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Robo. Presunción de inocencia. Ausencia de elementos de cargo que acrediten intervención en el hecho.

CORTE SUPREMA DE JUSTICIA DE LA REPÚBLICA

SALA PENAL PERMANENTE
RECURSO DE NULIDAD N.º 963-2019
PASCO

No haber nulidad en la absolución.

Esta Sala Suprema advierte que ante la ausencia de prueba directa para acreditar un hecho se recurre a los indicios, que deben ser concomitantes, plurales e interrelacionados. Así, no basta suponer como cargo probatorio lo expuesto por el Ministerio Público sin que se encuentre corroborado

En atención a ello, lo actuado en el presente caso no resulta suficiente para enervar la presunción de inocencia de los encausados.

Además, en vista del tiempo transcurrido desde el inicio del proceso hasta la fecha (más de trece años), prima el derecho a ser juzgado en el plazo razonable. Por lo tanto, la absolución dictada a su favor se encuentra arreglada a derecho.

Lima, dieciséis de octubre de dos mil veinte

VISTOS: los recursos de nulidad interpuestos por el fiscal adjunto superior penal de la Primera Fiscalía Superior Penal de Pasco y por la parte civil (Victoria Huacho Nolasco, madre del agraviado) contra la sentencia del seis de marzo de dos mil diecinueve (foja 2245) – expedida por la Sala Mixta-Sala Penal de Apelaciones y Sala Penal Liquidadora de la Corte Superior de Justicia de Pasco–, que absolvió a Julián Luis Velásquez Ayra y Esteban Delgado Sierra de la acusación fiscal en su contra por la presunta comisión del delito contra la vida, el cuerpo y la salud- homicidio calificado, en perjuicio de Valerio Berna Huacho; con lo demás que contiene.

Intervino como ponente el señor juez supremo Castañeda Espinoza.

CONSIDERANDO

§ I. De la pretensión impugnativa de los recurrentes

Primero. El fiscal adjunto superior penal de la Primera Fiscalía Superior Penal de Pasco, mediante el presente recurso (foja 2331), solicitó que se

declare nula la sentencia absolutoria –por indebida valoración probatoria– y se ordene un nuevo juzgamiento, pues la responsabilidad de los procesados se encuentra acreditada con base en prueba indiciaria. Así pues:

1.1. Se descarta la participación de terceras personas como autores del hecho porque las únicas que tenían conocimiento de que el agraviado portaba una suma de dinero eran los procesados; además, en caso de ser foráneos, no se habrían preocupado de ocultar el cadáver, sino solo de robar y huir.

1.2. La Sala declaró probado que el cuerpo del agraviado se trasladó completo desde otro lugar y fue cubierto con un plástico negro; sin embargo, del acta de levantamiento de cadáver y el protocolo de necropsia se desprende que los restos de la víctima fueron cubiertos hasta por tres bolsas plásticas y que por las lesiones que indicó no se descartaba que el agraviado sufriera algún desmembramiento y el cadáver fuera cercenado para desaparecerlo, y así los autores evitaran ser descubiertos.

1.3. Se hizo una apreciación subjetiva para explicar el traslado y hallazgo del cuerpo, así como el número de intervinientes en este hecho, ya que precisamente todo ello evidenciaría que se realizaron actos para evitar su descubrimiento o vinculación con el hecho, pues el cuerpo se encontró en un lugar acondicionado especialmente para enterrarlo.

1.4. Se rechazó la motivación económica, pero lo cierto es que el objetivo no solo era el dinero previamente entregado por el procesado Velásquez Ayra, sino también otros bienes que no se encontraron (camioneta, celular, cámara fotográfica) y no se descarta que portara más dinero en efectivo como producto de cobranzas.

1.5. Las contradicciones en las versiones de los procesados constituyen un indicio de contradicción y mala justificación a fin de no evidenciar la intención de apoderarse del dinero que portaba el agraviado.

1.6. No se acreditó la versión de los procesados acerca de la presencia del agraviado en la zona (probar fungicida), por lo que se desprende que habría sido engañado para conducirlo a la zona y victimarlo, sobre todo cuando el testigo Reynaldo Huerta Nolasco sostuvo que observó la camioneta del procesado y, a la distancia, reunidas a cuatro o cinco personas –que sería la situación previa al homicidio–.

1.7. El disparo fue en la nunca de la víctima, que es una situación que se aprecia cuando los autores son conocidos por esta, como era el caso. Además, no se probó que el procesado Velásquez Ayra se encontrara en otro lugar al momento de los hechos (hay contradicciones con el testigo Richard Gonzales Paredes y su coprocesado Delgado Sierra sobre la hora en la que supuestamente estuvo realizando otra actividad) y pudo intervenir en estos.

1.8. No se descarta que en el registro del vehículo del agraviado por la tranquera de seguridad haya sido suplantado por alguno de los autores, sobre todo porque no se justifica la hora en la que se anotó su paso (más de dos horas después de haber acudido a la chacra con el procesado Esteban Delgado Sierra). El guardián de la tranquera, Jaime Gerónimo García Páucar, indicó que no fue exhaustivo en la verificación de la licencia presentada por el conductor del vehículo.

1.9. Se deben descartar las versiones de los testigos de descargo Agliberto Cierto Rivera, Augusto Santos Cruz y Clemente Santos Cierto acerca de que vieron al agraviado en el puente Huashushon porque no se corroboró y, además, conocen a los acusados, todo lo que lleva a concluir que la muerte del agraviado se produjo en la zona de Cochayoc.

1.10. Se descartó el testimonio de Reynaldo Huerta Nolasco por fantasioso, no corroborado y porque tiene antecedentes penales, pero ello no es suficiente porque dicho testigo ha reiterado su versión de los hechos (haber visto la camioneta del agraviado y una reunión de varias personas).

Segundo. Por otro lado, la parte civil, Victoria Huacho Nolasco –madre del agraviado–, fundamentó su recurso de nulidad (foja 2345) y solicitó que se declare la nulidad de la sentencia absolutoria y se ordene un nuevo juicio oral. Indicó que:

2.1. No es creíble que hicieran ir al agraviado a la chacra para que les enseñara el uso de un nuevo producto de fumigación (porque el procesado Velásquez Ayra sostuvo que no había otros clientes para el agraviado), por lo que el verdadero fin era apropiarse del dinero, la camioneta y otros bienes.

