HOMICIDIO : Vulneración del deber de motivación y del principio de congruencia entre acusación y sentencia.
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CORTE SUPREMA DE JUSTICIA DE LA REPÚBLICA

SALA PENAL PERMANENTE
RECURSO DE NULIDAD N.° 46-2020
LIMA SUR

Nula la sentencia y nuevo juicio oral

a. La veracidad de las actas y la intervención se encuentran cuestionadas, pues solo han sido ratificadas por el policía Simón García. En contraposición, existiría la posibilidad de una intervención arbitraria; la versión coherente del encausado y su hermano, cuyas afirmaciones son distintas a la del referido policía; el certificado médico legal, que denota lesiones en el recurrente, y los defectos en la confección de las actas, los cuales apoyarían la posición defensiva. Sin embargo, el delito imputado es de suma gravedad y su materialidad se encuentra acreditada, por lo que la vinculación del encausado al delito se debe dar sin ningún atisbo de duda.

b. En consecuencia, se desprende que existen deficiencias al momento de valorar el caudal probatorio existente en autos, así como una deficiente motivación con respecto a los elementos periféricos que corroborarían la versión del policía Simón García. En este orden de ideas, resulta razonable anular la sentencia impugnada y convocar a un nuevo juicio oral por un Colegiado Superior distinto, de conformidad con las facultades conferidas por los artículos 298, numeral 1, y 301, segundo párrafo, del Código de Procedimientos Penales.

Lima, ocho de septiembre de dos mil veinte

VISTOS: el recurso de nulidad interpuesto por la defensa técnica del encausado José Antonio Pascual Gregorio contra la sentencia del tres de diciembre de dos mil diecinueve (foja 432), expedida por la Sala Penal Transitoria de la Corte Superior de Justicia de Lima Sur, que lo condenó como autor por la comisión del delito contra la salud pública-tráfico ilícito de drogas- promoción o favorecimiento al tráfico ilícito de droga-posesión de droga para su tráfico, en agravio del Estado; le impuso cinco años de pena privativa de libertad y fijó en S/ 3000 (mil soles) el monto de la reparación civil que deberá pagar el sentenciado a favor del Estado; con lo demás que al respecto contiene. De conformidad con lo dictaminado por el señor fiscal supremo en lo penal.

Intervino como ponente el señor juez supremo Figueroa Navarro.

CONSIDERANDO

I. Expresión de agravios

Primero. El recurrente Pascual Gregorio, a través de su defensa técnica, fundamentó el recurso de nulidad (foja 445) y argumentó lo siguiente:

1.1. El Colegiado Superior vulneró el derecho de defensa y la motivación de las resoluciones judiciales, pues no efectuó una debida apreciación de los hechos materia de imputación ni compulsó adecuadamente los medios de prueba; asimismo, se tomó como cierta la tesis del fiscal, sin tener en cuenta que es copia y pega del atestado policial.

1.2. No se acreditó que el recurrente participara en el delito incriminado. Solo existe un acto de investigación policial, el cual no puede ser considerado como acto de prueba, conforme se ha establecido en la doctrina y reiterada jurisprudencia, tanto más, si dichos actos policiales fueron ilegales, por las siguientes consideraciones: a) la intervención policial no fue informada al comando, b) no hubo plan de operaciones y c) los efectivos policiales intervinientes no tenían papeleta de comisión, regla que debe cumplirse en este tipo de delitos, conforme al protocolo policial.

1.3. El recurrente y su hermano no fueron intervenidos cuando supuestamente efectuaban pase de droga en la calle. Por el contrario, se los intervino cuando se encontraban a bordo de un vehículo de lujo, en el que además se hallaban otros dos sujetos, entre ellos, el señor Billy Antonio Jiménez Dueñas, quien está debidamente identificado y quien resultaría ser el traficante de drogas; sin embargo, el titular de la acción penal no presentó ningún cargo contra esta persona, tanto más, si al realizarse la intervención por los policías se encontró la droga en la guantera del carro.

