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REVISIÓN DE SENTENCIA [VOTOS EN DISCORDIA]. La prueba científica determina la insubsistencia del deber alimentario.

CORTE SUPREMA DE JUSTICIA DE LA REPÚBLICA

SALA PENAL TRANSITORIA
REVISIÓN DE SENTENCIA N.° 222-2016 (NCPP)
JUNÍN

LA SECRETARÍA DE LA SALA PENAL TRANSITORIA DE LA CORTE SUPREMA DE JUSTICIA DE LA REPÚBLICA, CERTIFICA QUE EL VOTO DISCORDANTE DE LOS SEÑORES JUECES SUPREMOS PRADO SALDARRIAGA, SALAS ARENAS Y CASTAÑEDA OTSU, TIENE EL SENTIDO SIGUIENTE:

1. Anulado el reconocimiento de paternidad en la partida respectiva, cabe determinar si persiste el deber alimentario. La nulidad de la sentencia de condena emitida en revisión, dará lugar al pronunciamiento jurídicamente pertinente.

2. Aplicación del “distinguishing” ante casos judiciales penales diferentes.

Sumilla.

1. Si la prueba nueva que sustentó la revisión de la condena expedida en un proceso penal por omisión a la asistencia familiar, es científica, y determina la anulación del reconocimiento de paternidad, debe analizarse si subsiste el deber alimentario.

2. Cuando las características del caso concreto divergen de las que originaron el precedente judicial, cabe apartarse de este, efectuando la operación técnica de diferenciación (“distinguishing”).

Lima, once de septiembre de dos mil veinte

VISTA: en audiencia pública la demanda de revisión de sentencia interpuesta por el condenado don Eric Esmit Rojas Arca1; con los recaudos que se adjuntan al principal.

Intervino como ponente en la decisión el señor Salas Arenas, juez de la Corte Suprema.

1. DECISIÓN CUESTIONADA

La Sentencia N.° 156-2016-JLP-MBJC-CSJJ/PJ, del trece de abril de dos mil dieciséis2, emitida por la señora jueza del Juzgado Penal Liquidador del Módulo Básico de Justicia de Concepción de la Corte Superior de Justicia de Junín, con la que se condenó a don Eric Esmit Rojas Arca como autor del delito de omisión de prestación de alimentos, en agravio del menor G. M. R. A.3, se le impuso un año de pena privativa de la libertad efectiva4 y se fijó en doscientos soles el monto que por concepto de reparación civil5 deberá abonar a favor de la parte agraviada.

2. FUNDAMENTOS DE LA DEMANDA (en adelante, FD)

La demanda se sostiene en el supuesto establecido en el numeral cuatro, del artículo cuatrocientos treinta y nueve, del Código Procesal Penal (en adelante, CPP) –nuevos hechos o medios de prueba–, y solicita se deje sin valor la sentencia condenatoria cuestionada y se decrete su absolución. Sostuvo que se descubrieron medios de prueba que acreditaron que el recurrente no es padre biológico del menor G. M. R. A. Por ende, de conformidad con el artículo cuatrocientos quince del Código Civil, el recurrente está exento de proveer una pensión de alimentos a favor de dicho menor y es injusto que se le haya condenado a un año de pena privativa de la libertad efectiva. Con ficha finalidad, ofreció los siguientes medios de prueba:

2.1. Copia legalizada del informe sobre resultados de prueba de paternidad por ADN, elaborado por el Laboratorio BIOSYN-ADN, del veintitrés de diciembre de dos mil catorce, que concluyó que don Eric Esmit Rojas Arca es excluido de ser el padre del menor G. M. R. A.6.

2.2. Copia legalizada del informe de resultados de la prueba de ADN, elaborado por el Laboratorio BIOLINKS, del once de mayo de dos mil quince, que determina que don Jhon Richard Aguirre Cano tiene vínculo de paternidad biológica con el menor G. M. R. A.7.

2.3. Declaración jurada con firma legalizada de doña Andrea Leticia Ávila Sullca (madre del agraviado), del cuatro de julio de dos mil dieciséis, en la que reconoce que por una creencia errada atribuyó la paternidad del menor G. M. R. A. al accionante, ofreciendo disculpas y solicitando a las autoridades judiciales tengan a bien valorar su declaración para evitar injusticias8.

2.4. Copia simple del acta de audiencia de conciliación, fijación de puntos controvertidos y admisión de medios probatorios, del dos de octubre de dos mil catorce, expedida en el proceso de anulabilidad de acto jurídico de reconocimiento de paternidad, que se tramitó ante el Juzgado Mixto de Concepción, en el Expediente N.° 00040- 2014-0-1504-JM-CI-019.

2.5. Copia de copia legalizada del recibo de cancelación de pensiones alimenticias devengadas del trece de abril de dos mil dieciséis, por el cual se cancela el íntegro de lo requerido (por el monto de mil setenta y dos con 92/100)10 a doña Andrea Leticia Ávila Sullca.

2.6. Recibo de pago de reparación civil con firma legalizada, del dieciocho de mayo de dos mil dieciséis, por el monto de doscientos soles, a doña Andrea Leticia Ávila Sullca11.

3. PROCEDIMIENTO DE LA DEMANDA ANTE ESTA INSTANCIA

3.1. Mediante auto de calificación del dieciocho de agosto de dos mil diecisiete12, se admitió a trámite la demanda de revisión de sentencia incoada, por la causal establecida en el numeral cuatro, del artículo cuatrocientos treinta y nueve, del CPP; solicitándose el expediente principal al órgano jurisdiccional de origen, así como un informe al Juzgado Mixto del Módulo Básico de Justicia de Concepción, respecto al estado del proceso de anulabilidad de acto jurídico, de ser el caso, copias certificadas de la sentencia final; y, la prueba de paternidad por ADN realizada entre el recurrente y el menor agraviado.

3.2. Luego de recibido el expediente principal y el informe solicitado, se programó la audiencia de actuación de pruebas para el día diecisiete de octubre de dos mil diecinueve, de conformidad con el numeral tres, del artículo cuatrocientos cuarenta y tres, del CPP.

3.3. Posteriormente, mediante decreto13 del treinta de julio de dos mil veinte, se programó la audiencia de revisión para el catorce de agosto del mismo año, la cual se llevó a cabo con la presencia del accionante y su defensa técnica, así como del representante del Ministerio Público.

En esta audiencia14, la defensa del demandante señaló, en síntesis, que su pretensión debe ser declarada fundada, en atención a que se acreditó mediante pruebas de ADN que su patrocinado no es el padre del niño G. M. R. A. y porque se ha declarado fundada su demanda de anulabilidad de acto jurídico de reconocimiento de paternidad y, en consecuencia, se anuló la partida de nacimiento del citado menor. Por su parte, el señor fiscal de la Primera Fiscalía Suprema en lo Penal, don Abel Pascual Salazar Suarez coincidió con la posición de la defensa técnica y sostuvo que la demanda del accionante debe ser amparada15.

3.4. Concluida la audiencia, los integrantes de este Tribunal Supremo, en sesión secreta, debatieron y votaron, surgiendo una discordia, por lo que acordaron emitir ambas ponencias, siendo la presente la que contiene el voto mayoritario, correspondiendo dar el curso legal pertinente convocándose al llamado por ley.

CONSIDERANDO

PRIMERO. SUSTENTO NORMATIVO (en adelante, SN)

Normatividad de la Constitución

1.1. El artículo ciento treinta y nueve establece como principios y derechos de la función jurisdiccional:
[…]
3. La observancia del debido proceso y la tutela jurisdiccional. Ninguna persona puede ser desviada de la jurisdicción predeterminada por la ley, ni sometida a procedimiento distinto de los previamente establecidos, ni juzgada por órganos jurisdiccionales de excepción ni por comisiones especiales creadas al efecto, cualquiera sea su denominación.
[…]
5. La motivación escrita de las resoluciones judiciales en todas las instancias, excepto los decretos de mero trámite, con mención expresa de la ley aplicable y de los fundamentos de hecho en que se sustentan.
[…]
13. La prohibición de revivir procesos fenecidos con resolución ejecutoriada. La amnistía, el indulto, el sobreseimiento definitivo y la prescripción producen los efectos de cosa juzgada.
[…]

Normatividad del Código Penal (en adelante, CP)

1.2. El artículo VII del Título Preliminar establece que, la pena requiere de la responsabilidad penal del autor, quedando proscrita toda forma de responsabilidad objetiva.

1.3. El artículo setenta y ocho, prevé que la acción penal se extingue:

1. Por muerte del imputado, prescripción, amnistía y el derecho de gracia.

2. Por autoridad de cosa juzgada.

3. En los casos que sólo proceda la acción privada, esta se extingue, además de las establecidas en el numeral uno, por desistimiento o transacción. [Resaltado agregado]

1.4. El artículo setenta y nueve establece que la acción penal se extingue si de la sentencia ejecutoriada dictada en la jurisdicción civil, resulta que el hecho imputado como delito es lícito.

