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CORTE SUPREMA DE JUSTICIA DE LA REPÚBLICA

SALA PENAL PERMANENTE
RECURSO DE NULIDAD N.° 262-2018
LIMA NORTE

Haber nulidad en la pena efectiva

Sumilla. La Sala Superior impuso una pena efectiva porque el procesado tenía un registro de antecedente penal cancelado y no motivó adecuadamente su decisión, por lo que este Colegiado Supremo considera proporcional disponer la suspensión de la pena.

Lima, tres de septiembre de dos mil dieciocho

VISTOS: el recurso de nulidad interpuesto por el procesado Luis Alberto Evangelista Zarate contra la sentencia del diecisiete de octubre de dos mil diecisiete (foja quinientos cincuenta y tres) en el extremo que lo condenó como coautor del delito contra la administración pública-violencia contra la autoridad para impedir el ejercicio de sus funciones en su modalidad agravada, en perjuicio del Estado, de Alfredo Pichihua Carrión y de Johnny Heinz Sánchez Baique, a dos años de pena privativa de libertad efectiva y al pago de mil soles de reparación civil a favor de cada uno de los agraviados. Con lo expuesto por la señora fiscal suprema en lo penal. Intervino como ponente el señor juez supremo Príncipe Trujillo.

CONSIDERANDO

§ 1. De la pretensión impugnativa de la defensa

Primero. La defensa técnica del encausado Luis Alberto Evangelista Zarate sustentó su presente recurso (a foja quinientos cuarenta y dos), y solicitó que se declare nula la sentencia condenatoria recurrida y se le absuelva de los cargos en atención al principio in dubio pro reo (la duda favorece al reo), por los siguientes argumentos:

1.1. El procesado se encontraba en estado de ebriedad –como admiten los efectivos– y el PNP lo agredió con su vara de ley y la cacha de su arma en la cabeza (como se acredita con su certificado médico legal). Ante este abuso de autoridad, su hermano Miguel Ángel Evangelista Zarate y otros transeúntes intervinieron en su defensa. En dicho forcejeo, aquel aceptó que agredió al efectivo policial, pero no el recurrente.

1.2. Negó uniformemente haber agredido a los efectivos policiales.

1.3. Se le sentenció por tener antecedentes por hechos similares y, por ello, le fijaron una pena privativa de libertad efectiva.

1.4. No se tomó en cuenta que, en juicio oral, su hermano Miguel Ángel Evangelista Zarate y el efectivo PNP Alfredo Pichihua Carrión admitieron que aquel lo golpeó al salir en defensa de su hermano.

1.5. No se valoró que los efectivos policiales afirmaron que los agredieron con puños y patadas, pero que eso no se reflejó en el certificado médico legal; que solo se acreditaron las lesiones producidos por rasguños.

§ 2. De los hechos objeto del proceso penal

Segundo. Fluye de la acusación fiscal (a foja doscientos noventa y uno) que el primero de noviembre de dos mil catorce, a las diecinueve horas aproximadamente, se produjo la intervención policial de Luis Alberto Evangelista Zarate y Miguel Ángel Evangelista Zarate en las inmediaciones de los jirones Los Álamos y San Camilo, en el distrito de Independencia, por parte de los efectivos policiales Alfredo Pichihua Carrión y Johnny Heinz Sánchez Baique.

Los procesados se negaron a identificarse ante el requerimiento policial y, por el contrario, comenzaron a agredir físicamente a los efectivos policiales mediante golpes de puño y patadas tanto en la vía pública como a bordo del vehículo policial, mientras eran trasladados a la comisaría, a fin de impedir que realicen los actos propios del ejercicio de sus funciones.

El efectivo Alfredo Pichihua Carrión sufrió lesiones físicas acreditadas con el correspondiente certificado médico legal, y Johnny Heinz Sánchez Baique terminó con la camisa y el quepí rotos.

§ 3. Del pronunciamiento de la Sala Superior

Tercero. La Primera Sala Penal de Reos en Cárcel de la Corte Superior de Justicia de Lima Norte declaró acreditada la materialidad del delito imputado (artículo trescientos sesenta y seis concordado con el artículo trescientos sesenta y siete, inciso tres, del Código Penal) y probada la responsabilidad penal del procesado Luis Alberto Evangelista Zarate en la sentencia del diecisiete de octubre de dos mil diecisiete (foja quinientos cincuenta y tres), en atención a que los efectivos policiales Alfredo Pichihua Carrión y Johnny Heinz Sánchez Baique, en ejercicio de sus funciones (en atención a una previa sindicación como autores del delito de robo agravado), realizaban la intervención de Luis Alberto Evangelista Zarate y Miguel Ángel Evangelista Zarate, pero estos se negaron a identificarse y comenzaron a agredir a los policías; llegaron a lesionar a uno de ellos y rompieron el uniforme policial del otro, como se acreditó con las declaraciones de los efectivos agraviados, el certificado médico legal, el acta de entrega y, parcialmente, con las declaraciones de los procesados.

