Robo agravado. Inaplicación de eximente incompleta
1 enero, 2021
Haber emitido pronunciamiento en juzgamiento anterior, cuya sentencia condenatoria fue declarada nula en contra de procesado, pone en duda imparcialidad del juez.
4 enero, 2021

Robo agravado. Prohibición de regreso. No se supera el riesgo permitido

CORTE SUPREMA DE JUSTICIA DE LA REPÚBLICA

SALA PENAL TRANSITORIA
RECURSO DE NULIDAD N.º 186-2019
LIMA NORTE

PROHIBICIÓN DE REGRESO

Sumilla. La jurisprudencia de esta Sala Penal Suprema ha establecido que la prohibición de regreso excluye la tipicidad objetiva del hecho y exime de responsabilidad al acusado, cuando se advierte que la conducta es inocua, estereotipada o adecuada a determinada profesión u oficio. En este caso, si bien el recurrente adujo que solo actuó como taxista, se estableció mediante prueba indiciaria que su conducta no se circunscribió a tal rol y en realidad, existió un reparto de funciones en la conducta criminal. Él actuó como apoyo logístico, ya que esperó a sus coacusados afuera del local donde robaron, y manejó temerariamente (en sentido contrario al tráfico y en medio de un tiroteo), para facilitar la huida. En ese sentido, con su conducta se generó un riesgo no permitido; por lo que se ratifica la decisión de primera instancia.

Lima, veintiuno de octubre de dos mil veinte

VISTO: el recurso de nulidad interpuesto por el sentenciado JIMMY JOSIMAR YNGA RUIZ contra la sentencia del veintiséis de setiembre de dos mil dieciocho (foja 555), emitida por la Cuarta Sala Penal Liquidadora, ex-Segunda Sala para Procesados en Cárcel, de la Corte Superior de Justicia de Lima Norte, que lo condenó por el delito de robo con agravantes, en perjuicio de Carmen Giovanna Ríos Tuanama y Josué Aarón Estrada Farías, y como tal, le impuso doce años de pena privativa de libertad y el pago de dos mil soles como reparación civil, a favor de los agraviados, con lo demás que contiene al respecto. De conformidad con la opinión del fiscal supremo en lo penal.

Intervino como ponente la jueza suprema CASTAÑEDA OTSU.

CONSIDERANDO

AGRAVIOS QUE SUSTENTAN EL RECURSO DE NULIDAD

PRIMERO. La defensa del sentenciado Jimmy Josimar Ynga Ruiz, en su recurso de nulidad (foja 590), solicitó que se declare la nulidad de la sentencia recurrida y se le absuelva de los cargos. Sostuvo esencialmente los siguientes agravios:

1.1. Su patrocinado solo realizó el servicio de taxi, pese a ello, fue condenado como coautor, solo por una frase que supuestamente dijo, referida a ingresar al centro de belleza, cuando la teoría del dominio del hecho requiere que este tenga dominio sobre las acciones de tal día y, en su caso, ello no ocurrió.

1.2. La Sala Superior indebidamente declaró acreditados algunos hechos que no tenían asidero probatorio, entre ellos que el motor del vehículo de placa D1R-358 conducido por su patrocinado se encontraba encendido y esperando a sus coacusados a una corta distancia del lugar de donde se produjo el robo, versión que ninguno de los agraviados refirió. Asimismo, se concluyó que existían dos armas (una real y otra réplica), pero el efectivo policial interviniente manifestó que solo encontró una réplica de arma de fuego en el auto.

1.3. No se acreditó la preexistencia de los bienes con acervo documentario y tampoco son válidas las declaraciones de los agraviados para este fin, pues se trata de versiones contradictorias y no ratificadas judicialmente, lo que determina la inexistencia del delito.

