El sobreseimiento y la investigación suplementaria. Debida diligencia fiscal.

CORTE SUPREMA DE JUSTICIA DE LA REPÚBLICA

SALA PENAL TRANSITORIA
CASACIÓN N.° 186-2018
AMAZONAS

EL SOBRESEIMIENTO Y LA INVESTIGACIÓN SUPLEMENTARIA. DEBIDA DILIGENCIA FISCAL.

Sumilla. Dispuesta la conclusión de la investigación preparatoria no es posible que el fiscal actúe nuevos actos de investigación, pues corresponde efectuar el requerimiento de sobreseimiento o mixto, o de acusación. Con dicho requerimiento inicia la etapa intermedia, de responsabilidad exclusiva del juez de la investigación preparatoria.

El actor civil en la oposición al requerimiento de sobreseimiento y pedido de investigación suplementaria debe señalar los actos de investigación que se realizarán e indicar su objeto, de modo que el juez solo podrá ordenar aquellos y no otros de oficio, con lo que se garantiza su imparcialidad.

El juez debe evaluar si el fiscal durante el plazo de la investigación preparatoria actuó con la debida diligencia al recabar los actos de investigación necesarios y relevantes en atención a cada caso en concreto, lo que le permitirá establecer el plazo razonable de la investigación suplementaria.

-SENTENCIA DE CASACIÓN-

Lima, diez de noviembre de dos mil veinte

VISTO: en audiencia pública, el recurso de  casación excepcional por inobservancia de una norma procesal, interpuesto por el actor civil JHON IMER SALAZAR DOLORES contra la Resolución N.0 18 del once de diciembre de dos mil diecisiete, emitida por la Sala Penal de Apelaciones y Liquidadora de Chachapoyas, de la Corte Superior de Justicia de Amazonas (foja 258), que confirmó la Resolución N.0 14 del treinta y uno de agosto de dos mil diecisiete, que declaró infundada la oposición al pedido de sobreseimiento sostenido por el actor civil, y fundado el requerimiento de sobreseimiento definitivo del proceso propuesto por el fiscal provincial de la Fiscalía Penal Corporativa de Chachapoyas, del Segundo Despacho. Por tanto, SOBRESEÍDA la causa para: I) El imputado VÍCTOR FERNANDO WILLIAMS ROSEU por el delito contra la vida, el cuerpo y la salud-homicidio culposo, en perjuicio de Gudelia Hercilia Dolores Vil/arrea/; y contra la fe pública, falsificación de documentos falsedad ideológica, en perjuicio del Estado, representado por EsSalud. ii) La imputada MARY MERCEDES RODRÍGUEZ DE BOCANEGRA, por el delito de homicidio culposo en agravio de Gudelia Hercilia Dolores Villarreal; delito cometido por funcionarios públicos-incumplimiento de funciones, en perjuicio de EsSalud y la citada agraviada.

Intervino como ponente la jueza suprema CASTAÑEDA OTSU.

CONSIDERANDO

HECHOS MATERIA DE LA INVESTIGACIÓN PREPARATORIA

PRIMERO. De acuerdo con los términos de la Disposición de formalización y continuación de la investigación preparatoria (foja 447), el fiscal provincial atribuyó a Victor Fernando Williams Rosell ser autor de los siguientes hechos:

El veinticuatro de agosto de dos mil catorce, la agraviada Gudelia Hercilia Dolores Villarreal, de sesenta y tres años, concurrió al Hospital Higos Urco de EsSalud en Chachapoyas, debido a un dolor abdominal. Luego de ser atendida por un médico del servicio de Emergencias le ordenaron que se realice análisis y placas, y en mérito a los resultados, concluyeron que no era algo grave. Le recetaron algunos medicamentos y la enviaron a su casa. Al día siguiente reingresó por el servicio de Emergencia, pues el dolor se había incrementado, motivo por el cual el médico Mendoza ordenó su hospitalización y solicitó unos análisis completos, cuyos resultados fueron entregados el veintisiete del mismo mes al médico Williams Rossell quien, a partir de su análisis, concluyó que se trataba de una gastritis emotiva e infección renal, y le dio tratamiento para ello, sin disponer la realización de análisis más exhaustivos (endoscopia, por ejemplo), pese a que el abdomen de la agraviada era excesivamente voluminoso y los dolores iban en aumento.

El treinta y uno de agosto de dos mil catorce, Williams Rossell ordenó que se le administre medicamentos, los que le provocaron un mayor malestar y baja presión, ante lo cual, el médico Saldaña suspendió tal tratamiento y ordenó que se realice un electrocardiograma. A pesar de esta situación, continuó sin realizar otros exámenes como endoscopía u otros auxiliares, lo que no permitió un nuevo diagnóstico. Dadas las circunstancias, el hijo de la agraviada, José Wagner Solazar Dolores solicitó que su madre sea trasladada vía aérea a la ciudad de Chiclayo, pues se encontraba en la capacidad de proporcionar un avión personal, lo que fue aceptado y se programó el viaje para el uno de setiembre. Sin embargo, el investigado les informó que el traslado ya no sería vía aérea, sino terrestre en una ambulancia de EsSalud, el mismo día, a las 20:00 horas.

Conforme con tales indicaciones, la agraviada viajó en una ambulancia, junto con su esposo, nieta y la técnica de enfermería Mary Mercedes Rodríguez de Bocanegra, quien no la atendió durante todo el trayecto: y, cuando se encontraban en Lambayeque, se informó a los familiares que la agraviada había fallecido diez minutos antes. Según la División Médico Legal de Chiclayo, la causa de la muerte fue parasitosis hepática con compromiso hemorrágico, lo que no fue detectado debido a la negligencia de Williams Rossell.