2.2. No se explican razonablemente los hechos narrados un día antes de la muerte del agraviado (entrega de dinero en horas de la noche en el interior del negocio de Velásquez Ayra y la presencia de su coprocesado Delgado Sierra en dicho acto).

2.3. El agraviado fue ultimado en un lugar alejado para evitar la identificación de los autores y, además, el vigilante de la tranquera solo cumplió con anotar los nombres de las personas que pasaban por el lugar y no realizar el registro vehicular.

§ II. Imputación fáctica y jurídica

Tercero. Conforme a la acusación fiscal (foja 748), el veinticuatro de enero de dos mil cuatro, aproximadamente a las 11:50 horas, en el trayecto de la carretera Uchuhuertas a Quiparacra del distrito de Huachón (provincia de Pasco), el agraviado Valerio Berna Huacho –ingeniero agrónomo– fue asesinado por Esteban Delgado Sierra y Julián Velásquez Ayra con un disparo de arma de fuego.

Estos hechos se remontan al día anterior (veintitrés de enero de dos mil cuatro), entre las 17:00 y las 20:00 horas, cuando el agraviado (quien se dedicaba a la venta de productos agrícolas) llegó a la tienda del procesado Velásquez Ayra y conversaron, para luego retirarse. Posteriormente, regresó y Velásquez Ayra le indicó al agraviado que necesitaba el producto Cupravit, a lo que la víctima le solicitó el pago para hacer el depósito a la empresa Bayer y así le enviaran el producto, por lo que en ese momento el procesado le entregó la suma de USD 1723 (mil setecientos veintitrés dólares estadounidenses) por la compra de 525 kilos de Cupravit. Esta transacción fue observada por el imputado Delgado Sierra, peón de su coprocesado. Luego, el acusado Velásquez Ayra le indicó al agraviado que tenía una parcela en la que había sembrado un poco tarde y este le comentó que podrían probar el nuevo producto y acordaron realizar dicha prueba al día siguiente.

Así, el día de los hechos, veinticuatro de enero de dos mil cuatro, a las 8:30 horas, aproximadamente, Berna Huacho se presentó a la tienda de Velásquez Ayra, pero como este no se encontraba se fue con el peón Delgado Sierra para indicarle cómo debía fumigar el sembrío de papas en el lugar denominado Cochayoc, donde los procesados dieron muerte al agraviado, pues su cuerpo fue encontrado en las cercanías.

El cadáver fue descubierto el once de marzo de dos mil cuatro en el lugar denominado quebrada aserradero Auquimarca, a la altura del kilómetro 9.730, a veinte metros (aproximadamente), hacia la parte superior del cerro (ladera izquierda) entre Auquimarca, en el distrito de Huallay. La víctima falleció a consecuencia de “lesiones traumáticas entre otras fractura de occipital en la cabeza ocasionado por proyectil de arma de fuego”.

Cuarto. Estos hechos fueron tipificados como delito de homicidio calificado, previsto en el artículo 108, inciso 2, del Código Penal (“para facilitar u ocultar otro delito”), que contempla una pena privativa de libertad no menor de quince años (conforme a la modificación de la Ley número 27472, vigente al momento de los hechos).

El fiscal superior acusó a Esteban Delgado Sierra y Julián Velásquez Ayra como presuntos autores1 y solicitó que se les imponga la pena de dieciocho años de privación de libertad, así como el pago solidario de S/ 20 000 (veinte mil soles) por concepto de reparación civil.

§ III. Antecedentes

Quinto. En primer lugar, de la revisión de autos, se debe precisar que en este proceso han recaído dos sentencias previas (una condenatoria y otra absolutoria), de fechas once de agosto de dos mil diez y veintidós de mayo de dos mil diecisiete, contra Julián Velásquez Ayra y Esteban Delgado Sierra (fojas 902 y 1537, respectivamente), en las que se absolvió al primero y se condenó al segundo a la pena privativa de libertad de dieciocho años. Ante los recursos de nulidad interpuestos por el Ministerio Público y por el encausado Delgado Sierra, esta Sala Suprema, mediante la ejecutoria suprema del once de agosto de dos mil diez (foja 1602), resolvió declarar nulas ambas sentencias y dispuso que se realice un nuevo juicio oral por un Colegiado distinto y se actúen determinadas diligencias, tales como la confrontación entre los coprocesados Velásquez Ayra y Delgado Sierra (cuya realización no se dispuso) y recabar las declaraciones testimoniales de Artemio Aliaga Estrella, Johan Ronal Orihuela Macuri y Francys Julián Velásquez Sinche, que efectivamente se llevaron a cabo (fojas 1962, 2123 y 1971, respectivamente).

§ IV. Fundamentos de la sentencia absolutoria recurrida

Sexto. La Sala Superior, al examinar todo lo actuado, concluyó en la absolución de los procesados Velásquez Ayra y Delgado Sierra con base en la insuficiencia probatoria y descartó cada uno de los indicios de cargo aportados por el Ministerio Público.

Indicó que no hubo prueba directa de la responsabilidad de los procesados y que los indicios de cargo presentados no se encontraban relacionados con un hecho base (que tampoco fue señalado por el fiscal); y, si bien existieron contradicciones en algunas declaraciones, tales no estuvieron interrelacionadas y no se reforzaban entre sí, por lo que eran indicios débiles para inferir una supuesta participación de los procesados.

Séptimo. La sentencia absolutoria recurrida, materia de impugnación por la parte agraviada y por el Ministerio Público, se sustentó en lo siguiente:

7.1. Está acreditada la materialidad del delito con el protocolo de necropsia, según el cual el agraviado falleció de “traumatismo cráneo encefálico grave y el agente causante fue proyectil de arma de fuego”; además, la camioneta en la que se movilizaba el agraviado no ha sido encontrada a la fecha, por lo que se infiere que el motivo del homicidio fue para facilitar un robo.