IMPUTACIÓN FÁCTICA Y JURÍDICA

SEGUNDO. En la acusación escrita y ratificada en juicio oral (fojas 487 y 548), se comprendió a Jimmy Josimar Ynga Ruiz, Anthony Cabides Babilón1 y Jesús Pérez Yáñez2, a quienes se les imputó el hecho ocurrido el veintisiete de agosto de dos mil quince, a las 22:00 horas, aproximadamente, en el centro de belleza unisex Carmen ubicado en el jirón Guillermo Ramsay N.° 320, Cooperativa Ama Ella, en San Martín de Porres, cuando la agraviada Ríos Tuanama se encontraba en el interior y atendía al cliente Estrada Farías, de repente ingresó al local Anthony Cabides Babilón, quien portaba una réplica de arma de fuego y amenazó a todos, mientras que Jesús Pérez Yáñez despojó de su celular marca Huawei y ciento cincuenta soles a la agraviada Ríos Tuanama; y un celular marca Samsung, trescientos soles y un vale de alimentos por ciento cincuenta soles al agraviado Estrada Farías. Luego, fugaron a bordo del vehículo Nissan de placa D1R-358 que los esperaba fuera del local, el que era conducido por Jimmy Josimar Ynga Ruiz.

TERCERO. El fiscal superior tipificó los hechos como delito contra el patrimonio, en la modalidad de robo, previsto en el artículo 188 del Código Penal (CP); en concordancia con las circunstancias agravantes de los incisos 3 (a mano armada) y 4 (con el concurso de dos o más personas), artículo 189, del acotado Código. Con relación al recurrente Josimar Ynga Ruiz, solicitó la pena de doce años de privación de libertad y el pago solidario de dos mil soles como reparación civil a favor de los agraviados, a razón de mil soles para cada uno.

SENTENCIA MATERIA DE IMPUGNACIÓN

CUARTO. Con base en la acusación fiscal antes detallada, se realizó el juicio oral y el veintiséis de setiembre de dos mil dieciocho, la Sala Superior emitió sentencia (foja 555), en la cual se dio por probado que el día de los hechos Jimmy Josimar Ynga Ruiz, quien conducía el vehículo alquilado de placa D1R-358, y sus coacusados Pérez Yáñez y Cabides Babilón consumieron drogas por el lapso de veinte a treinta minutos, cuando planearon robar el centro estético gestionado por la agraviada Ríos Tuanamá. Para ello se repartieron los siguientes roles: Ynga Ruiz se encargó del apoyo logístico, pues los esperó afuera del local con el vehículo encendido, mientras Pérez Yáñez y Cabides Babilón bajaron e ingresaron, uno de ellos con un arma, la que usó para amenazar a los agraviados; el otro, les rebuscó y sustrajo sus bienes, para luego ambos darse a la fuga en el referido vehículo.

No obstante, ante la presencia policial, se inició una persecución e Ynga Ruiz, en un acto conscientemente ejecutado, eludió a la policía, ya que condujo a alta velocidad y en sentido contrario al tráfico, y aun cuando fue alertado con un megáfono para que se detengan, no lo hizo. Es por ello que la policía intervino y se inició una balacera, producto de la cual resultó lesionado el PNP Ever Augusto Sunción Valenzuela, al igual que el reo contumaz, Pérez Yáñez.

DICTAMEN DEL FISCAL SUPREMO EN LO PENAL

QUINTO. El fiscal supremo en lo penal en su dictamen (foja 4 del cuadernillo) consideró esencialmente que la sentencia materia de impugnación fue motivada adecuadamente y existe suficiente actividad probatoria que enervó el principio de presunción de inocencia que asistía a Ynga Ruiz. Asimismo, estimó que la pena impuesta es proporcional, ya que se fijó en el extremo mínimo del tercio inferior y no existen razones para rebajarla por debajo del mínimo legal. En ese sentido, opinó por que se declare no haber nulidad en la condena y pena.

CONSIDERACIONES DE ESTE SUPREMO TRIBUNAL

MARCO JURÍDICO Y JURISPRUDENCIAL

SEXTO. El principio de presunción de inocencia consagrado en el literal e, inciso 24, artículo 2, de la Constitución Política, prescribe que toda persona es considerada inocente mientras no se haya declarado judicialmente su responsabilidad3. Conforme con la doctrina y la jurisprudencia, la presunción de inocencia tiene una doble dimensión en el proceso penal: como principio y como regla, de tratamiento, probatoria y de juicio. Como regla probatoria exige la actuación de suficiente prueba de cargo directa o indiciaria sobre la existencia del hecho y la intervención del acusado. Como regla de juicio exige que si luego de la valoración de la prueba el juzgador no llega a la certeza sobre la culpabilidad del acusado debe declarar su inocencia.

