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Motivación. Obligación de valorar los medios probatorios [Sala Superior no valora correctamente los medios probatorios ofrecidos y admitidos al proceso]

Corte Suprema de Justicia de la República
Sala de Derecho Constitucional y Social Permanente

SENTENCIA CASACIÓN N°19227-2018
ICA

SUMILLA: Se presenta la afectación del derecho al debido proceso, en su expresión de debida motivación de las resoluciones judiciales y valoración probatoria, cuando la Sala Superior no valora correctamente los medios probatorios ofrecidos y admitidos al proceso, esto es, de manera conjunta y razonada, acorde a su finalidad, y soslaya el análisis y valoración del resto del material probatorio, incumpliendo normas de carácter constitucional y legal que le imponen la justificación debida de la decisión asumida.

Lima, quince de octubre de dos mil veinte.-

LA SALA DE DERECHO CONSTITUCIONAL Y SOCIAL PERMANENTE DE LA CORTE SUPREMA DE JUSTICIA DE LA REPÚBLICA.

I. VISTA; la causa número diecinueve mil doscientos veintisiete guion dos mil dieciocho ICA, en audiencia pública llevada a cabo en la fecha a través de la plataforma virtual Google Hangouts Meet, integrada por los señores Jueces Supremos Pariona Pastrana-Presidente, Toledo Toribio, Yaya Zumaeta, Bustamante Zegarra y Linares San Román; y luego de verificada la votación con arreglo a ley, se emite la siguiente sentencia:

1. Objeto del recurso de casación

En el presente proceso sobre prescripción adquisitiva de dominio, la demandante Agro Meca Sociedad Anónima con fecha dos de abril de dos mil dieciocho, ha interpuesto el recurso de casación obrante de fojas ochocientos setenta y tres a ochocientos setenta y nueve del expediente principal, contra la sentencia de vista contenida en la resolución número noventa y cinco de fecha cinco de enero de dos mil dieciocho, corriente de fojas ochocientos cuarenta y cuatro a ochocientos cuarenta y nueve del mismo expediente, que revocó la sentencia apelada de primera instancia expedida por el Juzgado de Trabajo Transitorio – Sede Santa Margarita de la Corte Superior de Justicia de Ica, mediante resolución número ochenta y ocho de fecha trece de septiembre de dos mil diecisiete, obrante de fojas setecientos setenta y dos a setecientos ochenta y uno de la causa principal, que declaró fundada la demanda de autos y, reformándola, la declararon infundada.

2. Causales por las que se ha declarado procedente el recurso de casación

Mediante auto calificatorio de fecha diez de enero de dos mil diecinueve, corriente de fojas ciento ochenta y dos a ciento ochenta y cinco del cuaderno de casación formado en esta Sala Suprema, se declaró PROCEDENTE el recurso de casación interpuesto por la empresa accionante Agro Meca Sociedad Anónima, por las siguientes causales:

a) Infracción normativa del artículo 139° incisos 3 y 14 de la Constitución Política del Estado y artículos I y III del Título Preliminar y 197° del Código Procesal Civil. Sostiene que la Sala Superior al emitir la sentencia recurrida ha vulnerado el debido proceso, al efectuar una aplicación recortada del artículo 197° del Código Procesal Civil, limitándose a la interpretación errada del contenido de los certificados literales de dominio, es decir, de modo aislado, cuando lo adecuado es la valoración conjunta de la prueba actuada. Agrega que la valoración exclusiva o fracturada de un medio probatorio como única motivación de la impugnada, vulnera los derechos a la tutela jurisdiccional efectiva, debido proceso y defensa, ya que al no aplicar adecuadamente el artículo 197° precitado , se perjudica su derecho de propiedad.

b) Infracción normativa del artículo 70° de la Constitución Política del Perú, artículos 950° y 952° del Código Civil y artículo I II del Título Preliminar del Código Procesal Civil. Alega que el Colegiado Superior al no valorar conjuntamente la prueba y arribar a un pronunciamiento equivocado, atenta contra el derecho de propiedad contemplado en el artículo 70° de la Constitución Política del Estado, concordante con el artículo 950° del Código Civil, ya que el inmueble rústico materia de la pretensión fue adquirido mediante prescripción adquisitiva por la recurrente, lo que le da legitimidad para obrar conforme lo establece el artículo 952°del Código Civil.

c) Infracción normativa del artículo 209° del Código Civil. Refiere que el área materia de controversia, así como el remanente con el que colinda la misma, han sido plenamente identificados y se evidencia técnicamente con las Memorias Descriptivas que integran el archivo registral, a lo que se suma la constatación realizada por el juez durante el desarrollo de la inspección judicial, el Informe pericial, la declaración de testigos y los planos de catastro que integran los títulos; no obstante ello, indica, la Sala Superior declaró infundada la demanda por falta de identidad de unidad catastral en ambos predios rústicos, es decir que no han sido correctamente identificados o registrados, pero no se trata de un error o falta de identidad del bien materia del proceso, sino de un inadecuado uso de elementos que sirven para identificar el mismo, en el presente caso, de la unidad catastral asignada por autoridad administrativa de agricultura, error intrascendente u omisión involuntaria regulada en el artículo 209° del Código Civil, ya que se trata de un supuesto en el que se utilizan elementos aparentemente equivocados, o en el cual se ha incurrido en duplicidad para designar dos predios rústicos colindantes pero diferentes entre sí.

