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ROBO AGRAVADO: Absolución al no resultar clara la vinculación imputada a uno de los procesados con el delito investigado.

CORTE SUPREMA DE JUSTICIA DE LA REPÚBLICA

SALA PENAL PERMANENTE
RECURSO DE NULIDAD N.° 2221-2019
JUNÍN

No haber nulidad en la condena y la pena de tres de los procesados, y haber nulidad respecto al acusado Torres Yauri

Se verifica que el juicio de condena al que se arribó en la sentencia recurrida se encuentra debidamente motivado y cuenta con sustento probatorio suficiente para enervar la presunción de inocencia de los encausado Adriano Ilizarbe y Gaspar Salvatierra, por lo que, luego de responder y descartar sus argumentos de defensa, corresponde confirmar la condena y la pena impuestas en su contra. Sin embargo, en cuanto al procesado Jesús Wilver Torres Yauri, existe duda razonable sobre su participación en el hecho, por lo que se dispondrá su absolución.

Lima, trece de octubre de dos mil veinte

VISTOS: los recursos de nulidad interpuestos por los procesados Javier Gaspar Salvatierra, Rolly Gaspar Salvatierra, Saúl Adriano Ilizarbe y Jesús Wilver Torres Yauri contra la sentencia del ocho de agosto de dos mil diecinueve (foja 819), que los condenó como coautores del delito contra el patrimonio-robo agravado, en perjuicio de Jenaro Pérez Capcha, a seis años de pena privativa de libertad y fijó la reparación civil en S/ 3000 (tres mil soles).
Intervino como ponente el señor juez supremo Castañeda Espinoza.

CONSIDERANDO

§ De la pretensión impugnativa de los procesados

Primero. La defensa de los encausados Saúl Adriano Ilizarbe y Jesús Wilver Torres Yauri solicitó, mediante dos recursos independientes interpuestos con el mismo contenido (fojas 850 y 867, respectivamente), que se revoque la sentencia condenatoria en su contra y se les absuelva o se declare nula dicha decisión, pues transgrede los principios del debido proceso, la tutela jurisdiccional efectiva, el in dubio pro reo y la legalidad, ya que no toma en cuenta los medios de prueba actuados y la debida aplicación de las normas penales y procesales. Precisó que:

1.1. No existe examen médico legal del agraviado que acredite las lesiones que habría sufrido, ni se probó la preexistencia de los bienes.

1.2. No constituyen medios probatorios los actos de investigación efectuados en sede preliminar sin intervención del fiscal, tales como las manifestaciones del agraviado y de la testigo Yaquili Untiveros Sayas, y el acta de recepción realizada a esta última.

1.3. Son nulas sus declaraciones policiales, pues se consignó a una fiscal diferente a la que firmó, lo que acredita que no participó ningún representante del Ministerio Público; además, dicha diligencia se llevó a cabo cuando se encontraban en estado de embriaguez y debió tomarse en cuenta su derecho a la no autoincriminación.

1.4. La manifestación preliminar del agraviado no cumplió con los requisitos establecidos en el Acuerdo Plenario número 2-2005/CJ- 116, pues presenta contradicciones, no fue ratificada en instrucción o en juicio oral y no se encuentra corroborada con otros medios de prueba; además, aquel solo identificó a los imputados Gaspar Salvatierra, mas no a los recurrentes, pese a que también se encontraban en la dependencia policial.

1.5. Es nulo el parte policial sobre la ubicación y captura del recurrente Adriano Ilizarbe, pues el policía interviniente, Berthony Valencia Vilcahuamán, en juicio oral, sostuvo que no recordaba a los detenidos ni los detalles de la intervención.

1.6. No es cierto lo sostenido en la sentencia respecto a que los recurrentes guardaron silencio en juicio oral, pues estos sí declararon en la audiencia del veintiséis de junio de dos mil diecinueve.