SÉTIMO. Por su parte, una sentencia condenatoria requiere de una actividad probatoria realizada con las garantías necesarias y en la que se haya tutelado el contenido constitucionalmente protegido de los derechos a la prueba, defensa y debido proceso, que permita evidenciar la concurrencia plena de los elementos del delito y el grado de intervención y/o participación de un acusado. Además, que el órgano jurisdiccional explicite las razones por las cuales arriba a determinada conclusión, pues con ello se evita la existencia de arbitrarias restricciones del derecho a la libertad individual de los justiciables y se tutela su derecho a la presunción de inocencia4.

OCTAVO. En el caso que nos ocupa, se condenó al recurrente como coautor del delito de robo, tipo básico previsto en el artículo 188 del Código Penal (CP), el cual sanciona a aquel que: “Se apodera ilegítimamente de un bien mueble total o parcialmente ajeno, para aprovecharse de él, sustrayéndolo del lugar en que se encuentra, empleando violencia contra la persona o amenazándola con un peligro inminente para su vida o integridad física”.

Tal como se aprecia, este delito se caracteriza esencialmente por el empleo de violencia (vis corporalis o absoluta) o intimidación (vis cumpulsiva o relativa). El primero consiste en el despliegue por parte del autor o autores de una energía física sobre la víctima, que lleva a suprimir o limitar materialmente su libertad de acción y la resistencia que pudiera oponer al apoderamiento5. Mientras que el segundo hace referencia a la amenaza de un peligro inminente para su vida o integridad física, lo que no implica que necesariamente el sujeto activo, de modo expreso y verbal, deba señalar al sujeto pasivo de que este va a ser agredido o le dará muerte si es que opone resistencia al robo. Por el contrario, la única condición es que, de cualquier modo, se comunique esto a la víctima, quien en atención al contexto situacional o secuencial de los hechos acaecidos, asuma que ello sucederá6.

NOVENO. Asimismo, se le imputaron las circunstancias agravantes de los incisos 3 y 4, primer párrafo, del artículo 189, del acotado Código; modificado por la Ley N.º 300767, respecto al uso de arma de fuego y la participación de dos o más personas en los hechos, respectivamente. Tales circunstancias representan diferentes condiciones o indicadores que circundan o concurren a la realización del delito. Su eficacia común se manifiesta como un mayor desvalor de la conducta ilícita realizada o como una mayor intensidad de reproche hacia el delincuente, con la cual se justifica el incremento de la punibilidad y la penalidad que corresponde aplicar al autor o partícipe del hecho punible8.

DÉCIMO. Por su parte, las conductas que importan al derecho penal son las que generan un riesgo no permitido; de modo que se configura la prohibición de regreso, pues se excluye la tipicidad objetiva del hecho y se exime de responsabilidad, cuando se advierte que la conducta es en realidad inocua, estereotipada o adecuada a determinada profesión u oficio, lo que también se denomina como “conductas neutrales”. Por tanto, aun cuando la conducta favorezca de forma causal a un delito –siempre que no lleguen a constituir un acto de complicidad del mismo–, se seguirá tratando de un riesgo permitido o jurídicamente tolerado, pues se circunscribe al rol que le corresponde como persona en la sociedad9.

En efecto, el rol de cada uno (compuesto por derechos y deberes), determina cuáles son las expectativas que orientarán las interacciones con otros sujetos, y se espera que cada uno actúe de acuerdo con tal rol y no otro. Sin embargo, las conductas que importan al derecho penal son aquellas cuando el sujeto rebasa su rol y genera un riesgo no permitido, o se vulnera el principio de confianza, se desentiende de las expectativas normativas y se comporta según su propio modelo de conducta. En tales casos, se produce una infracción y ya no cabe la prohibición de regreso anotada10.

ANÁLISIS DEL CASO

DECIMOPRIMERO. Para analizar la sentencia de mérito, se tiene como punto de partida el principio de congruencia recursal que determina los límites de revisión de este Supremo Tribunal y, en cuya virtud, el ámbito de la resolución únicamente se circunscribe a las cuestiones promovidas en el recurso11.+

 

DECIMOSEGUNDO. Como primer agravio, la defensa de Ynga Ruiz alegó que el día de los hechos su patrocinado solo prestó servicio de taxi a sus dos coacusados. De modo que no está en debate su presencia en el lugar de los hechos ni que estuvieron juntos tal día, sino que el análisis se centrará en determinar si, en realidad, se limitó a cumplir con su oficio de taxista (una conducta neutra o inocua) y, en consecuencia, si era de aplicación la prohibición de regreso, que excluye la imputación penal, tal como se anotó en el fundamento décimo de la presente ejecutoria.