1.4. Cuando fueron intervenidos, los otros sujetos fueron conducidos por la policía en el auto de lujo, mientras que el recurrente y su hermano fueron conducidos en el auto de la policía, y se les exigió dinero, pero los efectivos policiales, ante su negativa, les atribuyeron la droga.

1.5. El recurrente sí señaló que la droga se encontraba en la guantera del carro de lujo, este dicho se condice con lo referido por su hermano, quien a nivel policial y en juicio oral también indicó que la droga estaba en la guantera.

1.6. El Colegiado Superior no creyó en las conclusiones del certificado médico legal, el cual describe que el recurrente tiene lesiones, las cuales se condicen con las afirmaciones del impugnante, dado que fue agredido físicamente por los policías, tanto en la intervención como en la posterior forma de las actas.

1.7. No se tuvo en cuenta que los miembros de la policía se informaron a las 14:00 horas del supuesto pase de droga; sin embargo, la detención fue aproximadamente a las 21:00 horas de ese mismo día. Se tuvo un tiempo suficiente para comunicárselo al representante del Ministerio Público y hacer que la diligencia sea legal. La intervención tiene un carácter oscuro y hay una razonable duda por la forma como se dio.

1.8. Se vulneró el derecho a la defensa del encausado, pues su abogado defensor le causó indefensión, al no presentar como medio de prueba la testimonial de Billy Antonio Jiménez Dueñas. El hecho de que no se le haya encontrado la dirección domiciliaria de Billy Antonio Jiménez Dueñas no pudo ser usado como argumento exculpatorio del acusado. Se debió hacer comparecer a los testigos ofrecidos por el procesado.

II. Imputación fiscal

Segundo. Según la acusación fiscal (foja 244), se imputa al encausado lo siguiente: el diecinueve de abril de dos mil dieciséis, el personal policial de la Deinpol tomó conocimiento por información de inteligencia de que en la avenida Puerta Chica, distrito de Lurín, aproximadamente a las 22.00 horas, un sujeto conocido como José realizaría una entrega de droga, por lo que se constituyeron al referido lugar. Es así que, aproximadamente a las 22:10 horas, se observó la presencia de cuatro sujetos, entre ellos, los procesados Maycor Evelio Pascual Gregorio y José Antonio Pascual Gregorio, quienes lucían nerviosos. El último de los aludidos tenía en su poder una bolsa negra y aparentemente estaba esperando a una quinta persona. En este contexto, se procedió con la intervención policial y se logró intervenir a los procesados José Antonio Pascual Gregorio y Maycor Evelio Pascual Gregorio. Al registrarse la bolsa que el primero de los nombrados portaba en la mano, se halló en su interior pasta básica de cocaína, con un peso neto de 1,011 kg, según el Resultado Preliminar de Análisis Químico de Droga número 4179/16. Se presume que el segundo intervenido resguardaba la concreta entrega de la droga incautada, pero no se no encontró en su poder sustancia ilícita alguna.

III. Fundamentos del Tribunal Supremo

Tercero. La impugnación que formula el inculpado José Antonio Pascual Gregorio apunta a la deficiente valoración probatoria de las pruebas de cargo utilizadas para establecer su responsabilidad penal. En este sentido, la materia del grado se circunscribirá a determinar si el a quo lo sentenció con base en una adecuada valoración probatoria, que desvirtúe la presunción de inocencia de la que está premunido y, consecuentemente, si la pena impuesta en su contra es acorde a derecho.

Cuarto. Uno de los contenidos del derecho al debido proceso es el derecho a obtener de los órganos judiciales una respuesta razonada, motivada y congruente en torno a las pretensiones oportunamente deducidas por las partes en cualquier clase de proceso. Así, la necesidad de que las resoluciones judiciales sean motivadas no solo es un principio que informa el ejercicio de la función jurisdiccional, sino que, además, es un derecho fundamental mediante el cual se garantiza, por un lado, que la administración de justicia se lleve a cabo de conformidad con la Constitución y las leyes (artículo 138 de la Constitución Política del Estado), así como que los justiciables puedan ejercer su derecho de defensa con efectividad.