1.7. En el registro personal, no se les encontró en su poder ningún bien que los vinculara con el delito imputado.

1.8. El recurrente Adriano Ilizarbe no cuenta con antecedentes penales y el encausado Torres Yauri no fue detenido el día de los hechos (sino posteriormente en otro lugar).

Segundo. Por su parte, los procesados Javier Gaspar Salvatierra y Rolly Gaspar Salvatierra en su recurso conjunto (foja 884) solicitaron la nulidad de la sentencia condenatoria en atención a los siguientes argumentos:

2.1. El agraviado no atribuye específicamente la participación de los encausados recurrentes, sino que solo menciona hechos genéricos atribuidos a cuatro personas.

2.2. La manifestación del agraviado es ilógica y contradictoria, pues en ella señaló que cuatro personas intervinieron en el robo, pero en el acta de reconocimiento solo identificó a los recurrentes –sin cumplir con brindar la descripción previa– y no mencionó a sus cosentenciados; por otro lado, la declaración de la testigo Yaquili Untiveros Sayas no corrobora la sindicación del agraviado contra los impugnantes, por lo que no cumple con los requisitos establecidos en el Acuerdo Plenario número 2-2005/CJ-116.

2.3. No está permitido usar las declaraciones previas de los encausados, pues son medios defensivos.

2.4. Es contradictorio que los policías intervinientes afirmen que el agraviado reconoció a tres de los autores en la vía pública, y que luego este señale que no recordaba sus características físicas.

2.5. No se ha acreditado la preexistencia de los bienes ni estos fueron encontrados en posesión de los recurrentes, pues el encausado Javier Gaspar Salvatierra explicó la procedencia del dinero que se le incautó.

§ Imputación fáctica y jurídica

Tercero. Según la acusación fiscal (foja 287), el veintiséis de agosto de dos mil trece, aproximadamente a las 4:30 horas, el agraviado Jenaro Pérez Capcha se encontraba transitando por los jirones Augusto B. Leguía y Pedro Peralta, en el distrito de Chilca (Huancayo), cuando los procesados Javier Gaspar Salvatierra, Rolly Gaspar Salvatierra, Saúl Adriano Ilizarbe y Jesús Wilver Torres Yauri lo interceptaron, lo cogieron del cuello y lo lanzaron al suelo para sustraerle su casaca, sus zapatillas, su billetera (que contenía sus documentos personales y la suma de S/ 150 –ciento cincuenta soles–) y su teléfono celular, luego de lo cual se dirigieron, caminando, hacia el local Chicmana.

Posteriormente, el agraviado solicitó apoyo policial y se logró capturar a tres de los procesados en la intersección de los jirones Augusto B. Leguía y Antonio de Zela. En ese momento, Pérez Capcha reconoció al procesado Javier Gaspar Salvatierra como la persona que lo cogoteó y a los otros intervinientes como los sujetos que le sustrajeron sus demás pertenencias.

Cuarto. Estos hechos fueron tipificados como delito de robo agravado, previsto en el artículo 188 (tipo base) concordado con los numerales 2 y 4 del primer párrafo del artículo 189 del Código Penal (conforme a la modificación de la Ley número 30076, vigente al momento de los hechos), el cual contempla una pena privativa de libertad no menor de veinte ni mayor de treinta años.

§ Del análisis del caso

Quinto. Previamente a resolver la sentencia impugnada, corresponde precisar que, en el presente proceso, se emitió la sentencia del cinco de junio de dos mil diecisiete (foja 507), mediante la cual la Sala de mérito, desvinculándose de la acusación fiscal del delito de robo, condenó solamente a Saúl Adriano Ilizarbe como autor del delito de hurto agravado y absolvió a los procesados Javier Gaspar Salvatierra, Rolly Gaspar Salvatierra y Jesús Wilver Torres Yauri del mismo ilícito.

Sin embargo, al ser impugnada por el Ministerio Público, fue declarada nula por esta Sala Suprema –interpuesta por el fiscal superior– y se ordenó la realización de un nuevo juicio por un diferente Colegiado, conforme a la ejecutoria del veintiséis de junio de dos mil dieciocho (foja 549), además de recabarse las declaraciones del policía Berthony Justino Valencia Vilcahuamán y del agraviado Jenaro Pérez Capcha.