Además, se le imputó que, para ocultar su mal actuar, emitió un certificado de defunción, en el que consignó falsamente que la causa de la muerte fue un paro cardiaco respiratorio, que tuvo como antecedente, un infarto agudo de miocardio tromboembolia mesentérica.

los hechos descritos fueron tipificados como delito de homicidio culposo, en perjuicio de Gudelia Hercilia Dolores Villarreal, y de falsedad ideológica, en perjuicio del Estado, representado por EsSalud. Delitos previstos en los artículos 111 y 428, primer párrafo, del Código Penal, respectivamente.

SEGUNDO. Asimismo, imputó a Mary Mercedes Rodríguez de Bocanegra que el treinta y uno de agosto de dos mil catorce, en su calidad de técnica en enfermería, no acompañó a la agraviada en el interior de la ambulancia que la trasladaba desde el hospital Higos Urco de Chachapoyas al Hospital Nacional Almanzor Aguinaga de Chiclayo. Por el contrario, se quedó en la cabina del conductor durante todo el trayecto, por tanto, omitió sus deberes, lo que posteriormente provocó la muerte de la víctima. Con su accionar vulneró las siguientes normas extrapenales: i) ley General de Salud, ii) ley del Ministerio de Salud y su reglamento, iii) ley General del Transporte Terrestre, iv) Reglamento Nacional de Vehículos y v) Reglamento para el transporte asistido de pacientes, en el que se estipula que las ambulancias deben contar con un médico especialista en medicina de emergencia, una licenciada en enfermería y un piloto entrenado en reanimación básica.

Estos hechos fueron tipificados como delito de homicidio culposo en agravio de Gudelia Hercilia Dolores Villarreal, y de incumplimiento de funciones, en perjuicio de EsSalud y Gudelia Hercilia Dolores Villarreal. Delitos previstos en los artículos 111 y 377 del Código Penal, respectivamente.

TERCERO. Culminado el plazo de la investigación preparatoria, el veintiuno de setiembre de dos mil dieciséis, el fiscal provincial requirió el sobreseimiento (foja 2), pues en su consideración no se obtuvieron suficientes elementos de prueba coherentes y convincentes para desvirtuar la presunción de inocencia de los investigados por los delitos imputados. Así:

3. 1. En cuanto al delito de homicidio culposo, por tratarse de una actuación profesional médica, se requería de una pericia médico legal elaborada por una junta médica, la que fue solicitada a la DICLIFOR-LIMA, entidad que respondió que aquello le correspondía a la División Médico legal III de lambayeque, que llevó a cabo la necropsia de la agraviada. Por tal motivo, se redirigió la solicitud a dicha división, sin resultado alguno. A su criterio, no se obtuvieron los elementos de convicción suficientes para sustentar su teoría, por lo que, requirió el sobreseimiento con base en el literal d, inciso 2, artículo 344, del CPP.

3.2. Con relación al delito de falsedad ideológica, consideró que William Rossel no tenía la calidad de funcionario público, de modo que la historia clínica y el certificado de defunción tampoco eran documentos públicos. Precisó que la actividad médica es de carácter privado, ya que repercute en la intimidad del paciente y se encuentra sujeta a la lex artis: por tanto, no constituye una función pública, a menos que los médicos sean nombrados dentro del marco de la Administración Pública. Estimó que si bien existió una distorsión al momento de consignar el diagnóstico de la muerte, esto ya se analizó como parte del delito de homicidio culposo y se requirió su sobreseimiento en tal de la Administración Pública. Estimó que si bien existió una distorsión al momento de consignar el diagnóstico de la muerte, esto ya se analizó como parte del delito de homicidio culposo y se requirió su sobreseimiento en tal  extremo.

3. 3. Respecto del delito de incumplimiento de funciones, concluyó que la investigada Mary Mercedes Rodríguez de Bocanegra tampoco tenía la  calidad de funcionaria pública. Además, el delito era uno netamente doloso, y como su conducta fue tipificada como culposa, por tanto, era atípica.

Requirió el sobreseimiento por la causal de atipicidad prevista en el literal b,  inciso 2, artículo 344, del CPP, para los dos últimos delitos.

ACTUACIÓN PROCESAL RELEVANTE

CUARTO. Luego de que el fiscal provincial formuló el requerimiento de sobreseimiento, los actos procesales relevantes son:

4.1. El trece de octubre de dos mil dieciséis, el actor civil formuló oposición al requerimiento de sobreseimiento y solicitó una investigación suplementaria, a fin de que se practiquen las diligencias del fiscal en su requerimiento de
prórroga de la investigación preparatoria, y que no se realizaron por haberse vencido el plazo floja 28).

4.2. El trece de marzo de dos mil diecisiete, se realizó la audiencia de control de sobreseimiento y mediante la Resolución N.º 4 del seis de abril de dos mil diecisiete declaró fundada la oposición al sobreseimiento y amplió la investigación preparatoria por el plazo de seis meses,

4. 3. Esta decisión fue impugnada por la defensa del investigado Williams Rossel, recurso que fue denegado por el juez por extemporáneo. La Sala Penal de Apelaciones declaró fundada la queja que formuló la defensa contra dicho pronunciamiento y se ordenó la concesión del recurso.