Cuarto. Debe precisarse que en la misma sentencia se absolvió a los procesados por la presunta comisión del delito de robo agravado en perjuicio de Alejando Aira Ambrosio (este extremo no fue recurrido) y se les condenó como coautores por el delito de violencia contra la autoridad para impedir el ejercicio de sus funciones en su modalidad agravada a dos años de pena privativa de libertad.

En el caso de Miguel Ángel Evangelista Zarate se convirtió su pena a ochenta y cinco jornadas de prestación de servicios a la comunidad (este extremo no se impugnó); pero a Luis Alberto Evangelista Zarate se le impuso la pena efectiva (cinco meses y catorce días de pena restando luego del descuento de carcelería correspondiente).

§ 4. De la absolución en grado

Quinto. Se debe tener presente que no resulta controvertido que Alejando Aira Ambrosio denunció haber sido víctima de robo agravado por los procesados Luis Alberto Evangelista Zarate y Miguel Ángel Evangelista Zarate (trascripción a fojas tres a cuatro), por lo que los efectivos policiales Alfredo Pichihua Carrión y Johnny Heinz Sánchez Baique salieron en su búsqueda y, al ubicarlos, conforme a sus facultades, les solicitaron que se identificaran para conducirlos a la comisaría; sin embargo, los sindicados mostraron su negativa y resistencia, y agredieron a los miembros de la Policía Nacional, quienes, no obstante, lograron conducirlos a la dependencia policial para iniciar la investigación por la denuncia en su contra.

Sexto. Los policías Alfredo Pichihua Carrión y Johnny Heinz Sánchez Baique en sus declaraciones (preliminar y en juicio oral1) coinciden en señalar que realizaron una ronda a bordo de la móvil junto con el denunciante Aira Ambrosio, y que este reconoció a los hermanos procesados como autores del robo en su agravio (quienes estaban con un grupo de personas, libando licor), por lo que se acercaron, les solicitaron sus documentos y que subieran al vehículo policial, pero estos se negaron y empezaron a insultarlos y agredirlos físicamente con puñetes y patadas, tratando de impedir la intervención policial.

Debe precisarse que, en sus declaraciones preliminares, los efectivos Pichihua Carrión y Sánchez Baique indicaron que habían sido agredidos por Miguel Ángel Evangelista Zarate y Luis Alberto Evangelista Zarate, respectivamente; sin embargo, en juicio oral no diferenciaron cuál de los procesados había atentado contra qué efectivo.

Séptimo. Las agresiones contra los efectivos policiales se encuentran debidamente acreditadas con el Certificado médico legal número cero treinta y cinco mil novecientos cuarenta y ocho-L (foja treinta y ocho), en donde se indicó que Alfredo Pichihua Carrión presentaba diez estigmas ungueales hemáticas en zona submaxilar izquierda, tres excoriaciones ungueales hemáticas borde maxilar inferior izquierdo, una de supraesternal tercio inferior, y se concluye que estas fueron ocasionadas por uña humana, y se establecieron seis días de incapacidad médico legal.

El médico legista se ratificó de sus conclusiones en juicio oral (a foja cuatrocientos noventa y dos) y precisó que las escoriaciones ungueales son el desplazamiento de la uña por la piel y que el estigma ungueal es el desplazamiento del párpado de la uña, en donde hay sangrado.

Octavo. El efectivo Johnny Heinz Sánchez Baique, aunque afirmó haber sufrido lesiones, no fue evaluado por el perito médico legal, pero indicó –y fue corroborado por su coagraviado– que producto de la agresión le rompieron su uniforme policial (camisa y quepí), y esto se acreditó con el acta de entrega de prendas policiales (foja doscientos sesenta y cuatro) de un quepí verde azulino y una camisa beige de su propiedad.

Noveno. Por otro lado, si bien en su recurso Luis Alberto Evangelista Zarate alegó que fue víctima de un abuso policial durante su intervención, y que esto se reflejó en su certificado médico legal (a foja treinta y nueve); en este documento se detalló que presentaba excoriaciones en región parietal derecha en cuero cabelludo, excoriación en cara posterior del muslo izquierdo, excoriación tipo roce en rodilla derecha y en izquierda, y se concluyó que fueron ocasionadas por fricción.