Quinto. Respecto a la debida motivación, consagrada en el artículo 139, numeral 5, de la Constitución Política del Estado, el Tribunal Constitucional señala que el derecho-garantía de la motivación: “Incluye en su ámbito constitucionalmente protegido, entre otros aspectos, el derecho a una decisión fundada en derecho”1, y añade que su contenido esencial queda asegurado con la proscripción de una motivación aparente, esto es, de aquella decisión jurisdiccional que no da cuenta de las razones mínimas que la sustentan o que, en estricto, no responde a las argumentaciones de las partes del proceso2. En torno a esta garantía constitucional, esta Sala Suprema ha señalado que la motivación de las resoluciones judiciales: a) se aplica a todos los casos en que se deciden cuestiones de fondo, b) es un mandato dirigido a todos los jueces de las diversas instancias, c) implica la obligatoriedad de fundamentar la decisión tanto jurídica (fundamentos de derecho) como fácticamente (fundamentos de hecho) y d) debe hacerse por escrito3 (en el caso de decisiones judiciales de fondo).

Sexto. Debe acotarse que, para determinar la responsabilidad penal de un sujeto imputado, el proceso penal se rige por el concepto de certeza probatoria y, como consecuencia, se impone una sanción. En ese sentido, para que el juez tome una decisión condenatoria, esta debe estar respaldada con suficientes medios de prueba que le generen el grado de certeza que le permita revertir el derecho fundamental a la presunción de inocencia que goza todo justiciable.

Séptimo. Así, en el presente caso, la materialidad del delito no está en discusión, debido a que está plenamente probada, conforme se corrobora con el Resultado Preliminar de Análisis Químico de Droga número 4179/16 (foja 37), mediante el cual se estableció que el paquete compacto tipo ladrillo dio positivo para pasta básica de cocaína, la cual tenía un peso neto de 1,011 Kg. También es un hecho probado que el recurrente fue detenido en el lugar de la ocurrencia del suceso, conjuntamente con su hermano Maycor Evelio Pascual Gregorio4.

Octavo. Lo que es objeto de cuestionamiento (y también lo fue durante el proceso) es la vinculación del encausado a la droga incautada. El recurrente alega que no se evaluó debidamente el caudal probatorio con relación a los hechos materia de imputación, pues su versión y la de su citado hermano resulta ser distinta a la proporcionada por el único policía (y responsable de la intervención) que declaró en el presente proceso, quien además elaboró el acta de intervención policial (foja 19), que sirvió de base para la construcción de los hechos materia de imputación.

Noveno. Así, la acusación indica que la detención tuvo lugar en Lurín, a las 22:00 horas, luego de haberse recibido información de “inteligencia” de que se iba a realizar “un pase de droga”. Por dicho motivo, el policía William Simón García y otros dos efectivos policiales llegaron al lugar y observaron la presencia de cuatro sujetos, “quienes estaban nerviosos”, entre ellos, el recurrente y su hermano. Se indica, además, que el encausado tenía en su poder una bolsa negra y, aparentemente, estaba esperando a una quinta persona. Es así que se procedió a intervenirlos. Al registrarse la bolsa que el recurrente portaba en la mano, se halló en su interior pasta básica de cocaína, con un peso neto de 1,011 kg. Los hechos acotados tienen como base el acta de intervención policial suscrita por el policía William Simón García.