4.4. El cuatro de julio de dos mil diecisiete se realizó la audiencia de apelación floja 173). Mediante el auto de vista del once de julio de dos mil diecisiete (foja 176), la Sala Penal de Apelaciones declaró nula la Resolución N.0 4, y dispuso que se renueve el acto procesal anulado y se emita nuevo pronunciamiento.

4.5. El treinta y uno de agosto de dos mil diecisiete, el mismo juez emitió la Resolución N.° 14 (foja 191), pero esta vez declaró infundada la oposición del actor civil y fundado el sobreseimiento por las causales indicadas por el fiscal. Esta resolución fue impugnada por el actor civil, quien reiteró la oposición al requerimiento de sobreseimiento y pedido de investigación suplementaria con base en la negligencia del fiscal para actuar elementos de prueba.

4.6. Mediante Resolución N.º 18 del once de diciembre de dos mil diecisiete, la Sala Superior confirmó la Resolución N.º 14, la que es objeto del recurso de casación formulado por el actor civil.

DE LA ADMISIÓN DEL RECURSO DE CASACIÓN

QUINTO. Conforme con la ejecutoria suprema del dieciocho de mayo de dos mil dieciocho1, se concedió el recurso de casación excepcional por la causal de inobservancia de una norma de carácter procesal – inciso 2, artículo 429, del CPP, a fin de establecer si se inobservó el literal d, inciso 2, artículo 344, del CPP, según el cual procede el sobreseimiento si: «No existe razonablemente la posibilidad de incorporar nuevos datos a la investigación y no haya elementos de convicción suficientes para solicitar fundadamente el enjuiciamiento del imputado». Sin embargo, si se diera la posibilidad de incorporar nuevos elementos probatorios, que no se anexaron oportunamente por inoperancia del fiscal, al requerirse una pericia determinante para el esclarecimiento de la investigación, el fiscal no debería plantear el sobreseimiento de la causa, debiéndose previamente determinar si en el presente caso existe la posibilidad de introducir nuevos elementos probatorios aún cuando el plazo de la investigación preparatoria ha fenecido.

Por ello, se estimó que es preciso dilucidar si en tales circunstancias las limitaciones que implican el estricto cumplimiento de plazos impiden la incorporación de elementos probatorios, cuando estos no fueron recabados por inoperancia del fiscal.

SEXTO. Luego de la admisión del recurso de casación, el expediente se puso a disposición de las partes por el plazo de diez días. Mediante decreto del dos de setiembre de dos mil veinte (foja 96 del Cuaderno de Casación), se fijó la audiencia de casación para el dieciocho de setiembre del año en curso, fecha en que se llevó acabo2 y se escuchó el informe del abogado Julio César Trigoso, defensor del actor civil. Su desarrollo consta en el acta correspondiente.

SÉTIMO. Concluida la audiencia, se realizó la deliberación de la causa en sesión secreta y se efectuó la votación, en la que se arribó a un acuerdo unánime para la emisión de sentencia, cuya lectura se efectúa en el día de la fecha.

CONSIDERACIONES DE ESTE SUPREMO TRIBUNAL

OCTAVO. El motivo casacional -inobservancia de una norma de carácter procesal-, y la materia de desarrollo jurisprudencia! inciden en los alcances de la causal de sobreseimiento prevista en el literal d, inciso 2, artículo 344, del CPP.

Asimismo, este Supremo Tribunal advierte que en conexión con dicho motivo casacional, el recurrente también planteó la inobservancia del inciso 5, artículo 346, del CPP, y postuló que si el juez advierte que durante la investigación preparatoria no se incorporaron elementos probatorios debido al actuar negligente del fiscal, está obligado a disponer la realización de una investigación suplementaria, exista oposición o no por la parte agraviada, a fin que no se le deje en indefensión por la mala actuación del fiscal.

Sobre este punto específico se estima necesario su desarrollo al estar vinculado con el motivo casacional admitido, a efectos de establecer criterios para la admisión y fundabilidad de la investigación suplementaria (necesidad y relevancia de los actos de investigación y la debida diligencia fiscal).

LA CAUSAL DE SOBRESEIMIENTO DEL INCISO 2, ARTÍCULO 344, DEL CÓDIGO PROCESAL PENAL

NOVENO. Culminada la investigación preparatoria, se da paso a la etapa intermedia del proceso penal, en la cual el fiscal decide si formula requerimiento de sobreseimiento o acusatorio.

En cuanto al sobreseimiento, es una figura procesal, que al ser aceptada por el juzgador genera los efectos de cosa juzgada3 y, por tanto, encuentra sustento en lo dispuesto en el inciso 13, artículo 139, de la Constitución Política4. Es por ello que el inciso 2, artículo 347, del CPP, prescribe que el sobreseimiento importa el archivo definitivo de la causa con relación al imputado en cuyo favor se dicte y tiene la autoridad de cosa juzgada, lo que implica disponer en la resolución de archivo que se levanten las medidas coercitivas, personales y reales, que se hubieren expedido contra la persona o bienes del imputado.

DÉCIMO. El inciso 2, artículo 344 del CPP, establece los cuatro presupuestos del sobreseimiento: a) El hecho objeto de la causa no se realizó (falta de elemento fáctico) o no puede atribuírsele al imputado (falta de elemento personal). b) El hecho imputado no es típico o concurre una causa de justificación, de no punibilidad (falta de elemento jurídico) o de inculpabilidad (falta de elemento personal). c) La acción penal se ha extinguido (falta de presupuestos procesales). d) No existe razonablemente la posibilidad de incorporar nuevos datos a la investigación y no haya elementos de convicción suficientes para solicitar fundadamente el enjuiciamiento del imputado.