Para tales efectos, es pertinente precisar, en primer lugar, que Ynga Ruiz no fue detenido inmediatamente, sino un año después y esta versión exculpatoria la sostuvo en su declaración de juicio oral del tres de setiembre de dos mil dieciocho (foja 516). Al respecto, indicó que el veintisiete de agosto de dos mil quince prestaba servicio de taxi cuando vio a Pérez Yáñez –con quien había estudiado en el colegio– y luego de que ambos se reconocieron, este le pidió que lo lleve al Centro Comercial Plaza Norte y pactaron el pago de ocho soles, lo que aceptó; sin embargo, vio a Cabides Babilón levantando la mano, también en busca de un taxi, por lo que lo hizo subir y se pusieron a fumar marihuana. Es por esta razón que ya no fueron hasta el referido centro comercial, sino que dieron vueltas hasta que Pérez Yáñez lo hizo detener para que él y Cabides Babilón bajen a comprar. Se demoraron aproximadamente de tres a cuatro minutos, y al regresar se veían apurados. Al preguntarles sobre qué había sucedido, ambos le dijeron que nada, solo que debían irse; sin embargo, cuando empezó a avanzar tranquilo, un patrullero se les cruzó y le hizo una seña para que se detenga, por lo que él pensó que seguramente debía ser a causa de la marihuana. Ante esto, sus dos coacusados, con insultos, le dijeron que avance y si bien es cierto que condujo en sentido contrario al tráfico se debió a que estaba nervioso y no quería que lo involucren, ya que él tenía antecedentes. Por tal razón, aun cuando dispararon siguió manejando. Precisó que de vez en cuando consume marihuana, lo que no interfiere con sus actividades, pues puede manejar con normalidad.

DECIMOTERCERO. Ahora bien, la Sala Superior consideró como prueba de cargo en su contra la declaración preliminar de su cosentenciado Benjamín Sinoe Cabides Babilón. En esta declaración prestada dos días después de los hechos, con presencia del fiscal (foja 37) señaló que conocía a Ynga Ruiz desde un año antes, ya que era amigo de su pareja, y el día de los hechos él y Pérez Yáñez lo fueron a buscar a su casa, a bordo de un vehículo que el primero había alquilado, y lo invitaron a fumar marihuana, lo que aceptó y a fin de que el olor no se impregne en el carro, se pusieron a dar unas vueltas.

Agregó que, durante el recorrido Ynga Ruiz le contó que realizaba el servicio de taxi y también se “recurseaba” robando y cuando se encontraban por las inmediaciones del centro de belleza, este les propuso que roben en dicho lugar, para lo cual él los esperaría fuera con el carro encendido. De modo que, él y Pérez Yáñez descendieron del vehículo e ingresaron al local con un revólver pequeño de color negro, apuntó a las dos mujeres y un varón que se encontraban dentro, lo que no fue de su agrado por lo que optó por retirarse y subirse de nuevo al vehículo de Ynga Ruiz. Una vez que Pérez Yáñez regresó con los objetos sustraídos, Ynga Ruiz puso en marcha el vehículo de forma lenta, pero al observar que unos patrulleros los perseguían, aceleró para darse a la fuga. Según su relato, en dicho interín, Pérez Yáñez disparó a los policías; sin embargo, en un determinado momento, fue impactado por una bala en el hombro. Cuando finalmente se detuvieron, fueron capturados él y Pérez Yáñez, desconociendo en qué momento huyó Ynga Ruiz.

Como se observa, esta declaración vincula a Ynga Ruiz con la planificación del hecho y el reparto de roles, pues el primero tenía un vehículo a su disposición, el cual sirvió para trasladar a Cabides Babilón y Pérez Yáñez hasta el lugar de los hechos, y luego los esperó mientras ellos entraban al local y sustraían los bienes de las víctimas.

