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Principio acusatorio. Solo el ministerio público tiene el monopolio del ejercicio de la acción penal

CORTE SUPREMA  DE JUSTICIA  DE LA REPÚBLICA

SALA PENAL PERMANENTE
RECURSO DE NULIDAD N.° 1460-2019
SULLANA

EJERCICIO DE LA ACCIÓN PENAL, MONOPOLIO DEL MINISTERIO PÚBLICO

El fiscal superior concluyó no acusar al procesado Vicente Alberca Pintado, opinión compartida por el señor fiscal supremo; por tanto, debido a que la función de persecución del delito y el ejercicio de la acción penal son privativos del Ministerio Público –como órgano autónomo de derecho constitucional, reconocido por el artículo 158 de la Constitución Política del Estado–, y conforme al aforismo nemo iudex sine acusatore, no corresponde a este Tribunal Supremo asumir funciones persecutoras; de este modo, existen pronunciamientos uniformes de los órganos fiscales en diversas jerarquías – fiscal superior y fiscal supremo– respecto a no incoar la acción penal. Se constata, así, una situación procesal frente a la cual esta Sala Penal Suprema se encuentra impedida de incoar persecución alguna. Se ha dado cumplimiento al principio acusatorio y la persecución del delito ha fenecido en el presente caso, pues el titular de la acción penal desistió de formular acusación.

Lima, treinta de julio de dos mil veinte

VISTOS: el recurso de nulidad interpuesto por la parte civil –Procuraduría Pública a cargo de los asuntos judiciales del Ministerio del Interior al Tráfico ilícito de drogas– contra el auto de sobreseimiento del tres de julio de dos mil diecinueve (foja 149), que declaró no haber mérito para pasar a juicio oral contra Vicente Alberca Pintado por el delito contra la salud pública en la modalidad de tráfico ilícito de drogas, en agravio del Estado, y dispuso el sobreseimiento definitivo de la causa. De conformidad con el dictamen del señor fiscal supremo en lo penal.

Interviene como ponente el señor juez supremo COAGUILA CHÁVEZ.

CONSIDERANDO

§ I. EXPRESIÓN DE AGRAVIOS

Primero. La parte civil –Procuraduría Pública a cargo de los asuntos judiciales del Ministerio del Interior al Tráfico ilícito de drogas– interpuso recurso de nulidad (foja162). Sostuvo como agravios, que:

1.1. La resolución impugnada vulnera el derecho constitucional de tutela judicial efectiva y debida motivación de las resoluciones judiciales.

1.2. El representante del Ministerio Público debe cumplir con sus funciones y continuar la investigación de los hechos y, a su turno, preparar el caso para el juicio oral; en ese sentido, debió recabar la pericia química realizada a la planta encontrada en el terreno del procesado.

1.3. No es argumento suficiente el hecho de que hasta la fecha no se logró recabar la pericia química, más aún si se tiene acreditado que en el interior del terreno agrícola del procesado se hallaron dos mil doscientos noventa y nueve plantas de marihuana.

§ II. HECHOS INCRIMINADOS

Segundo. Fluye de la resolución impugnada (foja 149), que los hechos investigados son que, el cinco de junio de dos mil tres, personal policial de la comisaría de Ayabaca y el representante del Ministerio Púbico se constituyeron en el sector Barro Negro de la comunidad campesina de Culcapampa e intervinieron varios domicilios, entre ellos el del procesado Vicente Alberca Pintado, en cuya parcela se encontraron dos mil doscientos veintinueve plantas de cannabis sativa.

§ III. CONSIDERACIONES PREVIAS

Tercero. En mérito del atestado policial (foja 1) y el acta de hallazgo, recojo, conteo, orientación y descarte e incineración de marihuana (foja 12), el fiscal provincial formalizó denuncia penal contra Vicente Alberca Pintado, por la presunta comisión del delito tráfico ilícito de drogas-posesión de plantas de marihuana con fines de comercialización, en agravio del Estado (foja 15). Por lo que se instauró proceso penal, en la vía ordinaria, mediante auto de apertura de instrucción del treinta de julio de dos mil tres (foja 17).

Cuarto. Seguida la causa con arreglo al procedimiento ordinario que le corresponde y concluida la etapa de investigación judicial, el señor fiscal provincial, mediante dictamen (foja 105), acusó a Vicente Alberca Pintado por el delito de tráfico ilícito de drogas, en agravio del Estado.

La acusación fue devuelta mediante resolución del veinte de julio de dos mil diez (foja 114) por falta de imputación necesaria. Lo que se subsanó mediante dictamen (foja 115).

Quinto. Posteriormente, el representante del Ministerio Público –fiscal superior, mediante dictamen (foja 142), declaró no haber mérito para pasar a juicio oral contra Vicente Alberca Pintado por el delito de tráfico ilícito de drogas, en agravio del Estado, y pidió el sobreseimiento definitivo de todo lo actuado, así como el archivo definitivo. Frente a ello, la Sala Penal Superior declaró no haber mérito para pasar a juicio oral y, consecuentemente, el sobreseimiento y archivo definitivo de la causa (foja 149).