En tal sentido, tal como lo señala Clariá Olmedo, el proceso penal puede agotarse cognoscitivamente antes de llegar a la sentencia, para desincriminar al imputado5 siempre que concurra cualquiera de las causales enunciadas6

DECIMOPRIMERO. En el supuesto del literal d del mencionado dispositivo, permite solicitar y declarar el sobreseimiento luego de realizado un juicio de prognosis necesario sobre la ausencia de una «razonable» posibilidad de incorporar nuevos datos a la investigación y no existan elementos de convicción suficientes que sustenten la acusación, que demuestren manifiestamente, la existencia o subsistencia de indicios que en sí mismos son insuficientes y sin expectativas de obtener nuevos datos inculpatorios, aspecto que debe estar debidamente motivado en el auto que lo acuerde. Cabe precisar que la imposibilidad de conseguir tales elementos de convicción recae tanto sobre la existencia del hecho o la vinculación del mismo con los imputados7 Por tanto, se afirma que el hecho existe, pero es imposible establecer una relación causal entre este y la conducta imputada a determinada persona.

EN CUANTO A LA DEBIDA DILIGENCIA FISCAL

DECIMOSEGUNDO. Para examinar si se actuó con debida diligencia en cada caso en concreto, la Corte Interamericano de Derechos Humanos (Corte IDH) estableció que es pertinente considerar algunos factores, tales como la naturaleza y la complejidad de los hechos, el contexto en que ocurrieron, los móviles para su comisión, el número de personas imputadas y sus vínculos con otras personas o funcionarios que hubiesen obstaculizado la investigación, entre otros que se puedan advertir, sin soslayar las omisiones que se cometieron para recabar los elementos de prueba y el seguimiento de líneas lógicas de investigación8.

DECIMOTERCERO. En esa misma línea, para el Tribunal Europeo de Derechos Humanos (TEDH) no solo basta promulgar disposiciones de derecho penal que castiguen eficazmente determinadas conductas, sino que es necesaria su aplicación en la práctica mediante una investigación y un enjuiciamiento efectivo9 En efecto, se debe llevar a cabo una adecuada investigación de los hechos, de modo que sea idónea para iniciar y llevar adelante el proceso y, eventualmente, la sanción de los autores10·

En este caso, nos referimos a la debida diligencia fiscal, la cual no es una obligación de resultados sino de medios, pues no necesariamente se obtendrá una conclusión coincidente con los hechos denunciados, pero se deben haber realizado las diligencias a su disposición para asegurar la evidencia, además de actuar con prontitud y en un plazo razonable11.

DECIMOCUARTO. A fin de obtener la prueba esencial, el deber de diligencia exige al fiscal que actúe de forma propositiva activa y oportuna, y realice las diligencias necesarias para que no se pierdan irremediablemente elementos probatorios por el paso del tiempo o se dilate el proceso innecesariamente. Por esa razón se han establecido plazos máximos, tanto de las diligencias preliminares como de la investigación preparatoria, lo que no excluye que en atención a cada caso en concreto se establezca un plazo razonable.

DECIMOQUINTO. Por otra parte, conforme con el artículo 343 del CPP, la investigación preparatoria concluye: i) Cuando el fiscal considera que la investigación ha cumplido con su objeto y la da por concluida. ii) Al vencimiento del plazo legal de la investigación preparatoria. iii) Si el juez ordena su conclusión. En este supuesto, el investigado es el que solicita la conclusión mediante la audiencia de control de plazo (inciso 2 del citado dispositivo) 12•

Y es que, en efecto, luego que el fiscal emite la disposición de conclusión de dicha etapa, no es posible que lleve a cabo nuevos actos de investigación, pues con esta disposición se da inicio a la etapa intermedia, cuya conducción es de responsabilidad exclusiva del juez de la investigación preparatoria.

LA OPOSICIÓN DEL ACTOR CIVIL FRENTE AL REQUERIMIENTO DE SOBRESEIMIENTO E INVESTIGACIÓN SUPLEMENTARIA

DECIMOSEXTO. La víctima es aquel sujeto (persona física o jurídica, grupo o colectividad de personas) que padece, directa o indirectamente, las consecuencias perjudiciales de la comisión de un delito. En esta perspectiva amplia de definición de la víctima, desde hace mucho tiempo se inició una tendencia a otorgarle un papel diferente en el proceso penal, cuyo tratamiento había sido abandonado, y desarrolló los derechos de acceso a la justicia y trato justo, resarcimiento e indemnización. Es que, en efecto, la víctima no solo tiene un interés en la satisfacción de la reparación civil, sino también que el delito en su agravio sea investigado y juzgado correctamente. Ambos intereses deben ser protegidos en el proceso penal13.

DECIMOSÉTIMO. Al actor civil le corresponden los derechos para la víctima establecidos en el artículo 95 del CPP, así como las facultades del artículo 104 14, y el inciso 2, artículo 345, del acotado Código. Este último dispositivo lo faculta para formular oposición al requerimiento del sobreseimiento dentro del plazo legal establecido, y solicitar todas las actuaciones indispensables que permitan un pronunciamiento definitivo. La oposición es una facultad discrecional, pero de realizarse, debe ser fundamentada, bajo sanción de nulidad. Se han previsto dos fases: i) la escrita, pues la oposición al sobreseimiento se presenta mediante recurso sustentado; y, ii) la oral. cuya expresión es la audiencia de control de sobreseimiento15. 

