veinte mil soles, que deberá abonar a favor de la agraviada; con lo demás que contiene.

De conformidad en parte con el dictamen de la señora fiscal suprema en lo penal.

Intervino como ponente la señora jueza suprema CHÁVEZ MELLA.

CONSIDERANDO

§ I. Expresión de agravios

Primero. El procesado MÁXIMO BARRIOS CASTRO, en su recurso de nulidad de fojas setecientos cuarenta y uno, solicitó su absolución de los cargos incriminados. Señaló que la declaración de la agraviada de iniciales L. C. R. V. es contradictoria, incoherente y no está corroborada. Precisó que no se realizó una pericia para determinar la credibilidad de la menor perjudicada. Aseveró que no se valoraron las conclusiones contradictorias de las pericias psicológica y psiquiátrica, en relación a su personalidad, así como la ecografía prostática respectiva. Puntualizó que la psicóloga Chuquiray Castañeda estuvo parcializada. Indicó que el especialista que efectuó el examen médico legal no tenía experiencia en exploraciones de potencia sexual. Refirió que no se analizaron las declaraciones de Susana Margot Huamán Jaules, Dorian Thelvy Barrios Pajuelo, Max Steven Barrios Pisconte, Selene Alexandra Julca Alvarado y José Carlos Ventura Zorrilla.

§ II. Imputación fiscal

Segundo. Conforme a la acusación fiscal de fojas trescientos cuarenta y siete, el factum delictivo es el siguiente:

2.1. El dieciocho de septiembre de dos mil diecisiete, aproximadamente a las 22:30 horas, cuando la menor de iniciales L. C. R. V., de nueve años de edad, transitaba por inmediaciones del inmueble sito en el jirón José Quiñónez número 110, urbanización Valdivieso, distrito de Ate, con la finalidad de comprar una hamburguesa por encargo de su madre, Jenifer Lizet Vela Salvatierra, fue interceptada por el encausado MÁXIMO BARRIOS CASTRO, quien la hizo ingresar, mediante engaños, a su domicilio situado en el jirón José Quiñónez número 100, en la misma urbanización y distrito.

2.2. Una vez en el interior de la vivienda, el imputado MÁXIMO BARRIOS CASTRO pretendió abusar sexualmente de la víctima de iniciales L. C. R. V., pues trató de introducirle el pene en la vagina, para lo cual, la amenazó con hacerle daño a ella, a su mamá y a su hermano. Este hecho no fue consumado debido a la aparición de Jenifer Lizet Vela Salvatierra, progenitora de la menor. Luego, se produjo la intervención policial.

§ III. Fundamentos del Tribunal Supremo

Tercero. En la entrevista única en cámara Gesell de fojas veintidós, con intervención de la representante del Ministerio Público, la menor de iniciales L. C. R. V. sindicó al procesado MÁXIMO BARRIOS CASTRO como autor de los hechos en su perjuicio y puntualizó la forma, modo y circunstancias en que este último la agredió sexualmente, esto es, procuró introducirle el pene en la vagina, lo que no se concretó por la intervención de su progenitora, Jenifer Lizet Vela Salvatierra.

En ningún paraje de su testimonio indicó que hubiera sido pasible de ultraje sexual “en tres oportunidades”.

En esa misma perspectiva, converge la siguiente prueba corroborativa:

3.1. En primer lugar, el Protocolo de Pericia Psicológica número 029314- 2017-PSC de fojas veintiocho determinó: relato espontáneo y coherente en relación a los hechos narrados, indicadores de temor, tristeza, inseguridad, vergüenza y culpa en la expresión de actos contra su normal desarrollo psicosexual. Asimismo, diagnosticó: “Reacción ansiosa situacional en la niñez compatible a hechos materia de investigación” y “Se recomienda apoyo psicológico con adecuados métodos de atención, cuidado, supervisión y protección familiar”.

3.2. En segundo lugar, las declaraciones de la testigo Jenifer Lizet Vela Salvatierra, en sede policial a fojas ocho, con participación del señor fiscal adjunto provincial, y en el juicio oral a fojas quinientos setenta y tres, quien afirmó que Margot Huamán Jaules le informó que el encausado MÁXIMO BARRIOS CASTRO hizo ingresar a su domicilio a la agraviada, por lo que se dirigió al mencionado inmueble, observó al imputado por la ventana y, como este último no le permitió el ingreso, comenzó a golpear la puerta. El acusado abrió y logró entrar. La víctima escuchó su voz y salió de una de las habitaciones llorando, luego de lo cual, le contó que el encausado le bajó el pantalón y la ropa interior. Seguidamente, solicitó apoyo policial

