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Prueba indiciaria en el delito de tráfico de drogas.

CORTE SUPREMA DE JUSTICIA DE LA REPÚBLICA

SALA PENAL PERMANENTE
R. N. N.° 1726-2019
CALLAO

Prueba indiciaria

La versión exculpatoria que presenta la defensa adolece de coherencia y credibilidad frente a la declaración de la testigo que recibió los envíos y la construcción de la prueba indiciaria sostenida por el Ministerio Público.

Lima, trece de agosto de dos mil veinte

VISTOS: el recurso de nulidad interpuesto por la defensa técnica del acusado Piero Joel Castro Cruz contra la sentencia emitida el veintidós de agosto de dos mil diecinueve por la Segunda Sala Penal de la Corte Superior de Justicia del Callao, que lo condenó como autor del delito contra la salud pública-tráfico ilícito de drogas, en agravio del Estado, a ocho años de pena privativa de libertad y fijó en S/ 2000 (dos mil soles) el monto de pago por concepto de reparación civil, con lo demás que contiene.

Intervino como ponente el señor juez supremo Sequeiros Vargas.

CONSIDERANDO

Primero. Fundamentos de la impugnación

1.1. No se han tomado en cuenta la forma y las circunstancias en que se produjeron los hechos que fueron materia de la presente causa.

1.2. La tesis fiscal se limitó a señalar que en la saca se consignó el nombre del recurrente.

1.3. La Sala responsabilizó al acusado basándose en su comportamiento negligente con relación a las acciones que no tomó respecto a la pérdida de su documento de identidad.

Segundo. Contenido de la acusación

Se le imputó al recurrente Piero Joel Castro Cruz el delito de tráfico ilícito de drogas. El veintiséis de mayo de dos mil ocho, entre las 14:30 y las 16:35 horas, personal policial perteneciente al Departamento Antidrogas del Aeropuerto Internacional Jorge Chávez se constituyó a las instalaciones de la empresa Talma Menzies S. R. L., en el Callao, donde se detectaron dos cajas de cartón en las cuales se había consignado como remitente a Piero Joel Castro Cruz, domiciliado en “jirón Santa Rosa N° 904-Comas- Collique, teléfono N.° 4287351”, y como destinatario el nombre de Aniceta Acevedo Rodríguez, con domicilio en “calle Ezequiel Solano 54 Local 01 Código Postal 28017 Madrid-España”. Entonces, se efectuó la revisión de dichas cajas y se encontró en cada una un chaleco donde habían sido acondicionados ocho sobres rectangulares y, en las estructuras de cada caja, veinte sobres rectangulares hechos de papel platino, que contenían una sustancia blanquecina pulverulenta. Al practicársele el análisis respectivo a lo hallado en la primera caja, resultó positivo para alcaloide de cocaína (clorhidrato de cocaína con almidón) con un peso neto total de 1.196 kg, y en la otra caja resultó positivo para clorhidrato de cocaína con un peso de 0.592 kg y un peso neto total de 0.599 kg.

Tercero. Fundamentos de la sentencia impugnada

3.1. La Sala Superior señaló que se acreditó el depósito de las dos encomiendas en la fecha de los hechos en las instalaciones de Serpost de Santa Anita con el acervo documentario obrante en autos, así como con el Informe número 08-OLF/Lima-43/2008, preparado por el coordinador de la agencia, quien refirió que el depósito se había realizado.

3.2. También se corroboró que las encomiendas depositadas en Serpost posteriormente (tres días después) fueron descubiertas en los almacenes de la empresa Talma Menzies S. R. L. por personal de la Dirandro y estaban contaminadas conforme a los análisis de las pruebas correspondientes. Y estuvo acreditada la cantidad de droga incautada con el Resultado Preliminar de Droga número 4584/08 y con el Dictamen Pericial de Química de Droga número 4623/08.

3.3. La defensa alegó que el recurrente había extraviado el DNI con el que se efectuó el depósito de la encomienda y que otra persona lo habría utilizado; sin embargo, no se advirtió que el acusado hubiese realizado los trámites para la renovación de su documento pese a haber transcurrido más de diez años.

3.4. Se realizó el análisis conjunto de los medios de prueba debidamente incorporados al proceso, como la declaración de la expendedora de Serpost, quien sostuvo que el sujeto que depositó las dos cajas se identificó con su DNI y le dejó dos fotocopias de este, según corresponde a este tipo de trámites.