1.5. El artículo ciento cuarenta y nueve sanciona la siguiente conducta:

El que omite cumplir su obligación de prestar los alimentos que establece una resolución judicial será reprimido con pena privativa de libertad no mayor de tres años, o con prestación de servicio comunitario de veinte a cincuenta y dos jornadas, sin perjuicio de cumplir el mandato judicial.

Si el agente ha simulado otra obligación de alimentos en connivencia con otra persona o renuncia o abandona maliciosamente su trabajo la pena será no menor de uno ni mayor de cuatro años.

Si resulta lesión grave o muerte y estas pudieron ser previstas, la pena será no menor de dos ni mayor de cuatro años en caso de lesión grave, y no menor de tres ni mayor de seis años en caso de muerte. [Resaltado agregado]

Normatividad del CPP

1.6. El artículo cuatrocientos treinta y nueve prevé que la revisión de las sentencias condenatorias firmes proceden, sin limitación temporal y solo a favor del condenado, en los siguientes casos:

1. Cuando después de una sentencia se dictara otra que impone pena o medida de seguridad por el mismo delito a persona distinta de quien fue primero sancionada, y no pudiendo conciliarse ambas sentencias, resulte de su contradicción la prueba de la inocencia de alguno de los condenados.

2. Cuando la sentencia se haya pronunciado contra otra precedente que tenga la calidad de cosa juzgada.

3. Si se demuestra que un elemento de prueba, apreciado como decisivo en la sentencia, carece de valor probatorio que se le asignara por falsedad, invalidez, adulteración o falsificación.

4. Si con posterioridad a la sentencia se descubren hechos o medios de prueba, no conocidos durante el proceso, que solos o en conexión con las pruebas anteriormente apreciadas sean capaces de establecer la inocencia del condenado.

5. Cuando se demuestre, mediante decisión firme, que la sentencia fue determinada exclusivamente por un delito cometido por el juez o grave amenaza contra su persona o familiares, siempre que en los hechos no haya intervenido el condenado.

6. Cuando la norma que sustentó la sentencia hubiera sido declarada inconstitucional por el Tribunal Constitucional o inaplicable en un caso concreto por la Corte Suprema. [Resaltado agregado]

1.7. Los incisos uno y dos del artículo cuatrocientos cuarenta y uno prevén el contenido que tendrá la demanda:

1. La demanda de revisión será presentada ante la Sala Penal de la Corte Suprema. Debe contener lo siguiente:
a. La determinación precisa de la sentencia cuya revisión se demanda, con indicación del órgano jurisdiccional que la dictó.
b. La causal invocada y la referencia específica y completa de los hechos en que se funda, así como las disposiciones legales pertinentes.
c. La indemnización que se pretende, con indicación precisa de su monto. Este requisito es potestativo.
2. Se acompañará copia de las sentencias expedidas en el proceso cuya revisión se demanda. Asimismo, se acompañará la prueba documental si el caso lo permite o la indicación del archivo donde puede encontrarse la misma.

1.8. Los numerales uno y dos del artículo cuatrocientos cuarenta y tres, en cuanto al trámite de la demanda señalan:

1. Interpuesta la demanda con sus recaudos, la Sala examinará si reúne los requisitos exigidos en los artículos anteriores. Si la demanda fuera inadmitida, la decisión se tomará mediante auto dictado por unanimidad.
2. Si se admite la demanda, la Sala dará conocimiento de la demanda al fiscal o al condenado, según el caso. Asimismo, solicitará el expediente de cuya revisión se trate y, si correspondiera, la prueba documental señalaba por el demandante. [Resaltado agregado]

1.9. El artículo cuatrocientos cuarenta y cuatro señala cuáles son las facultades de la Corte Suprema en el supuesto que declare fundada la demanda de revisión:

1. Si la Sala encuentra fundada la causal invocada, declarará sin valor la sentencia motivo de la impugnación y la remitirá a nuevo juicio cuando el caso lo requiere, o pronunciará directamente la sentencia absolutoria.
2. Si la sentencia dispone un nuevo juicio, este será tramitado conforme a las reglas respectivas. El ofrecimiento de prueba y la sentencia no podrán fundarse en una nueva apreciación de los mismos hechos del proceso, con independencia de las causales que tornaron admisible la revisión.
3. Si la sentencia es absolutoria, se ordenará la restitución de los pagos efectuados por concepto de reparación y de multa, así como —de haberse solicitado— la indemnización que corresponda por error judicial.
4. La sentencia se notificará a todas las partes del proceso originario. [Resaltado y subrayado agregados].

Normatividad pertinente del Código Civil (en adelante, CC)

1.10. El artículo cuatrocientos quince, en cuanto a los derechos del hijo alimentista, señala:

Fuera de los casos del artículo cuatrocientos dos, el hijo extramatrimonial solo puede reclamar del que ha tenido relaciones sexuales con la madre durante la época de la concepción una pensión alimenticia hasta la edad de dieciocho años. La pensión continúa vigente si el hijo, llegado a la mayoría de edad, no puede proveer a su subsistencia por incapacidad física o mental. El demandado podrá solicitar la aplicación de la prueba genética u otra de validez científica con igual o mayor grado de certeza. Si estas dieran resultado negativo, quedará exento de lo dispuesto en este artículo.
Asimismo, podrá accionar ante el mismo juzgado que conoció del proceso de alimentos el cese de la obligación alimentaria si comprueba a través de una prueba genética u otra de validez científicacon igual o mayor grado de certeza que no es el padre. [Resaltado y subrayado agregados]

1.11. El artículo cuatrocientos setenta y cuatro señala que se deben alimentos recíprocamente:

1. Los cónyuges.
2. Los ascendientes y descendientes.
3. Los hermanos. [Resaltado agregado]

Normatividad pertinente del Código de los Niños y Adolescentes

1.12. En la primera parte del artículo noventa y tres, se establece que:

Es obligación de los padres prestar alimentos a sus hijos. Por ausencia de los padres o desconocimiento de su paradero, prestan alimentos en el orden de prelación […].
[Resaltado agregado]

Normatividad de la Ley Orgánica del Poder Judicial

1.13. El artículo veintidós, establece en cuanto al carácter vinculante de la doctrina jurisprudencial:

Las Salas Especializadas de la Corte Suprema de Justicia de la República ordenan la publicación trimestral en el Diario Oficial «El Peruano» de las Ejecutorias que fijan principios jurisprudenciales que han de ser de obligatorio cumplimiento, en todas las instancias judiciales.

Estos principios deben ser invocados por los magistrados de todas las instancias judiciales, cualquiera que sea su especialidad, como precedente de obligatorio cumplimiento. En caso que por excepción decidan apartarse de dicho criterio, están obligados a motivar adecuadamente su resolución dejando constancia del precedente obligatorio que desestiman y de los fundamentos que invocan.

Los fallos de la Corte Suprema de Justicia de la República pueden excepcionalmente apartarse en sus resoluciones juridiccionales, de su propio criterio jurisprudencial, motivando debidamente su resolución, lo que debe hacer conocer mediante nuevas publicaciones, también en el Diario Oficial «El Peruano», en cuyo caso debe hacer mención del precedente que deja de ser obligatorio por el nuevo y de los fundamentos que invocan. [Resaltado agregado]

Jurisprudencia del Tribunal Constitucional y de la Corte Suprema

1.14. En el fundamento cinco de la sentencia recaída en Expediente N.° 3361- 2004-AA/TC, LIMA, del doce de agosto de dos mil cinco, se señala en cuanto al precedente:

5. De este modo, aun en los sistemas donde el precedente es la fuente principal de organización de su sistema jurídico, se han previsto mecanismos no sólo para ‘evadir’ sus efectos mediante la técnica del distinguishing en el caso de los tribunales inferiores; sino incluso para ‘cambiarlo’ por un nuevo precedente, en el caso del propio Tribunal que lo ha establecido con efecto vinculante. Con relación al overruling, dentro del sistema del common law norteamericano (Juez Kennedy, en la sentencia Patterson v. Malean Credit Union, 1989, 172), se ha sostenido lo siguiente:

Nuestros precedentes no son sacrosantos, porque nosotros hacemos Overruling respecto de decisiones previas cuando la necesidad y prioridad así lo establecen. No obstante, hemos sostenido que, “cualquier salida de la doctrina de stare decisis demanda una especial justificación”.