Se verifica que solo concurrió al nuevo juicio el policía Valencia Vilcahuamán (foja 793) y, en cuanto al agraviado, la Secretaría de la Sala Superior informó, en audiencia (foja 773), que este había fallecido (según su ficha del Reniec), y luego de la actuación probatoria se dictó la sentencia condenatoria que es materia de impugnación.

Sexto. Los recursos impugnatorios presentados contra la referida sentencia por parte de los cuatro procesados se centran en cuestionar la validez de los elementos de cargo valorados en su contra y de la sindicación del agraviado para concluir que no existe suficiencia probatoria para arribar a su condena.

Al respecto, debe tomarse en cuenta que, de acuerdo con la denuncia y los actuados, todos los recurrentes admitieron conocerse previamente a los hechos, que aquel día se encontraban libando licor en la vía pública, que en determinado momento se produjo una gresca que involucró al agraviado y que se intercambiaron golpes, y luego aquel se retiró y se presentaron casi inmediatamente los efectivos policiales, quienes detuvieron a Javier Gaspar Salvatierra, Rolly Gaspar Salvatierra y Saúl Adriano Ilizarbe (mientras que Jesús Wilver Torres Yauri fue intervenido horas después).

Séptimo. La versión incriminatoria del hecho adecuado al delito de robo (que es un ilícito pluriofensivo, pero la propiedad es el bien jurídico específico predominante) surgió de la denuncia del agraviado Jenaro Pérez Capcha, quien al rendir su manifestación preliminar (foja 7, oralizada en juicio oral a foja 804) sindicó y reconoció a los procesados recurrentes como los autores del delito de robo en su agravio y detalló las circunstancias de su comisión (conforme se recoge en la acusación fiscal). Además, refirió que identificó inmediatamente a Javier Gaspar Salvatierra como uno de los autores del hecho y fue informado por comerciantes de la zona sobre la identidad de los demás. Agregó que Javier Gaspar Salvatierra fue el que lo cogoteó, pero los cuatro procesados lo agredieron físicamente para despojarlo de sus pertenencias (casaca, zapatillas, billetera con S/ 150 –ciento cincuenta soles– y teléfono celular).

Al ser esta la prueba de cargo del hecho, corresponde analizar y contrastar la declaración conforme a los alcances del Acuerdo Plenario número 2-2005/CJ-116, a fin de determinar si la sindicación presenta las garantías de certeza para ser considerada una prueba válida de cargo. Así tenemos lo siguiente:

i. En cuanto al requisito de ausencia de incredibilidad subjetiva, se verifica que ninguna de las partes refirió mantener relaciones basadas en odio, resentimientos, enemistad u otras que pudieran incidir en la parcialidad de la deposición, y que por ende le nieguen aptitud para generar certeza.

ii. Si bien el agraviado no concurrió al juicio oral debido a su fallecimiento, conforme la Secretaría de la Sala Superior informó en audiencia (foja 773), al tratarse de una circunstancia no previsible ni imputable a la parte, puede darse por satisfecho el requisito de persistencia en la sindicación, al haber sido oralizada y debatida en juicio oral su manifestación preliminar. Esta mantiene su valor incriminatorio del hecho, por lo que se cumple también el segundo requisito.

iii. En cuanto a la verosimilitud de la sindicación del agraviado como tercer y último requisito, se desprende de todo lo actuado que se corroboró con:

a. El acta de reconocimiento físico que efectuó el agraviado Jenaro Pérez Capcha (foja 47, con presencia del fiscal1), en que este, luego de brindar referencias físicas de los autores del delito, reconoció como tales a los procesados Rolly Gaspar Salvatierra y Javier Gaspar Salvatierra –precisó que el primero de ellos le quitó las zapatillas y que el segundo lo cogoteó y le arrebató su casaca negra–.