Tampoco es controvertido que la víctima recibió la suma de USD 1723 (mil setecientos veintitrés dólares estadounidenses) de parte del procesado Velásquez Ayra por la compra de productos agrícolas (y que esto lo observó el procesado Delgado Sierra, peón de aquel); además, al día siguiente, el agraviado fue a casa de Velásquez Ayra y se llevó a Delgado Sierra en su camioneta hasta el sector llamado Cochayoc, donde estaba la chacra de Velásquez Ayra.
Solo corresponde acreditar, por lo tanto, si los procesados fueron autores del asesinato de Valerio Berna Huacho producido luego de todos los sucesos indicados.

7.2. Así, la sentencia detalla un relato cronológico de la ubicación del agraviado después de retirarse de la chacra (con rumbo a Paucartambo): se precisa que aquel pasó conduciendo su vehículo por el puente Huashushon, donde se detuvo para que le dieran pase, y estuvo ahí desde las 11:00 hasta las 11:30 horas, aproximadamente, del día de los hechos, conforme se verifica de las declaraciones en juicio de tres trabajadores (Agliberto Cierto Rivera, Augurio Santos Cruz y Clemente Santos Cierto) que estaban laborando en dicho puente en ese momento.

7.3. De igual manera, se sostiene que el agraviado Berna Huacho, a las 11:59 horas, pasó por la garita de control de la empresa Edegen, donde se anotó el registro de su vehículo por el vigilante Jaime Gerónimo García Páucar. Ello se verifica con la anotación del cuaderno de dicha garita y la declaración del vigilante García Páucar, quien además indicó que luego de acabar su turno (al mediodía) se dirigió hacia Paucartambo y en la ruta observó la camioneta del agraviado estacionada a un lado del camino.

Expuesta la materialidad del hecho criminoso, seguidamente la Sala Superior procede a rebatir los indicios presentados por el Ministerio Público como pruebas de cargo respecto a la presunta responsabilidad de los encausados Velásquez Ayra y Delgado Sierra en la muerte del agraviado Berna Huacho, con lo cual la Sala Superior concluye en su posición de absolver de la acusación fiscal a los dos procesados imputados en el delito instruido. Así, se indica que:

7.4. El Ministerio Público sostiene que Valerio Berna Huacho fue asesinado en un lugar (no precisado) y luego trasladado adonde lo encontraron. Sin embargo, del acta de levantamiento de cadáver solo se desprende que el cuerpo del agraviado estaba cubierto con un plástico negro y que sus restos fueron esparcidos por animales, pues en ningún documento pericial se hace referencia a un presunto descuartizamiento. La Sala Superior sostiene que si (como refiere el fiscal) el asesinato se realizó en la chacra de Cochayoc (del encausado Velásquez Ayra) no era necesario trasladar el cadáver hasta el lugar donde fue encontrado, sobre todo cuando este lugar se encuentra a una hora, aproximadamente, de viaje desde Cochayoc, y tiene que transitarse necesariamente por una garita de la empresa Edegen y torres de control del ejército donde podrían haber sido descubiertos llevando el cadáver. Además, los alrededores de Cochayoc son un área desolada, existen bosques, quebradas, etc., donde podría haberse escondido el cadáver.

7.5. La tesis del fiscal es que más de una persona participó en el hecho. Al respecto, la Sala refiere que si la muerte se produjo en la carretera solo una persona pudo transportar el cuerpo por quince metros (donde fue encontrado). En todo caso, este extremo no ha sido probado por el Ministerio Público.

7.6. El fiscal sostiene que los procesados Velásquez Ayra y Delgado Sierra cometieron el delito para facilitar el robo del dinero y el vehículo, pero está acreditado que Velásquez Ayra realizaba transacciones con el agraviado por montos mucho mayores que los que le entregó el día anterior (incluso, en una ocasión anterior, le pagó al agraviado la suma de USD 4273 –cuatro mil doscientos setenta y tres dólares estadounidenses–).

7.7. Las contradicciones que resalta el fiscal entre las declaraciones de los procesados sobre la entrega del dinero al agraviado (quiénes estuvieron presentes, si sabían la cantidad exacta, etc.) son un indicio débil porque nadie niega ni cuestiona la entrega del dinero realizada por Velásquez Ayra al agraviado Berna Huacho.

7.8. Sobre la cuestionada programación de la labor de fumigación en la chacra de Velásquez Ayra, la Sala advierte que en el juicio oral quedó claro que dicho procesado acordó con Berna Huacho (la noche anterior a los hechos) ir juntos a su chacra a probar el nuevo producto de fumigación, pero que luego se acordó que no podía hacerlo (pues tenía que trasladar piedras para la Municipalidad Distrital de Huachón) y por eso le encargó a su peón y coprocesado Delgado Sierra que fuera a la chacra con el agraviado al día siguiente, y así también le encargó a su esposa, Olinda Aurelia Sinche Pomalaza, que mandara al peón con la víctima. Por ende, no se aprecia la contradicción anotada por el fiscal, sobre todo cuando el encausado Velásquez Ayra ha acreditado con testigos y documentos (no tachados) que sí laboró con su camión el día de los hechos acarreando piedras para una obra por la que fue contratado y remunerado por la Municipalidad Distrital de Huachón.

7.9. El fiscal advierte que Velásquez Ayra indicó que –cuando estaba trabajando en el traslado de piedras– vio pasar la camioneta del agraviado y que este trasladaba en la tolva a más de una persona, pero luego ese mismo procesado negó haberse percatado de ello. La Sala refiere que el fiscal no elabora de qué forma este supuesto hecho incide en su responsabilidad, sobre todo cuando las posibles personas que habrían estado en la tolva de la camioneta –según la versión de la madre del agraviado– solo figuran como testigos en el proceso.

7.10. Al respecto, sobre la presencia de más personas en la camioneta de Berna Huacho cuando este se dirigió a la chacra, se tiene que la madre del agraviado, Victoria Huacho Nolasco, sostuvo que la esposa del procesado Velásquez Ayra (Olinda Aurelia Sinche Pomalaza) le contó que en la camioneta estuvieron (además del agraviado y del procesado Delgado Sierra) los testigos Pedro Artemio Aliaga Estrella, Johan Ronal Orihuela Macuri y Francys Julián Velásquez Sinche (hijo del procesado Velásquez Ayra).