En este sentido, la técnica del overruling permite cambiar un precedente en su ‘núcleo normativo’ aplicando el nuevo precedente, ya sea al caso en análisis (eficacia retrospetiva) o, en la mayoría de los supuestos, a casos del futuro (prospective overruling). Precisamente, la técnica del prospective overruling se utiliza cuando un juzgador advierte a la población del inminente cambio que va a realizar de sus fallos, sin cometer la injusticia ínsita en una modificación repentina de las reglas que se consideraban como válidas. [Resaltado agregado]

1.15. En los fundamentos nueve y diez del voto del Magistrado Espinosa- Saldaña Barrera, en la sentencia recaída en Expediente N.° 04620-2014-AC/TC, AMAZONAS, del uno de julio de dos mil dieciséis, se señaló:

9. Como puede apreciarse, en esta disposición se recoge un mandato claro y obligatorio dirigido a los jueces y juezas, de seguir las interpretaciones del Tribunal Constitucional. Siendo así, consideramos nuevamente que la calificación «vinculante» resultaría redundante y tendría efectos indeseados, en la medida que dicha expresión podría connotar que además existe doctrina jurisprudencial «no vinculante».
10. Lo antes dicho, desde luego, no obsta la posibilidad para que, mutatis mutandis, en un determinado caso los jueces o las juezas puedan apartarse del criterio, regla o interpretación establecida por el Tribunal Constitucional. Aquello se materializa a través de la operación conocida como distinguishing. A mayor abundamiento, esto es posible siempre que exista una diferencia sustantiva entre lo establecido como precedente constitucional o como doctrina jurisprudencial y lo alegado o discutido en el nuevo caso. Empero, así visto, el distinguishing no resta entonces en absoluto eficacia al precedente constitucional o a la doctrina jurisprudencial, y menos aún cuestiona su obligatoriedad, sino que a través de dicha operación tan solo se determina que la regla o criterio que estas contienen no son aplicables al caso específico, por estar fuera de los alcances allí se regula. [Resaltado agregado]

1.16. En el segundo fundamento de derecho de la sentencia recaída en la Casación N.° 1027-2016/ICA, del trece de febrero de dos mil diecisiete, se señala en cuanto a la cosa juzgada civil en el proceso penal:

SEGUNDO. Que el artículo 79 del CP instituye uno de los supuestos de eficacia o función refleja de la cosa juzgada –desde luego, de la cosa juzgada civil al proceso penal–. Dispone la citada norma que: “Se extingue la acción penal si de la sentencia ejecutoriada dictada en la jurisdicción civil, resulte que el hecho imputado como delito es lícito”. La cosa juzgada civil, en este caso, por expreso mandato legal –del CP específicamente–, no solo se refiere a las mismas partes de un eventual proceso penal, sino que se extiende, por excepción, erga omnes, a sujetos no litigantes (extensión ultra partes de la cosa juzgada), frente a la licitud de un hecho, relación o conducta declarada por la jurisdicción civil. Su imperatividad –como nota esencial de la cosa juzgada, proyectada de un fallo civil al ámbito penal– está en función al hecho objeto de decisión firme, por lo que si en esa sede se declara lícito es obvio que, bajo ninguna circunstancia, puede dar lugar a un proceso en sede penal, que como es patente exige, desde su objeto o límite objetivo, un hecho penalmente relevante, el cual si se declaró lícito no puede ser materia de un proceso jurisdiccional penal. La autorictas iudicati sobre cuestiones de hecho son pues factibles [CARNELUTTI, FRANCISCO. Cuestiones sobre el proceso penal, 2001, pp. 120-124].

Precisamente, por todo ello, la cosa juzgada material es un determinado efecto de algunas resoluciones firmes, consistente en una precisa y determinada fuerza de vincular, en otros procesos, a cualesquiera de los órganos jurisdiccionales (el mismo que juzgó u otros distintos), respecto del contenido de esas resoluciones (de ordinario, sentencias) [DE LA OLIVA, ANDRÉS: Derecho Procesal Civil. El Proceso de Declaración, 2003, p. 492]. La perspectiva amplia de esta institución puede entenderse reconocida por el artículo 78, numeral 2, del CP, cuando preceptúa que: “La acción penal se extingue: 2. Por autoridad de cosa juzgada”. Luego, si se trata de un impedimento procesal –impide una sentencia de mérito sobre un hecho ya juzgado–, si constituye un óbice procesal, puede plantearse como excepción y, precisamente, excepción de cosa juzgada.

SEGUNDO. ANÁLISIS JURÍDICO FÁCTICO

2.1. La acción de revisión prevista en el artículo cuatrocientos treinta y nueve del CPP (ver SN 1.6.), constituye un proceso autónomo de impugnación contra una sentencia firme de condena –cosa juzgada–, que por su propia característica excepcional está destinada a hacer primar el valor justicia sobre la seguridad jurídica, por lo que solo procede cuando se acrediten hechos que puedan influir, directa o indirectamente, en la decisión, refutando su basamento probatorio. En esta línea argumental, ROXIN puntualiza que esta institución implica y sirve: “[…] para la eliminación de errores judiciales frente a sentencias pasadas en autoridad de cosa juzgada […]. El procedimiento de revisión representa el caso más importante de quebrantamiento de la cosa juzgada en interés de una decisión materialmente correcta16.

2.2. Entre los principios que rigen al proceso de revisión se tiene el de trascendencia, en virtud del cual, el argumento del accionante, expuesto en la demanda debe estar edificado sobre hechos y medios de prueba suficientemente sólidos, que tengan vocación para derrumbar la sentencia que constituye cosa juzgada. Esto significa que al existir un hecho o una circunstancia que se pueda encuadrar conforme con este principio, dentro de cualquiera de las causas de revisión, debe tener una relación de causa y efecto, que si no se hubiera presentado, la sentencia demandada no habría resultado gravosa para el accionante.

Acorde con ello, la técnica que debe observar el demandante, radica en relacionar las pruebas en que funda su pretensión con los basamentos probatorios de la sentencia, anexarlas a la demanda y demostrar que si hubieran sido oportunamente conocidas en el curso de los debates ordinarios del proceso, por su contundencia demostrativa la resolución del caso habría sido la absolución del sentenciado, la eliminación de un concurso delictivo o una agravante de punición o la declaratoria de haber actuado en estado de inimputabilidad.

2.3. El accionante está en el deber procesal de construir un argumento coherente, lógico y con la solución jurídica correspondiente a los hechos planteados. No es suficiente, por ejemplo, decir que existe un hecho o prueba nueva, no conocidos al momento de los debates, sino que además es menester demostrar la trascendencia para los resultados de la sentencia que se demanda, con la suficiente vocación para revocarla y absolver al accionante, enervando la condena o la declaratoria de la nulidad de la sentencia cuestionada17 (ver SN 1.9.).

2.4. PEÑA CABRERA FREYRE afirma que la acción de revisión vendría a constituir un recurso extraordinario sin efectos devolutivos, cuya competencia jurisdiccional es facultad exclusiva de la Sala Penal Suprema y que solo puede operar favor rei, esto es, “a favor del condenado18.

2.5. Tal como se ha expuesto en la introducción de la presente sentencia, el accionante instó la absolución en el proceso que se le siguió por el delito de omisión de prestación de alimentos. En esa dirección, alegó que no es el padre biológico del niño G. M. R. A. y, por ende, en aplicación del artículo cuatrocientos quince del CC (ver SN 1.10.), debe declarársele exento de proveer una pensión alimenticia a favor del nombrado menor, por ser injusto. Para sustentar su petición, en calidad de pruebas nuevas, acompañó las señaladas en los FD (ut supra).

2.6.Al haberse invocado la causa de revisión prevista en el numeral cuatro, del artículo cuatrocientos treinta y nueve, del CPP (ver SN 1.6.), los hechos o medios de prueba deben poseer la capacidad de derrotar o anular la tesis incriminatoria que fue materia de análisis en el juicio originario, develando el error al que se arribó por desconocimiento de la nueva información, en cuyo supuesto la decisión de condena hubiese sido distinta.

2.7. Es importante tener como premisa que el derecho a los alimentos es recíproco entre ascendientes y descendientes (indistintamente cuenten con un vínculo sanguíneo o legal), tal como lo establece el numeral dos, del artículo cuatrocientos setenta y cuatro, del CC (ver SN 1.11.), resultando más que racional, en salvaguarda de los menores, que los padres les presten alimentos, conforme lo prevé el artículo noventa y tres del Código de los Niños y Adolescentes (ver SN 1.12.).

En esta línea la defensa del demandante, proporcionó como pruebas nuevas trascendentales el informe sobre resultados de prueba de paternidad por ADN, elaborado por el Laboratorio BIOSYN-ADN el veintitrés de diciembre de dos mil catorce, que concluyó que el accionante no era el padre biológico del menor G. M. R. A.; aunándose además el informe de resultados de la prueba de ADN, elaborado por el Laboratorio BIOLINKS, de once de mayo de dos mil quince que determinó que el verdadero padre biológico del citado menor era don Jhon Richard Aguirre Cano.

