Robo. Presunción de inocencia. Ausencia de elementos de cargo que acrediten intervención en el hecho.
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ROBO AGRAVADO : Dimensiones de la presunción de inocencia.

CORTE SUPREMA DE JUSTICIA DE LA REPÚBLICA

SALA PENAL TRANSITORIA
RECURSO DE NULIDAD N.º 536-2019
LIMA SUR

PRESUNCIÓN DE INOCENCIA

El principio de presunción de inocencia constituye un barómetro para la realización plena del derecho a la defensa y se erige como una garantía a favor de los procesados durante toda la tramitación del proceso penal hasta que una sentencia condenatoria firme lo enerve. La presunción de inocencia tiene cuatro dimensiones:

1. Constituye un criterio axiológico sobre el que se construyen determinados ordenamientos jurídicos punitivos y procesales.

2. Se erige como regla de tratamiento del imputado durante todo el proceso penal, es decir, exige que se respete su condición de inocente hasta la emisión de una sentencia condenatoria firme o ejecutoriada.

3. Se enarbola como una regla probatoria que implica que la declaración de la culpabilidad debe ser el resultado de un procedimiento probatorio con todas las garantías procesales.

4. Subyace como regla de juicio al momento de determinar la responsabilidad penal de los ciudadanos frente al resultado de la valoración probatoria.

En este caso en particular, resulta útil revisar este principio en sus dimensiones de regla de prueba y regla de juicio. En su conjunto, para enervar el principio de presunción de inocencia, estas dimensiones exigen: i. la obtención legítima de la prueba, con respeto de los derechos fundamentales; ii. la legalidad en la práctica de la prueba; iii. la existencia de una prueba de cargo mínima y suficiente; y, iv. la valoración racional y razonable de la prueba, respetando las reglas de la ciencia, la lógica y las máximas de la experiencia. Luego, sobre estos estándares, concluir en grado de certeza en la responsabilidad o no del acusado.

Lima, diez de diciembre de dos mil veinte

VISTOS: los recursos de nulidad interpuestos por el sentenciado ISRAEL JHON y por el representante del MINISTERIO PÚBLICO contra la sentencia del diecisiete de julio de dos mil dieciocho, emitida por la Sala Penal Permanente de la Corte Superior de Justicia de Lima Sur, que condenó al primero de los mencionados como autor del delito contra el patrimonio, en la modalidad de robo agravado, en perjuicio de Marisol Tuanamá Ruiz, a nueve años de pena privativa de la libertad; y fijó en mil soles el monto que, por concepto de reparación civil, deberá abonar a favor de la parte agraviada.

Ponencia de la jueza suprema PACHECO HUANCAS.

CONSIDERANDO

IMPUTACIÓN FISCAL

1. Según los términos del dictamen fiscal acusatorio, el marco fáctico de imputación es el siguiente:

El doce de mayo de dos mil catorce, a las veinte horas con treinta minutos, aproximadamente, la agraviada Marisol Tuanamá Ruiz caminaba a la altura de la intersección de las avenidas Central y Mariátegui, en el distrito de Villa El Salvador, provincia y departamento de Lima. Allí fue interceptada por el imputado Israel Jhon, quien la amenazó con un cuchillo a la altura de la costilla (lado izquierdo), logró vencer su resistencia y despojarla de su cartera, que contenía un teléfono celular marca Samsung de la empresa Claro, un par de audífonos, el cargador y la suma de trescientos setenta soles. Luego de ello el sujeto se dio a la fuga.

En estas circunstancias, la víctima comenzó a seguir al imputado y, luego, apareció una camioneta de serenazgo con la cual comenzó a buscarlo por el lugar. Lo ubicó en una esquina de la avenida Mariátegui, cuando se disponía a comer. En este lugar se procedió a la intervención ciudadana del imputado.

FUNDAMENTOS DE LA SALA SUPERIOR

2. El Tribunal Superior emitió sentencia condenatoria en contra del imputado Israel Jhon Varona Rebaza. La decisión se sustentó en los argumentos siguientes:

2.1. La declaración de la agraviada cumple con los criterios de certeza establecidos en el Acuerdo Plenario N.º 2-2005/CJ-116.

2.2. Las declaraciones del imputado son contradictorias. La versión exculpatoria que sostiene constituye un argumento de defensa con el propósito de eludir su responsabilidad.