DECIMOCTAVO. De acuerdo con el inciso 5, artículo 346, del CPP, si el juez de la investigación preparatoria considera admisible y fundada la oposición del actor civil, dispone la realización de una investigación suplementaria, en la cual indica el plazo y las diligencias que el fiscal debe realizar. El actor civil debe señalar los actos de investigación que se realizarán e indicar su objeto, de modo que el juez sólo podrá ordenar aquellos y no otros de oficio, con lo que se garantiza su imparcialidad. Ahora bien, según el texto de la disposición, tales actos de investigación deben ser adicionales, pero no necesariamente nuevos 16•

Por otra parte, el juez no puede ordenar una investigación suplementaria de oficio, ya que, si no comparte la posición del fiscal, la ley ha previsto que mediante un auto eleva las actuaciones al fiscal superior para que ratifique o rectifique lo solicitado por el fiscal provincial (inciso 1, artículo 346 del CPP) 17.

DECIMONOVENO. En este análisis, el juez debe justificar la fundabilidad o rechazo del pedido de investigación suplementaria por parte del actor civil, con base en la necesidad y relevancia de los actos de investigación a recabar. Ello implica que debe determinar si son necesarios e imprescindibles para discutir la pretensión fiscal como por ejemplo, si recaen sobre la faz positiva (tipicidad, antijuricidad, culpabilidad o punibilidad) o negativa del delito (falta de acción, atipicidad, causas de justificación, exculpación o no punibilidad) y descartar que se trate de elementos de prueba sobreabundantes, inconducentes o impertinentes, o que de forma alguna, permitirá razonablemente variar la situación que determinó el requerimiento de sobreseimiento18· De no ser así, la investigación suplementaria se torna innecesaria.

Asimismo, el juez debe evaluar si el fiscal durante el plazo de la investigación preparatoria actuó con la debida diligencia, al recabar los actos de investigación necesarios y relevantes en atención a cada caso en concreto19, lo que le permitirá establecer el plazo razonable de la investigación suplementaria.

ANÁLISIS DEL CASO

VIGÉSIMO. A efectos de evaluar el motivo casacional por inobservancia de una norma procesal, se deben verificar las actuaciones del fiscal para incorporar los actos de investigación durante el plazo de la investigación preparatoria20, entre ellos, la pericia médico legal que según se sostuvo en el recurso de casación y en audiencia, era de carácter imprescindible.

En este caso, las diligencias preliminares se iniciaron el quince de setiembre de dos mil catorce por el plazo de ciento veinte días, las que se ampliaron por cuatro meses, dado que se debían actuar otras diligencias, entre ellas, la pericia médico legal.

20.1. En dicho plazo se actuaron los siguientes actos de investigación: i) El Protocolo de necropsia de la División Médico Legal de Chiclayo (foja 91 de la carpeta fiscal-CF). ii) El Acta de levantamiento de cadáver (foja l 18 de la CF). iií) El Informe Pericial de Necropsia N.º 268-2014 (foja 252). iv) El Dictamen Pericial de Biología Forense N.º 2014001000868 del veinte de octubre de dos mil catorce (foja 277 de la CF) realizado en la sangre de la agraviada. v) Tres dictámenes periciales de toxicología del dieciséis de octubre de dos mil catorce (fojas 278, 279 y 280 de la CF) realizados al estómago, hígado y cerebro de la agraviada, con resultado negativo para las sustancias de plaguicidas dorados, entre otros.

20.2. Posteriormente, mediante la Disposición N.º 04, del catorce de mayo de dos mil quince, se formalizó la investigación preparatoria por un plazo de ocho meses, lo que fue prorrogado por ocho meses más. En ese lapso, se realizaron las siguientes diligencias: i) El fiscal reiteró en diversas oportunidades la solicitud de pericia anátomo-patológico, pues junto con las ya anotadas, debía ser remitida para la posterior pericia médico legal que determinaría la causa de la muerte de la agraviada. ii) Se recibió la comunicación21, mediante la cual el médico responsable de la División Médico Legal de Lambayeque informó que el estudio anátomo-­patológico se encontraba todavía en proceso de inicio. iii) El Servicio de Laboratorio de la División Médico Legal de Lambayeque informó que la demora del procesamiento de las muestras se debía a que los equipos tecnológicos a usar se encontraban parcialmente inoperativos22• iv) El veinticuatro de setiembre de dos mil quince ( cuatro meses después del pedido inicial) remitieron el Dictamen pericial de patología forense23, en el cual se concluyó, a partir de los hallazgos histopatológicos, que la causa de la muerte de la agraviada fue por shock hipovolémico por hemorragia, debido a perforación hepática por parasitosis. Además, presentaba enfermedad neoplásica maligna gástrica con metástasis en el epiplón.

20.3. Al recabarse la pericia anátomo-patológico, el fiscal González Eneque solicitó la realización de la pericia médico legal a la División Médico Legal (DML) de Lambayeque III; sin embargo, ofició a divisiones médico legales que no tenían competencia para pronunciarse sobre el pedido, conforme se detalla: i) La DML de Lambayeque comunicó que le correspondía a la DML local llamar a junta médica en los casos complejos. Devolvió la documentación remitida para que se derive a la DML II de Amazonas, por ser de su jurisdicción, por lo que el fiscal redirigió su solicitud conforme con lo anotado. ii) La DML II de Amazonas le informó que, para realizar el estudio de un presunto caso de negligencia médica, se requieren tres profesionales y a la lecha no contaba con dicha cantidad, por lo que sugirió direccionar su solicitud a la División Clínico Forense de Lima (DICLIFOR-Lima)24• El fiscal emitió los oficios respectivos para el pedido, pero no obtuvo respuesta.