3.5. Además, obró en autos el reporte documentario por TID, el cual registraba otro envío efectuado el tres de marzo de dos mil ocho por el mismo acusado, lo que fue corroborado con la información de Serpost, que dio cuenta de que Castro Cruz registraba otro envío en dicha fecha.

Cuarto. Delimitación del ámbito de pronunciamiento

Corresponde evaluar si con las pruebas actuadas en autos se ha enervado la presunción de inocencia que le asiste al procesado que conlleve una decisión absolutoria, conforme a los términos expresados en el escrito de impugnación, y si concurren causas trascendentes para declarar la nulidad del pronunciamiento recurrido.

Quinto. Opinión fiscal

Mediante el Dictamen número 261-2020-MP-FN-SFSP, el señor fiscal supremo en lo penal opinó que se declare no haber nulidad en la sentencia recurrida.

Sexto. Fundamentos del Tribunal Supremo

6.1. De todo el material probatorio acopiado en autos se ha llegado a acreditar suficientemente la materialidad del delito, con las actas de apertura, hallazgo y recojo, prueba de campo y descarte, pesaje y lacrado de droga levantadas ante las autoridades respectivas en las instalaciones de la empresa Talma Menzies S. R. L.; y conforme a los Dictámenes de Pericia Químico de Drogas número 4584/08 y número 4623/08 se acreditó que dichas sustancias corresponden a clorhidrato de cocaína y clorhidrato de cocaína con almidón, respectivamente.

6.2. Respecto a la responsabilidad del acusado, obra en autos la declaración preliminar en presencia del fiscal de la testigo Lidia Esther Cabrera Flores, expendedora de Serpost en la agencia de Santa Anita, quien refirió que recibió los dos envíos el veintidós de mayo de dos mil ocho, aproximadamente a las 19:30 horas; que una sola persona identificada como Piero Joel Castro Cruz fue quien se los entregó; que le solicitó la fotocopia de su DNI, por lo que aquel se retiró y trajo dos copias, las cuales fueron pegadas en las cajas; que no le solicitó la huella digital ni la firma porque los envíos no sobrepasaron los dos kilos de peso, y le extendió su boleta de venta; que solo recepcionó las copias, pero no verificó el DNI original; que, sin embargo, observó la copia del documento y vio que la fotografía que aparecía en ella tenía ciertos rasgos de la persona presente como remitente; y que dichos envíos los colocó en una saca, la cual precintó y entregó al conductor de Serpost.

Sin embargo, agregó que la fotocopia que se le presentó a la vista (que correspondía al nombre del acusado) no la reconocía, ni mucho menos a aquel como la persona que dejó las cajas en la agencia de Serpost de Santa Anita, y cuando realizó la descripción de las características físicas de la persona que se identificó como Piero Joel Castro Cruz señaló que era un joven de veintiocho o treinta años, de tez blanca. Fue lo único que pudo proporcionar.

Finalmente, al remitente se le extendió un formulario CN22 para que consignara sus datos. En él colocó su nombre y su DNI, pero no su huella digital, y se detalló el contenido de los paquetes.

6.3. En juicio oral, esta misma testigo indicó que, por los años transcurridos, no recordaba los hechos y que el usuario llenaba el contenido del formato CN22, firmaba y consignaba su número de DNI; asimismo, se ratificó en su declaración y aceptó que era su firma la que aparecía en su declaración primigenia.

6.4. De igual manera, en presencia del fiscal preliminarmente y en juicio oral, declaró Nazario Heredia Guevara, quien fue el supervisor de la agencia de Santa Anita. Refirió que un usuario, cuando llega a la agencia, lo hace con la caja del envío abierta y entonces la expendedora tiene la opción de mirar y pesar, y si el usuario está conforme le pide la documentación, que es la fotocopia del DNI; que la CN22 es el formato de control de aduanas y todo embalaje va con la copia del DNI; que luego se encinta, se embala y ya no se puede abrir; que el despacho es transportado de Santa Anita a Los Olivos (Tomás Valle), donde queda la planta principal de Serpost; que allí lo suben a la faja electrónica y lo pasan por rayos X, donde interviene Aduanas.