3.3. En tercer lugar, las manifestaciones del policía Alfredo Amadeo Cari Aguilar, en la fase preliminar a fojas catorce, ante el representante del Ministerio Público, y en el juzgamiento a fojas quinientos treinta y siete, quien refirió que, cuando se encontraba realizando patrullaje motorizado, una mujer se le acercó y le dijo que en el domicilio sito en el jirón José Quiñónez número 110, urbanización Valdivieso, se encontraba una niña con un sujeto desconocido, por lo que arribó al inmueble mencionado y encontró a Jenifer Lizet Vela Salvatierra. Señaló que la víctima estaba llorosa, le indicó que el acusado le había realizado tocamientos y cuando se encontró con su madre siguió llorando y se abrazaron. Confirmó los datos consignados en el acta de intervención policial de fojas siete.

3.4. En cuarto lugar, el acta de transcripción judicial de fojas trescientos dieciocho, en la que se describe el interior de la vivienda del encausado MÁXIMO BARRIOS CASTRO, cuyos datos coinciden con lo afirmado por la agraviada en la cámara Gesell, específicamente en lo relativo al número de habitaciones existentes y la distribución de los ambientes.

3.5. En quinto lugar, según el documento nacional de identidad de fojas cuarenta y cuatro, la menor nació el veintitrés de febrero de dos mil ocho. Por tanto, en la data del evento delictivo, tenía nueve años y siete meses de edad.

Cuarto. En cuanto al procesado MÁXIMO BARRIOS CASTRO, se pondera lo siguiente:

4.1. El Protocolo de Pericia Psicológica número 029423-2017-PSC de fojas cincuenta, el cual determinó tendencia a la evasión, minimización de la situación en la que se ve comprometido y demostración de una imagen favorable de sí mismo. Estableció la presencia de “personalidad con rasgos impulsivos”.

4.2. El informe médico psiquiátrico de fojas doscientos cincuenta, el cual precisó que: “No se identifican signos o síntomas de ninguna enfermedad mental”. Se aclaró también que no tiene la calidad de una pericia psiquiátrica.

4.3. La ecografía prostática transabdominal de fojas cincuenta y seis, ratificada a fojas doscientos setenta y cuatro, estableció la presencia de “hipertrofia prostática grado II y retención urinaria del 19.12 %”.

4.4. El Certificado Médico Legal número 001382-V de fojas doscientos ochenta y uno, revalidado en el plenario a fojas quinientos cincuenta y nueve, diagnosticó que posee: “Capacidad de erección” y “No se descartó la posibilidad de eyaculación”. Ello ha sido resumido en una: “Capacidad positiva para erectarse”.

4.5. El Informe Psicológico número 001-2018-INPE/18-234-Ps de fojas doscientos dieciocho, ratificado en el juicio oral a fojas quinientos treinta y ocho, concluyó: “Personalidad introvertida, con signos de depresión, área sexual actualmente inactiva, por motivos físicos y religiosos”.

En virtud de la característica de literosuficiencia de las cinco pericias e informes reseñados, no se advierten contradicciones para rescindir su valor probatorio.

Quinto. De otro lado, el Oficio número 288-2018-MP-FN-IML-GECRIM- DICLIFOR-PSC-SEU de fojas doscientos cincuenta y seis, da cuenta de que la División Clínico Forense no realiza pericias de credibilidad de testimonios. Esto último, de acuerdo con el Memorándum Múltiple 82- 2015-MP-FN-IML/JN de fojas quinientos veintisiete. Asimismo, en el juicio oral a fojas seiscientos veinticuatro, se prescindió de dicho medio de prueba.

Además, no se ha puntualizado de qué manera o bajo qué circunstancias la perito Nore Ofelia Chuquiray Castañeda estaría parcializada. Esta última depuso en el juicio oral a fojas cuatrocientos sesenta y tres, con fluidez. Se respetaron los principios de inmediación y contradicción.

Sexto. En la sentencia de instancia, en el rubro “A nivel de juicio oral”, se glosó la información vertida por los testigos Susana Margot Huamán Jaules, Dorian Thelvy Barrios Pajuelo, Max Steven Barrios Pisconte y Selene Alexandra Julca Alvarado. Luego, en el acápite “Determinación de la responsabilidad penal del acusado”, realizó un análisis conjunto y se efectuaron treinta y siete conclusiones probatorias. No se aprecian vicios en la motivación judicial esgrimida.

Séptimo. En consecuencia, luego de haber desestimado las infracciones jurídicas alegadas, este Tribunal Supremo advierte que el núcleo de lo relatado por la menor de iniciales L. C. R. V., con relación a las agresiones sexuales sufridas, a la mecánica de su producción y a las circunstancias temporales y especiales en que tuvieron lugar, se mantuvo incólume.