b. El Parte Policial S/N-2012 (foja 32, oralizado a foja 805), que dio cuenta de la detención de Javier Gaspar Salvatierra, Rolly Gaspar Salvatierra y Saúl Adriano Ilizarbe poco después del hecho denunciado y cerca de donde este ocurrió, en atención a la denuncia inmediata realizada por el agraviado.

c. El acta de recepción (foja 37, oralizada a foja 806), en que se consignó que Yaquili Untiveros Sayas –esposa del encausado Jesús Wilver Torres Yauri–, el mismo día de los hechos, hizo entrega de una casaca negra dentro de una bolsa de rafia, que fue reconocida por el agraviado como la que le había sido sustraída horas antes.

d. El acta de registro personal al procesado Javier Gaspar Salvatierra (foja 36, oralizada a foja 805), firmada por este, en que se indicó que se le encontró en posesión de un total de S/ 151 (ciento cincuenta y un soles), que era aproximadamente la cantidad de dinero en efectivo que le había sido sustraído al agraviado.

e. La declaración de la testigo Yaquili Untiveros Sayas, esposa del procesado Jesús Wilver Torres Yauri, quien a nivel preliminar (foja 10, oralizada a foja 804) sostuvo que, mientras vendía bebidas alcohólicas (“calientes”), su esposo estaba libando licor con tres amigos: Saúl Adriano Ilizarbe –a quien conocía como “Gallo”–, Javier Gaspar Salvatierra y Rolly Gaspar Salvatierra –a estos últimos no los conocía–. De pronto, estos tres dejaron solo a su esposo, corrieron hacia una esquina y regresan luego de cinco minutos con unas zapatillas y una casaca. Posteriormente, Adriano Ilizarbe le indicó que le dejaría dicha casaca en prenda para que le diera más “calientes”, a lo que la deponente se negó. En ese momento apareció la policía, que detuvo a los tres procesados (excepto a su esposo, de quien sostuvo su inocencia). Reconoció que se presentó a la comisaría a entregar la bolsa con la casaca negra del agraviado que había encontrado al costado de la mesa donde vendía licor.

f. Las declaraciones a nivel preliminar (con presencia del fiscal y de su abogado defensor), en instrucción y en juicio oral de los procesados, quienes negaron ser autores del robo; pero afirmaron que el agraviado Pérez Capcha fue agredido físicamente, e incluso (preliminarmente) sostuvieron que este había sido víctima de un asalto, en que le sustrajeron sus prendas de vestir –aunque en instrucción y en juicio oral solo hicieron referencia a la gresca–.

Octavo. Del análisis tanto individual como conjunto de las pruebas actuadas expuestas en el considerando anterior, se desprende la participación y responsabilidad penal de los recurrentes Javier Gaspar Salvatierra, Rolly Gaspar Salvatierra y Saúl Adriano Ilizarbe.

Al analizar la intervención de cada uno de estos, se advierte, en relación con Saúl Adriano Ilizarbe, que este alegó inocencia y su argumento defensivo central es que no fue identificado por el agraviado en la diligencia de reconocimiento físico. Sin embargo, lo cierto es que contra esta persona existen otros elementos de cargo que permiten sostener su responsabilidad, como la versión preliminar de la testigo Yaquili Untiveros Sayas (foja 10, oralizada), quien afirmó que dicho procesado se encontraba en posesión de la casaca del agraviado y la habría dejado en su puesto en prenda.

Además, dicha testigo proporcionó el apelativo con el que se conocía al recurrente Adriano Ilizarbe (“Gallo”), el cual fue reconocido por el propio encausado en su manifestación preliminar (foja 19), brindada en presencia de su abogado defensor y del fiscal (por lo que mantiene su validez). Es decir, existen indicios que permiten identificarlo y ubicarlo en el lugar de los hechos y con la ejecución de actos coincidentes con el robo investigado.