2.3. La preexistencia de los bienes se acreditó con la declaración de la víctima.

2.4. El sentenciado carece de antecedentes penales y, al momento de los hechos, habría consumido bebidas alcohólicas (cervezas) y pasta básica de cocaína. Se presenta, pues, una circunstancia atenuante genérica y una “atenuante imperfecta”, por lo que la pena concreta final es de nueve años.

EXPRESIÓN DE AGRAVIOS

3. El sentenciado ISRAEL JHON, en su recurso de nulidad fundamentado, cuestionó todos los extremos de la sentencia impugnada. Instó su absolución y alegó lo siguiente:

3.1. La víctima es su vecina del barrio y, al momento de los hechos atribuidos, se acercó a ella y le advirtió: “Esos que vienen atrás le quieren robar”.

3.2. Ninguno de los testigos acudieron a juicio oral para “ratificar sus denuncias”.

3.3. La declaración de la agraviada presenta contradicciones y afirmaciones falsas. No se presentó a la policía para ratificar su denuncia; tampoco a rendir su “instructiva” —entiéndase: preventiva— ni a declarar en los debates orales.

3.4. No se acreditó la preexistencia de los bienes presuntamente arrebatados.

3.5. Durante todo el transcurso del proceso penal el imputado reiteró su inocencia.

3.6. El acta de registro personal es una prueba fehaciente de su inocencia. No se le encontró dinero, celular, cuchillo ni otro objeto que lo vincule con el ilícito penal atribuido.

4. El representante del MINISTERIO PÚBLICO, en su recurso de nulidad fundamentado, impugnó el extremo del quantum punitivo. En resumen, sostuvo que si bien se presenta la atenuante genérica de carencia de antecedentes penales, no concurre la “atenuante cualificada” —entiéndase: atenuante privilegiada— de estado de ebriedad. Añadió que los hechos se subsumen en dos agravantes del artículo ciento ochenta y nueve del Código Penal, por lo que la pena a imponerse debe ser de catorce años con ocho meses de pena privativa de la libertad.

CALIFICACIÓN DEL DELITO MATERIA DE CONDENA

5. El Ministerio Público ha calificado jurídicamente los hechos como delito de robo agravado. La estructura típica base de dicho ilícito se encuentra previsto en el artículo ciento ochenta y ocho del Código Penal, que prescribe:

El que se apodera ilegítimamente de un bien mueble total o parcialmente ajeno, para aprovecharse de él, sustrayéndolo del lugar en que se encuentra, empleando violencia contra la persona o amenazándola con un peligro inminente para su vida o integridad física, será reprimido con pena privativa de libertad no menor de tres ni mayor de ocho años.

Tipo penal concordado con las formas agravadas que se encuentran tipificadas en los incisos dos y tres, del artículo ciento ochenta y nueve, del mismo cuerpo normativo, cuyo tenor es el siguiente:

La pena será no menor de doce ni mayor de veinte años si el robo es cometido: […] 2.
Durante la noche o en lugar desolado. 3. A mano armada […].

FUNDAMENTOS DEL TRIBUNAL SUPREMO

6. El punto de partida para analizar la sentencia de mérito es el principio de impugnación limitada, que fija los límites de revisión por este Supremo Tribunal, en cuya virtud se reduce el ámbito de la resolución únicamente a las cuestiones promovidas en el recurso aludido, las que configuran, en estricto, la denominada competencia recursal del órgano de alzada.

7. Ahora bien, ex ante, es importante anotar que el derecho al debido proceso pretende cautelar que las leyes se apliquen dentro de un proceso revestido de un marco de respeto mínimo a la dignidad humana. El proceso debe ser entendido como “aquella actividad compleja, progresiva y metódica, que se realiza de acuerdo con reglas preestablecidas, cuyo resultado será el dictado de la norma individual de conducta (sentencia), con la finalidad de declarar el derecho material aplicable al caso concreto” [ARAZI ROLAND, Derecho procesal civil y comercial. Segunda edición. Buenos Aires: Astrea, 1995, p. 111]. Su importancia y trascendencia radica en que “su propia institucionalidad representa el influjo de muchas corrientes de pensamiento que tienen su idea central en el respeto y vigencia de los Derechos Humanos” [THOMPSON JOSÉ. Las garantías penales y procesales en el derecho de los derechos humanos. San José, Costa Rica: Ilanud, 1991, pág. 63]

8. El Tribunal Constitucional peruano ha señalado que el debido proceso es una garantía, cuyo contenido constitucionalmente protegido “comprende una serie de garantías, formales y materiales, de muy distinta naturaleza, cuyo cumplimiento efectivo garantiza que el procedimiento o proceso en el cual se encuentre comprendida una persona, pueda considerarse como justo” [STC N.° 6149-2006-PNTC y 6662-2006-PNTC, F.J. 37].