DECIMOCUARTO. Ahora bien, cabe precisar que luego el sentenciado Cabides Babilón brindó otras declaraciones. Así, se tienen las siguientes:

14.1. En la ampliación de su declaración policial del tres de setiembre de dos mil quince (foja 104), señaló que solo conocía de vista a sus coacusados y el día de los hechos, él y un sujeto de apelativo Negro ingresaron a robar a un centro de belleza. Al salir huyendo, vieron que un taxi se encontraba estacionado afuera con Pérez Yáñez de pasajero, y sin importarles ello, se subieron, aunque igualmente fueron intervenidos por la policía. Precisó que a los agraviados solo los amenazó con la réplica de arma de fuego y cuando lo trasladaban a la comisaría escuchó que unos efectivos policiales hablaban de que le habían dado un arma a un policía, pero como no sabía manipularla, le disparó a su compañero.

14.2. En su declaración instructiva del treinta de marzo de dos mil dieciséis (foja 309) manifestó que, en realidad, el día de los hechos se encontraba acompañado de Ynga Ruiz y un sujeto llamado Octavio, junto a quienes estuvo fumando marihuana y dando vueltas por la zona en el carro del primero, cuando al pasar por un centro de belleza, él les dijo que paren, pues iba a bajar a ver a su pareja que ahí estaba y Octavio lo acompañó. Sin embargo, al ingresar al referido local, él sacó un arma y apuntó a los agraviados, mientras Octavio les sustrajo sus bienes y al salir subieron al vehículo de Ynga Ruiz.

14.3. Por su parte, en la sesión de juicio oral del tres de setiembre de dos mil dieciocho (foja 514), indicó que Ynga Ruiz solo era un taxista con quien había pactado el pago de quince soles por la movilidad, pero en el trayecto le dijo que se detenga a la altura del centro de belleza con el pretexto de bajar a comprar en una tienda, lo que este aceptó. Así que descendió del vehículo junto con Pérez Yañez –según su declaración, este último desconocía que iban a robar– e ingresaron al centro de belleza, él sacó la réplica de un arma de fuego y apuntó a los agraviados, mientras Pérez Yáñez rebuscaba entre sus pertenencias. Todo duró aproximadamente veinte minutos, luego de lo cual regresaron y subieron al taxi, y le dijo a Ynga Ruiz que avancen, sino se iban a morir todos.

DECIMOQUINTO. El detalle de las declaraciones mencionadas, pone de manifiesto que el sentenciado Cabides Babilón varió su versión inicial y que en sus posteriores declaraciones pretendió desvincular a Ynga Ruiz de los hechos; sin embargo, incurrió en diversas contradicciones: i) Referido a si conocía previamente al recurrente o no, pues inicialmente indicó que lo conocía desde un año antes, luego, precisó que solo de vista. ii) El motivo por el cual se encontraron los tres acusados, ya que en su declaración preliminar e instructiva manifestó que el recurrente fue a buscarlo a su domicilio para fumar marihuana. No obstante, en la ampliación de su declaración preliminar y en juicio oral se limitó a indicar que solo requirió sus servicios de taxi. Al respecto, de acuerdo con las actas del registro personal de Cabides Babilón y Pérez Yáñez (fojas 40 y 41), no se halló dinero en su poder que permita concluir que contaban con los medios económicos para el pago de dicho servicio. iii) Sobre quiénes participaron en el robo, en la ampliación de su declaración preliminar y juicio oral también desvinculó de los hechos a Pérez Yáñez y sindicó a un tal Negro y, luego, a un sujeto de nombre Octavio, con quien habría ejecutado el hecho.

DECIMOSEXTO. En este extremo de la valoración, resulta de aplicación el precedente vinculante recaído en el Recurso de Nulidad N.° 3044-2004/Lima, conforme con el cual, al interior del proceso penal, frente a dos o más declaraciones carentes de uniformidad y persistencia –en cuanto a los hechos incriminados– por parte de un mismo sujeto procesal (coimputado, testigo víctima o testigo) es posible prevalecer como confiable aquella con contenido de inculpación por sobre las otras con carácter exculpante12.

En aplicación del citado precedente vinculante, contrastadas las versiones iniciales y las posteriores del sentenciado Cabides Babilón, se otorga mayor fiabilidad a la primera que fue brindada en la etapa de investigación policial, con la presencia del fiscal y su abogado defensor; por tanto, constituye un elemento probatorio, de conformidad con el artículo 62 del Código de Procedimientos Penales (C de PP).

Además, para este Supremo Tribunal las contradicciones anotadas en el fundamento anterior no solo tuvieron un propósito autoexculpatorio, sino que evidencian el interés de desligar a sus coacusados de los hechos, lo que constituye un indicio de mala justificación.