6.5. En su defensa, el acusado Castro Cruz alegó que no era la persona que realizó el depósito de las dos encomiendas, pues había perdido su DNI a fines de enero de dos mil ocho y su documento fue utilizado por otra persona. Refirió no conocer a los trabajadores de Serpost, y tampoco sabía de este proceso o que estuviera requisitoriado. Además, no conocía a la destinataria de las encomiendas ni a Javier Linares Chávez, a quien le pertenecía la línea de teléfono que se consignó en los datos de los envíos.

6.6. Al no obrar prueba directa suficiente, se deberá recurrir a la prueba indiciaria. Así pues, la imputación ha cobrado fuerza al ser construida sobre la base de los indicios, lo que no le resta prueba de responsabilidad del procesado Castro Cruz, puesto que la prueba indiciaria sólida tiene el mismo efecto que la prueba directa. Por lo tanto, no ha dejado de acreditarse el comportamiento delictivo que se le atribuye al impugnante; por el contrario, al haberse cumplido con los requisitos establecidos por el Acuerdo Plenario número 1-2006- ESV-22, en lo pertinente a la sentencia vinculante recaída en el Recurso de Nulidad número1912 -2005/Piura (“que, respecto al indicio, (a) éste –hecho base– ha de estar plenamente probado –por los diversos medios de prueba que autoriza la ley–, pues de lo contrario sería una mera sospecha sin sustento real alguno, (b) deben ser plurales, o excepcionalmente únicos pero de una singular fuerza acreditativa, (c) también concomitantes al hecho que se trata de probar –los indicios deben ser periféricos respecto al dato fáctico a probar, y desde luego no todos lo son– y (d) y deben estar interrelacionados, cuando sean varios, de modo que se refuercen entre sí y que no excluyan el hecho consecuencia –no sólo se trata de suministrar indicios, sino que estén imbricados entre sí–”), ha cobrado vital certeza y otorga convicción a este Supremo Tribunal sobre la condena del encausado.

6.7. El hecho base es el hallazgo de droga en las encomiendas depositadas en Serpost en la fecha de los hechos, conforme a las actas de apertura, hallazgo y recojo, prueba de campo y descarte, pesaje y lacrado de droga, y según los Dictámenes Periciales de Química Droga signados con los números 4584/08 (que dio como resultado un peso neto de 0.592 kg de clorhidrato de cocaína y 0.599 kg de clorhidrato de cocaína con almidón) y 4623/08 (con un peso neto de 1.196 kg de clorhidrato de cocaína con almidón).

6.8. En calidad de indicios se debe señalar lo siguiente:

i. Indicio de mala justificación, puesto que el acusado alegó que, a fines del mes de enero de dos mil ocho, perdió su documento de identidad, y no se preocupó por presentar denuncia alguna y/o tramitar un duplicado al caducar aquel; tampoco solicitó la renovación. Cabe resaltar que como cualquier ciudadano, sin importar a qué oficio u ocupación se dedique, tiene responsabilidades cívicas como las votaciones electorales y necesidades de servicios de salud, educación, etc., que incumben a su persona al tener una familia constituida por su conviviente y sus hijos, conforme a su declaración. Dichas actividades, pues, requieren la existencia de un DNI.

ii.Indicio de fuga, hecho evidente que determinó su ausencia del proceso hasta la etapa del juzgamiento (aproximadamente diez años), en que recién fue ubicado y capturado. Tal comportamiento coincide con el no portar su documento de identidad (por pérdida, como él refiere, o deliberadamente) a fin de no ser identificado ni ubicado para que confronte el proceso, situación que lo mantuvo a buen recaudo de su responsabilidad penal. Es válido concluir que si, en efecto, extravió su DNI no era necesario tramitar uno nuevo para no ser ubicado o, en todo caso, esconder dicho documento para, igualmente, no confrontar el proceso, y señaló como domicilio el de su madre, donde se le notificó. Ello contribuye en la vocación huidiza del imputado, que si no tuviera ninguna intervención delictiva no tendría razón de ser.

iii. Indicio de capacidad para delinquir, puesto que, conforme se advierte del reporte documentario de la Divitid-Dirandro-PNP, el acusado tiene registros de documentos por el delito de tráfico ilícito de drogas del cinco de marzo de dos mil ocho, por el envío de una caja de cartón con el logotipo de Serpost a su nombre como remitente y como destinatario a Julio César Mejía Quintero, con destino a España. Se encontró en dicho envío alcaloide de cocaína con un peso bruto de 0.250 kg, lo cual se encuentra corroborado con la Carta número 6167-OR/09, suscrita por el jefe de Atención al Cliente de Serpost, quien precisó el hallazgo de artesanía con el nombre del acusado como remitente, que dio origen a la inmovilización por Aduanas de dicha encomienda.

