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CORTE SUPREMA DE JUSTICIA DE LA REPÚBLICA

SALA PENAL TRANSITORIA
CASACIÓN N° 645-2017
PASCO

FUNDADO EL RECURSO DE CASACIÓN

Las sentencias han incurrido en defectos que menoscaban el derecho de motivación al que se refiere el numeral 5, del artículo 139, de la Constitución Política, por lo siguiente:

1. Se han apartado de la prueba científica, Protocolo de Necropsia N° 0050-2010, no solo con argumentos incompletos, sino expresando razones técnicas sin indicar la fuente, lo que no permite efectuar un control del razonamiento empleado. La valoración de la prueba científica no puede fundamentarse en criterios personales, sesgados e indiferentes a las ciencias en que se fundamentan.

2. Lo anterior conllevó a que la sentencia de vista infrinja el principio de congruencia, al identificar como causa de muerte un hecho que no fue considerado en la acusación (esta fue por envenenamiento y la sentencia de vista, con el fin de subsanar la omisión de primera instancia, concluyó con poca claridad que se trató de asfixia).

3. Las sentencias también afectaron el derecho de los familiares de la víctima a conocer las causas exactas que produjeron la muerte.

SENTENCIA DE CASACIÓN

Lima, veinticinco de noviembre de dos mil veinte.

VISTO: el recurso de casación excepcional interpuesto por el procesado Dennis Alexander Sifuentes Bernal contra la sentencia de vista del diez de mayo de dos mil diecisiete (folio 728), que confirmó la sentencia del veintisiete de diciembre de dos mil dieciséis (folio 542) que lo condenó como autor del delito contra la vida, el cuerpo y la salud en la modalidad de homicidio simple, en perjuicio de Judith Soraida López Rivera, y le impuso doce años de pena privativa de libertad y cien mil soles por concepto de reparación civil.

Intervino como ponente la jueza suprema AQUIZE DÍAZ.

PARTE EXPOSITIVA

PRIMERO. HECHOS OBJETO DEL PROCESO PENAL

Conforme la acusación fiscal, los hechos objeto del juzgamiento y condena del recurrente fueron los siguientes:

El dos de septiembre de dos mil diez, la agraviada que en vida fue Judith Soraida López Rivera, quien trabajaba en el distrito de Yanacancha-Diresa, llegó a la casa de sus padres ubicada en la Estancia Chirrir, caserío de Isaycocha, del distrito de Chacayán, de la Provincia de Daniel Alcides Carrión, departamento de Pasco, a las 11:00 horas.

Al día siguiente, viernes tres de septiembre de dos mil diez, a las 12:45 horas, salió de la estancia con dirección a la carretera Goylllarisquizga, pero en el paradero conocido como López apareció un auto de color azulino, modelo Yaris, que venía de la ciudad de Cerro de Pasco, al cual subió. El vehículo volvió a la ciudad de Cerro de Pasco. Esa fue la última vez que se le vio con vida.

Cabe precisar que la agraviada mantuvo una relación sentimental con el ahora procesado Dennis Alexander Sifuentes Bernal, producto de la cual resultó embarazada, pero el acusado no quiso asumir la responsabilidad y por este motivo arremetió contra ella.

De acuerdo a los elementos de convicción, se evidencia que el miércoles ocho de septiembre de dos mil diez, testigos advirtieron que cuatro personas cargaban un costal grande de color azul en el paradero denominado López, y entre ellos reconocieron plenamente al ahora acusado Dennis Alexander Sifuentes Bernal quien iba acompañado de una mujer, por lo que, se deduce que la agraviada fue agredida en otro lugar y posteriormente su cuerpo fue arrojado en el lugar denominado “Callejón Ragra” (parte superior), a unos quinientos metros del paradero antes mencionado.

La víctima fue encontrada el viernes diez de septiembre de dos mil diez en estado de putrefacción, presentaba excoriaciones en el cuello y en la región dorsal lado derecho e izquierdo. Se pudo observar a un costado del cadáver una botella de “Tuvalu” (nombre de la marca de un refresco), que el imputado y las tres personas que lo acompañaron (quienes no han sido individualizadas) habrían dejado en el lugar para hacer creer que la agraviada se suicidó (tesis plantada por el imputado); sin embargo, debe tenerse en cuenta que los resultados de los estudios toxicológicos practicados a la botella y a los órganos de la agraviada (riñón, cerebro, estomago, paredes gástricas), dieron negativo.

Las circunstancias en las que el cuerpo fue hallado con los brazos extendidos y con la chompa y la casaca levantadas, evidencian que fue arrastrada por una tercera persona hasta el lugar, por lo que la tesis del suicidio fue remplazada por una de homicidio, implicando directamente a su expareja sentimental Dennis Alexander Sifuentes Bernal.

Ha sostenido el Ministerio Público en su acusación que se encuentra acreditado que la agraviada falleció por envenenamiento, y que el móvil del crimen fue porque el imputado no quería asumir su responsabilidad de padre de la criatura que la agraviada llevaba en su vientre. Así, sostiene como tesis de imputación que el imputado viajó a la ciudad de Huánuco con la agraviada, con la finalidad de convencerla que se practique un aborto. Al recibir la negativa de esta, el imputado tomó la decisión de hacerle ingerir una sustancia tóxica (veneno), lo que sucedió entre los días cuatro, cinco y seis de setiembre de dos mil diez, motivo que le impulsó a comprar la papeleta de habilitación a efectos de utilizar como coartada en una posible responsabilidad penal. Luego de que la agraviada falleció, con la finalidad de ocultar el móvil por el cual la victimó, recurrió a la ayuda de una tercera persona (con conocimientos de obstetricia y aún no identificada), para retirar el feto del cuerpo de la agraviada, a efectos de ocultar el móvil del crimen. Una vez consumado el ilícito penal, el imputado que conducía un vehículo particular (el de su madre), trasladó el cuerpo de la agraviada al lugar denominado Callejón Ragra, donde fue encontrado.

SEGUNDO. ANTECEDENTES PROCESALES

2.1. En el marco de la investigación por el delito de homicidio simple seguido contra Dennis Alexander Sifuentes Bernal, culminada la etapa preparatoria el once de julio de dos mil catorce, el representante del Ministerio Público presentó el requerimiento de acusación (folio 2), argumentando –en síntesis– que el imputado realizó actos que acreditarían que victimó a la agraviada motivado por su disconformidad con el embarazo de esta, ya que no quería asumir dicha responsabilidad. Por este motivo, solicitó quince años de pena privativa de libertad efectiva y setenta mil soles por concepto de reparación civil. El padre de la agraviada se constituyó en actor civil y solicitó una reparación civil de seiscientos mil soles por daño emergente, lucro cesante, daño moral y daño a la persona.