De igual manera, Adriano Ilizarbe reconoció que agredió físicamente al agraviado –su argumento de defensa fue que se produjo una supuesta pelea– (lo que corroboraron los encausados Gaspar Salvatierra). Ello certifica que se encontraba junto con los demás procesados en el lugar de los hechos, donde uno de ellos cogoteó al agraviado y el resto aprovechó para sustraerle sus pertenencias. Tal es un indicio de capacidad y de oportunidad delictiva.

Noveno. De igual modo, se encuentra probada la participación y responsabilidad penal de los acusados (hermanos) Javier Gaspar Salvatierra y Rolly Gaspar Salvatierra, debido a que fueron detenidos poco después de los hechos (junto con Adriano Ilizarbe) en las inmediaciones del lugar del robo y fueron plenamente identificados por el agraviado en la diligencia preliminar de reconocimiento que se practicó con presencia del fiscal (foja 47).

Los hermanos Gaspar Salvatierra afirmaron haber participado en la agresión física contra el agraviado (supuesta pelea) y no en el robo ocurrido (motivo de su detención). Empero, su intervención delictiva está confirmada con la sindicación de la víctima y con lo declarado por la testigo Untiveros Sayas, quien señaló que los procesados Gaspar Salvatierra se ausentaron del lugar donde estaban tomando “calientito” para luego retornar raudamente junto con Adriano Ilizarbe, y que estos portaban prendas de vestir sin explicación razonable, una de las cuales fue reconocida como propia por el agraviado (foja 37).

Décimo. Respecto a algunos cuestionamientos formulados por la defensa de los recurrentes sobre la acreditación de la materialidad del delito, hemos de indicar, en primer lugar, que la acreditación de la violencia física ejercida contra el agraviado (“cogoteo”) no requiere necesariamente un certificado médico legal para considerar como probado el medio comisivo del robo (uso de violencia), pues este delito no exige, para su configuración, que se acredite un número mínimo de días de asistencia o descanso médico, según prescripción facultativa2; sino solamente que exista la violencia física. En el presente caso, los propios procesados Gaspar Salvatierra y Adriano Ilizarbe han admitido que agredieron físicamente al agraviado (supuesta pelea), por lo cual fueron intervenidos y reconocidos inmediatamente por aquel como los autores del robo de sus pertenencias.

Undécimo. En cuanto a la declaración de la testigo Untiveros Sayas prestada nuevamente en juicio oral (foja 772), en que negó el contenido de su manifestación preliminar (foja 10), debe indicarse que esta fue introducida válidamente al debate oral mediante su oralización, por lo que lo declarado mantiene valor por su inmediatez y temporalidad con el hecho ocurrido. Es más, ha de señalarse que en la declaración en juicio oral la referida testigo incurrió en contradicciones, pues en un primer momento negó conocer a alguien apodado “Gallo”, pero luego afirmó que escuchó que entre los otros tres procesados llamaban “Gallo” a Saúl Adriano Ilizarbe (“entre ellos se llamaban, no me dijo nadie”).

Cabe recalcar la importancia de la manifestación preliminar de la testigo Untiveros Sayas –en la que no involucró directamente a su esposo con el hecho–, pues proporciona datos específicos de la comisión de los hechos que concuerdan con la versión del agraviado y, además, ofrece una explicación más razonable de cómo llegó a su posesión la casaca de la víctima, que luego llevó y entregó a la policía, conforme al acta de recepción, diligencia que no ha sido cuestionada por la defensa y, por lo tanto, mantiene su validez para su respectiva valoración.

Duodécimo. Respecto al análisis de comparación que efectuó la Sala Superior sobre las declaraciones de los procesados Javier Gaspar Salvatierra, Rolly Gaspar Salvatierra y Saúl Adriano Ilizarbe –y que la defensa recurrente cuestionó–, solo permitió demostrar las contradicciones en las que incurrieron los encausados, lo que constituye un indicio de mala justificación que definitivamente puede abonar al análisis en conjunto de la prueba actuada3, y que no implica una afectación al derecho a la no autoincriminación –como sostienen–, ya que no se valoró como un elemento central para establecer el juicio de condena en contra de aquellos.