Como es lógico, se refleja una situación de vulnerabilidad previa, concomitante y posterior a los actos sexuales, lo que impide concluir que haya entablado relaciones libres, voluntarias, igualitarias y equilibradas.

No convergen elementos de juicio para cuestionar su credibilidad subjetiva. La animadversión propuesta no tiene una base sólida y constituye una mera conjetura.

La prueba de cargo razonada es plural, concordante y suficiente.

Por consiguiente, la presunción constitucional de inocencia del imputado MÁXIMO BARRIOS CASTRO ha sido enervada. La condena dictada, en observancia del artículo 285 del Código de Procedimientos Penales, es conforme a derecho.

Octavo. Finalmente, el delito de violación sexual de menor de edad, conforme al artículo 173, primer párrafo, numeral 1, del Código Penal, modificado por Ley número 30076, del diecinueve de agosto de dos mil trece (vigente en la época delictual), está predeterminado legalmente con el marco de punición de cadena perpetua.

Entre los presupuestos para fundamentar y determinar la pena que prevé el artículo 45 del Código Penal, se encuentran las carencias sociales que sufrió el acusado MÁXIMO BARRIOS CASTRO, el nivel de su cultura y sus costumbres: ocupación mecánico y grado de instrucción primaria completa. Estos datos emergen de su declaración policial de fojas dieciséis, con intervención del representante del Ministerio Público. No registra antecedentes, conforme trasciende del certificado judicial de fojas trescientos sesenta y siete.

Tales aspectos no fundamentan una rebaja por debajo del mínimo legal. Se trata de circunstancias genéricas que solo permiten aplicar la sanción respetando la pena abstracta (cadena perpetua).

Sin embargo, a su favor, concurren dos causales de disminución de punibilidad: por un lado, la tentativa y, por otro lado, la responsabilidad restringida por razón de la edad. Sobre este último aspecto, el procesado MÁXIMO BARRIOS CASTRO, durante la comisión delictiva, tuvo setenta y dos años y un mes de edad, conforme a la ficha de Reniec de fojas treinta y ocho.

Los artículos 16 y 22 del Código Penal autorizan la rebaja de la pena a límites inferiores al mínimo legal. El quantum de lo que corresponde disminuir no responde a criterios legales, tasados o predeterminados, sino que atiende a la prudencia del juzgador. Se otorga un amplio margen de discrecionalidad, por lo que han de seguirse criterios racionales y motivados. La reducción punitiva se efectúa en virtud del principio de proporcionalidad y de la gravedad del hecho.

Por ende, resulta legal, proporcional y razonable reducir la pena a quince años de privación de libertad.

La reparación civil detenta un carácter resarcitorio y no pondera las capacidades económicas del agente delictivo. La indemnización fijada en la sentencia de mérito se dio en función del daño causado. Es suficiente para abarcar lo relativo al perjuicio material e inmaterial acaecido. En ese sentido, se mantiene incólume.

La sentencia es ratificada respecto al juicio de culpabilidad y revocada en cuanto a la pena judicialmente impuesta.

DECISIÓN

Por estos fundamentos, los señores jueces integrantes de la Sala Penal Permanente de la Corte Suprema de Justicia de la República, declararon:

I. NO HABER NULIDAD en la sentencian de fojas seiscientos setenta y siete, del dieciocho de enero de dos mil diecinueve, emitida por la Sala Penal Transitoria de la Corte Superior de Justicia de Lima Este, que condenó a MÁXIMO BARRIOS CASTRO como autor del delito contra la libertad sexual-violación sexual de menor de edad, en grado de tentativa, en agravio de la menor identificada con las iniciales L. C. R. V., y fijó como reparación civil la suma de veinte mil soles, que deberá abonar a favor de la agraviada.

II. HABER NULIDAD en la propia sentencia en el extremo que impuso a MÁXIMO BARRIOS CASTRO veinte años de pena privativa de libertad; reformándola, le IMPUSIERON quince años de privación de libertad, cuyo cómputo comenzará a regir desde la fecha en que se produzca su captura y, para lo cual, deberá descontársele la carcelería que sufrió desde el diecinueve de septiembre de dos mil diecisiete (notificación de fojas seis), hasta el dieciocho de diciembre de dos mil dieciocho (acta de juicio de fojas quinientos cincuenta y siete).

III. NO HABER NULIDAD en lo demás que contiene. Y los devolvieron

DESCARGAR RESOLUCIÓN AQUÍ:

Pin It on Pinterest