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CORTE SUPREMA DE JUSTICIA DE LA REPÚBLICA

SALA PENAL TRANSITORIA
RECURSO DE NULIDAD N.º 2473-2018
LIMA SUR

NO HABER MÉRITO PARA PASAR A JUICIO ORAL

Sumilla. Si el representante del Ministerio Público no formula acusación, mas allá de invocar el control jerárquico, le está vedado al órgano jurisdiccional ordenar que se formule acusación; salvo que se afecte el derecho a la prueba de la parte perjudicada o la decisión fiscal incurra en notorias incoherencias, contradicciones o defectos de contenido que ameriten un nuevo pronunciamiento fiscal y, en su caso, la ampliación de la propia instrucción.

Lima, quince de julio de dos mil diecinueve

VISTO: el recurso de nulidad interpuesto por la parte civil ADOLFO RAMOS CUTIPA (curador procesal de Juan Salomón Ramos Cutipa) contra el auto del cuatro de diciembre de dos mil diecisiete (foja mil noventa y nueve), que declaró no haber mérito para pasar a juicio oral en la causa seguida contra EDITH AMELIA ORTIZ ABANTO por la presunta comisión del delito contra la fe pública-falsificación de documentos, en perjuicio de la Superintendencia Nacional de Registros Públicos, del notario público Sergio Armando Berrospi Polo y Juan Salomón Ramos Cutipa, representado por su curador judicial Adolfo Ramos Cutipa; y por la presunta comisión del delito contra la tranquilidad pública-asociación ilícita para delinquir, en perjuicio de la sociedad, en consecuencia, se dé el archivamiento definitivo del proceso. De conformidad con el dictamen emitido por el fiscal supremo en lo penal.

Intervino como ponente la jueza suprema Barrios Alvarado.

CONSIDERANDO

Primero. Expresión de agravios

El recurrente Adolfo Ramos Cutipa, en su recurso de nulidad fundamentado (foja mil ciento once), alegó que:

1.1. No se ha tenido en cuenta que la procesada Edith Amelia Ortiz Abanto no podría ser compradora de buena fe, puesto que declaró no conocer a la persona de Juan Romas Flores Huamaní (folio ciento treinta y nueve).

1.2. No se valoró que el veinte de marzo de dos mil trece, la procesada habría entregado más de cuarenta y un mil dólares a una persona desconocida, sin tomar previsión alguna.

1.3. El abogado de la encausada, Bill Benites Deyra, elaboró la minuta el veintiocho de marzo de dos mil trece; es decir, ocho días después de entregar el dinero y la encausada firmó la escritura pública el ocho de julio de dos mil trece, tres meses y diez días después del supuesto pago. Asimismo, el referido abogado, el tres de octubre de dos mil trece, intentó ingresar a la fuerza al predio, pese a que había consignado en la minuta que el mismo se encontraba desocupado.

1.4. De la declaración de la encausada se tiene que conocía que el predio estaba ocupado.

1.5. Existe un contubernio entre todos los procesados para apropiarse de un bien ajeno; además nunca se resolvió su pedido de investigar al abogado de la encausada.

Segundo. Imputación fiscal

Del dictamen fiscal (foja mil cinco) se atribuye a Edith Amelia Ortiz Abanto no haber obrado como tercero de buena fe en la adquisición del inmueble ubicado en la avenida Tomás Guzmán N.° 560, manzana G1, lote 39, parcela CI, urbanización San Juan, en el distrito de San Juan de Miraflores, cuyo propietario es Juan Salomón Ramos Cutipa, persona desaparecida desde el año dos mil seis; considerándose que ha actuado en forma concertada con los procesados Rully Augusto Ramírez Garay y Juan Fernando Mendoza Mendoza, tanto en la falsificación de la escritura pública contenida en el kardex 9398, del sistema informático del despacho notarial del notario público Sergio Armando Berrospi Polo, ubicado en la avenida Felipe Arancibia N.° 669 (antes avenida Tarapacá), en el distrito del Rímac, provincia y departamento de Lima, como también en las conductas desarrolladas por parte de la organización a la cual pertenecen dichos encausados, donde el imputado Ramírez Garay se encargó de recolectar e ingresar los datos esenciales para efectuar la tramitación de inscripción de escrituras públicas espurias, las cuales eran falsificadas previa coordinación y gestión a nivel de la notaría Berrospi Polo con el procesado Mendoza Mendoza, entonces trabajador de dicho despacho notarial, quien manipulaba los kardex para facilitar tanto la inscripción en Registros Públicos de los documentos espurios, a través de personas tales como Jahir Alessandro Vargas Fernández, como también un posterior desplazamiento de dicha propiedad a su favor, simulando la venta ficticia con Juan Tomas Román Flores Huamaní, en calidad de apoderado del procesado Ramírez Garay.

Tercero. Análisis del caso

3.1. Esta Suprema Corte ha precisado, en reiterada jurisprudencia1, que aun cuando la parte civil impugne una resolución que disponga no continuar con la persecución penal, por mandato constitucional, corresponde al Ministerio Público –como titular de la acción penal–, de modo exclusivo, la persecución del delito, conforme con lo previsto en el artículo ciento cincuenta y ocho de la Constitución Política.