9. Uno de estos principios es el de presunción de inocencia, que constituye un barómetro para la realización plena del derecho a la defensa y se erige como una garantía a favor de los procesados durante toda la tramitación del proceso hasta que una sentencia condenatoria firme lo enerve. La presunción de inocencia tiene cuatro dimensiones:

9.1. Constituye un criterio axiológico sobre el que se construyen determinados ordenamientos jurídicos punitivos y procesales.

9.2. Se erige como regla de tratamiento del imputado durante todo el proceso penal, es decir, exige que se respete su condición de inocente hasta la emisión de una sentencia condenatoria firme o ejecutoriada.

9.3. Se enarbola como regla probatoria que implica que la declaración de la culpabilidad debe ser el resultado de un procedimiento probatorio con todas las garantías procesales.

9.4. Subyace como regla de juicio al momento de determinar la responsabilidad penal de los ciudadanos frente al resultado de la valoración probatoria.

10. En este caso en particular, resulta útil revisar este principio en sus dimensiones de regla de prueba y regla de juicio. En su conjunto, para enervar el principio de presunción de inocencia, estas dimensiones exigen: i. la obtención legítima de la prueba, con respeto de los derechos fundamentales; ii. la legalidad en la práctica de la prueba; iii. la existencia de una prueba de cargo mínima y suficiente; y, iv. la valoración racional y razonable de la prueba, respetando las reglas de la ciencia, la lógica y las máximas de la experiencia. Luego, sobre estos estándares, concluir en grado de certeza en la responsabilidad o no del acusado.

11. Con estas precisiones, en el presente caso se atribuyó al impugnante Israel Jhon ser autor del delito de robo agravado. Para determinar su responsabilidad penal, el Tribunal Superior valoró la declaración preliminar de la agraviada; el acta de reconocimiento físico personal —en la cual la víctima individualizó al imputado—; el acta de arresto ciudadano y el Atestado Policial N.° 116-2014-RPL-DIVTER-S-2-SJM-CVES/DEINPOL. Estas pruebas generaron en los miembros del órgano jurisdiccional de juzgamiento, certeza sobre la culpabilidad del procesado.

12. La agraviada Marisol Tuanamá Ruiz a nivel preliminar, a las veintitrés horas con treinta minutos del doce de mayo de dos mil catorce, en presencia del titular de la acción penal, declaró:

De un momento se me acerca este sujeto quien me dice: “ESOS QUE ESTÁN ATRÁS ME QUIEREN ROBAR”, y le respondí que no era mi problema, y por la forma de vestir pensé que era delincuente y aceleré el paso y habían otras dos personas más que venían a cerca de 30 m detrás de nosotros; él seguía, venían caminando cerca a mi lado, pero al avanzar unos metros este se me acerca y me dice que suelte la bolsa porque me hincaría con el cuchillo […]; comenzó a jalar mi cartera de cuerina […]; por miedo suelto mi cartera […] se me acercó una señora y me preguntó qué me había pasado y le dije que me habían robado, y fue detrás de esta persona y yo detrás de ellos […]; llegó una móvil de serenazgo […], comenzamos a rondar por el lugar y logramos encontrar[lo] por la avenida Mariátegui VES, el mismo que estaba comiendo una salchipapa […]

La víctima no rindió su preventiva en la etapa de instrucción. Tampoco, pese a las citaciones respectivas, acudió a los debates orales con la finalidad de declarar sobre los hechos. No obstante, su declaración preliminar fue oralizada y sometida al contradictorio.

13. El Tribunal Superior razonó que dicha declaración se corroboró con el Acta de reconocimiento físico personal —diligencia practicada en la misma fecha y en presencia del titular de la acción penal—, en la que consta que la víctima sindicó al imputado como el sujeto que la amenazó con un cuchillo y robó su cartera, que contenía su equipo celular y trescientos setenta soles.