Sin embargo, Aliaga Estrella y Orihuela Macuri han negado ello y sostenido que el agraviado se les acercó en sus parcelas (del sector Cochayoc) para ofrecerles sus productos y que luego de eso se retiró. Ello corrobora la versión del encausado Delgado Sierra en ese extremo.

En todo caso, el fiscal no indica cómo la supuesta presencia de más personas en el vehículo del agraviado influye en la investigación contra los procesados, sobre todo cuando no han sido incluidos como autores o cómplices por el fiscal; además, uno de los testigos (Pedro Artemio Aliaga Estrella) bordeaba los sesenta años al momento de los hechos, y el fiscal tampoco ha establecido qué habrían hecho estas personas (que supuestamente estaban en el vehículo) con los bienes robados, especialmente con la camioneta que conducía el agraviado Berna Huacho y que no ha sido localizada.

7.11. El fiscal indica que el testigo Richard Arturo Gonzales Paredes declaró que el día de los hechos fue a casa del procesado Julián Velásquez Ayra a las 9:00 horas para invitarlo a una reunión familiar que tendría lugar en la noche y que, efectivamente, lo invitó personalmente, lo que desmentiría la versión de Velásquez Ayra de que estuvo trabajando moviendo piedras desde las 7:00 horas. Sin embargo –sostiene la Sala–, como ya se indicó, existen documentos y testigos (no tachados) que tienen mayor credibilidad que una sola testimonial y que corroboran la versión de Velásquez Ayra de que se encontraba trabajando en el acarreo de piedras el día de los hechos.

7.12. La Sala indica que no es relevante que el testigo Santiago Cóndor Ayra (dueño del hotel donde solía hospedarse el agraviado en la zona) indicara que pudo observar al encausado Delgado Sierra en la camioneta del agraviado a pesar de que dicho procesado negó haber ido al hotel con la víctima, y no resulta relevante dicha versión porque no se determinó exactamente el recorrido de Berna Huacho antes de ir a la chacra, es decir, si el agraviado primero recogió al encausado Delgado Sierra (en casa de su coprocesado Velásquez Ayra) para luego ir al hostal a pagar su cuenta; no se sabe cuál de estos lugares está primero en el itinerario o de dónde sacó el agraviado su camioneta.

7.13. El hecho de que el procesado Delgado Sierra, en su primera declaración, dijera que vio subir al agraviado a su camioneta y, en juicio oral, indicara que no vio cuándo la víctima abordó su vehículo no abona de manera relevante a su responsabilidad, pues el fiscal no desarrolla una hipótesis concreta respecto a cómo habrían ocurrido los hechos.

7.14. Por otro lado, si bien el procesado Delgado Sierra dijo (en su instructiva) que se encontró con su coencausado Velásquez Ayra en su casa a las 17:30 horas el día de los hechos y, por su parte, Velásquez Ayra (también en su instructiva) negó haber visto a su peón ese día, debe tenerse en cuenta que dichas declaraciones se brindaron cuatro años después del hecho, por lo que es razonable que no recuerden todos los detalles y, además, el fiscal no indica cuál sería la relevancia de ese dato.

7.15. Si bien el procesado Delgado Sierra sostuvo, en su declaración, que permaneció hasta las 17:00 horas en la chacra del sector llamado Cochayoc y que solo minutos antes el testigo Johan Orihuela Macuri se retiró del mismo lugar, este testigo sostuvo en el juicio oral que ese día se retiró de su chacra a las 13:00 horas; y el fiscal no desarrolla cómo influye dicha diferencia en la hora de partida de otra persona (Orihuela Macuri) en acreditar la responsabilidad de los procesados Velásquez Ayra y Delgado Sierra.

7.16. Por otro lado, el fiscal indica que el encausado Delgado Sierra afirmó (en un juicio anterior anulado) que el hijo de su coprocesado Velásquez Ayra le llevó el almuerzo a bordo de una motocicleta, pero (en este juicio oral) Delgado Sierra dijo que fue a bordo de una bicicleta; empero, la Sala sostiene que la versión primigenia (sobre el uso de una motocicleta) no puede valorarse porque es de un juicio anulado.

7.17. La Sala refiere que no es lógico que –según la versión del fiscal– los procesados mataran al agraviado en Cochayoc y luego movilizaran su cuerpo durante una hora (a bordo de su mismo vehículo) hasta llegar a una garita de control donde, supuestamente, uno de los autores (Delgado Sierra) habría pretendido ser el agraviado a fin de pasar por dicha garita.

7.18. Si los procesados Velásquez Ayra y Delgado Sierra tuvieran una motivación económica para matar al agraviado Berna Huacho, el procesado Velásquez le hubiera pagado más dinero a la víctima (para luego sustraérselo) y, además, tampoco se probó que los encausados se hayan apoderado del vehículo.

7.19. El fiscal no ofreció como pruebas las actas del juicio oral pasado, en que el procesado Delgado Sierra admitió saber manejar armas de fuego FAL por haber estado en el ejército, pero que negó en este juicio; asimismo, se tiene que el vigilante de la garita, Jaime Gerónimo García Páucar, ha aceptado saber manejar armas de fuego y que se dirigía en la misma dirección que el agraviado (Paucartambo), además de haber indicado que vio que en la camioneta había un maletín, entre otros, y pese a todo ello no fue investigado por el fiscal cuando tenía los mismos indicios que ahora se usan contra los procesados.

7.20. El cuestionamiento del fiscal respecto a que existen divergencias entre los tiempos desde que el agraviado partió de la chacra de Cochayoc que se desprenden de la inspección judicial realizada en contraste con las declaraciones de los procesados y testigos se explica porque estos órganos de prueba proporcionaron en todo momento solo horas aproximadas; además, el hecho investigado ocurrió en enero (época de lluvias) y, tal como se advirtió en la inspección judicial, el camino era accidentado, tomaba tiempo transitar, los vehículos iban lentos debido a la mala condición del suelo y se deduce que la condición pudo ser peor al momento de los hechos (es decir, catorce años antes de la inspección).