Al respecto, los efectivos policiales admitieron que, ante la agresión del procesado (y su hermano), lograron reducirlos para conducirlos a la comisaría e incluso Sánchez Baique precisó que golpeó a uno de ellos con la vara de ley; esta situación no denota un acto abusivo, como pretende alegar la defensa, sino que se trató del uso de la fuerza proporcional a la situación en la que se producían los hechos (dos procesados que, de manera violenta, pretendían evitar su intervención policial).

Décimo. El procesado Luis Alberto Evangelista Zarate afirmó2 que los efectivos policiales le pidieron que subiera al vehículo policial e inmediatamente lo golpearon en la cabeza, por lo que su hermano Miguel Ángel intervino para defenderlo y ahí se ocasionaron las lesiones del efectivo policial, aunque negó haber intervenido en estas.

No obstante, se debe tener en cuenta que eran dos efectivos policiales intervinientes de manera directa y dos los intervenidos; por lo que, si solo uno de estos los hubiera agredido, no se explicaría su teoría de defensa, ya que, para ello, el procesado Miguel Ángel Evangelista Zarate tendría que haber agredido a Johnny Heinz Sánchez Baique y a Alfredo Pichihua Carrión al mismo tiempo o agredido a un efectivo policial mientras el otro no intervenía, lo que no resulta creíble.

La imputación contra los procesados (como coautores) se refiere a una acción conjunta de violencia contra ambos efectivos policiales, la que está acreditada al margen de que estas no se refieran específicamente a los puntapiés y puñetes que afirmaron que les propinaron.

Undécimo. Resulta evidente que se produjo una gresca entre los efectivos policiales y los procesados producto de un requerimiento para identificarse y ser conducidos hacia la dependencia policial; y, según el relato de los hechos, resulta razonable concluir que Luis Alberto Evangelista Zarate y su hermano usaron la violencia física para impedir la ejecución de actos propios del legítimo ejercicio de las funciones de los efectivos policiales, como son la referida solicitud de identificación y conducción a la comisaría para esclarecer la imputación respecto al delito de robo materia de denuncia.

Por tanto, este Colegiado Supremo considera que se debe confirmar la condena contra Luis Alberto Evangelista Zarate.

Duodécimo. En relación con la pena impuesta, la Sala Superior dispuso que Luis Alberto Evangelista Zarate sufriera privación de libertad efectiva, en atención a que tenía antecedentes por un hecho similar.

Según se verifica del certificado de antecedentes penales del procesado (a foja trescientos cincuenta y tres), existe un registro cancelado (en el año dos mil dieciséis) de una sentencia del dieciséis de abril de dos mil trece por el delito de violencia contra la autoridad (en la que se le impuso una pena condicional).

Decimotercero. No obstante, se debe tener presente que dicho registro se encontraba cancelado y que la Sala Superior no motivó debidamente su decisión de imponer la pena efectiva al procesado Luis Alberto Evangelista Zarate, por lo que este Colegiado Supremo considera proporcional imponer una pena privativa de libertad suspendida por un año (con las reglas de conducta que establecerá la Sala Superior), considerando que la impuesta por la Sala Superior fue de dos años y el único recurrente es el procesado, por lo que no es posible aumentar la pena (principio de no reforma en peor).

Por tanto, se deberán dejar sin efecto las órdenes de ubicación y captura cursadas contra el procesado Luis Alberto Evangelista Zarate (a fojas quinientos setenta y ocho y siguientes) por el presente proceso.

DECISIÓN

Por estos fundamentos:

I. DECLARARON NO HABER NULIDAD en la sentencia del diecisiete de octubre de dos mil diecisiete (foja quinientos cincuenta y tres) en el extremo que condenó a Luis Alberto Evangelista Zarate como coautor del delito contra la administración pública-violencia contra la autoridad para impedir el ejercicio de sus funciones en su modalidad agravada, en perjuicio del Estado, de Alfredo Pichihua Carrión y de Johnny Heinz Sánchez Baique, y le impusieron el pago de mil soles de reparación civil a favor de cada uno de los agraviados.

II. DECLARARON HABER NULIDAD en el extremo de la misma sentencia que le impuso dos años de privación de libertad efectiva; y, REFORMÁNDOLA, dispusieron que sea pena suspendida por el plazo de un año, conforme a las reglas de conducta que deberá señalar la Sala Superior.

III. ORDENARON que se dejen sin efecto, de manera inmediata, las órdenes de ubicación y captura cursadas contra Luis Alberto Evangelista Zarate en relación con el presente proceso.

Hágase saber a las partes personadas en este Sede Suprema; y los devolvieron.


1 A fojas veintitrés (con presencia fiscal) y veinticinco; así como a fojas cuatrocientos sesenta y ocho, y cuatrocientos cuarenta y dos, respectivamente.

2 A fojas dieciocho (con fiscal y abogado), ciento ochenta y nueve, y cuatrocientos uno.

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