2.2. El treinta de junio de dos mil quince tuvo oportunidad la audiencia de control de acusación, acto en el cual el juzgado declaró infundada la excepción de improcedencia de la acción postulada por la defensa. Mediante resolución de la misma fecha se admitió a trámite la acusación fiscal y los medios de prueba ofrecidos por el mismo.

2.3. El juicio oral se desarrolló hasta la lectura de la sentencia, conforme se precisan en las actas y audios de su propósito.

2.4. En primera instancia, el veintisiete de diciembre de dos mil dieciséis el juez penal emitió y dio lectura a la sentencia que condenó a Dennis Alexander Sifuentes Bernal como autor del delito de homicidio simple, descrito en el artículo 106 del Código Penal, en perjuicio de Judith Soraida López Rivera, en consecuencia, le impuso doce años de pena privativa de libertad efectiva y fijó en cien mil soles el monto por concepto de reparación civil (folio 542 del cuaderno de debate).

2.5. La sentencia condenatoria antes mencionada fue impugnada por el sentenciado Dennis Alexander Sifuentes Bernal el tres de enero de dos mil diecisiete (folio 609 del cuaderno de debate).

2.6. Llevada a cabo la audiencia de apelación, el diez de mayo del mismo año el Colegiado Superior emitió sentencia de vista, a través de la cual decidió confirmar en todos sus extremos la sentencia de primera instancia que condenó a Dennis Alexander Sifuentes Bernal (folio 722 del cuaderno de debate).

2.7. Esta decisión fue impugnada, vía recurso de casación excepcional, por la defensa técnica de Dennis Alexander Sifuentes Bernal para desarrollo de doctrina jurisprudencial, y como pretensión concreta solicita se declare nula la sentencia de vista (folio 779 del cuaderno de debate).

TERCERO. DELIMITACIÓN DEL PRONUNCIAMIENTO

3.1. El recurso de casación interpuesto por Dennis Alexander Sifuentes Bernal fue calificado el doce de abril de dos mil dieciocho (folio 99 del cuadernillo formado en esta instancia), y se declaró bien concedido al amparo del numeral 4, del artículo 429, del Código Procesal Penal, por ilogicidad en la motivación, y para el desarrollo de doctrina jurisprudencial de los siguientes temas:

Tema 1. La necesidad de establecer la causa de la muerte en los procesos donde se juzga la presunta comisión del delito de homicidio, sobre la base de pruebas científicas.

Tema 2. El razonamiento probatorio o inferencia de la prueba por indicios necesariamente debe llevar al juzgador al grado de conocimiento certero para determinar la responsabilidad penal del procesado.

3.2. El veintitrés de octubre de dos mil veinte se llevó a cabo la audiencia de casación, oportunidad en la cual la defensa técnica de Dennis Alexander Sifuentes Bernal sustentó la casación interpuesta reiterando su pretensión que se establezca como doctrina jurisprudencial que el razonamiento probatorio o inferencia probatoria de la prueba por indicios para determinar la responsabilidad penal, necesariamente deba llevar al juzgador al grado de conocimiento a nivel de certeza y no solamente a la posibilidad o probabilidad, advirtiendo la necesidad de determinar la causa y la forma de muerte sobre la base científica.

3.3. Al culminar la audiencia se realizó la deliberación de la causa en sesión reservada, luego, se efectuó la votación en la que se obtuvieron los votos necesarios para la emisión de la presente sentencia de casación, cuya lectura ha sido programada para el día de la fecha.

PARTE CONSIDERATIVA

CUARTO. DEBER DE MOTIVACIÓN DE LAS RESOLUCIONES JUDICIALES

4.1. Para el desarrollo de los dos temas admitidos, es necesario partir por afirmar que la legitimidad de toda decisión judicial radica en la motivación de esta, es decir, la expresión del razonamiento judicial sobre los hechos materia del proceso, los medios probatorios actuados y el sustento jurídico que llevan al juez a emitir una decisión.

4.2. El Tribunal Constitucional en la sentencia N.° 458-2011/HC-TC señala que:

“El derecho a que las resoluciones judiciales sean razonadas garantiza que la decisión adoptada no sea fruto de la arbitrariedad, del voluntarismo judicial o acaso consecuencia de un proceso deductivo irracional, absurdo o manifiestamente irrazonable”.1

4.3. En la misma línea de razonamiento, esta Corte Suprema en la Casación N.° 975-2016/Lambayeque, señala que:

“La finalidad de la motivación consiste en hacer conocer las razones, con apoyo en actos de prueba, que justifican la decisión adoptada, quedando así de manifiesto que no se actuó con arbitrariedad. La motivación ha de tener la extensión e intensidad adecuada para cubrir la esencial finalidad de la misma, que el Juez explique suficientemente el proceso intelectivo que le condujo a decidir de una determinada manera. (…). Es suficiente a estos efectos que el órgano jurisdiccional exteriorice su proceso valorativo en términos que permitan conocer sus líneas generales que fundamentan su decisión”.2

4.4. En cuanto a los vicios en la motivación postulados por la parte impugnante, se tiene en consideración que el Tribunal Constitucional en la sentencia recaída en el expediente N.° 00728-2008-HC/TC, caso Giuliana Llamoja Hilares, ha precisado que se vulnera el deber de motivación ante la:

a) Inexistencia de motivación o motivación aparente; b) Falta de motivación interna del razonamiento; c) Deficiencias en la motivación externa; justificación de las premisas; d) La motivación insuficiente; y e) La motivación sustancialmente incongruente3.

4.5. Como se ha señalado en el tercer considerando de la parte expositiva, son dos los temas que han sido admitidos para desarrollo en la presente casación, el primero vinculado a la causa de la muerte en los delitos de homicidio y su determinación con base en prueba científica; y el segundo, referido a la prueba indiciaria y la determinación de la responsabilidad penal del procesado; los cuales abordaremos a continuación.

QUINTO. EL DELITO DE HOMICIDIO. EL DERECHO A LA VIDA Y LA NECESIDAD DE ESTABLECER LA CAUSA DE LA MUERTE, ASÍ COMO LA DETERMINACIÓN DE ESTA CON BASE EN LA PRUEBA CIENTÍFICA (PRIMER TEMA)

5.1. EL DELITO DE HOMICIDIO

5.1.1. El delito de homicidio está regulado en el artículo 106 del Código Penal, cuyo texto precisa: El que mata a otro será reprimido con una pena privativa de la libertad no menor de seis ni mayor de veinte años.