2.8. Aunque estas pruebas científicas no son posteriores a la sentencia cuestionada, de trece de abril de dos mil dieciséis, lo cierto es que fueron mencionadas por el demandante al momento de brindar su instructiva el veintiocho de septiembre de dos mil quince19, cuando fue puesto a disposición del Juzgado Penal Liquidador por encontrarse requisitoriado20, incluso haciendo mención al número de la causa y el Juzgado donde se venía tramitando el proceso civil de anulabilidad de acto jurídico de reconocimiento de paternidad; sin embargo, ello no fue tomado en cuenta en la sentencia, por no haber sido acreditado se desconoce cuándo fue iniciado el proceso civil, pero cuanto menos respecto del demandante se ordenó que se practicara dicha prueba científica–.

Pese a lo expuesto, los mencionados informes presentan conclusiones científicas que excluyen cualquier aspecto subjetivo a interpretación. De manera irrefutable se demuestra, sin atisbo de duda, que no existe vínculo biológico entre el ahora demandante y el menor de edad en referencia. Ello, incluso, releva del análisis probatorio, aunque de forma afirmativa, la declaración jurada de doña Andrea Leticia Ávila Sullca, a través de la cual reconoce su “error” al imputar la paternidad al ahora demandante.

2.9. De otro lado, a mayor abundamiento, se adjuntó el acta de audiencia de conciliación, fijación de puntos controvertidos y admisión de medios probatorios, del dos de octubre de dos mil catorce, en el señalado proceso civil de anulabilidad de acto jurídico de reconocimiento de paternidad, que se tramitaba ante el Juzgado Mixto de Concepción, en el Expediente N.° 00040- 2014-0-1504-JM-CI-01; además, se recibió, a solicitud de este Colegiado Supremo, la Sentencia Civil N.° 0012-2018-JMx-CSJJU, del tres de abril de dos mil dieciocho21 –posterior a la sentencia penal objeto de análisis– expedida en la señalada causa, con la que se declaró fundada la demanda de anulabilidad de acto jurídico interpuesta por el recurrente Rojas Arca y se ordenó anular el acta de nacimiento CUI N.º 80956656 de la Municipalidad Provincial de Concepción, correspondiente al menor G. M. R. A. Adicionalmente, declaró la filiación judicial de paternidad extramatrimonial del referido menor y consideró como padre biológico a Jhon Richard Aguirre Cano. Esta sentencia fue declarada consentida, mediante Resolución N.° 10, del ocho de mayo de dos mil dieciocho22.

2.10. Con los medios de prueba adjuntados, recabados y actuados por este Colegiado Supremo está suficientemente acreditado que la atribución de paternidad al recurrente quedó excluida ante los resultados de la prueba científica de ADN; sin embargo, aunque lógicamente no tendría la obligación de acudir con quien cuenta con un padre –biológico– del que se declaró la filiación judicial de paternidad extramatrimonial23, e incluso pensarse que dicha negativa a acudirlo es lícita (efecto del artículo setenta y nueve del CP, ver SN 1.4. y 1.16.); está claro que lo que se debió desacreditar fueron los elementos de la estructura típica del delito materia de condena, puesto que forma parte del factum declarado como probado, que fue objeto de subsunción en el tipo penal correspondiente.

2.11. En audiencia de revisión ni la defensa ni el demandante –aunque dijeron que ya no se le ha vuelto a requerir el pago de alimentos– acreditaron que la Sentencia Civil N.° 106-2013 (proceso de alimentos), contenida en la Resolución N.° 07, del dieciséis de septiembre de dos mil trece24, expedida por el Juzgado de Paz Letrado de Concepción en el Expediente N.° 00107-2013-0- 1504-JP-FC-01, con la que se ordenó que el recurrente acuda con una pensión, haya sido dejada sin efecto. Se desconoce si a la fecha la defensa solicitó la exención o el cese de la pensión alimenticia, u otras pretensiones (ver SN 1.10.) o si existe una decisión sobre el particular –en cuyo caso deberá presentarla ante el juez pertinente–, prueba que era la idónea para declarar la absolución del sentenciado; o si ya se inició alguna causa de esta naturaleza respecto del padre biológico o se ha establecido alguna modalidad de acudimiento alimentario judicial o por acuerdo con este último respecto del menor.

2.12. Esta instancia no tiene competencia, como solicitó el demandante, para dejar sin efecto la decisión del fuero civil; pero tampoco puede sostener una condena respecto de quien no se encuentra obligado a acudir alimentariamente a quien tiene un padre conocido25 (en todo caso en dicha vía se deberá atender en toda su connotación el interés superior del niño, dada la particular situación producida).

2.13. Es pertinente señalar que en el caso de la Sentencia de Revisión N.° 85- 2016/Huancavelica, del veintinueve de noviembre de dos mil diecisiete, también existió una prueba de ADN que excluía al demandante de esa causa de la calidad de padre, pero se desconocía si se anuló el acto jurídico de reconocimiento de paternidad.

En el sistema anglosajón mediante la facultad de distinción denominada “distinguishing” (ver SN 1.14. y 1.15.), cuando se encuentran divergencias en la materia sometida a decisión respecto de un pronunciamiento judicial previo, recaído en otra causa, se apartan explicando las razones.

Cabe acoger esa fórmula lógica y apartarse de la jurisprudencia, cuando en el caso concreto las características o presupuestos materiales difieren de los que originaron el precedente anteriormente pronunciado, aunque no fuera vinculante y hubiera sido emitido por el mismo órgano jurisdiccional, como ocurre en el presente caso (ver SN 1.13.)26.

2.14. A criterio de este Tribunal, de conformidad con lo dispuesto en el artículo cuatrocientos cuarenta y cuatro del CPP (ver SN 1.9.), es menester declarar sin valor la sentencia motivo de revisión, y la nulidad de todo lo actuado incluida la Acusación Fiscal –dado el pronunciamiento del señor fiscal supremo– y que regresen los actuados al juzgado de origen para que el juez penal, en atención a las pruebas actuadas en este proceso y previa remisión al Ministerio Público, decida lo pertinente (tramitado bajo los alcances del Código de Procedimientos Penales), y de ser el caso optar por la prejudicialidad, a espera de lo que se resuelva en el fuero civil27.

2.15. Resulta igualmente trascedente que se tenga en cuenta el criterio del señor fiscal supremo en lo Penal en audiencia del catorce de agosto de dos mil veinte, respecto de la comisión del ilícito (principio acusatorio).

DECISIÓN

Por ello, administrando justicia a nombre del pueblo, los integrantes de la Sala Penal Transitoria de la Corte Suprema de Justicia de la República, ACORDARON POR MAYORÍA:

I. DECLARAR FUNDADA la demanda de revisión de sentencia interpuesta por el condenado don ERIC ESMIT ROJAS ARCA contra la Sentencia N.° 156-2016-JLP- MBJC-CSJJ/PJ, del trece de abril de dos mil dieciséis, emitida por la señora jueza del Juzgado Penal Liquidador del Módulo Básico de Justicia de Concepción de la Corte Superior de Justicia de Junín, con la que se le condenó como autor del delito de omisión de prestación de alimentos, en agravio del menor G. M. R. A., se le impuso un año de pena privativa de la libertad efectiva y se fijó en doscientos soles el monto que por concepto de reparación civil deberá abonar a favor de la parte agraviada; y, en consecuencia, NULA la referida sentencia y nulo lo actuado incluyendo el Dictamen Fiscal Acusatorio, debiendo en su caso el señor juez penal, previa remisión al Ministerio Público, considerar todos los nuevos medios de prueba aportados, así como, de ser el caso lo señalado por el señor fiscal supremo en lo penal en audiencia del catorce de agosto de dos mil veinte.

II. MANDAR que la presente sentencia de revisión se lea en audiencia pública y, acto seguido, se notifique a todas las partes apersonadas ante esta instancia. Cumplidos estos trámites, se devuelva el expediente principal al órgano jurisdiccional de origen y se archive el cuaderno de revisión en esta Corte Suprema.