14. Llegado a este punto, cabe tener en cuenta un aspecto relevante. Tanto la declaración preliminar de la víctima como el acta de reconocimiento físico personal —también practicada por la agraviada— tienen el mismo contenido incriminatorio. Si bien constituyen medios de prueba distintos en su denominación, con sus propias características y procedimientos, comparten la misma fuente de prueba: la agraviada Marisol Tuanamá Ruiz. Evidentemente, dichos medios de prueba son producto de diligencias diferentes. En algunos casos pueden contradecirse y, en otros, tener el mismo argumento narrativo de la fuente de prueba —esto último ha sucedido en el presente proceso—; sin embargo, a través de ambos medios de prueba, la información aportada corresponde a los datos expresados por la propia víctima. Es decir, no estamos ante un elemento periférico y distinto a lo declarado por la parte agraviada.

15. El otro elemento que corroboraría la declaración preliminar de la víctima, según el razonamiento del Tribunal Superior, es el acta de arresto ciudadano del doce de mayo de dos mil catorce, suscrita a las veintiún con horas con treinta y cinco minutos. Se dejó constancia de lo siguiente:

El sereno en mención refiere que […] en circunstancias que se encontraban realizando su ronda […], la persona identificada como Marisol Tunamá Ruiz (33) refería que había sido víctima de robo por parte de un sujeto quien la amenazó con un cuchillo y le había despojado de cartera con sus pertenencias […] y que el sujeto se había dado a la fuga […], motivo por el cual procediera con la misma agraviada a buscarlos por la zona, siendo alertado por un vecino de la zona de que este individuo estaba en la esquina paralela a la Av. Mariátegui, comiendo salchipapa, motivo por el cual fueron a dicho lugar […] siendo reconocido plenamente en este momento por la propia agraviada.

16. Al respecto, es pertinente destacar que la libertad es un derecho fundamental consagrado en el literal f, inciso veinticuatro, artículo dos, de la Constitución Política del Perú. Solo puede ser afectado por mandato judicial escrito y motivado del juez o flagrante delito. En el último supuesto, el artículo doscientos cincuenta y nueve del Código Procesal Penal faculta a la Policía a detener, sin mandato judicial, a quien sorprenda en flagrante delito
—estricto, cuasi o presunto (o ficto)—.

17. Por su parte, el artículo doscientos sesenta del Código Procesal Penal extendió esta facultad a los particulares y estatuyó la figura del arresto ciudadano —también limitado a la flagrancia delictiva— como un acto de colaboración con la administración de justicia; que exige una sospecha razonable y “presupone la existencia de hechos o información que convencerían a un observador objetivo de que la persona en cuestión puede haber cometido el delito” [STEDH del 30 de agosto de 1990, Asunto Fox Campbell y Hartley vs. Reino Unido, F.J. 32]. Sin embargo, lo razonable dependerá de las circunstancias particulares.

18. El arresto ciudadano se justifica por la urgencia de la detención y en razón de que la autoridad competente no está presente. No obstante, inmediatamente se debe requerir la presencia de los efectivos policiales o acercarse a las instalaciones del cuerpo policial más cercano para entregar al ciudadano y, con él, de ser el caso, los vestigios, objetos o instrumentos que se hayan encontrado. La Policía redactará un acta donde se haga constar la entrega y las demás circunstancias de la intervención.

19. En este caso, según lo que se advierte del contenido de la citada acta, la intervención del recurrente se habría realizado en mérito de la sindicación directa de la víctima del delito —aunque es pertinente añadir que no hubo una persecución sin solución de continuidad del imputado—. Luego, el detenido fue entregado a la Policía Nacional del Perú, por lo que procedió a la elaboración del acta, que fue firmada por el efectivo policial Jesús Larios Matey, por el miembro de serenazgo de VES (entiéndase Villa El Salvador) y Marisol Tuanamá Ruiz. Ello implica que la suscripción del acta sería el resultado de una intervención autorizada, legítima y con pleno respeto de los derechos fundamentales.

20. Ahora bien, el acta de arresto ciudadano es una prueba preconstituida que, por la urgencia e irrepetibilidad de la misma, se realiza en tales condiciones. Sin embargo, para legitimarse como prueba en el proceso penal, tiene que incorporarse a quienes participaron en la diligencia y/o suscribieron el acta, a través de sus declaraciones personales. En este orden de ideas, ninguno de los firmantes del acta de arresto ciudadano (efectivo policial, miembro de serenazgo y víctima) declararon en la etapa de instrucción. Tampoco acudieron a los debates orales. Incluso, el atestado policial también fue suscrito por el mismo efectivo policial (Jesús Larios Matey) que firmó el acta de arresto ciudadano.