DECIMOSÉTIMO. Ahora bien, para determinar la responsabilidad de Ynga Ruiz en los hechos se cuenta con otras pruebas de cargo, consistentes en las declaraciones de los efectivos policiales intervinientes, quienes dieron cuenta de su actitud luego de cometido el robo:

17.1. El SOT1 PNP Luis Espinoza Minaya refirió que el día de los hechos, cuando patrullaba escuchó por la radio policial que perseguían a un vehículo color plateado, razón por la que puso en ejecución el Plan Cerrojo y logró ubicarlo en la cuadra 4 de Próceres, intersección con la calle La Mar, en la Urbanización Condevilla. Precisó que durante la intervención, los sujetos al interior del vehículo hicieron disparos y uno impactó en el SO1 PNP Ever Sunción Valenzuela, por lo que tuvieron que usar su arma reglamentaria e hirieron al acusado contumaz Pérez Yáñez.

17.2. El PNP Marlon Gómez Sarango (foja 90), quien también prestó apoyo en la persecución policial, declaró que escuchó por la radio que los implicados se habían fugado a bordo de un vehículo por la avenida Germán Aguirre con dirección al Callao, después de haber asaltado la Estética Unisex Carmen y efectuaban disparos. Cuando estaba por el jirón La Mar divisó al vehículo realizando maniobras temerarias para esquivar los vehículos, momento en el que el SOT1 PNP Espinoza Minaya efectuó dos disparos, con lo que se logró detener a dos sujetos, mientras el tercero se dio a la fuga (refiriéndose a quien conducía el vehículo, esto es, a Ynga Ruiz).

17.3. El SOB PNP Alberto Saucedo Guzmán (foja 95), indicó que el taxista condujo el vehículo en sentido contrario, mientras que del interior realizaban disparos, razón por la que él también disparó al aire; cuando se les detuvo advirtieron que al PNP Sunción Valenzuela le impactó una bala en el muslo derecho, por lo que fue trasladado a la Clínica San Vicente.

DECIMOCTAVO. Por tanto, existe un mismo correlato lógico y coherente entre las testimoniales de los tres efectivos policiales, de las cuales se desprende que, luego de que el sentenciado Cabides Babilón y el reo contumaz Pérez Yáñez salieron del centro de belleza huyeron a bordo del vehículo con placa D1R- 358, conducido por Ynga Ruiz. La actitud de este último durante la persecución, de modo alguno fue el comportamiento usual de un taxista; por el contrario, realizó todas las maniobras necesarias para huir de la policía, en medio de una tenaz persecución y balacera.

Asimismo, se tiene como dato objetivo que Ynga Ruiz logró huir, pero luego de ello tampoco tuvo una actitud acorde con la de un taxista que resulta sorprendido por el accionar delictivo de quienes le solicitaron el servicio de taxi y fue coaccionado para huir, pues lo que se espera de un ciudadano que realiza este servicio es que se presente a la dependencia policial más próxima y declare para contribuir al esclarecimiento de los hechos, lo que no realizó. Es más, hizo caso omiso a las citaciones durante las primeras etapas del proceso; por tanto, su accionar constituye un indicio de fuga del lugar de los hechos.

DECIMONOVENO. Como otro indicio, se tiene el de capacidad para delinquir, el cual informa que no se trata de deducir la culpabilidad de la forma de vida de la persona, sino de utilizar una máxima de la experiencia que indica que es probable que alguien que ya cruzó el límite de la legalidad lo pueda hacer nuevamente13. En tal sentido, se verifica que Ynga Ruiz registra antecedentes penales por el delito de tenencia ilegal de armas, con pena privativa de libertad suspendida.

VIGÉSIMO. De lo expuesto, se concluye que si bien el recurrente adujo que solo actuó como taxista, se estableció mediante las declaraciones iniciales de su cosentenciado Cabides Babilón y las de los efectivos policiales mencionados e indicios que hemos anotado, que su conducta no se circunscribió a tal rol y actuó deliberadamente en un contexto criminal, puesto que se acreditó que existió un reparto de funciones. De modo que, él actuó como apoyo logístico, ya que esperó a sus coacusados afuera del local donde robaron y manejó temerariamente para facilitar la huida, lo que determina su intervención como coautor, y con su conducta generó un riesgo no permitido, por lo que se descarta este primer agravio.