S. S.

PRADO SALDARRIAGA; SALAS ARENAS; CASTAÑEDA OTSU

LA SECRETARÍA DE LA SALA PENAL TRANSITORIA DE LA CORTE SUPREMA DE JUSTICIA DE LA REPÚBLICA CERTIFICA QUE EL VOTO DISCORDANTE DE LAS JUEZAS SUPREMAS PACHECO HUANCAS Y AQUIZE DÍAZ ES COMO SIGUE:

DELITO DE INCUMPLIMIENTO DE OBLIGACIÓN ALIMENTARIA

El ilícito penal de incumplimiento de obligación alimentaria es un delito especial propio y se configura cuando el agente, de forma dolosa, omite cumplir con su obligación de prestar alimentos fijada, previamente, mediante una resolución judicial firme emitida en la vía civil. Se trata, pues, también de un delito de omisión propia. La conducta omisiva del sujeto especial se consuma cuando deja de cumplir con la obligación alimentaria, habiendo tenido pleno conocimiento del monto a pagar y del requerimiento para su cumplimiento. Este es el contexto que, además, permite atribuir al sujeto especial la autoría del delito a título doloso. Conforme con ello, su estructura típica no exige un vínculo biológico entre los sujetos de la relación obligacional alimentaria alimentante y acreedor alimentario. Incluso, la fuente de la obligación calificada y determinada por el juez civil de cuyo incumplimiento subyace el proceso penal tiene como punto de partida la vinculación jurídica o legal de asistencia familiar que permita establecer o fijar la prestación de alimentos a favor de determinada persona.

PRINCIPIO DE COMPETENCIA

La declaración de nulidad o ineficacia de una sentencia de alimentos es una competencia reservada por ley al juez civil. Este no es el escenario idóneo ni de ley para discutir el nacimiento de la fuente de la obligación alimentaria, cuyo análisis no solo está limitado a la preexistencia de un vínculo biológico, máxime si el acreedor alimentario, como sucede en autos, es un menor de edad.

PRINCIPIO DEL INTERÉS SUPERIOR DEL NIÑO

Si en este caso se asume que en sede penal puede absolverse al accionante, estando vigente la obligación alimentaria en la vía civil a favor de un menor de edad; es necesario recurrir  al corpus iuris nacional y convencional que prevé una protección reforzada de los derechos de los niños, niñas y adolescentes, como sujetos de derecho. Ello porque entra en controversia el derecho humano de alimentos fijado a su favor por el juez competente mediante sentencia firme y con calidad de cosa juzgada, con la pretensión del demandante, quien considera injusta la sentencia penal cuestionada por no ser padre biológico del niño nombrado. Entonces, al momento de asumir la decisión correspondiente, se debe optar por proteger el citado derecho con mayor intensidad, en tanto la obligación alimentaria no ha sido revertida conforme a ley y sigue vigente.

Lima, once de setiembre de dos mil veinte

VISTOS Y OÍDOS: la demanda de revisión planteada por el sentenciado ERIC ESMIT ROJAS ARCA, contra la sentencia del trece de abril de dos mil dieciséis, emitida por el Juzgado Penal Liquidador del Módulo Básico de Justicia de Concepción, de la Corte Superior de Justicia de Junín, que lo condenó como autor del delito contra la familia, en la modalidad de omisión de prestación de alimentos, en agravio de Garet Mats Rojas Ávila, a un año de pena privativa de la libertad efectiva1 y fijó en doscientos soles el monto que, por concepto de reparación civil, deberá abonar a favor de la parte agraviada.

Ponencia de la jueza suprema PACHECO HUANCAS.

CONSIDERANDO

FUNDAMENTOS DE LA DEMANDA DE REVISIÓN

1. El sentenciado ERIC ESMIT ROJAS ARCA planteó demanda de revisión2 e invocó la causal prevista en el numeral cuatro, del artículo cuatrocientos treinta y nueve, del Código Procesal Penal, vinculada al ofrecimiento de nuevos hechos o medios de prueba. En tal efecto, solicitó que se deje sin valor la sentencia condenatoria cuestionada y se decrete su absolución. Sostuvo que se han descubierto medios de prueba que acreditan que el accionante no es padre biológico del menor Garet Mats Rojas Ávila. Por ende, de conformidad con el artículo cuatrocientos quince del Código Civil, el accionante está exento de proveer una pensión de alimentos a favor de dicho menor y es injusto que se le haya condenado a un año de pena privativa de la libertad efectiva. Con ficha finalidad, ofreció los siguientes medios de prueba:

1.1 Copia legalizada del informe sobre resultados de prueba de paternidad por ADN, elaborado por el Laboratorio BIOSYN-ADN, del veintitrés de diciembre de dos mil catorce, que concluye que Eric Esmit Rojas Arca no es padre biológico del menor Garet Mats Rojas Ávila.

1.2 Copia legalizada del informe de resultados de la prueba de ADN, elaborado por el Laboratorio BIOLINKS, del once de mayo de dos mil quince, que determina que el padre biológico del menor Garet Mats Rojas Ávila es Jhon Richard Aguirre.

1.3 Declaración jurada con firma legalizada de Andrea Leticia Ávila Sullca (madre del agraviado), del cuatro de julio de dos mil dieciséis, respecto a los errores de atribución de paternidad del menor Garet Mats Rojas Ávila, al accionante.

1.4 Acta de audiencia de conciliación, fijación de puntos controvertidos y admisión de medios probatorios, del dos de octubre de dos mil catorce, expedida en el proceso de anulabilidad de acto jurídico de reconocimiento de paternidad, que se tramita ante el Juzgado Mixto de Concepción, en el expediente signado con el número 40-2014-0-1504- JM-CI-01.

PROCEDIMIENTO DE LA DEMANDA ANTE ESTA INSTANCIA

2. Mediante auto de calificación3 del dieciocho de agosto de dos mil diecisiete, se admitió a trámite la demanda de revisión de sentencia incoada, por la causal establecida en el numeral cuatro, del artículo cuatrocientos treinta y nueve, del Código Procesal Penal. También se solicitó el expediente principal al órgano jurisdiccional de origen, así como un informe al Juzgado Mixto del Módulo Básico de Justicia de Concepción, respecto al estado del proceso de anulabilidad de acto jurídico y, de ser el caso, copias certificadas de la sentencia final.

3. Luego de recibido el expediente principal y el informe solicitado, se programó la audiencia de actuación de pruebas para el diecisiete de octubre de dos mil diecinueve, de conformidad con el numeral tres, del artículo cuatrocientos cuarenta y tres, del Código Procesal Penal.

4. Posteriormente, mediante decreto4 del treinta de julio de dos mil veinte, se programó la audiencia de revisión para el catorce de agosto del mismo año, la cual se llevó a cabo con la presencia del accionante y su defensa técnica, así como del representante del Ministerio Público. En esta audiencia, la defensa del demandante señaló, en síntesis, que su pretensión debe ser declarada fundada, en atención a que se acreditó mediante pruebas de ADN que su patrocinado no es el padre del niño Garet Mats Rojas Ávila, se declaró fundada su demanda de anulabilidad de acto jurídico de reconocimiento de paternidad y se anuló la partida de nacimiento del citado menor. Por su parte, el representante del Ministerio Público coincidió con la posición de la defensa técnica y sostuvo que la demanda del revisionista debe ser amparada.

5. Concluida la audiencia, los integrantes de este Tribunal Supremo, en sesión secreta y producida la votación, dictaron la presente sentencia, cuya lectura íntegra se programó para el once de setiembre de dos mil veinte, de conformidad con el numeral cinco, del artículo cuatrocientos cuarenta y tres, del Código Procesal Penal.

FUNDAMENTOS DEL SUPREMO TRIBUNAL

6. Los hechos materia de condena se delimitan a que, en la vía civil, se emitió la sentencia del dieciséis de setiembre de dos mil trece, que ordenó que el señor Eric Esmit Rojas Arca acuda con una pensión de alimentos a favor del menor Garet Mats Rojas Ávila, en la suma de ciento ochenta soles mensuales. Ante su incumplimiento, se efectuó la liquidación de pensiones, cuyo resultado arrojó una deuda equivalente a mil setenta y dos soles con noventa y dos céntimos (S/ 1072,92). Al requerirse su pago, el sentenciado incumplió dolosamente con su obligación; lo que originó que se inicie proceso penal en su contra.

7. Por estos hechos, el Juzgado Penal Liquidador del Módulo Básico de Justicia de Concepción, el trece de abril de dos mil dieciséis, emitió sentencia condenatoria en contra del hoy revisionista, como autor del delito contra la familia, en la modalidad de omisión de prestación de alimentos, previsto en el primer párrafo, del artículo ciento cuarenta y nueve, del Código Penal (entiéndase como delito contra la familia, en la modalidad de omisión a la asistencia familiar, en su forma de incumplimiento de obligación alimentaria u omisión de prestación de alimentos). En el fundamento octavo de la referida sentencia se señaló textualmente que: “El acusado no ha cumplido con pagar el monto total por concepto de pensiones alimenticias devengadas, pese a encontrarse debidamente notificado […] habiendo hecho caso omiso al pago de alimentos”.