Sexto. Frente a lo expuesto, la parte civil interpuso recurso de apelación contra la aludida resolución (foja 149) expresando los agravios puntualizados en el considerando primero de la presente ejecutoria suprema. El señor fiscal supremo en lo penal, al absolver en grado del mencionado recurso, opinó porque se declare no haber nulidad en la resolución impugnada por considerar, entre otros aspectos, que en las diligencias actuadas a nivel preliminar no existe material probatorio suficiente que verifique la vinculación del procesado Vicente Alberca Pintado con el delito de tráfico ilícito de drogas, y si bien existe un acta de hallazgo, recojo, conteo, orientación, descarte e incineración de marihuana, sobre las plantas de marihuana, no es suficiente para sustentar la acusación (véase foja 8 del cuadernillo supremo).

§ IV. CANJEABILIDAD DE LOS RECURSOS

Séptimo. El recurrente interpuso recurso de apelación, pero a este Supremo Tribunal –en observancia de la garantía de tutela jurisdiccional, de los principios de canjeabilidad de los recursos y iura novit curia– le corresponde adecuar el recurso jurídicamente correcto, esto es, el recurso de nulidad.

§ V. ANÁLISIS DEL CASO

Octavo. Conforme a los actuados a nivel preliminar se tiene que:

8.1. El atestado policial (foja 1) solo evidencia que el cinco de junio de dos mil tres, en la comunidad campesina Yanta Parcochacas-Barro Negro, se efectuó un operativo policial con la intervención del representante del Ministerio Público; así, se hallaron dos mil trescientas plantaciones de marihuana, pero en el proceso no se logró acreditar que el terreno donde se hallaron las plantas sea de propiedad del procesado Vicente Alberca Pintado.

8.2. El acta de hallazgo, recojo, conteo, orientación y descarte e incineración de marihuana (foja 12) detalla el hallazgo de plantas que, al ser sometidas a la prueba preliminar, arrojaron positivo para marihuana. Sin embargo, hasta la fecha, no se logró recabar la pericia química practicada a la muestra. Y, como bien afirma el señor fiscal supremo en lo penal, en la actualidad y por el tiempo transcurrido, sería poco probable que pueda recabarse dicho documento. Además, la referida acta solo evidencia la materialidad del delito, mas no la vinculación del procesado en ella.

De los detalles expuestos, no existen elementos de convicción suficientes para sustentar una acusación contra el procesado Vicente Alberca Pintado.

Noveno.El orden constitucional encomienda exclusivamente al Ministerio Público la persecución del delito. Desde esta perspectiva, se ha sustraído a los jueces de la función de acusar, para de esta manera recuperar en esencia su exclusiva función juzgadora, con lo que constitucionalmente se clausura la posibilidad de construir o permitir el funcionamiento de un sistema inquisitivo. El sistema acusatorio exige que alguien inste a la constitución de un proceso penal, que la actividad jurisdiccional se promueva externamente al propio Poder Judicial y que, por tanto, queden separadas las funciones de acusar y de juzgar1.

Décimo. En ese sentido, conforme se detalló en las consideraciones previas de la presente ejecutoria suprema, el fiscal superior concluyó no acusar al procesado Vicente Alberca Pintado, opinión compartida por el señor fiscal supremo; por tanto, debido a que la función de persecución del delito y el ejercicio de la acción penal son privativos del Ministerio Público –como órgano autónomo de derecho constitucional reconocido por el artículo 158 de la Constitución Política del Estado– y, conforme al aforismo nemo iudex sine acusatore, no corresponde a este Tribunal Supremo asumir funciones persecutoras; de este modo, existen pronunciamientos uniformes de los órganos fiscales en diversas jerarquías –fiscal superior y fiscal supremo– respecto a no incoar la acción penal. Se constata, así, una situación procesal frente a la cual esta Sala Penal Suprema se encuentra impedida de incoar persecución alguna. Se ha dado cumplimiento al principio acusatorio, por lo que la persecución del delito ha fenecido en el presente caso, pues el titular de la acción penal desistió de formular acusación.

DECISIÓN

Por estos fundamentos, los señores jueces supremos que integran la Sala Penal Permanente de la Corte Suprema de Justicia de la República DECLARARON NO HABER NULIDAD en el auto de sobreseimiento del tres de julio de dos mil diecinueve (foja 149), que declaró no haber mérito para pasar a juicio oral contra Vicente Alberca Pintado por el delito contra la salud pública en la modalidad de tráfico ilícito de drogas, en agravio del Estado; en consecuencia, dispuso el sobreseimiento definitivo de la causa; y, con lo demás que contiene, los devolvieron.

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