7.21. La Sala descarta la versión del testigo Reynaldo Huerta Nolasco (acerca de que vio la camioneta del agraviado al lado de la carretera y, más allá, un grupo de cuatro personas) porque la justificación de ese testigo sobre su presencia en la zona es fantasiosa (supuesta búsqueda de unos familiares que no acreditó) y, además, tiene antecedentes penales.

7.22. El fiscal indica que descuartizaron el cadáver del agraviado Berna Huacho y lo pusieron en bolsas, y que todo ello solo pudo haber sido realizado por gente de la zona y no por foráneos; pero lo cierto es que –según sostiene la Sala– no se acreditó el supuesto descuartizamiento, pues no se indica dicha apreciación en el protocolo de necropsia ni en el acta de levantamiento de cadáver; tampoco se señala en estos documentos que se haya enterrado al agraviado, como refiere el fiscal.

Además, resulta ilógico que los autores del hecho se arriesgaran a ser descubiertos trasladando el cadáver presuntamente descuartizado del agraviado a una distancia tan alejada cuando podrían haber dispuesto del cuerpo en cualquier abismo de la zona. Ello lleva a concluir que el estado de desmembramiento del cuerpo del agraviado se debió a su descomposición (fue hallado cuarenta y cinco días después del hecho) y por la existencia de aves y animales en la zona que se habrían alimentado de aquel.

7.23. No está acreditado el supuesto alegato del fiscal acerca de que los procesados llevaron al agraviado con engaños a la chacra porque, por un tema lógico, los promotores de productos (como era el agraviado) suelen mostrar los efectos de lo que ofrecen en venta en las mismas chacras para que se note la diferencia usando su producto y lo compren.

7.24. La versión del fiscal de que fue el procesado Delgado Sierra quien pasó por la garita de control de la empresa manejando la camioneta del agraviado (porque supuestamente ambos tenían un parecido físico) no ha sido acreditada con ninguna prueba o pericia al respecto y, además, el vigilante de la garita de control, Jaime Gerónimo García Páucar, afirmó que sí identificó al conductor del vehículo conforme a la foto de la licencia de conducir que le presentó en ese momento, y no identificó al referido conductor como alguno de los procesados presentes en el juicio oral.

§ V. Análisis del caso

Octavo. Del análisis individual y conjunto de todo lo actuado, en cuanto a la materialidad del delito de homicidio calificado, este se encuentra probado con las siguientes diligencias materiales: conforme al acta de levantamiento de cadáver –posteriormente identificado como el agraviado Valerio Berna Huacho– (foja 13), del once de marzo de dos mil cuatro –en presencia del personal policial, la teniente gobernadora de la zona y la médica de la posta–, se constató que en el lugar denominado quebrada aserradero del caserío Auquimarca (Paucartambo, Pasco) se hallaron, a quince metros, sobre la carretera Auquimarca y Uchuhuerta (kilómetro 9 + 730), algunos restos de un cuerpo humano (bóveda craneana, mandíbula, muslo, pierna, restos de cabello) y se indicó que “al parecer dicho cadáver estuvo cubierto en una bolsa de color negro y enterrado sobre un charco de agua”. Además, “se presume que los restos hayan sido esparcidos por los animales del lugar toda vez que no se [han] hallado en el lugar los restos óseos de caja torácica y miembros superiores”.

8.1. Al ser sometidos al análisis respectivo por el personal de la División Médico Legal de Pasco, se emitió el protocolo de necropsia (foja 15), ratificado por el perito autor, Juan Alberto Saavedra Céspedes (foja 2137), en el que se precisó que las lesiones traumatológicas halladas en la cabeza, la columna vertebral, la pelvis y los miembros inferiores del cadáver del agraviado fueron ocasionadas por: i) proyectil de arma de fuego, ii) agente contundente y iii) mecanismo de prenso-tracción (probable mordedura canina o de otros animales).

8.2. Por lo tanto, se concluyó que la causa de la muerte de Valerio Berna Huacho fue un traumatismo cráneo encefálico grave debido al impacto por proyectil de arma de fuego. Con ello, se encuentra plenamente acreditada la materialidad del delito de homicidio calificado.

De lo anterior, y tomando en cuenta que no se hallaron las pertenencias del agraviado (dinero en dólares en efectivo2 y la camioneta que conducía), el representante del Ministerio Público imputó la comisión del delito de homicidio calificado “para facilitar u ocultar otro delito”, que en el caso sería para cometer el robo de la camioneta de propiedad de la empresa para la que laboraba la víctima.

Noveno. Ahora corresponde determinar si, conforme ha sido formulado por el fiscal superior en su acusación, existe la vinculación con estos hechos delictivos de parte de los procesados Julián Luis Velásquez Ayra y Esteban Delgado Sierra, es decir, si estos habrían sido las últimas personas que vieron con vida al agraviado Berna Huacho y, además, eran los únicos que tenían conocimiento de que este portaba una cantidad ingente de dinero en efectivo (USD 1723 –mil setecientos veintitrés dólares estadounidenses–)

Al respecto, tal como se desprende de la evaluación detallada y minuciosa realizada por la Sala Superior en la sentencia recurrida, se dio respuesta a cada uno de los argumentos o indicios de cargo expuestos por el fiscal superior en la acusación y su requisitoria oral (foja 2197), con lo que se concluyó en la absolución de los encausados.

Esta Sala Suprema concuerda con el razonamiento lógico, fáctico y jurídico llevado a cabo por la Sala de mérito respecto a que no existen suficientes elementos de cargo a fin de acreditar que los procesados Julián Luis Velásquez Ayra y Esteban Delgado Sierra hayan participado o cometido el delito materia de imputación.

Aunado a ello, debe considerarse el derecho a ser juzgado en un plazo razonable como garantía del debido proceso y de la correcta administración de justicia en un tiempo y oportunidad razonable, tal como es reconocido en el inciso 1 del artículo 8 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos.