En esa línea, se verifica que las manifestaciones preliminares (fojas 24, 17 y 19) que ahora pretenden desconocer se recabaron con intervención del fiscal y de sus abogados defensores particulares (artículo 62 del Código de Procedimientos Penales), por lo que cualquier referencia de alegato de cambio de lo declarado o desconocimiento de lo indicado en dichas diligencias no resulta válido ni creíble, ya que en tales manifestaciones proporcionaron detalles sobre el hecho ilícito y reconocieron haber presenciado el despojo de los bienes del agraviado e, incluso, sindicaron como autores del hecho imputado a otras personas (a las que describieron físicamente e inclusive proporcionaron sus apelativos), sin perjuicio de que ellos manifestaron que agredieron físicamente a la víctima (en el contexto de una supuesta pelea).

Sin embargo, al prestar sus instructivas (fojas 95 y 100, 94 y 102, 93 y 97) y en juicio oral (solo Javier Gaspar Salvatierra, a foja 796) solamente modificaron su versión para no incluir los detalles sobre el robo ocurrido, pero mantuvieron los demás hechos declarados, con el fin de no ser comprometidos (como presenciar o intervenir en la agresión a Pérez Capcha).

Por lo tanto, como señalamos, la modificación de sus versiones sobre los hechos no afecta el valor de los medios de prueba analizados y valorados que sustentan la condena, por tener otros elementos de corroboración de la sindicación del agraviado. En consecuencia, se trata de simples argumentos de defensa sin sustento probatorio.

Decimotercero. Existe jurisprudencia uniforme que esta Sala Suprema ha establecido en previos pronunciamientos que es válido considerar acreditada la preexistencia de bienes sustraídos –en el presente caso, corresponde a dinero equivalente a S/ 150 (ciento cincuenta soles) y prendas de vestir– con prueba personal como la declaración del agraviado, aun cuando no se presenten documentos como boletas, facturas y/o comprobantes de pago.

Así, al margen del cuestionamiento sobre el origen del dinero hallado en poder del procesado Javier Gaspar Salvatierra –conforme al acta de registro personal, a foja 36–, debe indicarse que, según las máximas de la experiencia, resulta razonable afirmar que una persona adulta (como el agraviado) portara un teléfono celular y dinero en efectivo –S/ 150 (ciento cincuenta soles)–, bienes que detalló la víctima en sus declaraciones juradas sobre la propiedad de estos (fojas 42 y 43).

Además, se ha acreditado que el agraviado fue despojado de una prenda de vestir personal (casaca) que le fue devuelta horas después, conforme al acta de recepción (foja 37). Así pues, debido a que el delito de robo no exige que el bien sustraído supere un monto mínimo de valor4, sino que basta el extremo de acreditación de la preexistencia de dicho bien, en el caso se encuentra justificado con las pruebas referidas. Por ende, los argumentos de la defensa de los procesados al respecto no poseen sustento y deben rechazarse.

Decimocuarto. Finalmente, la defensa de los encausados Saúl Adriano Ilizarbe y Jesús Wilver Torres Yauri, al realizar el informe oral, introdujo como nuevo argumento de defensa que en la sentencia recurrida se indicó que estos se acogieron a su derecho a guardar silencio en juicio oral, ya que –según alegó– estos encausados sí habrían declarado en la audiencia del veintiséis de junio de dos mil diecinueve.

Sin embargo, lo sostenido por la defensa técnica no se ajusta a los actuados. Conforme al acta de audiencia correspondiente a dicha fecha (foja 785), se aprecia que solo se dio cuenta de los trámites de reprogramación de diligencias, y que en la siguiente acta de audiencia, llevada a cabo el ocho de julio de dos mil diecinueve (foja 792), se preguntó a las partes si tenían alguna observación del acta de la audiencia anterior (es decir, la cuestionada), y la defensa de los referidos encausados (que es el mismo letrado recurrente) no manifestó su disconformidad con el acta del veintiséis de junio de dos mil diecinueve, la cual se aprobó y suscribió en los términos que contiene. Por lo tanto, este argumento de defensa debe rechazarse al no corresponder con lo consignado en los actuados.