Décimo. Ahora bien, la versión proporcionada durante el proceso por el recurrente y su hermano es totalmente distinta a la imputación fiscal. En efecto, en cuanto a la intervención, específicamente, el encausado ha referido en su manifestación a nivel preliminar (foja 24) que el día de los hechos, a las 18:00 horas, se encontraba en su domicilio arreglando su material de construcción, debido a que iría a buscarlo Billy Jiménez Dueñas y una persona que lo contrataría para realizar trabajos de construcción en la playa Arica. Es así que, al llegar estas dos personas y otro sujeto en un lujoso auto (Porsche), le pidió a su hermano que lo ayudara a realizar mediciones para las labores de construcción, y ambos subieron en la parte de atrás del vehículo (de color gris). Camino a playa Arica, a una cuadra de la plaza de armas de Lurín, les cerró el paso un auto Tico de color azul, del cual bajaron cinco efectivos policiales vestidos de civil y premunidos de armas de fuego. A él y a su hermano se los llevaron a la playa San Pedro en el auto Tico y a los otros tres “se los llevaron en el auto lujoso”. Acota que los enmarrocaron, les propinaron golpes en dicha playa y les solicitaron dinero. Refirió que es albañil y que realiza trabajos de construcción, que ese día llevaba una mochila y dentro de ella su “huincha (metro) y cordel”, además de su billetera y celular. Asimismo, pudo ver que la droga “lo sacaron del vehículo porsche [sic]”. El encausado mantuvo esta versión de manera coherente en el plenario (foja 354), con la única atingencia de que señaló que el vehículo era de marca “Hyundai”, por información de sus vecinos, debido a que él no conoce de marcas.

Undécimo. Su hermano Maycor Evelio Pascual Gregorio, quien también fue detenido, dió a nivel preliminar5 (foja 20) una versión similar a la del referido encausado, y precisó que el día de los hechos, se encontraba mal de salud (con la gripe); su hermano (el encausado) lo llamó para que lo ayude a trabajar, pues le comentó que había encontrado un trabajo y que “un señor” quería que le haga trabajos en su casa, petición a la cual accedió. Así, al salir de su casa, vio un auto lujoso de color gris, al que subió y en el que él y su hermano se sentaron en la parte de atrás; en dicho automóvil se encontraban el chofer, el copiloto y una persona más. A una cuadra de la plaza de armas (de Lurín), un auto Tico les cerró el paso y seis personas vestidas de civil, premunidas de armas de fuego e indicando que eran policías, los hicieron bajar del vehículo y los llevaron a él y su hermano a la playa San Pedro, lugar en el que le dijeron: “De quién era la bolsa que sacaron de la guantera del carro […] golpeándoles duro”; además, precisó que a los otros tres se los llevaron en otro auto. Posteriormente, los llevaron a una comisaría en el Callao, lugar en el que les quitaron sus cosas y los golpearon, para hacerles firmar “unos documentos”. Los otros tres sujetos, refiere, nunca llegaron a dicha comisaría.

Duodécimo. Ahora bien, pese a que existían dos versiones diferentes de cómo ocurrió la intervención, la Sala Superior no realizó una confrontación entre el recurrente y el policía William Simón García. La defensa del encausado, luego de que culminase la declaración de este último, solicitó que se realice una confrontación entre ambos (foja 400); sin embargo, la Sala declaró improcedente dicha confrontación y señaló que: “Los argumentos que vierte la defensa del acusado, son argumentos de defensa. El testigo ha sido enfático [en] la intervención que tuvo, por lo que, se considera que no existiría una situación de controversia a efectos de realizarse [sic]”. Como se aprecia, la Sala Superior señaló que no existía controversia; pese a que resulta patente que las versiones del encausado y su hermano son totalmente disímiles a las señaladas por el aludido policía, que incide en la vinculación del recurrente con la droga incautada.