5.1.2. El artículo en mención constituye el tipo básico de catálogo de delitos contra la vida y regula la sanción de aquellos que dolosamente se determinan a atentar u ocasionar la muerte de otra persona, sea mediante acción u omisión.

5.1.3. A efectos del caso que nos ocupa, es relevante lo señalado por Villavicencio Terreros, quien al explicar la imputación objetiva del delito, señala que no es suficiente la simple comprobación del nexo de causalidad entre la muerte y la conducta, sino que es de rigor establecer que el resultado “muerte” sea jurídicamente imputable a la conducta del agente. También reconoce que es preciso aclarar el nexo de causalidad (conditio sine qua non), lo que se verifica a través de los peritajes específicos.4

5.2. EL DERECHO A LA VIDA Y EL DERECHO A LA VERDAD

5.2.1. El derecho a la vida es el máximo exponente de la constitucionalidad de un país porque solo a través de ella se reconocen otros derechos fundamentales. Está establecido en el numeral 1, del artículo 2, de la Constitución y, como precisa Landa Arroyo, tiene doble contenido básico: el derecho a tener y vivir una vida en condiciones dignas y el derecho a no ser privado arbitrariamente de ella.5

5.2.2. En delitos graves como el homicidio, emerge el derecho a la verdad como uno de relevancia transversal y que en los términos de la Corte Interamericana de Derechos Humanos6, consiste en lo siguiente:

En primer lugar, se reconoce el derecho de las víctimas y sus familiares a conocer la verdad con respecto a los hechos que dieron lugar a graves violaciones de los derechos humanos, así como el derecho a conocer la identidad de quienes participaron en ellos. Ello implica que el derecho a la verdad acarrea la obligación de los Estados de esclarecer, investigar, juzgar y sancionar a las personas responsables de los casos de graves violaciones de derechos humanos, así como, dependiendo de las circunstancias de cada caso, garantizar el acceso a la información sobre graves violaciones de derechos humanos que se encuentran en instalaciones y archivos estatales.

5.2.3. De lo anterior deriva la exigencia que en etapas incipientes de la investigación de naturaleza penal, y con mucha más razón dentro del proceso instaurado, se esclarezcan las circunstancias que determinaron la muerte de una persona. La ausencia de esclarecimiento podrá acarrear responsabilidad funcional de aquellos que se encargan de las investigaciones o el juzgamiento de un asunto relativo a la privación del derecho a la vida.

5.3. LA CAUSA DE MUERTE COMO FACTOR DE ATRIBUCIÓN DE RESPONSABILIDAD EN EL HOMICIDIO

5.3.1. El análisis sistemático del delito obliga a determinar que toda acción u omisión sea sometida a los criterios de análisis de la teoría general aceptada. En ese entendido, serán considerados delitos solo los comportamientos típicos, antijurídicos y culpables.

5.3.2. Aun cuando el derecho penal contemporáneo haya dejado de lado el causalismo como criterio de atribución de responsabilidad, es innegable que este es fundamento de base en el análisis de atribución de responsabilidad penal. Los hechos que son objeto de investigación y eventual acusación tienen un fundamento que reposa en la causalidad como fenómeno naturalístico.

5.3.3. La presente sentencia casatoria obedece al interés de definir la relevancia de la prueba científica al momento de analizar la responsabilidad penal de una persona a quien se le acusa de homicidio, esto debido a que solo teniendo certeza de que la muerte obedeció a una acción u omisión materializada por un tercero, será sostenible la imputación.

5.3.4. En líneas generales, cuando se produce la muerte de una persona, es usual recurrir a la criminalística cuando se trata de analizar las circunstancias en las cuales se descubre un cuerpo. A partir de los conocimientos que aporta esta ciencia se tendrá información sobre la escena del crimen, lo cual contempla información relativa al hallazgo, así como los elementos adyacentes relevantes. Se trata de información que eventualmente permitirá descartar o afirmar que en el lugar en donde se encontró el cuerpo es donde en realidad se ejecutó el delito. En este ámbito destacan documentos como el de hallazgo, levantamiento del cuerpo, restos de objetos que pudieron ser empleados para la comisión del delito, etc.

5.3.5. No obstante, lo anterior no aclara las razones de la muerte, ya que lo relevante en este caso serán las conclusiones de un médico forense, el cual se encargará de realizar un examen del cadáver y ordenará la realización de otros exámenes (entre los que pueden destacar los de patología y toxicología), con la finalidad de identificar las causas de la muerte, lo que en medicina forense, según Luna Maldonado, se conoce como diagnóstico de muerte cierta7, y que ejemplifica en los siguientes términos:

La muerte es un fenómeno biológico que es muy variable, como proceso que se desarrolla de forma individualizada en cada ser vivo y está ligado de manera inexorable al proceso causal que la produce. No es lo mismo una destrucción traumática del sistema nervioso central por un disparo de arma de fuego que un coma tóxico por depresores de los centros nerviosos superiores.

5.3.6. Lo expuesto permitirá tener certeza de aquello que produjo la muerte, descartando un proceso natural de uno iniciado por la acción de un tercero (esto ratifica la relevancia del derecho a la verdad).

5.4. LA PRUEBA CIENTÍFICA Y SU VALORACIÓN EN EL PROCESO PENAL

5.4.1. En la solución de un caso penal es usual recurrir a ciencias auxiliares, en tanto estas, por sus alcances científicos, pueden aclarar aspectos sobre los cuales los jueces tienen conocimientos limitados. De allí que la solución de un hecho no se agote en el derecho procesal penal, destacando con ello su interdisciplinariedad.

5.4.2. Esta Corte Suprema reconoce el valor de los conocimientos científicos y en ese sentido ha emitido diversos pronunciamientos, entre los que destacamos:

a. El Acuerdo Plenario N.° 2-2007/CJ-116: sobre el valor probatorio de la pericia no ratificada, donde se reconoce el carácter complejo de este tipo de documentos (pericias)8.

b. El Acuerdo Plenario N.° 1-2009/CJ-116: rondas campesinas y derecho penal, reconociendo en la antropología una ciencia válida para resolver aspectos de orden cultural9.

c. También son fundamentales en la identificación de aspectos relacionados a los ataques de naturaleza sexual, como lo reconoce el Acuerdo Plenario N.° 1-2011/CJ-116: apreciación de la prueba en los delitos contra la libertad sexual. Relevante porque reconoce la importancia no solo de las apreciaciones médico legales sobre integridad sexual, sino también la afectación emocional que pueda presentar la víctima, ergo, la trascendencia del examen de salud emocional reflejada en la pericia psicológica10.