Decimoquinto. Por todo lo anterior, la Corte Suprema verifica que el juicio de condena al que se arribó en la sentencia recurrida en contra de los procesados Javier Gaspar Salvatierra, Rolly Gaspar Salvatierra y Saúl Adriano Ilizarbe se encuentra debidamente motivado y cuenta con el sustento probatorio suficiente para enervar la presunción de inocencia de los encausados. Por ello, luego de responder y descartar sus argumentos de defensa, corresponde confirmar su condena como coautores del delito de robo agravado –artículo 188 (tipo base) concordado con el numeral 4 del primer párrafo del artículo 189 del Código Penal5–.

Decimosexto.Respecto a la participación y determinación de la responsabilidad del procesado Jesús Wilver Torres Yauri, se desprende del análisis de lo actuado que no existen suficientes elementos probatorios para sustentar la condena impuesta; pues, si bien es cierto que inicialmente fue nombrado como uno de los autores del hecho por el agraviado en su manifestación preliminar (y este es el único elemento de cargo específico en su contra), al practicarse el reconocimiento físico con presencia del fiscal, una vez que fueron detenidos todos los procesados, Torres Yauri no fue reconocido por la víctima como autor del hecho, a excepción de los hermanos Javier y Rolly Gaspar Salvatierra (foja 47), a pesar de que se le mostró a la vista al encausado antes mencionado.

Además, se advierte del Parte Policial S/N-2012 (foja 32) que dicho procesado no fue intervenido policialmente de manera inmediata al evento delictivo, como sí lo fueron sus coencausados Saúl Adriano Ilizarbe, Javier Gaspar Salvatierra y Rolly Gaspar Salvatierra, en las inmediaciones del lugar de los hechos –tras haber sido identificados por el agraviado para su detención–.

Asimismo, la testigo Yaquili Untiveros Sayas (esposa del encausado Torres Yauri) refirió (fojas 10 y 772) que la presencia de este en el lugar se debía a que la ayudaba con la venta de alcohol en la vía pública y que no intervino en el hecho investigado. Si bien por el vínculo que comparten la testigo y el encausado podría dudarse de su imparcialidad, ha de tenerse en cuenta que la intervención policial de Torres Yauri ocurrió en forma posterior a la de sus coprocesados y fue vinculado con el hecho debido a que su esposa (la testigo Untiveros Sayas) acudió a la dependencia policial a entregar la casaca sustraída al agraviado. Sin embargo, esta testigo sostuvo que encontró dicha prenda de vestir en su puesto de venta (dentro de un saco) y que el procesado Adriano Ilizarbe, previamente a su detención, se la había ofrecido a cambio de bebidas alcohólicas –aspecto que fue valorado para atribuir la responsabilidad específica de dicho encausado–.

Por lo tanto, no resulta clara la vinculación imputada al procesado Jesús Wilver Torres Yauri con el robo investigado, sobre todo porque el objeto sustraído al agraviado fue entregado por una tercera persona a la policía y ello no necesariamente nos conduce a concluir que habría cometido el robo solo porque se encontraba libando licor con sus coimputados, sino que su responsabilidad penal debe quedar demostrada con elementos probatorios idóneos y válidos para el caso. Refuerza este análisis probatorio que el encausado Torres Yauri –a diferencia de sus coprocesados– negó de manera uniforme y persistente (fojas 14 y 105) haber siquiera agredido al agraviado, y sostuvo que únicamente observó la gresca producida entre este y sus coprocesados e intervino para separarlos, lo cual se encuentra corroborado, además, con la declaración de sus coencausados Rolly Gaspar Salvatierra (foja 102) y Javier Gaspar Salvatierra (foja 796).