20.4. El veintisiete de enero de dos mil dieciséis, se prorrogó el plazo de investigación preparatoria por ocho meses adicionales y, en este lapso, se realizó lo siguiente: i) Se solicitó con carácter de muy urgente el pronunciamiento médico legal de la DICLIFOR-LIMA, sin lograr respuesta alguna. ii) Jhon lmer Solazar Dolores (hijo de la agraviada) se constituyó en actor civil e informó que la DICUFOR­LIMA no realizó la pericia médico legal, pues a la agraviada se le realizó la necropsia en Lambayeque y, por tanto, le correspondía pronunciarse a la DML de dicha jurisdicción. Ofreció al médico Juan Nicolás Pastor Devicenci como perito, pero el fiscal lo aceptó como testigo técnico. iii) El siete de setiembre de dos mil dieciséis, el actor civil remitió el informe del citado médico quien, entre otros puntos, concluyó que hubo un mal manejo del diagnóstico de la agraviada, lo que provocó la evolución de la enfermedad con consecuencia de muerte (foja 586).

Finalmente, el trece de setiembre de dos mil dieciséis, el fiscal emitió la disposición de conclusión de la investigación preparatoria, y el veintiuno de setiembre de dos mil dieciséis formuló requerimiento de sobreseimiento, en los términos expuestos en el fundamento tercero de la presente ejecutoria.

VIGESIMOPRIMERO. Conforme se advierte, se requerían diversas pericias que no se elaboraban en el Distrito Judicial de Amazonas, de allí que la investigación se declaró compleja. Al respecto, por tratarse de un homicidio culposo por negligencia médica, las pericias son esenciales para determinar si se actuó conforme con la /ex ar/is2s, de la actividad médica, contenida en protocolos médicos y guías prácticas; en ese sentido, dada la naturaleza del delito, tales actos de investigación eran necesarios.

No obstante, pese a la necesidad e importancia para el esclarecimiento de la investigación, la pericia médico legal no logró ser recabada por la falta de debida diligencia del fiscal. Es por ello que al vencer el plazo máximo de la investigación preparatoria, el fiscal la dio por concluida y requirió el sobreseimiento de la misma.

Esta decisión fue conforme con lo establecido por el inciso l, artículo 344 del CPP, ya que dispuesta la conclusión de la investigación preparatoria no es posible que el fiscal lleve a cabo nuevos actos de investigación. Él solo tenía dos opciones, efectuar el requerimiento de sobreseimiento o mixto, o de acusación. Cuando formuló el requerimiento de sobreseimiento se dio inicio a la etapa intermedia, de responsabilidad exclusiva del juez de la investigación preparatoria. En ese sentido, este Supremo Tribunal concluye que no se inobservó el literal d) inciso 2, artículo 344 del CPP.

VIGESIMOSEGUNDO. Ahora bien, en cuanto a la inobservancia del inciso 5, artículo 346 del CPP, que regula la posibilidad de que el juez de la investigación preparatoria disponga la investigación suplementaria ante la oposición al sobreseimiento y pedido del actor civil, se verifica lo siguiente:

22.1. El trece de marzo de dos mil diecisiete, se llevó a cabo la audiencia de control de sobreseimiento, en la cual el actor civil explicó que la pericia médico legal era imprescindible, y a su turno, el fiscal consideró que se perdió tiempo en solicitarla y estimó que cabían hipótesis de cargo y descargo, que podrían ser resueltas con dicha pericia. El juez mediante la Resolución N.º 4 del seis de abril de dos mil diecisiete declaró fundada la oposición al sobreseimiento, y amplió la investigación preparatoria por el plazo de seis meses, a fin de que se lleve a cabo la citada pericia, para determinar las verdaderas causas de la muerte de la agraviada (foja 84).

22.2. Luego que esta resolución fuese declarada nula, el mismo juez mediante la Resolución N.º 14 del treinta y uno de agosto de dos mil diecisiete, sin haber convocado a una audiencia, esta vez declaró infundada la oposición del actor civil y fundado el sobreseimiento del fiscal. Con relación al delito de homicidio culposo, sostuvo que se configuró la causal de insuficiencia probatoria establecida en el segundo párrafo literal d, inciso 2, artículo 344 del CPP, y sobre los delitos de falsedad ideológica e incumplimiento de funciones acogió la tesis fiscal en los términos expuestos en el fundamento tercero de la presente ejecutoria (se configuró la causal de atipicidad prevista en el literal b, inciso 2, del referido dispositivo).

22.3. Este pronunciamiento fue ratificado por la Sala Penal de Apelaciones, mediante la Resolución N.° 18 del once de diciembre de dos mil diecisiete, en cuyo fundamento 23.6 se consigna: «Finalmente, la oposición formulada por el actor civil y su pretensión de que se ordene una investigación suplementaria no es de recibo, tanto más si en el tiempo transcurrido, el fiscal provincial no ha sido capaz de acopiar una información básica y fundamental, menos lo hará en un plazo complementario, no siendo posible desnaturalizar la esencia del procedimiento. Lamentamos el fallecimiento de un ser humano, nos conduele la preocupación de los familiares de la agraviada por saber las causas de su muerte, nos solidarizamos, pero las normas procesales penales son de naturaleza pública y estricta observancia, y un procedimiento penal no debe prolongarse ad infinitum, manteniendo en la incertidumbre a los involucrados, cuando debemos llegar a su fin».