21. A ello debe añadirse que a los debates orales (sesión de audiencia número cinco, del diecinueve de junio de dos mil dieciocho) acudió el efectivo policial Carlos Segundo Sánchez Gallardo, pero este declaró que no participó en la investigación, puesto que solo se limitó a firmar el oficio que remitió el atestado a la Fiscalía.

22. Entonces, dado que el efectivo policial instructor que elaboró el atestado policial y el acta de arresto ciudadano no concurrió a los debates orales para ratificarse del contenido de la última acta mencionada —tampoco el miembro de serenazgo ni la víctima—; es evidente que no se ha cumplido con la actuación útil y conducente a ratificar o desvirtuar la teoría del caso propuesta por el Ministerio Público, en atención al principio de presunción de inocencia, en su dimensión de regla probatoria.

23. De otro lado, conforme ya se ha anotado, la víctima no concurrió a rendir su preventiva ni a declarar en el plenario, lo que resulta útil, dado que la sentencia se basa en su declaración inicial. Por ello, se debe convocar a la agraviada con la finalidad de que declare a nivel de juicio oral, dado que la información incorporada a través de su declaración preliminar y del acta de reconocimiento parte de la propia víctima e, incluso, no ha sido reiterada en las diferentes etapas del proceso penal.

24. En estas condiciones, este Supremo Tribunal no puede ingresar a resolver el fondo de la controversia, puesto que la sentencia impugnada ha incurrido en causal de nulidad, de conformidad con el artículo doscientos noventa y ocho del Código de Procedimientos Penales. Por tal motivo, deberá realizarse un nuevo juicio oral, y actuarse las diligencias pertinentes y útiles señaladas en la presente ejecutoria y que resulten necesarias al objeto de este proceso. En esa línea, habrá de convocarse al efectivo policial Jesús Larios Matey, al miembro de serenazgo de Villa El Salvador y a la parte agraviada, para que declaren sobre los hechos materia de imputación fiscal.

25. En consecuencia, dado que el encausado estaba sujeto a la medida coercitiva personal de comparecencia con restricciones, se debe ordenar su inmediata libertad, como consecuencia de la nulidad de la sentencia recurrida. Sin embargo, en salvaguarda de que el proceso no sufra dilaciones indebidas, a causa de una posible inconcurrencia a las citaciones que haga la Sala Penal correspondiente, resulta de aplicación lo dispuesto en el artículo doscientos setenta y tres del Código Procesal Penal, dictándose las medidas correspondientes a efectos de asegurar la presencia del imputado en el proceso. Ello, bajo apercibimiento de aplicarse lo prescrito en el artículo doscientos setenta y seis del mencionado cuerpo legal, en caso de incumplimiento de las medidas.

DECISIÓN

Por estos fundamentos, los integrantes de la Sala Penal Transitoria de la Corte Suprema de Justicia de la República, acordaron

I. Declarar NULA la sentencia del diecisiete de julio de dos mil dieciocho, emitida por la Sala Penal Permanente de la Corte Superior de Justicia de Lima Sur que condenó a ISRAEL JHON  como autor del delito contra el patrimonio, en la modalidad de robo agravado, en perjuicio de Marisol Tuanamá Ruiz, a nueve años de pena privativa de la libertad; y fijó en mil soles el monto que, por concepto de reparación civil, deberá abonar a favor de la parte agraviada.

II. MANDAR que se realice un nuevo juicio oral por otro Colegiado, el cual observará lo expuesto en la parte considerativa de la presente ejecutoria.

III. ORDENAR la inmediata libertad del encausado ISRAEL JHON, siempre y cuando no exista otra orden emanada por autoridad competente, comunicándose al órgano jurisdiccional correspondiente para tal efecto.

IV. DISPONER que el encausado ISRAEL JHON cumpla las siguientes reglas de conducta: a) no ausentarse ni variar de domicilio sin previa autorización judicial; b) no acercarse a la víctima; c) informar de sus actividades cada fin de mes al Juzgado, registrando su firma en el sistema correspondiente; y, d) concurrir a las citaciones las veces que sea requerido; bajo apercibimiento de aplicarse lo dispuesto en el artículo doscientos setenta y seis del Código Procesal Penal; OFICIÁNDOSE, para tal efecto, vía fax o medio idóneo correspondiente, al Tribunal Superior que corresponde, para los fines de ley; y los devolvieron.

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