6.9. De otro lado, pese a que el testimonio de la expendedora de Serpost en juicio oral no resulta directamente incriminatorio, obra su declaración preliminar en presencia del fiscal. A pocos días del evento criminoso, esta testigo pudo advertir que en la fecha de los hechos el sujeto que fue a dejar los envíos tenía un parecido con la foto de la fotocopia del DNI que le presentó y, teniendo en cuenta la hora y la cantidad de los demás usuarios, no pudo precisar mayores detalles que un aproximado etéreo del joven, experiencia que no la obligaba a otorgar detalles sin posibilidad de error. Esta declaración no descarta la participación del imputado en el hecho y, junto con los indicios antes referidos, determina que hay seguridad sobre su responsabilidad penal.

6.10. Por lo tanto, de acuerdo con las reglas de la lógica y las máximas de la experiencia, la conducta de Castro Cruz se torna inusual (nadie permanece voluntariamente sin razón, por un tiempo tan prolongado, sin DNI, con la posibilidad obtenerlo), y evadió por más de diez años a la justicia. Se aprecia, además, una mala justificación en la excusa que presenta, lo cual evidencia que sus agravios son meros mecanismos de defensa a fin de evadir su responsabilidad con respecto a los cargos imputados. Por ende, su tesis de defensa carece de credibilidad y coherencia.

Séptimo. Determinación de la pena

7.1. Al ubicarse los hechos imputados en una fecha anterior a la vigencia de la Ley número 300761, por la cual se adicionó el artículo 45-A –imposición de las penas por tercios– y se reformó el artículo 46 del Código Penal con los numerales 1 y 2 –circunstancias atenuantes y agravantes–, que son las reglas para la determinación de la sanción punitiva en el acotado código, ello no resulta aplicable para el caso concreto.

7.2. Así, se ha de considerar lo dispuesto por el artículo 45 del citado código en cuanto a sus calidades personales (joven con un poco más de veintiún años, conforme a su ficha de Reniec, y no registra antecedentes penales), por lo que el análisis de la Sala Superior se encuentra acorde a ley y a los principios de razonabilidad y proporcionalidad de la pena (que se ubicó en el extremo mínimo), razón por la que debe mantenerse.

Octavo. Pena de multa

El primer párrafo del artículo 296 del Código Penal también sanciona este delito con una pena de multa que comprende de ciento ochenta a trescientos sesenta y cinco días multa. Por lo tanto, al habérsele impuesto al sentenciado una pena privativa de libertad ubicada en el extremo mínimo, por proporcionalidad, corresponde también imponerle una multa en dicho extremo de la fijada en la ley. En consecuencia, debe efectuarse una rebaja en la impuesta por la recurrida.

Noveno. Periodo de inhabilitación

Asimismo, respecto al periodo de inhabilitación, al habérsele impuesto como pena principal ocho años de privación de libertad (extremo mínimo que prevé el tipo), es del caso rebajar el citado periodo de igual forma (proporcionalmente), conforme a lo previsto en el artículo 38 del Código Penal.

DECISIÓN

Por estos fundamentos, de conformidad en parte con el dictamen del señor fiscal supremo en lo penal, los jueces integrantes de la Sala Penal Permanente de la Corte Suprema de Justicia de la República DECLARARON:

I. NO HABER NULIDAD en la sentencia emitida el veintidós de agosto de dos mil diecinueve por la Segunda Sala Penal de la Corte Superior de Justicia del Callao, que condenó a Piero Joel Castro Cruz como autor del delito contra la salud pública-tráfico ilícito de drogas, en agravio del Estado, a ocho años de pena privativa de libertad y fijó en S/ 2000 (dos mil soles) el monto de pago por concepto de reparación civil.

II. HABER NULIDAD en los extremos referidos a la imposición de doscientos días multa y treinta meses el periodo de inhabilitación; REFORMÁNDOLA, FIJARON en ciento ochenta días multa y seis meses de inhabilitación; y no haber nulidad en lo demás que contiene.

III. DISPUSIERON que se transcriba la presente ejecutoria suprema al Tribunal de origen. Hágase saber.

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