d. En esa línea, también el Acuerdo Plenario N.° 1-2015/CJ-116: sobre la aplicación del artículo 15 del Código Penal y los procesos interculturales por delitos de violación de niñas y adolescentes; relevante en la medida que reitera la importancia de los estudios antropológicos11.

e. Por último, el Acuerdo Plenario N.° 4-2015/CJ-116: valoración de la prueba pericial en los delitos de violación sexual. Este es de especial relevancia -a efectos del caso objeto de análisis- en la medida que enfatiza en las características de todo conocimiento científico válido:

a) La controlabilidad y falsabilidad de la teoría científica, o de la técnica en que se fundamenta la prueba, lo que implica que la teoría haya sido probada de forma empírica, no solo dentro de un laboratorio.

b) El porcentaje de error conocido o potencial, así como el cumplimiento de los estándares correspondientes a la prueba empleada.

c) La publicación en revistas sometidas al control de otros expertos de la teoría o la técnica en cuestión, lo que permite su control y revisión por otros expertos.

d) La existencia de un consenso general de la comunidad científica interesada.12

5.4.3. Los criterios sobre validez del conocimiento científico que se precisan provienen del common law, como lo señala Vásquez Rojas, son relevantes las sentencias Frye v. United States de 1923, en la medida que establece como criterio “la aceptación general de la comunidad científica relevante”; así como, la sentencia emitida en el caso Daubert v. Merrell Dow., Inc., de 1993, que definió los criterios de “fiabilidad probatoria”.13

5.4.4. Ahora bien, Vásquez Rojas precisa, además, que existe un problema al trasplantar esos criterios de la etapa de admisión (para la cual fueron concebidos, dadas las características del sistema estadounidense) a la etapa de valoración propiamente dicha. Así, los criterios Daubert pueden brindarnos información sobre la validez/fiabilidad del método o técnica utilizado por el perito, pero no dicen nada sobre cómo el perito en un caso concreto realizó su trabajo. Un perito puede utilizar métodos que son válidos y fiables y, aun así, equivocarse o cometer muy distintos tipos de errores en el caso concreto. Por ello, para valorar una prueba pericial se necesita información sobre ambas cuestiones:

i) Sobre la validez y fiabilidad del método o técnica con independencia al caso concreto; y, ii) Sobre cuán bien ha hecho su trabajo un perito en el caso concreto. Pero antes de eso hay que conocer y determinar que estos tienen las credenciales necesarias para peritar en el caso concreto.

5.4.5. El Acuerdo Plenario N.° 4-2015/CIJ-116 destaca las dos notas características del perito: i) imparcialidad y ii) fiabilidad, que depende de la apreciación de su dictamen, de las ulteriores explicaciones en el acto oral y que se basa a su vez en razones de formación y cualificación profesional [conforme: STSE de 5 de marzo de 2010]14. El Acuerdo Plenario antes citado señala que:

“[…] el juez no puede “descalificar” el dictamen pericial desde el punto de vista científico, técnico, artístico ni modificar las conclusiones del mismo fundándose en sus conocimientos personales. En consecuencia, el juez deberá fundamentar coherentemente tanto la aceptación como el rechazo del dictamen, observando para ello las reglas que gobiernan el pensamiento humano; lo que generará, asimismo, la posibilidad de un control adecuado de sus decisiones. (…) Se reconoce al órgano jurisdiccional la facultad de realizar la conjunta valoración de la prueba, que permite estimar eventualmente que la verdad del hecho no es la que aparece expuesta por la prueba pericial sino la que ofrecen otros medios probatorios. Igual pauta metodológica tendrá lugar cuando el juez razonablemente discrepe de todo o de parte del contenido pericial [STSE 1/1997, de 28 de octubre]. Sin embargo, es igualmente plausible que si el juez se aparta de la pericia sin razones que lo expliquen y justifiquen, se estará ante un razonamiento contrario a las reglas de la racionalidad”.15

Siendo ello así, resulta trascendental tanto en la admisión como en el rechazo de las opiniones de los expertos, la fundamentación o la expresión de las razones de una u otra decisión, proceder en contrario convierte la decisión judicial en una manifestación de arbitrariedad, arrogancia y desdén, que no pueden ser admitidas.

5.4.6. Así, la valoración de la prueba pericial es un paso crucial en el proceso penal, pues si bien queda fuera de toda duda que el Juez no se encuentra vinculado indisolublemente a las opiniones periciales, admitir lo contrario importaría una renuncia a las funciones que le son propias del juzgador o un traslado del poder de decisión al perito; sin embargo, tampoco resulta admisible la adopción de una posición arbitraria sosteniendo que el juez es perito de peritos, y en tal virtud desestimar las opiniones de expertos fundándose en sus conocimientos personales.

5.4.7. Lo que pretendemos es hacer notar que el juez, aun cuando es soberano de la prueba, debe tener en claro que los conocimientos científicos aportados por otras ciencias no pueden ser valorados de manera superficial o desestimadas con argumentos personales sin fundamentos técnico.

SEXTO. LAS EXIGENCIAS DE LA PRUEBA POR INDICIOS PARA DETERMINAR LA RESPONSABILIDAD PENAL (SEGUNDO TEMA)

6.1. Como todo delito, el homicidio también puede ser cometido en la clandestinidad, en un escenario en el que la materialización del dolo puede relevar la presencia de todo testigo privilegiado o directo. Cuando ello sucede y no es posible contar con medios probatorios que permitan identificar no solo la escena del crimen, sino también la identidad del autor material de este, los indicios constituyen un mecanismo idóneo para la obtención de la verdad en el contexto del suceso histórico postulado por la Fiscalía.

6.2. En materia probatoria los hechos se prueban de dos formas: a través de la prueba directa (corroborada periféricamente) y, ante la ausencia de esta, por indicios, a través del método probatorio indiciario, el cual, como sostiene Miranda Estrampes “[…] responde a una sistemática y estructura […] de cuyo cumplimiento estricto depende su propia validez y eficacia probatoria”16.

6.3. La forma en que se concibe este método evidencia un nivel de exigencia superior al de la prueba directa. A través del Recurso de Nulidad N.° 1912- 2005/Lima17, esta Corte Suprema validó su aplicación en la probanza de un determinado hecho; asimismo, estableció exigencias para validar su eficacia probatoria. Destaca su acreditación (el indicio debe estar probado), pluralidad (excepcionalmente únicos pero con solvencia acreditativa), concomitantes al hecho que se pretende probar e interrelacionados entre sí, identificándose su implicancia débil o fuerte en relación con el hecho objeto de prueba.