Por todo lo anterior, existe duda razonable sobre la intervención del procesado Torres Yauri en el robo que fue materia de imputación. En consecuencia, se mantiene vigente el principio de presunción de inocencia previsto en el artículo 2, literal e), de la Constitución Política del Perú, por lo que se le deberá absolver de los cargos imputados en la acusación fiscal.

§ Determinación de la pena

Decimoséptimo. La Sala Superior, al imponer la pena de seis años a los procesados Javier Gaspar Salvatierra, Rolly Gaspar Salvatierra y Saúl Adriano Ilizarbe, no precisó legalmente el motivo por el cual fijó una pena privativa de libertad por debajo del mínimo legal previsto para el delito de robo agravado (doce años).

Si bien se refirió que dos de los encausados (Javier Gaspar Salvatierra y Saúl Adriano Ilizarbe) tenían, respectivamente, veinte y dieciocho años de edad al momento de los hechos, no se indicó expresamente que se aplicaría la responsabilidad restringida por la edad (estipulada en el artículo 22 del Código Penal). Sin embargo, el beneficio de reducción de la pena por dicha circunstancia ya se refleja en la sanción de seis años impuesta a los referidos procesados –que les resulta sumamente beneficiosa–, situación que no corresponde para la disminución de la pena aplicada en forma extendida al coprocesado Rolly Gaspar Salvatierra6.

Sobre el particular, este Supremo Tribunal no puede subsanar dicho extremo de la pena aplicado por los miembros de la Sala Superior, por cuanto se atentaría contra el principio de no reforma en peor y lo previsto en aplicación del artículo 300, numeral 1, del Código de Procedimientos Penales. En consecuencia, la pena impuesta a los tres procesados en la sentencia recurrida deberá ser confirmada.

DECISIÓN

Por estos fundamentos, los jueces integrantes de la Sala Penal Permanente de la Corte Suprema de Justicia de la República DECLARARON:

I. NO HABER NULIDAD en la sentencia del ocho de agosto de dos mil diecinueve (foja 819), que condenó a Javier Gaspar Salvatierra, Rolly Gaspar Salvatierra y Saúl Adriano Ilizarbe como coautores del delito contra el patrimonio-robo agravado, en perjuicio de Jenaro Pérez Capcha, a seis años de pena privativa de libertad y fijó la reparación civil en S/ 3000 (tres mil soles).

II. HABER NULIDAD en la misma sentencia, en el extremo en el que condenó a Jesús Wilver Torres Yauri como coautor del delito contra el patrimonio-robo agravado, en perjuicio de Jenaro Pérez Capcha; y, reformándola, lo ABSOLVIERON de los cargos en su contra por este proceso. Por lo tanto, dispusieron que se dejen sin efecto las órdenes de búsqueda y captura dispuestas por la Sala Penal Liquidadora de Huancayo en la presente sentencia, y que se anulen los antecedentes que se hubieran generado por este proceso.

III. HÁGASE SABER a las partes personadas en esta Corte. Y, con lo demás que contienen, los devolvieron.


1 Se consignó la presencia e intervención en la diligencia de la fiscal provincial Blanca Rucabado Romero, quien firmó el acta correspondiente.

2 Véase el Acuerdo Plenario número 3-2009/CJ-116, fundamento jurídico 12.

3 Sentencia de Casación número 833-2018/Del Santa, del catorce de agosto de dos mil diecinueve, fundamento vigesimosegundo.

4 Acuerdo Plenario número 4-2011/CJ-116, fundamento jurídico 11.

5 La Sala Superior declaró no probada la agravante prevista en el numeral 2 (“Durante la noche”), debido a que dicha circunstancia no fue un medio facilitador del hecho porque la zona contaba con alumbrado público, como se verificó del acta de inspección judicial (foja 136).

6 Quién tenía más de veintiún años de edad al momento de los hechos y, en su caso, no se presentaba circunstancia atenuante privilegiada alguna que permitiera imponer una pena por debajo del mínimo legal.

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