8. Ahora bien, se debe precisar que el ilícito penal de incumplimiento de obligación alimentaria es un delito especial propio y se configura cuando el agente, de forma dolosa, omite cumplir con su obligación de prestar alimentos fijada, previamente, mediante una resolución judicial firme emitida en la vía civil. Se trata, pues, también de un delito de omisión propia. La conducta omisiva del sujeto especial se consuma cuando deja de cumplir con la obligación alimentaria, habiendo tenido pleno conocimiento del monto a pagar y del requerimiento para su cumplimiento. Este es el contexto que, además, permite atribuir al sujeto especial la autoría del delito a título doloso.

9. Conforme con ello, su estructura típica no exige un vínculo biológico entre los sujetos de la relación obligacional alimentaria —alimentante y acreedor alimentario—. Incluso, la fuente de la obligación calificada y determinada por el juez civil —de cuyo incumplimiento subyace el proceso penal— tiene como punto de partida la vinculación jurídica o legal de asistencia familiar que permita establecer o fijar la prestación de alimentos a favor de determinada persona.

10. Es importante incidir en este aspecto. El derecho alimentario es un derecho humano, el cual tiene sustento en la indudable relación que existe entre el principio de solidaridad de los integrantes del grupo familiar y la responsabilidad del Estado y la sociedad. Estos últimos deben procurar acciones positivas para su salvaguarda y cumplimiento.

Y justamente, por tal motivo, el legislador ha regulado una serie de supuestos en los cuales se prevé la obligación de prestar alimentos, los cuales no necesariamente radican en un vínculo consanguíneo entre los sujetos de la relación alimentaria. Así, en el artículo cuatrocientos setenta y cuatro del Código Civil, se han fijado deberes recíproco-legales de prestar alimentos entre los cónyuges, los ascendientes y descendientes, así como entre hermanos. No obstante, a este dispositivo normativo se añaden los siguientes supuestos: a) el hijo alimentista, previsto en el artículo cuatrocientos quince; b) los divorciados o excónyuges, establecido en el artículo trescientos cincuenta; y, c) los exconcubinos, estipulado en el artículo trescientos veintiséis, del mismo cuerpo normativo.

En la misma línea se ha pronunciado el Tribunal Constitucional, el cual ha señalado que, desde una perspectiva tradicional: “La familia está formada por vínculos jurídicos familiares que hallan origen en el matrimonio, en la filiación y en el parentesco”5. De esta manera, cabe advertir y precisar que la filiación puede ser, por ejemplo, producto de un acto de reconocimiento unilateral y voluntario que genera un vínculo jurídico, sin necesidad de la preexistencia de un parentesco biológico. Entonces, es claro que la determinación del vínculo biológico o consanguíneo, entre ellos el de paternidad, no incide en los elementos estructurales del delito de omisión de prestación de alimentos.

11. En atención a lo expuesto, el conflicto jurídico a dilucidar estriba en determinar si los elementos de prueba aportados por el accionante acreditan su inocencia. Bien porque desacrediten la existencia del hecho histórico o su vinculación con el revisionista; o porque en mérito de alguna variación fáctica desvirtúen que dicho suceso guarde correspondencia con un delito previamente legislado, prohibido y sancionado.

12. Tal como se ha señalado en el primer fundamento de la presente sentencia, el accionante instó su absolución en el proceso que se le siguió por el delito de omisión a la asistencia familiar, en la modalidad de omisión de prestación de alimentos. En esa dirección, alegó que no es el padre biológico del niño Garet Mats Rojas Ávila y, por ende, en aplicación del artículo cuatrocientos quince del Código Civil, debe declararse exento de proveer una pensión alimenticia a favor del nombrado menor, por ser injusto. Para sustentar su petición, en calidad de pruebas nuevas, acompañó las señaladas en los apartados 1.1, 1.2, 1.3 y 1.4.

Al haberse invocado la causal de revisión prevista en el numeral cuatro, del artículo cuatrocientos treinta y nueve, del Código Procesal Penal, los hechos o medios de prueba deben poseer la capacidad de derrotar o anular la tesis incriminatoria que fue materia de análisis en el juicio originario, develando el error al que se arribó por desconocimiento de la nueva información, en cuyo supuesto la decisión de condena hubiese sido distinta. El profesor SAN MARTÍN sostiene: “Significa que los hechos en tanto elementos de prueba o los medios de prueba o, mejor dicho, medios de valoración […] anulen o eliminen el efecto incriminador de los que corren en la causa originaria […], por el desconocimiento de estos nuevos datos, cuya presencia hubieran cambiado el signo de las valoraciones y conclusiones judiciales”. Ello implica que los nuevos hechos o medios de prueba también deben cuestionar los elementos de la estructura típica del delito materia de condena, puesto que es el factum declarado como probado el que fue objeto de subsunción en el tipo penal correspondiente.

13. En cuanto a los datos aportados con las pruebas presentadas, se tiene que el informe sobre resultados de prueba de paternidad por ADN, elaborado por el Laboratorio BIOSYN-ADN6, acredita que el revisionista no es el padre biológico del menor Garet Mats Rojas Ávila. Por su parte, los resultados de la prueba de ADN elaborada por el Laboratorio BIOLINKS7, determina que el verdadero padre biológico del citado menor es Jhon Richard Aguirre Cano.

Estas pruebas científicas no son posteriores a la sentencia cuestionada. Por tal motivo, en la audiencia de revisión de sentencia se le preguntó al accionante sobre esta situación, pero no se obtuvo una respuesta concreta. Pese a ello, los mencionados informes presentan conclusiones científicas que excluyen cualquier aspecto subjetivo a interpretación. Son irrefutables y demuestran, sin atisbo de duda, que no existe vínculo biológico entre el ahora demandante y el menor de edad en referencia. Ello, incluso, releva de análisis probatorio, aunque de forma afirmativa, la declaración jurada de Andrea Leticia Ávila Sullca8, a través de la cual reconoce su error al imputar la paternidad al ahora demandante Eric Esmit Rojas Arca.

14. El revisionista también acompañó como nueva prueba el acta de audiencia de conciliación, fijación de puntos controvertidos y admisión de medios probatorios9, del dos de octubre de dos mil catorce, expedida en el proceso de anulabilidad de acto jurídico de reconocimiento de paternidad, que se tramita ante el Juzgado Mixto de Concepción, en el expediente signado con el número 40-2014-0-1504-JM-CI-01. Nótese que dicho documento también es precedente a la sentencia materia de cuestionamiento. No obstante, ante su ofrecimiento, mediante el auto admisorio de la demanda de revisión de sentencia, se ordenó que se recabe información del estado de dicho proceso, así como de las copias certificadas de la sentencia final.

15. De ese modo, se ha recibido copia de la sentencia civil del tres de abril de dos mil dieciocho10 posterior a la sentencia penal objeto de análisis— expedida por el Juzgado Mixto de la Provincia de Concepción, de la Corte Superior de Justicia de Junín, en el expediente signado con el número 40-2014-0-1504- JM-CI-01. Mediante ella se declaró fundada la demanda de anulabilidad de acto jurídico interpuesta por Eric Esmit Rojas Arca y ordenó anular el acta de nacimiento CUI N.º 89956656 de la Municipalidad de Concepción, correspondiente al menor Garet Mats Rojas Ávila. Adicionalmente, declaró la filiación judicial de paternidad extramatrimonial del referido menor y consideró como padre biológico a Jhon Richard Aguirre Cano. Esta sentencia fue declarada consentida, mediante resolución del ocho de mayo de dos mil dieciocho.

16. No obstante, los mencionados medios de prueba no tienen virtualidad probatoria suficiente para determinar la inocencia del accionante, en tanto que, pese a no ser el padre biológico del menor agraviado, el hecho por el que fue condenado sigue siendo objeto de subsunción típica en el delito de incumplimiento de obligación alimentaria, previsto en el artículo ciento cuarenta y nueve del Código Penal. Según ya se sustentó, su consumación no radica en el vínculo biológico con el acreedor alimentario, sino en el incumplimiento doloso de lo ordenado mediante una sentencia con carácter de cosa juzgada que fijó la prestación de alimentos. Para que dichos medios de prueba surtan efecto y acrediten su inocencia, deben haber tenido eficacia probatoria en el proceso civil que determinó la obligación alimentaria, cuya decisión no puede ser anulada en sus efectos en sede penal.

17. Si bien la sentencia de anulabilidad de acto jurídico se emitió en la vía civil, aquella tampoco anuló los efectos de la sentencia civil del dieciséis de setiembre dos mil trece, recaída en el expediente signado con el número 107- 2013-0-1504-JP-FC-01, que ordenó que el señor Eric Esmit Rojas Arca acuda con una pensión de alimentos a favor del menor Garet Mats Rojas Ávila, en la suma de ciento ochenta soles mensuales. Por consiguiente, la obligación alimentaria sigue vigente —en todo caso no se ha acreditado su extinción o anulación— y, si consideramos que sobre su omisión radican los elementos estructurales del delito de incumplimiento de obligación alimentaria, no se ha probado una variación del núcleo fáctico de imputación que acredite ni determine la absolución del accionante.