6.4. Aunado a lo anterior, consideramos pertinente emplear los criterios de temporalidad y clasificación propuestos por García Cavero: identificar los indicios en oportunidad antecedente, concomitante y subsecuente, en relación con el hecho objeto de prueba; asimismo, desde su materialización y la posición del agente, como indicios del delito en acto y del delito en potencia, respectivamente18. En cuanto al delito en potencia, su relevancia será menor respecto del delito en acto, puesto que se fundamenta en la capacidad del agente para planificar y ejecutar conductas delictivas (Derecho Penal de autor); mientras que el delito en acto es compatible con el principio de culpabilidad en los términos del artículo VII, del Título Preliminar, del Código Penal (Derecho Penal de acto). Ello no descarta que el primero actúe corroborando al segundo; pero de ninguna manera puede fundar responsabilidad penal.

6.5. En el contexto anterior, cumpliendo con las exigencias propias de su naturaleza y los niveles señalados (descartados los contraindicios que puedan presentarse), el juzgador podrá identificar diversos indicios con capacidad corroborativa del hecho propuesto por el Ministerio Público y que son objeto de debate, cumpliéndose, de esta manera, no solo con la garantía de responsabilidad penal sobre la base de prueba de cargo, sino también el derecho a la motivación, declarada en el numeral 5, del artículo 139, de la Constitución Política.

6.6. Para la aplicación de los criterios antes expuestos, resulta fundamental contar con una acusación suficiente, pues solo esta permitirá identificar los hechos objeto de proceso penal y, en consecuencia, la naturaleza de los indicios que se requieran para su acreditación.

SÉPTIMO. ANÁLISIS ESPECÍFICO DEL CASO

7.1. En el caso de autos, el recurso de casación enfatiza en que las sentencias de primera y segunda instancia no concluyeron en la causa de la muerte de la agraviada.

7.2. De la lectura del dictamen acusatorio (folio 3 del cuaderno de debate), tenemos que se han descrito un conjunto de hechos precedentes, concomitantes y posteriores que, afirman, vincularían al acusado con la ejecución del delito de homicidio en perjuicio de Judith Soraida López Rivera; identifican como el móvil el hecho que el acusado no quiso hacerse responsable del estado de gravidez de la agraviada (con quien lo unía un vínculo sentimental), asimismo, descarta que el fallecimiento sea producto de un suicidio con base en el resultado negativo de los estudios toxicológicos practicados al envase de la bebida hallado al lado del cadáver y plantea que la agraviada falleció por envenenamiento ocasionado por el acusado.

7.3. Atendiendo a lo descrito en los considerandos precedentes, así como el tema de doctrina planteado, esto es, la relevancia de identificar las causas de la muerte como factor de atribución de responsabilidad penal, es necesario tener en cuenta los documentos relacionados a este asunto que fueron sujetos al contradictorio. Tenemos:

a. El formato de levantamiento de cadáver del diez de septiembre de dos mil diez, redactado a las 22:45 horas, suscrito –entre otros–, por la fiscal de turno Miriam Robles Depaz, el médico legista Henry Ramos Palacios y el efectivo policial José Luis Núñez Paez. Relevante en el acápite “descripción de lesiones”, en donde se precisa del hallazgo de “excoriaciones en el cuello, región anterior, presumible por presión; excoriaciones simples superficiales en la región dorsal, lado derecho e izquierdo” (folio 6 del expediente judicial).

b. Protocolo de Necropsia N.° 0050-2010, del once de septiembre de dos mil diez, documento elaborado por el médico legista Juan Alberto Saavedra Céspedes, quien concluye como causas de muerte las siguientes: i) Edema cerebral-pulmonar; ii) Congestión multiorgánica; iii) Hiperactividad colinérgica; iv) Intoxicación por envenenamiento. Sobre esto último, en el acápite agentes causantes se precisa “sustancia tóxica en estudio” (folio 33 del expediente judicial).

c. Dictamen pericial de biología forense N.° 5662-5663/10, del diecisiete de diciembre de dos mil diez, elaborado por los peritos Pilar Marlene Samillán Rivadeneyra y Liliana Ugarte Aquino, elaborado producto del examen a dos prendas de la agraviada, siendo relevante en la medida que concluye que se hallaron restos de sangre humana, no se encontraron restos seminales ni tampoco otros de interés biológico (folio 37 del expediente judicial).

d. Informe N.° 006-2013-MP-IML/DML PASCO, del ocho de abril de dos mil trece, elaborado por el médico legista Juan Alberto Saavedra Céspedes, a través del cual informa que el servicio de toxicología forense, el veintiocho de octubre de dos mil diez, le remitió los siguientes dictámenes: 20100022069907, 2010002069908, 2010002069909, 2010002069910, 2010002069911 y 2010002069912, donde concluyen que los resultados fueron negativos para todas las sustancias objeto de estudio. Lo relevante de este informe radica en el hecho que pese a los resultados toxicológicos negativos, el especialista ratifica, tomando en cuenta los hallazgos anatomopatológicos, que la muerte fue por envenenamiento (folio 53 del expediente judicial).

e. Dictamen pericial N.° 2010004007527, del cuatro de noviembre de dos mil diez, elaborado por la patóloga forense Kelma Malpartida de la Cruz, cuyo diagnóstico histopatológico es como sigue: i) cerebro: edema parenquimal; ii) pulmón: edema alveolar, hemorragia multifocal, antracosis; iii) útero y anexos: gestación del I trimestre y endometritis aguda (folio 61 del expediente judicial).

7.4. A la audiencia del juicio oral del quince de septiembre de dos mil dieciséis concurrió el médico legista Juan Alberto Saavedra Céspedes, a efectos de explicar el Protocolo de Necropsia N.° 0050-2010, oportunidad en la que el fiscal le preguntó sobre el Dictamen Pericial N.° 2010004007527 (descrito en el literal e, del punto precedente), por las excoriaciones que presentaba el cadáver en el cuello; mientras que la defensa se enfocó en la probabilidad de que la muerte se haya producido por un aborto.

En cuanto al envenenamiento como causa de la muerte, explicó que está relacionada a la congestión multiorgánica a nivel de los órganos, describiendo microhemorragias a nivel de estos, hemorragias petequiales, incidencias en las uñas, signos que advirtió en el caso de la agraviada y por ello indicó que su primaria impresión diagnóstica fue envenenamiento.

Ahora, en cuanto a los resultados toxicológicos negativos explicó que no es la primera vez que sucede algo así, existen múltiples factores que pueden influir: el metabolismo, el estado de agonía, el estado de conservación de la muestra y el tiempo que demore hasta su procesamiento; afirmó que los resultados negativos de este tipo de examen no excluyen el envenenamiento, los médicos tienen una impresión diagnóstica y los resultados lo que hacen es confirmar o descartar un diagnóstico. Fue claro en indicar que todas las causas de muerte que describe en la necropsia se concatenan.