Décimo. Así pues, se aprecia en la acusación y la requisitoria oral que se afirma, como un indicio de cargo, la inferencia de que los autores (de haber sido foráneos) no habrían ocultado el cadáver; sin embargo, lo cierto del caso es que, conforme a la denuncia primigenia, el agraviado desapareció el veinticuatro de enero de dos mil cuatro junto a su camioneta de color rojo, y su cadáver fue hallado un mes después. Asimismo, tal como se aprecia del acta de levantamiento de cadáver (foja 13), el cuerpo fue encontrado solo a quince metros de la carretera y aparentemente cubierto con una bolsa negra, por lo que no se desprende de ello una actividad extra que implicara mayor tiempo que el necesario para que el autor o los autores del asesinato huyeran del lugar sin ser descubiertos, pues si hubieran dejado el cadáver en plena carretera o a la vista de los transeúntes cualquier persona podría haber alertado inmediatamente a las autoridades y se hubiese logrado la captura inmediata de los autores del hecho delictivo, así como ubicado el lugar y encontrado el cuerpo oculto, lo que hubiera permitido de manera más certera establecer la forma y las circunstancias de su traslado hacia dicho lugar.

Ello se descarta en razón de que el cadáver se encontraba en una zona agreste no transitada y escondida, lo que precisamente dificultó su ubicación, realizada un mes después del último día en que el agraviado fue visto con vida. Es decir, con tiempo suficiente para que cualquier interviniente en el hecho se ocultara o se retirara de la zona.

Undécimo. Por otro lado, en relación con lo anterior, se aprecia de autos que la Fiscalía Superior, para sustentar su acusación, supone que el agraviado fue asesinado en un lugar no identificado, que fue descuartizado y que luego fue trasladado al lugar donde hallaron algunos restos de su cadáver. Dicho razonamiento no se encuentra sustentado en prueba alguna, ya sea testimonial o documental. De hecho, esta tesis fiscal se introduce solo por una observación que efectuó la abogada de los familiares de la víctima en el acta de inspección fiscal (foja 178) realizada el veinte de junio de dos mil siete (es decir, más de tres años después de los hechos) en el lugar donde se encontró el cadáver, y que solo reproduce lo que los padres de la víctima le habrían indicado sobre referencias no precisadas y sobre su propia presunción de culpabilidad de los encausados, lo que evidentemente no constituye un indicio verificable.

11.1. Por consiguiente, la suposición fiscal (del traslado del cuerpo por los procesados) no se encuentra respaldada por ningún elemento probatorio y tampoco fue registrada en el acta de levantamiento de cadáver; más aún que, al tener una información inmediata cercana a los hechos, esta hubiera sido una fuente de prueba valiosa para descubrir a los autores y no ser una inferencia realizada por el fiscal o los familiares del occiso con el único fin de incriminar a los procesados.

11.2. Asimismo, tanto en el acta de levantamiento de cadáver (foja 13) como en el protocolo de necropsia (foja 15) se refiere que algunas de las lesiones traumáticas halladas en los restos del agraviado fueron causadas por mordeduras de animales, lo que resulta razonable teniendo en cuenta la zona agreste donde se ubicaron los restos. Por lo tanto, el hallazgo de solo partes del cuerpo de la víctima estaría explicado en que fueron consumidos o destrozados por animales silvestres de la zona, sobre todo cuando los peritos médicos no anotaron que existieran signos físicos de que el agraviado fue descuartizado luego de su muerte (la cual fue causada por un proyectil de arma de fuego).

En ese sentido, debe rechazarse la inferencia fiscal de que necesariamente los autores debieron ser conocidos del agraviado y no foráneos.

Duodécimo. De igual manera, respecto al argumento fiscal sobre el indicio de motivación económica para la realización del hecho delictivo, ello no vincula directamente a los procesados Julián Luis Velásquez Ayra y Esteban Delgado Sierra como autores del hecho, pues tal ánimo de lucro forma parte de la propia configuración delictiva del ilícito contra el patrimonio del alegado robo de la camioneta que conducía el agraviado, cuya sustracción presuntamente se pretendía facilitar con el asesinato de este. Por lo tanto, dicha motivación económica tuvo que presentarse en cualquier persona que resultara ser autor (o autores) del hecho para poder sostener la imputación fáctica fiscal y, en específico, no se acreditó que los procesados hayan tenido dicho ánimo de lucro o algún otro móvil para asesinar a la víctima.

Debe indicarse que el beneficio económico a obtenerse al asaltar al agraviado era evidente (y no requería que alguien supiera previamente que portaba dinero en efectivo), aun si el objetivo solo era el vehículo que aquel conducía (una camioneta 4 x 4), el cual efectivamente se encuentra desaparecido desde entonces y a la fecha no ha sido ubicado.

Decimotercero. Otro sustento de la acusación fiscal está referido al indicio de mala justificación, en el sentido de que los procesados Velásquez Ayra y Delgado Sierra presentaron contradicciones en sus versiones sobre sus actividades realizadas el día de los hechos y las horas en las que se efectuaron. Sin embargo, esta Suprema Corte advierte que, en lo fundamental, los encausados desde el inicio de la investigación hasta el juicio oral, han negado ser los autores del hecho imputado y ello se ha mantenido incólume durante todo el proceso (durante más de trece años).

Lo cierto es que de la investigación acopiada se advierte que el agraviado, el veinticuatro de enero de dos mil cuatro, se dirigió a la chacra de Velásquez Ayra con Delgado Sierra3 y que luego de probar un fertilizante y conversar de este producto con otros agricultores de cultivo de papa (los testigos Johan Ronal Orihuela Macuri y Artemio Aliaga Estrella), quienes también se encontraban trabajando en sus chacras, se retiró a bordo de su camioneta y el procesado Delgado Sierra se quedó trabajando en la chacra de su empleador Velásquez Ayra.

Este extremo ha sido corroborado de forma persistente –desde la etapa preliminar hasta el juicio oral– por los testigos Johan Ronal Orihuela Macuri (fojas 53, 90, 525, 699 y 2123) y Pedro Artemio Aliaga Estrella (fojas 48, 92, 522, 702 y 1962), quienes afirmaron que, efectivamente, el día de los hechos se encontraban trabajando en sus respectivas chacras en el sector de Cochayoc cuando el agraviado Valerio Berna Huacho se acercó hacia donde estaban trabajando y les comentó sobre el nuevo producto para usar contra las plagas; asimismo, les dio algunas recomendaciones para el cuidado de sus sembríos.