VIGESIMOPRIMERO. Como otro agravio, el recurrente cuestionó la existencia de un arma de fuego real –lo que constituye una circunstancia agravante del hecho–, pues aludió a que en el acta de registro vehicular e incautación (foja 42) se verificó solo el hallazgo de la réplica de un arma de fuego color negro con el logotipo 9 mm Pietro Beretta, debajo del asiento del copiloto del vehículo de placa D1R-358. Sin embargo, quedó acreditado con la declaración del recurrente, su coacusado Cabides Babilón y de los efectivos policiales, de que se produjo un tiroteo, producto del cual resultaron dos heridos, Pérez Yáñez y un efectivo policial, por lo que necesariamente se hizo uso de un arma real. De modo que también se descarta este agravio.

VIGESIMOSEGUNDO. Con relación a los bienes robados, la defensa cuestionó la falta de pruebas documentales que acrediten su preexistencia. Al respecto, este agravio no es de recibo, puesto que nuestro ordenamiento jurídico procesal se rige por el sistema de la sana crítica racional de la prueba y, en virtud de ello, si no existe boleta, factura y/o comprobante de pago que corrobore la cuantía del bien, es válido dar por acreditada la preexistencia del mismo con la prueba personal; es decir, la declaración del agraviado14.

VIGESIMOTERCERO. En ese sentido, se aprecia que en la sentencia recurrida se ha justificado la decisión, puesto que se valoraron adecuadamente las pruebas, y la conducta de Ynga Ruiz se subsumió en el delito de robo con agravantes cometido en perjuicio de Carmen Giovanna Ríos Tuanama y Josué Aarón Estrada Farías, mediante el uso de dos armas (una réplica y otra real) y pluralidad de agentes.

VIGESIMOCUARTO. Finalmente, en lo que respecta a la pena impuesta, se verifica que el delito de robo con agravantes previsto en el artículo 189 del CP prevé una pena no menor de doce ni mayor de veinte años. El fiscal superior solicitó para Jimmy Ynga Ruiz el extremo mínimo, el cual fue impuesto por la Sala Superior, pese a tener antecedentes penales por el delito de fabricación, tenencia y suministro de materiales peligrosos (foja 490). Sin embargo, dado que el sentenciado es el único impugnante, la pena debe ser confirmada, en atención al principio de interdicción de la reforma en peor15.

VIGESIMOQUINTO. En lo concerniente a la reparación civil ex delito, el Acuerdo Plenario N.° 04-2019/CJ-11616 establece que se trata de una responsabilidad que no nace porque el hecho sea delito, sino debido a que este produce un daño o implica un menoscabo patrimonial en la víctima17. Por lo tanto, se genera una acumulación heterogénea de acciones (civil y penal), cuyos objetos se encuentran relacionados puesto que se fundan en hechos cometidos por una misma persona, del cual derivará el daño penal (ofensa al bien jurídico que determina la imposición de una pena) y el daño civil.

Por su parte, el artículo 93 del CP prescribe que la reparación civil comprende:

a) la restitución del bien o, si no es posible, el pago de su valor; y, b) la indemnización de los daños y perjuicios. Este concepto se fija en consideración de los principios de razonabilidad y proporcionalidad, a fin de que guarde correspondencia con el daño ocasionado a la agraviada.

VIGESIMOSEXTO. En este caso, el fiscal superior solicitó el pago solidario de dos mil soles como reparación civil a favor de los agraviados, a razón de mil soles para cada uno, y la Sala Superior la fijó en dicho monto, pero no determinó cómo debía realizarse el pago, respecto de cada agraviado.

Por tanto, el fallo de la resolución recurrida debe ser aclarada en este extremo, conforme con el inciso 2, artículo 124, del CPP, que faculta al juez a que en cualquier momento aclare los términos oscuros, ambiguos o contradictorios en que estén redactadas las resoluciones, o adicione su contenido, si hubiera omitido resolver algún punto controvertido, siempre que tales actos no impliquen una modificación de lo resuelto.

DECISIÓN

Por estos fundamentos, los jueces y las juezas integrantes de la Sala Penal Transitoria de la Corte Suprema de Justicia de la República, ACORDARON:

I. NO HABER NULIDAD en la sentencia del veintiséis de setiembre de dos mil dieciocho, emitida por la Cuarta Sala Penal Liquidadora, ex-Segunda Sala para Procesados en Cárcel de la Corte Superior de Justicia de Lima Norte, que condenó a JIMMY JOSIMAR YNGA RUIZ –coautor– del delito contra el patrimonio, en la modalidad de robo con agravantes, en perjuicio de Carmen Giovanna Ríos Tuanama y Josué Aarón Estrada Farías, y como tal, le impuso doce años de pena privativa de libertad y el pago de dos mil soles, a favor de los agraviados, lo que deberá abonar de forma solidaria, a razón de mil soles para cada uno.