7.5. La sentencia de primera instancia (folio 542 del cuaderno de debate), al abordar lo relacionado a la causa de la muerte, concluyó lo siguiente:

a. Sobre el envenenamiento:

Si bien el propio médico legista sostiene que la causa de muerte fue por envenenamiento, sin embargo, los resultados de toxicología forense han dado un resultado negativo para todo tipo de sustancias, las mismas que fueron analizadas en los diferentes órganos de la occisa (…) por tanto, el diagnóstico de causa de muerte “intoxicación por envenenamiento”, realizado por el médico legista, no fue corroborado por los resultados de toxicología forense (…) siendo así, a criterio de esta judicatura no podría considerarse verosímil la causa de la muerte (…).

b. Sobre la hiperactividad colinérgica:

Al respecto, debe indicarse que la manifestación clínica de la intoxicación aguda por insecticidas organofosforados (hiperactividad colinérgica), presentan los siguientes síntomas. “Disnea, broncorrea, edema pulmonar, tos, vómitos, dolor abdominal, diarrea, incontinencia fecal, braquicardia, hipotensión opresión torácica, cianosis, sudación, sialorrea, lagrimeo, miosis, visión borrosa, incontinencia urinaria, fasciculaciones, palidez, debilidad, taquicardia, calambres, hipertensión, mareo, temblor, cefalea, ansiedad-nerviosismo, depresión a nivel de conciencia, depresión respiratoria, parálisis respiratoria, coma, convulsiones, agitación; signos que no son descritos en el protocolo de necropsia, por tanto, respecto a la conclusión de hiperactividad colinérgica, es insustentable, mucho más que dichos signos se encuentran en personas vivas y no en personas muertas, por tanto, según la ciencia médica, la histopatología, es decir, el examen microscópico de los tejidos de las vísceras, no es una prueba complementaria, sino, es la ampliación de la visión de los órganos mediante el microscopio (…). (Énfasis nuestro)

7.6. Es decir, la sentencia de primera instancia descartó el fallecimiento por envenenamiento, sin embargo, no señaló cuál fue la causa que provocó la muerte de la agraviada. Ello fue objeto de cuestionamiento en el recurso de apelación (folio 626 del cuaderno de debate), y sobre el particular, la sentencia de vista (folio 728 del cuaderno de debate) abordó lo relativo a las causas de la muerte con los siguientes argumentos:

a. Sobre el protocolo de necropsia:

“La teoría del Ministerio Público se elabora a partir de la emisión de un diagnóstico médico del Instituto de Medicina Legal, órgano de apoyo del propio Ministerio Público, a quien se recurre con la finalidad de adquirir certeza, mas este no puede privilegiarse hasta el extremo de descartar las demás evidencias recabadas en la investigación preliminar y preparatoria”.

b. Sobre la muerte:

“[…] el suicidio al que hace referencia el acusado quedó descartado y por tanto todos los exámenes practicados a la occisa orientan a una muerte por mano ajena, no solo porque se concluye que por la forma en que se encontró el cadáver (miembros superiores y ropa levantada), fue victimada en otro lugar; por el lugar en que se arrojó el cadáver días después cuando la zona es abierta y los pobladores pudieron advertir ello en los días concomitantes a la muerte, sino, propiamente por las escoriaciones que presenta en el cuello y el tórax, por los restos de sangre y coágulos encontrados en el bajo vientre, por la verificación de un embarazo y por la verificación de que el embrión fue extraído.

Desde el levantamiento del cadáver se advirtió excoriaciones en el cuello y tórax de la occisa, lo que hizo presumir tanto al efectivo instructor como al médico que participara en el levantamiento, que podría darse como causa de muerte la asfixia. Y pese a que el certificado de necropsia se consigna estas como lesiones traumáticas, no se descarta el tema de la asfixia en este”.

c. La muerte como consecuencia de una mala práctica:

“[…] pese a que la ropa de la occisa presentaba restos de sangre en la entrepierna de los pantalones y la trusa, habiendo sostenido en la audiencia el médico legista que necesariamente ha existido un aborto y habiéndose determinado que la occisa se hallaba en el primer trimestre de gestación, que el embrión ha sido extraído y que presentaba una incipiente infección, sin embargo, en el dictamen de necropsia no se detalla al respecto ni se descarta que existió un aborto practicado y una posterior infección que podría haber desencadenado la muerte, y en todo caso, de no ser ello así, esto es que la mala praxis del aborto no desencadenó la muerte, no se ha considerado como un delito independiente ni en la formalización de la investigación preparatoria; evidenciándose una omisión de parte de los operadores, que finalmente ha conllevado a subsumir la conducta en el delito de homicidio simple […] sin tener en cuenta la forma y circunstancias en que la agraviada fuera objeto primigenio, concomitante o posterior a su muerte, de la extracción del embrión que llevaba en su vientre.

d. En cuanto a la labor del médico legista Juan Alberto Saavedra Céspedes:

Así, una serie de evidencias físicas, aunados a los exámenes del servicio de patología forense, ponen en cuestión la ligereza del médico legista al practicar la necropsia y consignar diagnósticos apresurados que permiten el cuestionamiento de los resultados en un caso grave y que apuntarían a la búsqueda de la impunidad, por lo que, sin perjuicio de lo que ya se tiene anotado, esto es, que a consideración del colegiado se halla acreditado la muerte que es presupuesto del delito de homicidio simple, debe remitirse copias al Órgano de Control Interno del Ministerio Público para que califique la conducta del citado médico legista.

7.7. Habiéndose identificado y citado los argumentos relacionados a la causa de muerte que fueron expresadas en las sentencias de mérito, corresponde ahora a este Tribunal expresar lo siguiente:

7.7.1. En cuanto a la sentencia de primera instancia, se advierten defectos en el razonamiento por lo siguiente:

a.El juez penal afirmó que el protocolo de necropsia no es válido porque los resultados de la pericia toxicológica dieron resultado negativo, sin embargo, tal afirmación es incompleta si consideramos que el médico legista señaló en juicio que no existe incompatibilidad entre ambas y que no sería el primer caso en el que por el tiempo trascurrido las sustancias que pudieron haber sido empleadas para provocar el envenenamiento hayan sido reabsorbidas o se hayan difuminado. Sobre esto, no existe motivación alguna que descarte tal afirmación, necesaria en la medida que se trata de un conocimiento ajeno a la actividad jurisdiccional y por lo tanto, de obligatorio pronunciamiento.

b. Relacionado con lo anterior, tenemos que se han mencionado los dictámenes toxicológicos, sin embargo, no se les ha tenido a la vista, por lo que –aun cuando no se discutan las conclusiones–, no es correcto concluir en determinado sentido si no se ha efectuado un control detallado sobre el contenido de las pericias, que como se adelantó, se tratan de documentos que deben ser explicados por especialistas.

c. Resultan graves las afirmaciones que se realizan sobre la hiperactividad colinérgica por lo siguiente:

c.1. El juez procede a describir un conjunto de manifestaciones que considera pueden configurar hiperactividad colinérgica, sin embargo, no cita la fuente médica de tal afirmación, omisión grave que impide analizar la validez de este argumento.

c.2. En el supuesto negado que la cita que efectúa el juez sea válida, señala que se trata de un cuadro propio de una persona viva y no de un muerto, por lo que concluye que no pudo ser causa de muerte.