De hecho, la declaración del testigo Reynaldo Huerta Nolasco (fojas 531 y 2006) respecto a que vio la camioneta del agraviado estacionada a un lado de la carretera y, a lo lejos, a un grupo de personas conversando, más que acreditar alguna versión incriminatoria –como plantea el fiscal–, corrobora periféricamente la narración de los hechos brindada por Delgado Sierra sobre la presencia de Berna Huacho en la chacra y que conversó con otros campesinos que se encontraban en el lugar. De igual manera, el testigo Huerta Nolasco afirmó tener conocimiento de que Berna Huacho brindaba charlas y orientación sobre el cuidado de sembríos y el uso de químicos (fertilizantes), labor que precisamente el encausado Delgado Sierra y los testigos Orihuela Macuri y Aliaga Estrella han sostenido que realizó el día de los hechos por la mañana en la chacra de Cochayoc.

Decimocuarto. En cuanto a los cargos imputados, el encausado Julián Luis Velásquez Ayra afirmó, durante todo el proceso4, que el día de los hechos no se encontró con el agraviado Berna Huacho, pues desde horas de la mañana hasta las 17:00 horas, aproximadamente, realizó unos trabajos de traslado de piedras (desde una cantera) para el muro de contención del río de la población de Agochinchan, por lo cual fue contratado por la Municipalidad Distrital de Huachón, y que para tal actividad contrató a unos ayudantes (peones).

Luego de ello, se dirigió hacia Huashushon con otro peón a traer unas tablas y con ellas regresó a Quiparacra; después fue a su casa para asistir junto con su esposa, a partir de las 19:00 horas, aproximadamente, a una reunión social organizada por su vecino Richard Arturo Gonzales Paredes (quien declaró a foja 574 y corroboró este hecho).

Dicha versión del procesado Velásquez Ayra sobre sus actividades realizadas el día de los hechos se encuentra, además, corroborada con los documentos remitidos por la Municipalidad Distrital de Huachón mediante el Oficio número 129-2007-A/MDH, del cuatro de abril de dos mil siete (foja 168), con el que se remitió el Informe número 105- 07/GDUR/ING/HJCV, del treinta de marzo de dos mil siete (foja 169), elaborado por el ingeniero Huber Cristóbal Vacas, quien comunicó que se otorgó la conformidad del servicio brindado por el señor Julián Luis Velásquez Ayra por el transporte de piedra desde la cantera de Pichugayan (ubicada en la zona de Agochinchan), realizado con su camión de placa número XQ3986 para la obra “Construcción del muro de defensa ribereña de Agochinchan”, el veinticuatro de enero de dos mil cuatro, como consta del informe de requerimiento y conformidad de servicio emitido por el entonces residente de obra (además, se adjuntaron copias del expediente de pago, a fojas 170-173).

En ese mismo sentido, la entidad edil reiteró dicha información mediante el oficio del seis de noviembre de dos mil siete (foja 275) y el informe (foja 276) del veinticinco de octubre de dos mil siete

Asimismo, los referidos peones que lo ayudaron a trabajar durante la labor de la carga y movilización de piedras fueron identificados como Rolando Puente Loayza (fojas 565 y 2032), Yonny Florián Paredes Poma (fojas 568, 705 y 1980) y Wilmer Elmer Mucha León (fojas 696 y 1987), y todos ellos han coincido en sus versiones y afirmaron que, efectivamente, fueron contratados por el encausado Velásquez Ayra para la actividad de movilización de piedras que realizaron el día de los hechos (veinticuatro de enero de dos mil cuatro desde las 7:00 hasta las 17:00 horas, aproximadamente) junto con el procesado a bordo del camión de su propiedad.

Decimoquinto. Por lo tanto, resulta evidente que el relato de los encausados Velásquez Ayra y Delgado Sierra sobre las actividades lícitas que llevaron a cabo el día de los hechos se encuentra plenamente acreditado, por lo que debe descartarse la tesis incriminatoria fiscal, sobre todo cuando no se presentó prueba alguna que los relacione directa o indirectamente con la comisión del delito imputado (esto es, como indicio base), ya que del acta de registro domiciliario del nueve de febrero de dos mil cuatro realizada en el domicilio del procesado Delgado Sierra (foja 94) no se encontró ningún elemento de interés que lo vinculara con el agraviado o su muerte. Tampoco se acreditó que los encausados poseyeran un arma de fuego (con la que causaran la muerte del agraviado) o que hubieran efectuado disparos el día de los hechos. Menos aún se practicó la pericia de absorción atómica para presumir la existencia de restos de disparo.

Por ende, como ya se expuso ut supra, no se acreditó que los procesados tuvieran algún interés económico o un móvil de cualquier otra índole para asesinar al agraviado Valerio Berna Huacho, con quien además –según indicaron– mantenían una relación cordial y comercial de larga data (específicamente con Velásquez Ayra, pues este le compraba los insumos de la empresa Bayer para la cual laboraba el agraviado como promotor).

Abona a favor de los procesados su comportamiento, que carecen de antecedentes penales (fojas 222 y 224) y que, luego de los hechos, permanecieron en la comunidad donde residían (el encausado Delgado Sierra se mudó a Lima por trabajo años después). Es decir, tampoco se aprecia ningún indicio de fuga o capacidad para delinquir.

Decimosexto. En contraposición a la tesis de la pretensión fiscal, en autos se ha actuado abundante prueba documental y personal (testigos) que han dado cuenta de que el agraviado Valerio Berna Huacho fue visto con vida y conduciendo su vehículo luego de retirarse de la chacra de Cochayoc, lo que también resta fuerza al indicio del que parte la tesis incriminatoria (de que, supuestamente, los procesados fueron los últimos en ver con vida a la víctima).

Así, tenemos las declaraciones de los testigos Agliberto Cierto Rivera (foja 2022), Santos Cruz Augurio (fojas 571 y 2027) y Clemente Santos Cierto (foja 2029), quienes afirmaron que el día de los hechos, veinticuatro de enero de dos mil cuatro, como comuneros de la comunidad de Quiparacra, se encontraban realizando el trabajo de desarmado de un puente construido por la Municipalidad Distrital de Huachón (que se encuentra en la carretera Quiparacra-Puagmaray), desde las 8:00 hasta las 13:00 horas, aproximadamente, y que en determinado momento de la mañana (entre las 10:00 y las 11:30 horas) pasó por el lugar el agraviado Valerio Berna Huacho, a quien conocían por ser ingeniero agrónomo, a bordo de su camioneta (se encontraba solo), porque estaban reparando el puente (pues era época de lluvia), motivo por el cual los vehículos debían esperar su turno para que se les diera el pase respectivo para transitar y luego continuar con su camino.