Decimotercero. Aunado a ello, como uno de los elementos que vincularían al encausado con la materialidad del delito, se tiene el acta de intervención policial (foja 19), suscrita por el referido policía William Simón García, el encausado y el hermano de este último. Al respecto, debemos indicar que dicha acta tiene defectos en su confección, debido a que, pese a que se señala que en la intervención participaron tres efectivos policiales más, no se consignaron los nombres de estos tres últimos y, mucho menos, se recogieron sus respectivas firmas, lo que contraviene la Directiva para la Intervención Policial en Delito Flagrante, aprobada por Resolución Directoral número 135-2016-DIRGEN/EMG-PNP, vigente a la fecha de los hechos, la cual, en su literal b, rubro “VIII. Disposiciones complementarias”, entre otros, indica que: “El acta debe ser fechada con indicación de […] las personas que han intervenido […]. El acta será suscrita por el Policía y por los demás intervinientes previa lectura [sic]”. Cabe precisar que ninguno de los efectivos policiales llegó a declarar a nivel preliminar, instrucción y juicio oral, con excepción de William Simón García, quien declaró a nivel de instrucción y en el plenario (fojas 172 y 398, respectivamente), e indicó que estaba a cargo de la operación y que solo recordaba a un policía, a quien identificó como Ramírez Lázaro.

Decimocuarto. El recurrente ha señalado que lo golpearon y lo amenazaron con el fin de que firme el acta de registro personal y el acta de intervención. Al respecto, dicha afirmación se corroboraría con el Certificado Médico Legal número 007027-L-D, practicado al recurrente (foja 34), del cual se observa que, en la data, este refirió:

“Agresión física por personal PNP”, y se certifica que presentó: “Equimosis rojiza difusa en tercio medio de región esternal”; por lo que se concluyó que: “Presenta lesiones ocasionadas por agente contundente duro”, medio de prueba que no ha sido materia de valoración.

Decimoquinto. Asimismo, el encausado ha señalado que es albañil, que realiza todo tipo de trabajos de construcción y que el día de los hechos llevaba una mochila en la que tenía su “huincha y cordel”, porque iba a realizar un trabajo. En el bolsillo tenía su celular y billetera; sin embargo, en el acta de registro personal (foja 30) no se llegaron a consignar dichos elementos, pese a que el referido policía William Segundo Simón García no negó en el plenario que el recurrente llevara una mochila al momento de su intervención.

Decimosexto. Cabe precisar que la detención tuvo lugar en el distrito de Lurín. El policía William Segundo Simón García, de acuerdo con su declaración en el juicio oral, señaló que el día de los hechos laboraba en la “Comisaría del Callao [sic]”, y que tenía el grado de suboficial brigadier, cuya función era “recepcionar denuncias, faltas, intervenir delitos [sic]” y que si intervenía en otra jurisdicción debía ser con pleno conocimiento del “encargado”. Así, la investigación preliminar fue realizada por la “Comisaría PNP Lurín [sic]”. El SOT Amadeo Florián Huari, a cargo de la investigación, notificó al referido policía vía correo electrónico en tres oportunidades (fojas 47, 48 y 49), a fin de que se pueda recibir su declaración, y le solicitó que traiga consigo “el parte u otro documento conforme a la información confidencial señalada en el acta de intervención, papeleta de comisión”, entre otros, sin que se personara en dicha dependencia policial.

Decimoséptimo. La veracidad de las actas y la intervención se encuentran cuestionadas, pues solo fueron ratificadas por el policía Simón García. En contraposición, existiría la posibilidad de una intervención arbitraria; la versión coherente del encausado y su hermano, cuyas afirmaciones son distintas a las del referido policía; el certificado médico legal, que denota lesiones en el recurrente, y los defectos en la confección de las actas, los cuales apoyarían la posición de la defensa. Sin embargo, este Supremo Tribunal es consciente de que el delito imputado es de suma gravedad y su materialidad se encuentra acreditada, por lo que la vinculación del encausado al delito se debe dar sin ningún atisbo de duda.