II. ACLARAR la citada sentencia en el extremo que establece el pago de la reparación civil, y debe decir: “Fijaron el pago de dos mil soles, a favor de los agraviados, lo que deberá pagar de forma solidaria conjuntamente con Cabides Babilón, a razón de mil soles para cada uno”.

Intervino el juez supremo Bermejo Ríos por vacaciones del juez supremo Salas Arenas.


1 En la misma sentencia fue condenado a ocho años de pena privativa de libertad, lo que no fue materia de impugnación; por tanto, quedó consentido este extremo de la decisión (foja 596).
2 Fue declarado reo contumaz y se reservó el juzgamiento hasta su captura.
3 Una disposición de desarrollo del mandato constitucional se encuentra en el artículo II, del Título Preliminar, del Código Procesal Penal, el cual precisa de una suficiente actividad probatoria de cargo, obtenida y actuada con las debidas garantías procesales, para desvirtuar este principio-derecho fundamental. Y que, en caso de duda sobre la responsabilidad penal, debe resolverse a favor del imputado.
4 Conforme con lo señalado de manera reiterada en la jurisprudencia de este Supremo Tribunal; por ejemplo, en los recursos de nulidad números 2978-2016/Huánuco, 47-2017/Lima Norte, 614-2017/Junín, 962-2017/Ayacucho, 2269-2017/Puno, 2565-2017/Cusco, 310-2018/Lambayeque y 1037-2018/Lima Norte, entre otros.
5 DONNA, Edgardo Alberto. Derecho penal. Parte especial. Tomo II-B. Tercera edición. Buenos Aires: Rubinzal-Culzoni Editores, 2008, p. 114.
6 Casación N.° 496-2017/Lambayeque, del 1 de junio de 2018.
7 Publicada el 19 de agosto de 2013, vigente a la actualidad.
8 PRADO SALDARRIAGA, Víctor Roberto. Delitos y penas. Una aproximación a la parte especial. Lima: Ideas Solución Editorial, 2017, p. 117.
9 Las Salas Penales de esta Suprema Corte se han pronunciado en ese sentido, en los recursos de nulidad números 243-2003/Tumbes, 776-2006/Ayacucho 4212-2009/Amazonas, 2756-2010/Lambayeque, 1481-2011/Arequipa, 529-2014/Lima, 214-2019/Lima, entre otros.
10 CARO JOHN, José. Normativismo e imputación jurídico penal. Estudios en derecho penal funcionalista. Lima: Ara Editores, 2010, pp. 31-34.
11 Casaciones números 215-2011/Arequipa y 147-2016/Lima, así como la STC N.° 05975-20D8- PHC/TC.
12 En el mismo sentido, los recursos de nulidad números 1272-2016/Lima Norte, 828-2019 y 191-2020, según los cuales ante declaraciones distintas de un coimputado, recibidas con las garantías legalmente exigibles, el Tribunal no está obligado a creer aquello que se dijo en el juicio oral, sino que tiene libertad para conceder mayor o menor fiabilidad a unas u otras, pues puede ocurrir que por determinadas razones ofrezca mayor credibilidad lo declarado en la etapa de instrucción que lo dicho después en juicio oral.
13 GARCÍA CAVERO, Percy. La prueba por indicios en el proceso penal. Lima: Editorial Reforma, 2010, pp. 48-49.
14 Cfr. Recurso de Nulidad N.° 114-2014, Loreto y Casación N.° 646-2015/Huaura, entre otros.
15 Artículo 300. Ámbito del recurso de nulidad.
1. Si el recurso de nulidad es interpuesto por uno o varios sentenciados, la Corte Suprema solo puede confirmar o reducir la pena impuesta y pronunciarse sobre el asunto materia de impugnación.
16 Del 10 de setiembre de 2019. Asunto: Absolución, sobreseimiento y reparación civil. Prescripción y caducidad en ejecución de sentencia en el proceso penal.
17 Foja 25.

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