Si bien el fiscal superior pretende cuestionar la credibilidad de los referidos testigos al sostener que conocen a los encausados, debe indicarse que ese dato no resulta suficiente para establecer alguna parcialización en sus declaraciones y, además, resulta razonable que se conozcan, pues se trata de miembros de una misma comunidad. Por lo tanto, el cuestionamiento en este extremo debe descartarse y las testimoniales conservan su valor acreditativo por no estar contradichas con ningún elemento probatorio cierto y válido.

Decimoséptimo. Siguiendo la línea de tiempo de los hechos denunciados, de autos se desprende que, luego de transitar por el mencionado puente, se tiene acreditado que el agraviado y el vehículo que conducía fueron registrados en una garita de control que se encontraba en la misma carretera señalada (Quiparacra-Puagmaray), como se verificó del cuaderno del registro de control de vehículos (foja 95). Así pues, el veinticuatro de enero de dos mil cuatro, a las 11:56 horas, se registró el paso del vehículo de placa de rodaje número PGW-852, conducido por Valerio Berna Huacho.

Precisamente la persona que realizó dicha anotación en el cuaderno de control de tránsito de vehículos fue el testigo Jaime Jerónimo García Páucar (fojas 84 y 1988), quien sostuvo que al momento de los hechos laboraba como vigilante de la empresa Esvicsac y registraba el tránsito de vehículos por la garita de control ubicada en la carretera. Refirió que, en el caso del agraviado, verificó la licencia de conducir del chofer antes de anotar los datos en su cuaderno de control y que observó su rostro y luego la licencia, y pudo identificarlo; incluso dicha persona le dijo que se dirigía a Paucartambo.

Continuando con el relato, dicho testigo señaló que el puesto de control estaba solo, pero a mediodía lo relevó un compañero. Luego el testigo García Páucar se dirigió a bordo de un vehículo hacia Paucartambo y en el camino observó una camioneta roja estacionada, pero no estaba seguro de si se trataba del vehículo del agraviado.

Sobre este punto de esclarecimiento, el fiscal sostiene que el testigo de descargo García Páucar pudo equivocarse al identificar a la persona que conducía el vehículo con la foto que aparecía en la licencia (del agraviado) que se le presentó. Lo cierto es que se trata de una suposición que no se sustentó en ningún elemento de prueba, por lo que no resulta suficiente para enervar lo afirmado por el testigo, corroborado con lo anotado en su cuaderno de control, esto es, que el día de los hechos, a las 11:56 horas, el agraviado Valerio Berna Huacho aún se encontraba con vida y pasó por la referida garita de control manejando su vehículo. Por ende, cualquier otra elucubración o suposición distinta del testimonio del testigo debe estar sustentada en algún elemento de prueba objetivo que contradiga lo afirmado, lo cual no se presenta en el caso.

Decimoctavo. De esta manera, valoradas de forma individual y conjunta todas las pruebas actuadas, esta Sala Suprema advierte que las pruebas de cargo con las que se pretendió corroborar la participación de los procesados Julián Luis Velásquez Ayra y Esteban Delgado Sierra en el delito de asesinato en agravio de Valerio Berna Huacho no resultan suficientes para establecer un juicio de culpabilidad y reproche penal.

Decimonoveno. Es importante resaltar que el presente proceso penal seguido contra los encausados se ha venido tramitando y juzgando por un tiempo mayor a trece años (el auto de inicio del proceso es del diez de agosto de dos mil siete –foja 185–), tiempo durante el cual se dictaron dos sentencias que fueron anuladas para un mejor esclarecimiento de los hechos, para acopiar mayores elementos de prueba y determinar la participación o no de los procesados, sin que se alcance una decisión final sobre los motivos de la acusación fiscal (debe indicarse que la sentencia recurrida es la segunda en que se resuelve su situación jurídica y se les absuelve). Esta situación de indeterminación judicial vulnera al derecho a ser juzgado en un plazo razonable, la cual constituye una manifestación implícita del derecho al debido proceso (establecido en el numeral 3 del artículo 139 de la Constitución Política del Perú).

Por lo tanto, esta Sala Suprema considera que la sentencia recurrida se ha expedido con arreglo a derecho: se han valorado las pruebas actuadas con la regla de la sana crítica y ha primado sobre cualquier apreciación subjetiva el respeto a la presunción de inocencia que garantiza la Constitución a toda persona imputada penalmente. En suma, debe confirmarse la absolución a favor de los referidos procesados.

DECISIÓN

Por estos fundamentos, los jueces integrantes de la Sala Penal Permanente de la Corte Suprema de Justicia de la República DECLARARON:

I. NO HABER NULIDAD en la sentencia del seis de marzo de dos mil diecinueve (foja 2245), que absolvió a Julián Luis Velásquez Ayra y Esteban Delgado Sierra de la acusación fiscal en su contra por la presunta comisión del delito contra la vida, el cuerpo y la salud- homicidio calificado, en perjuicio de Valerio Berna Huacho.

II. HÁGASE SABER a las partes personadas en esta Corte. Y, con lo demás que contienen, los devolvieron.


1 Se acusó también a Maribel Aguirre Gonzales como cómplice del delito; pero, en un juicio anterior, el fiscal superior opinó por el retiro de la acusación en su contra (foja 1517), que la Sala declaró fundado (foja 1534).

2 Que le fue entregado por el encausado Velásquez Ayra, como este sostuvo, y además se corroboró con la copia del cuaderno de entrega de dinero al agraviado (fojas 131 y 132) y el cuaderno obrante a foja 409.

3 Como este refirió en sus declaraciones preliminares (fojas 50, 88 y 136), instructiva (foja 542) y en juicio oral (foja 1849).

4 En sus declaraciones preliminares (fojas 38, 86 y 125), instructiva (fojas 245 y 676) y en juicio oral (foja 1799).

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