En efecto, para absolver la pretensión del accionante, aun cuando está definido judicialmente que no es el padre del agraviado, es pertinente hacer uso del principio de congruencia entre los hechos postulados por el representante del Ministerio Público, en el juicio originario, con el tipo penal por el que fue condenado. Entonces, como ya se ha explicado, los elementos típicos del artículo ciento cuarenta y nueve del Código Penal, siguen subsumiendo plenamente los hechos materia de condena. Ello le resta eficacia a las pruebas aportadas respecto a su capacidad de revertir la sentencia condenatoria cuestionada, la cual ha adquirido la calidad de cosa juzgada.

18. Desde otro ángulo y desde un enfoque diferente, podría alegarse que la demanda de revisión es una acción extraordinaria y excepcional al principio de intangibilidad de la cosa juzgada, que persigue la primacía de la justicia material sobre la seguridad jurídica plasmada en un fallo de condena firme lo que es cierto e indudable; y, en esa línea, que la sentencia condenatoria impuesta al accionante fue injusta y debe ser revocada o anulada, pues se declaró fundada la demanda de anulabilidad de acto jurídico interpuesta por Eric Esmit Rojas Arca y se ordenó anular el acta de nacimiento CUI N.º 89956656 de la Municipalidad de Concepción, sobre cuyo valor probatorio se sustentó la sentencia civil del dieciséis de setiembre de dos mil trece, la cual fijó la obligación alimentaria a favor del menor, que luego dio lugar a que se instaure proceso penal en contra del hoy revisionista.

19. Sobre ello, evidentemente la primera sentencia civil mencionada (sobre anulabilidad de acto jurídico) habría tenido incidencia en el resultado del proceso civil de alimentos que derivó en el proceso penal en el que se le condenó, pero ello no puede determinarse en esta vía procedimental principio de competencia. La declaración de nulidad o ineficacia de una sentencia de alimentos es una competencia reservada por ley al juez civil.

20. Es más, jurisprudencia de esta Alta Corte se ha pronunciado en similar línea de análisis. Por ejemplo, es pertinente citar la sentencia de revisión número 85-2016/HUANCAVELICA, del veintinueve de noviembre de dos mil diecisiete, emitida por la Sala Penal Permanente de la Corte Suprema, en cuyo fundamento 6.1 señaló: “Dicho documento [pericia de ADN] no excluye el reconocimiento formal declarado judicialmente respecto de prestar alimentos que dispuso el juzgado […] menos aún, la niega o dispone su cese. Que, además, no es esta instancia de la justicia penal, la competente para anular los efectos firmes de dicha resolución; es más, se constituiría una antinomia judicial si se exonera de responsabilidad penal al demandante […] al declarar sin valor la sentencia condenatoria materia de revisión, pese a que en la vía civil permanecería vigente la obligación alimentaria y el requerimiento que originó el proceso penal”.

Si bien en la citada demanda de revisión solo se presentaron los resultados de la prueba de ADN, lo cierto es que la argumentación de esta Alta Corte giró en torno a que dicha prueba no excluye el reconocimiento formal declarado judicialmente respecto de prestar alimentos —entiéndase como sentencia civil que determinó su obligación alimentaria—. Incluso, la Sala Suprema Penal añadió que no es competente para anular los efectos firmes de dicha resolución y que esta permanecería vigente en la vía civil, como también ocurre en el presente caso. Por ende, la pretensión del revisionista fue declarada infundada.

21. No cabe duda, entonces, de que este no es el escenario idóneo ni de ley para discutir el nacimiento de la fuente de la obligación alimentaria, cuyo análisis no solo está limitado a la preexistencia de un vínculo biológico, máxime si el acreedor alimentario –como sucede en autos– es un menor de edad.

22. Sobre el particular, este Tribunal Supremo, en su labor hermenéutica, debe asimilar las fuentes nacionales a las internacionales y, para el caso, es pertinente el principio de protección del interés superior del niño, niña y adolescentes, el cual presupone que sus derechos fundamentales tengan fuerza normativa superior al momento de legislarse una norma y en el acto de interpretación de esta.

En este caso, el derecho-deber alimentario del niño (agraviado), que ha sido reconocido en una sentencia judicial firme, está irradiado por el principio del interés superior del niño e investido de una fuerza normativa que lo convierte en “vértice de la interpretación”11 de sus derechos, al momento de tomar una decisión judicial. Además, su derecho a los alimentos se encuentra reconocido por sendos instrumentos internacionales y nacionales:

a) Declaración Universal de los Derechos Humanos, adoptada por la Asamblea General de las Naciones Unidas el diez de diciembre de mil novecientos cuarenta y ocho, que en su artículo veinticinco señala: “Toda persona tiene derecho a […] la salud y el bienestar, y en especial la alimentación, el vestido, la vivienda, la asistencia médica y a los servicios sociales necesarios”.

b) Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, adoptado por las Naciones Unidas mediante Resolución del dieciséis de diciembre de mil novecientos sesenta y seis, que en su artículo once señala: “Los Estados partes en el presente pacto reconocen el derecho de toda persona a un nivel de vida adecuado […] incluso alimentación, vestido y vivienda adecuados”.

c) Convención de los Derechos de los Niños de mil novecientos ochenta y nueve12, que en el numeral uno, del artículo veintisiete, prescribe: “Los Estados partes reconocen el derecho de todo niño a un nivel de vida adecuado para su desarrollo físico, mental, espiritual, moral y social”. Así, también, en el numeral dos, se prevé: “Los Estados partes tomarán todas las medidas apropiadas para asegurar el pago de la pensión alimenticia por parte de los padres u otras personas que tengan la responsabilidad financiera por el niño”.

d) Constitución Política del Perú, de cuyo artículo dos se establece que toda persona tiene derecho a: “La vida, a su identidad, a su integridad moral, psíquica y física y a su libre desarrollo y bienestar”. Además, el principio del interés superior del niño constituye contenido constitucional implícito del artículo cuatro de la Norma Fundamental en cuanto establece que: “La comunidad y el Estado protegen especialmente al niño, al adolescente […] Tal contenido fundamental es reconocido a su vez por la Convención sobre los Derechos del Niño13”.

22. Con base en las consideraciones anteriores, en este caso, antes de que se asuma que en sede penal puede absolverse al accionante, estando vigente la obligación alimentaria en la vía civil a favor de un menor de edad; es necesario recurrir al corpus iuris nacional y convencional mencionado, que prevé una protección reforzada de los derechos de los niños, niñas y adolescentes, como sujetos de derecho. Ello, porque entran en controversia, por un lado el derecho humano de alimentos fijado a favor del niño, por el juez competente mediante sentencia firme y con calidad de cosa juzgada, y por otro lado, la pretensión del demandante, quien considera injusta la sentencia penal cuestionada por no ser padre biológico del niño nombrado. Entonces, al momento de asumir la decisión correspondiente, se debe optar por proteger el citado derecho con mayor intensidad, en tanto la obligación alimentaria no ha sido revertida conforme a ley y sigue vigente.

De otro lado, tampoco puede asumirse como válida la posición de que aquí habría una aparente tensión de principios y derechos que tienen la misma jerarquía, universales, interdependientes y progresivos, como son: interés superior del niño, derecho de alimentos, seguridad jurídica y justicia material. Ello, porque en este conflicto jurídico está de por medio el derecho de alimentos de un niño, cuya obligación alimentaria a su favor sigue vigente y no existe una resolución judicial posterior que haya anulado o extinguido sus efectos; sobre cuyo incumplimiento se erige el delito de omisión de prestación de alimentos y cuyo hecho histórico sigue siendo objeto de subsunción típica y, por ende, de sanción penal, como se declaró mediante sentencia firme.

23. Distinta sería la situación del demandante si, en atención a la sentencia que declaró fundada la anulabilidad de acto jurídico de reconocimiento de paternidad, hubiese accionado ante el órgano jurisdiccional que estableció su obligación alimentaria —o ante juez competente— para anularla o extinguirla, y la decisión le hubiese sido favorable. El razonamiento de este Tribunal en dicho supuesto sería diferente, pues es el juez civil quien puede y debe ponderar la obligación alimentaria, y luego decidir. Resolver en sentido contrario, implicaría desviar las competencias asignadas constitucional y legalmente a los órganos jurisdiccionales, lo que afectaría derechos fundamentales como el debido proceso, contradicción, correcta valoración de la prueba, entre otros.