VIGESIMOTERCERO. Al respecto, este Supremo Tribunal considera que se inobservó el inciso 5, artículo 346, del CPP, puesto que el fiscal en el requerimiento de sobreseimiento admitió que por tratarse de una actuación profesional médica se requería de una pericia médico legal y como no se actuó, sustentó el requerimiento en la causal de que no obtuvieron los elementos de convicción suficientes para sustentar su teoría. En cuanto al juez, en la Resolución N.º 14, que aceptó el requerimiento de sobreseimiento concluyó: «Que tal como lo ha solicitado el Ministerio Público, no es posible que con solo declaraciones y sin pericia médica oficial, con exámenes médicos más exhaustivos, se pueda llevar a juicio a los investigados» (fundamento sexto).

En sentido similar, la Sala Penal de Apelaciones que confirmó la citada resolución de sobreseimiento, en la Resolución N.º 18, aludió en términos textuales a la: «Desidia, incompetencia e inoperancia del representante del Ministerio Público»,

VIGESIMOCUARTO, De acuerdo con los argumentos que sirvieron de sustento tanto al fiscal como al juez y Sala Penal de Apelaciones, se estaría ante un acto de investigación necesario y relevante para resolver el caso, que no se obtuvo durante la investigación preparatoria por la falta de debida diligencia del fiscal.

Por las razones anotadas, se declara nula la Resolución N.º 18 emitida por la Sala Superior y, actuando en sede de instancia, corresponde declarar la nulidad de la Resolución N.0 14 de primera instancia. En consecuencia, deben remitirse los actuados a otro juez del Juzgado de Investigación Preparatoria de Chachapoyas de la Corte Superior de Justicia de Amazonas, para que previa audiencia de control del requerimiento de sobreseimiento se pronuncie por la oposición del actor civil, y su pedido de investigación suplementaria26, con base en los criterios expuestos en la presente ejecutoria.

DECISIÓN

Por estos fundamentos, los jueces y las juezas integrantes de la Sala Penal Transitoria de la Corte Suprema de Justicia de la República, ACORDARON:

referido a la inobservancia del literal d, inciso 2, artículo 344, del acotado Código contra la Resolución N.0 18 del once de diciembre de dos mil diecisiete, emitida por la Sala Penal de Apelaciones y Liquidadora de Chachapoyas, de la Corte Superior de Justicia de Amazonas, que confirmó la Resolución N.º 14 del treinta y uno de agosto de dos mil diecisiete que declaró infundada la oposición al pedido de sobreseimiento sostenido por el actor civil y fundado el requerimiento de sobreseimiento definitivo del proceso propuesto por el fiscal provincial de la Fiscalía Penal Corporativa de Chachapoyas del Segundo Despacho. Por tanto, SOBRESEÍDA la causa para: i) El imputado VÍCTOR FERNANDO WILLIAMS ROSELL por el delito contra la vida, el cuerpo y la salud­ homicidio culposo, en perjuicio de Gudelia Hercilia Dolores Villarreal, y contra la fe pública, falsificación de documentos-fa/sedad ideológica, en perjuicio del Estado, representado por EsSalud. ii) La imputada MARY MERCEDES RODRÍGUEZ DE BOCANEGRA, por el delito de homicidio culposo en agravio de Gudelia Hercilia Dolores Villarreal y delito cometido por funcionarios públicos-incumplimiento de funciones, en perjuicio de EsSalud y la citada agraviada.

II. DECLARAR FUNDADO el recurso de casación interpuesto por el actor civil JHON IMER SALAZAR DOLORES contra el auto de vista contenido en la mencionada Resolución N.º 18, por la causal de inobservancia de una norma procesal – inciso 2, artículo 429, del Código Procesal Penal-, en el extremo referido a la inobservancia del literal 5, artículo 346, del acotado Código; en consecuencia, CASARON y declararon NULO el referido auto de vista, y actuando en sede de instancia, INSUBSISTENTE la citada Resolución N.º 14 del treinta y uno de agosto de dos mil diecisiete.

III. ORDENAR que a la brevedad posible se remitan los actuados a otro juez del Juzgado de Investigación Preparatoria de Chachapoyas, de la Corte Superior de Justicia de Amazonas, para que previa audiencia de control del requerimiento de sobreseimiento se pronuncie por la oposición del actor civil, y su pedido de investigación suplementaria, con base en los criterios expuestos en la presente ejecutoria.

IV. DISPONER que se notifique la presente sentencia casatoria a todas las partes apersonadas a esta Suprema Instancia, y se archive el cuaderno de casación en esta Corte Suprema

V. MANDAR la publicación de la presente sentencia en la página web del Poder Judicial.

Intervino el juez supremo Bermejo Ríos por licencia de la jueza suprema Pacheco Huancas.

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1 Foja 37 del cuaderno de casación.

2 A través de la plataforma de Google Hangouts Meet, cuyo uso fue aprobado mediante el Acuerdo N.º 482-2020 del Consejo Ejecutivo del Poder Judicial, para todos los órganos jurisdiccionales y administrativos del Poder Judicial, hasta que permanezca la emergencia sanitaria declarada en el país.

3 A criterio de Gabriel Jorque. constituye una resolución judicial fundada, mediante la cual se decide la finalización de un proceso criminal respecto de uno o de varios imputados determinados con anterioridad al momento en que la sentencia definitiva cobre autoridad de cosa juzgada, por mediar una causal que impide en forma concluyente la continuación de la persecución penal. Cfr. JARQUE, Gabriel Dorio. El sobreseimiento en el proceso penol. Doctrina y jurisprudencia. Buenos Aires: Editorial Depalma, 1997, pp. 2-3.