Decimoctavo. En el caso concreto, para un mayor sustento de responsabilidad, debió insistirse con la declaración de los otros tres efectivos policiales intervinientes, quienes podrían haber corroborado la versión del único policía que declaró. No quedó suficientemente dilucidado si la detención del recurrente se habría realizado cuando se encontraba en un automóvil o en la calle, o si la droga le fue encontrada a él o se halló en la guantera del vehículo, tal como lo señalaron el encausado y su hermano, así como si, en realidad, el recurrente tenía en su poder una mochila el día de los hechos. Debió insistirse, además, en recibir la declaración de Billy Jiménez Dueñas (a quien el recurrente señala como el posible dueño de dicha droga) para que señale si estuvo el día de la intervención y si es cierto que contactó al procesado para que realice un trabajo.

Decimonoveno. Por tanto, se desprende la presencia de deficiencias al momento de valorar el caudal probatorio existente en autos, así como una deficiente motivación en cuanto a los elementos periféricos que corroborarían la versión del policía Simón García. En este contexto, corresponde declarar nula la sentencia materia de grado, de conformidad con las facultades conferidas por los artículos 298, numeral 1, y 301, segundo párrafo, del Código de Procedimientos Penales y se debe realizar un nuevo juicio oral, en el que, además de los medios de prueba que obran en autos, en el contradictorio debe actuarse la declaración de: a) William Segundo Simón García (policía), identificado con Documento Nacional de Identidad número 25701114; b) Ricardo Ramírez Lázaro (policía), identificado con Documento Nacional de Identidad número 73202476; c) Pepe Calcina Cotacallapa (policía), identificado con Documento Nacional de Identidad número 43328353; d) Billy Antonio Jiménez Dueñas (quien supuestamente se contactó con el recurrente para que realice un trabajo), identificado con Documento Nacional de Identidad número 25681372; e) Maycor Evelio Pascual Gregorio (hermano del encausado, quien no declaró en juicio oral), identificado con Documento Nacional de Identidad número 45491223, y g) médico legista Carla Costaguta Vera, identificada con Documento Nacional de Identidad número 42083863. Para garantizar la presencia de las citadas personas, se deberán realizar las acciones necesarias para su correcto emplazamiento. De la misma manera, se debe solicitar la remisión de la papeleta de comisión y la confrontación del procesado José Antonio Pascual Gregorio con el policía William Segundo Simón García y con el testigo Maycor Evelio Pascual Gregorio.

DECISIÓN

Por estos fundamentos, los señores jueces supremos que integran la Sala Penal Permanente de la Corte Suprema de Justicia de la República:

I. DECLARARON NULA la sentencia emitida por la Sala Transitoria de la Corte Superior de Justicia de Lima Sur, del tres de diciembre de dos mil diecinueve (foja 432), que lo condenó como autor por la comisión del delito contra la salud pública-tráfico ilícito de drogas- promoción o favorecimiento al tráfico ilícito de drogas-posesión de droga para su tráfico, en agravio del Estado; le impuso cinco años de pena privativa de libertad y fijó en S/ 3000 (mil soles) el monto por concepto de la reparación civil que deberá pagar el sentenciado a favor del Estado; con lo demás que al respecto contiene.

II. MANDARON que se realice un nuevo juicio oral por otro Colegiado Superior, que debe considerar las recomendaciones indicadas en la parte considerativa de la presente ejecutoria suprema.

III. ORDENARON dejar sin efecto la orden de captura contra el aludido recurrente, dictada con motivo del presente proceso; y los devolvieron.


1 STC número 00654-2007-AA/DEL SANTA, del diez de julio de dos mil diecisiete, fundamento jurídico vigesimocuarto.
2 STC número 728-2008-HC/LIMA, del trece de octubre de dos mil ocho, fundamento séptimo.
3 Casación número 1382-2017-Tumbes, del diez de abril de dos mil diecinueve, parte in fine del fundamento jurídico octavo.
4 En el extremo de imputación contra este encausado fue declarado por la Sala Superior, no haber mérito para pasar a juicio oral, a petición del Ministerio Público, archivándose la causa seguida en su contra.
5 No declaró en instrucción y en el plenario.

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