3.2. Así, se tiene que interpuesto el recurso de nulidad, concedido el mismo, se elevaron los actuados a esta Sala Suprema, quien los derivó al despacho del fiscal supremo en lo penal –en virtud del artículo ochenta y tres de la Ley Orgánica del Ministerio Público–, este emitió el dictamen fiscal N.° 537-2019-MP-FN-1°FSP (foja diez del cuadernillo formado ante esta Suprema Instancia) donde opinó que se declare no haber nulidad en la resolución recurrida. En consecuencia, dado que el fiscal supremo coincide con la posición adoptada por el fiscal superior, respecto a que no existen motivos para formalizar requerimiento acusatorio en el presente caso, por estricta observancia del principio acusatorio –precisado en el apartado previo– no existe posibilidad de que el órgano jurisdiccional dicte una resolución obligando al representante del Ministerio Público a acusar y, menos aún, asumir un rol activo en la acusación.

3.3. No obstante, cabe precisar que, como excepción a dicha regla, solo es posible la anulación del procedimiento cuando de uno u otro modo, y de manera especialmente relevante, se afecte el derecho a la prueba de la parte civil, o la decisión fiscal incurra en notorias incoherencias, contradicciones o defectos de contenido que ameriten un nuevo pronunciamiento fiscal y, en su caso, la ampliación de la propia instrucción2.

3.4. El recurrente alegó que no se atendió su pedido de ampliar la instrucción para incluir como presunto partícipe de los delitos imputados al abogado de la imputada Edith Amelia Ortiz Abanto; sin embargo, si bien ello es una posibilidad legalmente admisible en función a las circunstancias del caso concreto, la estimación o rechazo de dicha solicitud no cabe ser analizada, pues el ámbito del recurso es examinar la concurrencia de elementos de prueba suficientes para sustentar el enjuiciamiento de la encausada Edith Amelia Ortiz Abanto.

3.5. Al respecto, la parte recurrente alega, en puridad, que la imputada rindió durante el transcurso del proceso declaraciones inconsistentes –en cuanto a los detalles en la adquisición del bien inmueble– que no fueron debidamente merituadas; no obstante, debemos precisar que en el proceso penal rige el principio constitucional de presunción de inocencia, conforme con el cual el testimonio de la imputada constituye únicamente un dato a tomar en cuenta, pues no corresponde a la imputada demostrar su inocencia, sino que, por el contrario, corresponde al acusador aportar las pruebas que permitan demostrar la responsabilidad penal del imputado.

3.6. Así, del fundamento jurídico tercero de la resolución recurrida se tiene que durante el transcurso del proceso únicamente se habría acreditado que la encausada adquirió mediante minuta de compraventa el inmueble sublitis, el cual en dicha operación formalmente se encontraba inscrito en Registros Públicos, según Partida Electrónica N.° P02177699, a nombre de Rully Augusto Ramírez Garay; es decir, no se evidenciaría otro elemento probatorio objetivo que permita inferir que la imputada Edith Amelia Ortiz Abanto tuvo participación en la primera compraventa –donde se utilizó documentación apócrifa– mediante la que se inscribió a Rully Augusto Ramírez Garay como propietario del bien, no se habría acreditado que hubiese participado en la falsificación del documento público y, por ende, no se habría acreditado su participación en el delito de asociación ilícita para delinquir.

3.7. De lo establecido por la Sala Superior no se advierte ninguna infracción del derecho fundamental a la debida motivación de las resoluciones judiciales. Por el contrario, este expresó las razones fundadas en derecho del por qué compartió la decisión del representante del Ministerio Público (titular de la acción penal), como tampoco se omitió la valoración de algún elemento de prueba ni se advierte vulneración del derecho a la prueba del actor civil, por lo que en aras del pleno respeto del principio acusatorio y, como tal, de la vigencia de la garantía del debido proceso, se debe reiterar el pronunciamiento recurrido.

DECISIÓN

Por estos fundamentos, declararon:

I. NO HABER NULIDAD en el auto del cuatro de diciembre de dos mil diecisiete (foja mil noventa y nueve), que declaró no haber mérito para pasar a juicio oral en la causa seguida contra EDITH AMELIA ORTIZ ABANTO por la presunta comisión del delito contra la fe pública-falsificación de documentos, en perjuicio de la Superintendencia Nacional de Registros Públicos, del notario público Sergio Armando Berrospi Polo y Juan Salomón Ramos Cutipa, representado por su curador judicial Adolfo Ramos Cutipa; y por la presunta comisión del delito contra la tranquilidad pública-asociación ilícita para delinquir, en perjuicio de la sociedad; en consecuencia, se archive definitivamente el proceso.

II. DISPUSIERON se devuelvan los autos al Tribunal Superior de origen para los fines de ley pertinentes. Hágase saber a las partes apersonadas en esta sede suprema y archívese el cuadernillo.


1 Véanse los recursos de nulidad números 2330-2012, 1429-2016, 1782-2012 y 3126-2013.
2 Véase: Ejecutoria vinculante recaída en la Queja número mil seiscientos setenta y ocho-dos mil seis.

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