4 Según el Tribunal Constitucional, el sobreseimiento es una categoría jurídica del derecho procesal penal que alude a la existencia de una resolución judicial que pone fin al proceso penal seguido al imputado, en razón de la presencia de una causa que impide la activación del ius puniendi estatal en su contra. Menciona las causales del artículo 344 del CPP, y agrega: En concreto, prima /ocie, el sobreseimiento «produce los efectos de cosa juzgada». STC N.0 0024-2010-PI/TC, del 21 de marzo de 201 l, que resolvió la demanda de inconstitucionalidad interpuesta por el 25 % del número legal de congresistas, contra el Decreto Legislativo N.º 1097.

5 CLARIÁ OLMEDO, Jorge. Tratado de derecho procesal penal. Vol. 111. Buenos Aires: Editorial Rubinzal-Culzoni Editores, 1967, p. 12. Citado en: NEYRA FLORES, José Antonio. Tratado de derecho procesal penal. Tomo l. ldemsa, p. 478.

6 Casación N.º 181-2011/Tumbes, fj. 7. 

7 SAN MARTÍN CASTRO, César. Lecciones de derecho penal. lima: lnpeccp, 2015, p. 376.

8 Corte IDH. Caso Ríos y otros vs. Venezuela. Sentencia del 28 de enero de 2009, párrafo 298. 

9 Sentencia del TEDH, del 4 de marzo de 2004, en el caso de M. P. vs. Bulgaria, párrafo 153.

10 TOMÁS-VALIENTE LANUZA, Carmen. Deberes positivos del Estado y derecho penal en la jurisprudencia del TEDH. lnDret, 2016, p. 16. 

11 Sentencia del TEDH del 31 de agosto de 2007, en el caso Secic vs. Croacia, párrafo 54.

12 En las emociones números 54-2009/La Libertad y 144-2014/Áncash. del 20 de julio de 2010 y 11 de julio de 20 l 3. se dejó sentado que si luego de que el juez declara la conclusión de la investigación y el fiscal no formula el requerimiento de sobreseimiento o acusación en el plazo legal, no caduca el deber de pronunciarse al respecto, como titular de la acción penal. El incumplimiento a su deber de diligencia se encuentra sujeto a sanción disciplinaria, pues no se puede permitir que dilate innecesariamente su pronunciamiento.

13 Casación N.º 1089-2017/Amazonas, del 10 de setiembre de 2020. En el Acuerdo Plenario N.º 04-2019/CIJ- 116, sobre Absolución, sobreseimiento y reparación civil. Prescripción y caducidad en ejecución de sentencia, se ha fijado como línea directriz que la víctima es uno de los protagonistas del proceso, y no solo tiene derechos económicos, esto es, a una reparación efectiva e integral por los daños infligidos por la conducta atribuida al imputado, sino también a una plena tutela jurisdiccional de sus derechos y concebirse su intervención y derechos como una protección integral de garantía efectiva de su dignidad /derechos materiales y derechos procesales).

14 Deducir nulidad de actuados, ofrecer medios de investigación y de prueba, participar en los actos de investigación y de prueba, intervenir en el juicio oral, interponer los recursos impugnatorios que la Ley prevé. 

15 En ese sentido, la Casación N.º 187-2016/LIMA. fojas 16 y 17.

16 Como ya se tiene establecido, es posible que ofrezca la realización de aquellos que fueron dispuestos por el fiscal, pero que no se actuaron por el vencimiento de plazo de Jo investigación preparatorio, siempre que sean indispensables para evaluar la concurrencia o no de indicios sobre la existencia del delito imputado, las cuales incluyen a aquellas que se hayan dispuesto con anterioridad, pero no se recabaron oportunamente. Casación N.º 1693-2017/Áncash. del 14 de noviembre de 2018.

17 Se da inicio al procedimiento para forzar la acusación.

18 En esa línea, DEL RÍO LABARTHE, Gonzalo. Lo etapa intermedio. Limo: Ara Editores, 2010, p. 123. 

19 El inciso 1, artículo 65, del CPP, dispone que el Ministerio Público, en lo investigación del delito destinado o ejercitar la acción penal. deberá obtener los elementos de convicción necesarios para lo acreditación de los hechos delictivos, así como paro identificar a los autores o partícipes en su comisión; mientras que el inciso 5 establece que el fiscal decide la estrategia de investigación adecuada al coso.

20 Que incluye el plazo de los diligencias preliminares, de la investigación preparatorio propiamente dicha y sus prórrogas.

21 Oficio N.º 0385-2015-MP-FN-IMLYCF/DML III Lambayeque/Tanatología, de foja 513 de la CF.

22 Foja 534 de la carpeta fiscal.

23 Foja 544 de la carpeta fiscal.

24 A través del Oficio N.º 3418-2015-MP-FN-IML/DML-II-Amazonas, de foja 547 de la carpeta fiscal.

25 Uno de los elementos objetivos estructurales del delito culposo lo constituye la violación de un deber objetivo de cuidado, plasmado en normas jurídicas. normas de experiencia, normas del arte, ciencia o profesión, destinadas a orientar diligentemente el comportamiento del individuo. Cfr. casaciones números 581-2015/Piura y 153-2017 /Piura.

26 Conforme con las reglas contenidas en los artículos 345 y 346 del CPP.

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