Partiendo de la premisa que “causa” es aquello que se considera fundamento u origen de algo19, por lógica –en línea con lo manifestado en audiencia por el médico legista, que sus conclusiones son concatenadas, es claro que la hiperactividad colinérgica es un cuadro que se manifiesta en vivos y como consecuencia de ello puede producirse la muerte de una persona, por lo que el argumento del juez es ilógico y sesgado, dado que, omite evaluar lo afirmado por el médico legista en juicio, en el que señaló que:

sí hay un signo que no se va, que es el incremento de las secreciones a nivel pulmonar, sí lo he consignado existe a nivel bronquial, entonces todo esto se concatena, existe una secuencia fisiopatológica hasta que llegue a la causa de muerte principal”.

c.3. Otra inconsistencia en el razonamiento sobre la hiperactividad colinérgica constituye el hecho de que se afirme que un síntoma de este sea el edema pulmonar y, pese a que este también fue considerado como causa de muerte, no se deslinde la que sería una posible contradicción.

c.4. Reiteramos que la sentencia de primera instancia ha expresado términos médicos sin soporte científico, muestra adicional es su explicación sobre la histopatología, el cual no podemos controlar al haberse omitido la fuente del conocimiento.

d. Sumado a lo anterior, pese a evidenciar la relevancia de las causas de la muerte, no precisa nada respecto al “edema pulmonar-cerebral” y la “congestión multiorgánica”, por lo que las conclusiones que se esgrimen en la sentencia son incompletas.

e. Lo anterior significó omitir cuál habría sido la causa de la muerte.

7.7.2. En cuanto a la sentencia de vista, corresponde señalar lo siguiente:

a. La Sala Superior concluye que no puede privilegiarse el protocolo de necropsia al extremo de descartar las demás evidencias.

Al respecto, como se ha precisado en los párrafos precedentes, ciertamente las opiniones periciales no obligan al juez, sin embargo, no es correcto soslayar las conclusiones de un certificado de necropsia en tanto sus alcances no hayan sido definidos. Además, como indicamos, es fundamental esclarecer aquello que produjo la muerte y, por excelencia, es imprescindible conocer no solo las razones que se expresan en un certificado de necropsia, sino también, de aquellas ciencias auxiliares a las que se recurrió para esclarecer las causas que provocaron la muerte.

b. Al abordar lo relativo a la muerte, la Sala Superior concluye que esta se produce por mano ajena –lo que no es objeto de análisis definitivo a esta instancia–, y en lugar de aclarar las deficiencias en la motivación sobre la prueba científica en que incurrió la sentencia de primera instancia, señala con poca claridad que, considerando que no se ha descartado la asfixia (atendiendo que el acta de levantamiento del cadáver describe lesiones en el cuello), esta sería la causa de muerte.

Sobre ello, en principio, es imperativo señalar que las conclusiones de un razonamiento judicial sobre la prueba no pueden expresarse en términos indefinidos o dubitativos, sobre todo cuando se trata de sentencias condenatorias, donde el único desenlace es la afirmación, o no, de los hechos objeto de acusación.

En segundo lugar, la Sala Superior, sostiene la causa de muerte en una posible asfixia, señalando que en el levantamiento del cadáver se advirtió escoriaciones en el cuello y tórax de la occisa, lo que hizo presumir tanto al efectivo instructor como al médico que participara en el levantamiento, que podía darse como causa de muerte la asfixia y, en tercer lugar, por cuanto en el dictamen de necropsia se consigna que la occisa no presenta livideces en la cara, pero en el Atestado Policial se consigna que el cadáver presenta livideces.

Sobre este extremo, se tiene en cuenta que si bien las pericias no son la manifestación de una verdad incontrovertible y que en términos abstractos no se puede catalogar los medios de prueba en niveles jerarquizados y que por tanto el juez se encuentra en la facultad y en realidad en la obligación de efectuar una valoración conjunta de la prueba, pudiendo ciertamente apartarse de la prueba pericial ante la entidad y solidez de otros medios probatorios; lo trascendental en estos casos es la motivación, el razonamiento del juzgador para arribar a esta conclusión. Para ello, es importante el análisis primero individual de cada medio de prueba para luego efectuar la valoración conjunta o global.

Siguiendo esta línea de razonamiento, en el caso concreto, debió evaluarse en principio la acreditación del profesional que emitió la pericia de necropsia, esto es los conocimientos, experiencia, especialización etc., que le permita efectuar una apreciación en este caso que la muerte fue por envenenamiento y que no había signos de violencia, excepto las excoriaciones leves superficiales que no afectaban un órgano noble vital de la occisa para que le causara la muerte. Por otra parte, también omitió evaluar la acreditación del médico que participó en el levantamiento de cadáver, si sus credenciales en cuanto a capacitación, experiencia, especialización etc., otorgaban mayor fiabilidad que el primero, y en lo que resulta más relevante, omitió consignar cuáles fueron las declaraciones de dicho profesional (si eran simples sospechas preliminares y cuál fue el sustento de ellas), habiéndose limitado la sentencia de vista a afirmar que “las excoriaciones en el cuello y tórax de la occisa, hizo presumir al efectivo instructor como al médico que podía darse como causa de muerte la asfixia”, sin evaluar en qué medida aquellas excoriaciones llevan a la afirmación de muerte por asfixia, o a desvirtuar la apreciación del perito Saavedra Céspedes que realizó la necropsia y que afirmó que eran excoriaciones pequeñas, superficiales, que no afectaban órganos vitales como para causar la muerte; más aún, si inmediatamente se incurre en ilogicidad al afirmar contradictoriamente que este médico Henry Smith Ramos, quien participara en la diligencia de levantamiento de cadáver afirmó que “no se hizo presunción sobre la causa de la muerte de la occisa, tampoco hubo signos suficientes para determinar las causas del fallecimiento”.