24. En todo caso, el revisionista puede hacer uso de los mecanismos legales que considere pertinentes respecto a la sentencia civil que determinó su obligación alimentaria. Su pretensión absolutoria en sede penal no está cerrada, pues en esa lógica el artículo cuatrocientos cuarenta y cinco del Código Procesal Penal prescribe que la denegatoria de la revisión, o la ulterior sentencia confirmatoria de la anterior, no impide una nueva demanda de revisión, siempre que se funde en otros hechos o pruebas.

25. En suma, este Tribunal Supremo no puede amparar la pretensión del demandante por la causal de revisión vinculada al aporte de pruebas nuevas, pues estas no tienen la entidad suficiente para revertir la sentencia penal condenatoria firme debatida. No se acreditó la inocencia del revisionista respecto al delito de omisión de prestación de alimentos, en razón de que la mencionada obligación, dispuesta judicialmente en la vía civil y que dio origen a que se instaure proceso penal, aún sigue vigente. No se ha ordenado pues, la anulación del deber fijado mediante mandato del juez competente, en la forma y el modo que requiere la Constitución y la ley; y a ello se añade que este caso está permeado por el principio del interés superior del niño.

DECISIÓN

Por estos fundamentos, las juezas supremas de la Sala Penal Transitoria de la Corte Suprema de Justicia de la República, Iris Estela Pacheco Huancas y Consuelo Cecilia Aquize Díaz, acordaron:

I. Por minoría, DECLARAR INFUNDADA la demanda de revisión planteada por el sentenciado ERIC ESMIT ROJAS ARCA, contra la sentencia del trece de abril de dos mil dieciséis, emitida por el Juzgado Penal Liquidador del Módulo Básico de Justicia de Concepción, de la Corte Superior de Justicia de Junín, que lo condenó como autor del delito contra la familia, en la modalidad de omisión de prestación de alimentos, en agravio de Garet Mats Rojas Ávila, a un año de pena privativa de la libertad efectiva y fijó en doscientos soles el monto que, por concepto de reparación civil, deberá abonar a favor de la parte agraviada.

II. MANDAR que la presente sentencia de revisión se lea en audiencia pública y, acto seguido, se notifique a todas las partes apersonadas ante esta instancia. Cumplidos estos trámites, se devuelva el expediente principal al órgano jurisdiccional de origen y se archive el cuaderno de revisión en esta Corte Suprema.

PACHECO HUANCAS; AQUIZE DÍAZ


1 Cfr. folios uno a seis del cuadernillo formado en esta instancia (en adelante, el Cuadernillo).
2 Cfr. folios ciento dieciocho a ciento veinticuatro del expediente acompañado (en adelante, el Expediente).
3 El colegiado supremo refiere al menor por sus iniciales con la finalidad de salvaguardar su intimidad de cara al futuro.
4 Mediante auto de vista del trece de octubre de dos mil dieciséis, emitido por la Primera Sala Penal Liquidadora de la Corte Superior de Justicia de Junín, se declaró procedente la solicitud del sentenciado y se convirtió la pena privativa de la libertad impuesta a veinticinco días-multa (Cfr. folios doscientos cuatro a doscientos ocho del Expediente).
5 A través del recibo de pago de dieciséis de mayo de dos mil dieciséis, el sentenciado cumplió con cancelar la reparación civil (Cfr. folio diecinueve del Cuadernillo).
6 Cfr. folios doce y trece del Cuadernillo.
7 Cfr. folio catorce del Cuadernillo.
8 Cfr. folios quince y dieciséis del Cuadernillo.
9 Cfr. folio diecisiete (y vuelta) del Cuadernillo.

10 Cfr. folio dieciocho del Cuadernillo.
11 Cfr. folio diecinueve del Cuadernillo.
12 Cfr. folios veintiséis a veintinueve del Cuadernillo.
13 Cfr. folio ochenta del Cuadernillo.
14 Consta en soporte digital.

15 Cabe señalar que a través del escrito de veinticinco de setiembre de dos mil diecinueve, el señor fiscal supremo don Pablo Sánchez Velarde solicitaba la infundabilidad de la demanda (Cfr. folios sesenta y nueve a setenta y cuatro del Cuadernillo); sin embargo, bajo el principio de inmediación y oralidad que rigen al CPP, deberá primar el criterio del señor fiscal que acudió a la audiencia.
16 ROXÍN, Claus. Derecho procesal penal. Buenos Aires: Editorial El Puerto, 2003, p. 492.
17 RODRÍGUEZ CH., Orlando A. Casación y revisión penal, evolución y garantismo. Bogotá: Temis, 2008, p. 393.
18 PEÑA CABRERA FREYRE, Alonso Raúl. Exégesis del Código Procesal Penal. Tomo II. Lima: Editorial Rodhas, 2009, p. 580.
19 Cfr. folios ciento nueve y ciento diez del Expediente.
20 Cfr. folio ciento ocho del Expediente.
21 Cfr. folios cuarenta y cuatro a cuarenta y ocho del Cuadernillo.
22 Cfr. folio cuarenta y nueve del Cuadernillo.
23 Se desconoce si se inició un proceso de alimentos en contra del padre biológico o si este asumió la obligación alimentaria voluntariamente en favor del menor, quien no puede ser desprotegido.
24 Cfr. folios dieciséis a veinte del Expediente.
25 El ponente estima que el menor tiene derecho a su verdadero nombre (que incluye los correspondientes apellidos, lo que da lugar a su identidad, que a su vez integra su “estado civil” para todos los efectos consiguientes inscripciones púbicas, estudios, etc.–, que no debe ser ni permanecer alterada ni oculta); a una familia (que debe ser la que le corresponde para todos los efectos consiguientes, incluido el sucesorio); al derecho alimentario (que debe ser otorgado por los llamados a proporcionarlos conforme al CC y el Código de los Niños, Niñas, y los y las Adolescentes).
Por otro lado, de persistir el actual estado de la situación, se aprecia el probable asentamiento de una distorsión en la percepción del menor, respecto a la familia a cuya estirpe por línea paterna pertenece, materia que no corresponde ser atendida por este Colegiado.
26 La aplicación ciega de la decisión previa emitida en otro caso parcialmente similar, puede generar una injusticia material en el asunto submateria.
De ello se deriva que no solo es posible apartarse, sino que constituye un deber judicial el hacerlo, motivadamente, para pronunciar derecho, dadas las particularidades que connotan la disparidad.
27 El ponente estima que la liquidación de la pensión alimentaria tuvo su origen en la sentencia civil de alimentos, la que a su vez se originó en el reconocimiento de paternidad.
Ha decaído el reconocimiento de paternidad, por tanto la sentencia en el proceso de alimentos carece de eficacia y lo propio con la liquidación derivada, por lo tanto el proceso penal se quedó sin fuente de origen, y en todo caso el accionante en esta revisión tendría que ser demandado como tercero obligado a prestar alimentos en favor del
menor, pero en calidad de alimentista.

La sentencia penal ha quedado sin sustento o fuente legítima.
En todo caso, se requiere una evaluación global con posibilidad de impugnación.


1 Mediante auto de vista del trece de octubre de dos mil dieciséis (página 204), emitido por la Primera Sala Penal Liquidadora de la Corte Superior de Justicia de Junín, se declaró procedente la solicitud del sentenciado Eric Esmit Rojas Arca y se convirtió la pena privativa de la libertad impuesta, por la pena de veinticinco días multa, a razón del veinticinco por ciento de su ingreso diario.
2 Cfr. páginas 1 y siguientes del cuadernillo formado en esta Corte Suprema.
3 Cfr. páginas 26 y siguientes del cuadernillo formado en esta Corte Suprema.
4 Cfr. página 80 del cuadernillo formado en esta Corte Suprema.
5 Expediente N.º 09332-2006-PA/TC caso Shols Pérez. Fj. 14.
6 Cfr. páginas 12 y 13, del cuadernillo formado en esta Corte Suprema.
7 Cfr. páginas 14 y ss. del cuadernillo formado en esta Corte Suprema.
8 Cfr. página 15 del cuadernillo formado en esta Corte Suprema.
9 Cfr. páginas 17 y ss. del cuadernillo formado en esta Corte Suprema.
10 Cfr. páginas 44 y ss. del cuadernillo formado en esta Corte Suprema.
11 Expediente N.º 02079-2009-PHC/TC, fj. 13.
12 Aprobada por la Asamblea General de las Naciones Unidas el 20 de noviembre de 1989 y ratificada por el Estado peruano mediante Resolución Legislativa N.º 25278 del 3 de agosto de 1990, publicada en el diario oficial El Peruano el 4 de agosto de 1990.
13 Expediente N.º 0232-2008-PA/TC, del 9 de mayo de 2011.

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