Se advierte en consecuencia, que el Colegiado Superior no ha brindado razones que expliquen y justifiquen válidamente el apartamiento de la pericia de necropsia, incurriendo en una motivación aparente, ilógica y arbitraria, arribando a conclusiones sin un sustento no solo científico como exige la defensa, sino, además, sin motivar debidamente el respaldo probatorio de sus conclusiones.

Finalmente, no se ha tenido en consideración que la imputación fiscal atribuyó al acusado un homicidio por envenenamiento, condenado el Colegiado Superior al acusado por un homicidio presuntivamente por asfixia, que no fue objeto de la imputación.

7.8. Queda claro que las sentencias han incurrido en defectos en la motivación (que afecta la garantía de motivación a la que se refiere el numeral 5, del artículo 139, de la Constitución Política), fundamentalmente en lo relacionado al apartamiento de la prueba científica. Consecuencia de ello, se concluye que:

7.8.1. La valoración de la prueba científica, fundamentalmente del Protocolo de Necropsia N.° 0050-2010, ha sido temeraria, incompleta y carente de explicación científica.

7.8.2. Se ha determinado que la sentencia de vista infringió el principio de congruencia entre la acusación y la sentencia, al deslizar con poca claridad como la causa de muerte un hecho que no fue considerado en la acusación.

7.8.3. Las sentencias también afectaron el derecho de los familiares de la víctima a conocer las causas exactas que produjeron su muerte.

7.9.En consecuencia, se ha incurrido en vicio que determina la nulidad no solo de la sentencia de vista, sino también de la sentencia de primera instancia, por lo que la nulidad se extiende también a esta, ordenándose la realización de un nuevo juicio oral por otro juzgado.

OCTAVO. SITUACIÓN JURÍDICA DEL IMPUTADO

8.1. La sentencia de primera instancia precisa que el acusado afrontó el juzgamiento en libertad (sin restricciones, el auto de control de acusación da cuenta que el acusado estaba con comparecencia simple y el auto de citación a juzgamiento solo precisa el apercibimiento de declararlo contumaz en caso de inconcurrencia), sin embargo, por la naturaleza de los hechos, opta por la ejecución provisional de la pena, y debido a que no asistió a la audiencia de lectura de sentencia, ordenó su ubicación y captura (folio 564 del cuaderno de debate).

8.2. La sentencia de segunda instancia confirmó la recurrida, en consecuencia, mantuvo vigente la orden de captura del acusado (folio 708 del cuaderno de debate).

8.3. Como se advierte del cuadernillo formado a esta instancia, el diecinueve de junio de dos mil diecinueve se puso a disposición del órgano jurisdiccional a Dennis Alexander Sifuentes Bernal, siendo internado a efectos del cumplimiento de la pena (folio 175).

8.4. Estando a la declaración de nulidad de lo actuado, corresponde que el acusado recobre su libertad, recobrando la condición procesal a la que se refiere el numeral 8.1.

DECISIÓN

Por estos fundamentos:

I. DECLARARON FUNDADO el recurso de casación excepcional interpuesto por la defensa del procesado Dennis Alexander Sifuentes Bernal, por la causal prevista en el numeral 4, del artículo 429, del Código Procesal Penal, por ilogicidad en la motivación.

II. CASARON la sentencia de vista del diez de mayo de dos mil diecisiete, que confirmó la sentencia del veintisiete de diciembre de dos mil dieciséis que lo condenó como autor del delito contra la vida, el cuerpo y la salud en la modalidad de homicidio simple, en perjuicio de Judith Soraida López Rivera, le impuso doce años de pena privativa de libertad y cien mil soles por concepto de reparación civil. En consecuencia, y, sin reenvío, NULA la citada sentencia de vista, y actuando en sede de instancia (como Tribunal de Apelación) declararon NULA la sentencia de primera instancia de veintisiete de diciembre de dos mil dieciséis, ORDENARON nuevo juicio oral por otro juzgado y que se emita nueva sentencia debidamente motivada, teniendo en consideración los fundamentos de la presente ejecutoria.

III. DISPUSIERON la inmediata libertad de Dennis Alexander Sifuentes Bernal, siempre que no pese en su contra orden de detención emanada de autoridad competente.

IV. MANDARON que la presente sentencia casatoria se lea en audiencia pública por intermedio de la Secretaría de esta Sala Suprema y, acto seguido, se notifique a todas las partes apersonadas a esta instancia e incluso a los no recurrentes; asimismo, se publique a través de la página institucional del Poder Judicial. Por último, se devuelvan los actuados a la Sala Superior de origen para que procedan según lo resuelto y se archive el cuadernillo.

Intervino el juez supremo Bermejo Ríos, por vacaciones del juez supremo Salas Arenas.


1 Fundamento jurídico tercero.
2 Fundamento jurídico sexto.
3 Esta sentencia se caracteriza por explicar con detalle todos los escenarios en los cuales se puede concluir que una sentencia afecta el derecho a la motivación de las decisiones jurisdiccionales.
4 Cfr. VILLAVICENCIO TERREROS, Felipe. Derecho penal. Parte especial, tomo I. Lima, Grijley 2014, p. 131.
5 LANDA ARROYO, César. Los derechos fundamentales. Lima, Pucp, 2018, p.24.
6 Comisión Interamericana de Derechos Humanos. Derecho a la verdad en las Américas. 2014, p. 6. Obtenida en: http://www.oas.org/es/cidh/informes/pdfs/Derecho-Verdad-es.pdf
7 En: GISBERT CALABUIG, Juan Antonio. Medicina Legal y Toxicología. Masson 2004, p. 189.
8 Fundamento jurídico séptimo.
9 Fundamento jurídico decimoquinto.
10 Fundamento jurídico trigésimo primero.
11 Fundamento jurídico duodécimo.
12 Antes de este pronunciamiento colectivo de la Salas Supremas en lo Penal, resalta el contenido del Recurso de Nulidad N.° 1658-2014, del quince de marzo de dos mil dieciséis.
13 Cfr. VÁSQUEZ ROJAS, Carmen. Estándares de prueba y prueba científica. Ensayos de epistemología jurídica. Madrid, Marcial Pons, 2013, p.17.
14 Fundamento octavo.
15 Fundamento decimoséptimo.
16 MIRANDA ESTRAMPES, Manuel. La prueba en el proceso penal acusatorio. Jurista, 2012, p. 34.
17 Del seis de septiembre de dos mil cinco, cuarto fundamento jurídico.
18 GARCÍA CAVERO, Percy. La prueba por indicios. Reforma, 2010, pp. 48 y 53.
19 Diccionario de la Real Academia de la Lengua Española. En https://dle.rae.es/causa?m=form

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