3. Asunto jurídico en debate

En el caso particular, la cuestión jurídica en debate consiste, por un lado, en verificar si la sentencia de vista ha respetado el derecho al debido proceso, a la tutela jurisdiccional efectiva, a la defensa y a la motivación de las resoluciones judiciales, ésta última como expresión del primero de los principios de la función jurisdiccional mencionados que involucra también la valoración probatoria; y, de otro lado, establecer si se ha logrado la finalidad del proceso en base a una adecuada valoración de los medios probatorios actuados en el proceso, además de verificar si se ha vulnerado el derecho a la propiedad al desestimarse la pretensión dirigida a la declaración judicial de tal derecho real por operar la prescripción adquisitiva de dominio.

II. CONSIDERANDO:

Cuestión Previa – Legitimación de la Superintendencia Nacional de Aduanas y de Administración Tributaria (SUNAT)

PRIMERO.- Antes de iniciar propiamente con el análisis de las causales casatorias por las que se ha declarado procedente el recurso de casación, es pertinente efectuar la siguiente disquisición acerca de la intervención de la SUNAT.

1.1. La revisión de la actividad procesal da cuenta que la SUNAT mediante escrito presentado el veinte de octubre de dos mil catorce, obrante de fojas seiscientos treinta y cinco a seiscientos cuarenta y dos del expediente principal, se apersona al proceso y solicita su intervención coadyuvante, dando origen a la emisión de la resolución número sesenta y ocho del veintidós de octubre del mismo año, corriente a fojas seiscientos cuarenta y tres del mismo expediente, que dispuso se le tenga por apersonada, por señalado su domicilio procesal y se ponga en conocimiento de la actora el pedido de intervención coadyuvante, para que dentro del tercero día de notificada absuelva lo que a su derecho corresponda, decisión que se notificó a la actora como se desprende del cargo adherido al reverso del folio seiscientos cuarenta y tres de los autos principales, sin que haya absuelto el conocimiento conferido.

1.2. Continuado el proceso según su estado, las partes presentaron diversos escritos1, sin que ninguno de ellos se refiera a la absolución del pedido de intervención de la SUNAT. Posteriormente se emite la sentencia de primera instancia, que fue apelada por la SUNAT, siendo concedido el recurso por resolución número ochenta y nueve del cuatro de octubre de dos mil diecisiete, obrante a fojas ochocientos cuatro, que igualmente fue puesta en conocimiento de las partes según cargos corrientes de fojas ochocientos cuatro y reverso a ochocientos cinco y reverso, sin que se efectué ninguna observación al respecto.

Asimismo, el decurso procesal da cuenta que la SUNAT, mediante escritos obrante a fojas ochocientos trece y ochocientos veintiuno y ochocientos veintidós de los autos principales, precisa su casilla electrónica y nombra sus representantes, lo que es atendido por el juzgado mediante resolución número noventa y uno del veintitrés de octubre de dos mil diecisiete, corriente a fojas ochocientos veintitrés de los mismos autos.

1.3. Elevado el expediente a Sala Superior, la empresa demandante al absolver el traslado del recurso de apelación, mediante escrito corriente de fojas ochocientos treinta a ochocientos treinta y seis del expediente principal, expone que la apelante (SUNAT) no tiene la condición de parte procesal, que se trata de una tercera ajena a la relación jurídica procesal, que carece de legitimidad sustantiva y procesal y que de atribuirle a tal entidad la condición de tercera coadyuvante, debe considerarse que su vinculación corresponde a una relación jurídica sustantiva diferente de la que subyace a la relación jurídica procesal, que vincula al sujeto procesal ayudado; agrega que el tercero coadyuvante se encuentra impedido de realizar actividad que implique contradicción con la actitud asumida por la parte auxiliada (demandada), por lo que no habiendo ésta última apelado la sentencia, la impugnación de la SUNAT queda sin valor. Tal escrito mereció el dictado de la resolución número noventa y tres del veinticuatro de noviembre de dos mil diecisiete, obrante a fojas ochocientos treinta y siete del expediente principal, en la que, entre otras cosas, se indicó por la Sala Superior: “(…) téngase por ABSUELTO EL TRASLADO DEL ESCRITO DE APELACIÓN, en los términos expuestos que se tendrán en cuenta al momento de resolver (…)”.

1.4. En segunda instancia la SUNAT solicita el uso de la palabra mediante escrito obrante a fojas ochocientos cuarenta y uno de los autos principales, el que fue concedido mediante resolución número noventa y cuatro del seis de diciembre de dos mil diecisiete, corriente a fojas ochocientos treinta y nueve de los mismos autos2, y la Relatoría de Sala hace constar a fojas ochocientos cuarenta y tres del expediente principal, que hizo uso de la palabra en la vista de la causa la parte coadyuvante de la parte demandada. Toda esa actividad procesal evidencia, en primer término, que las partes no expresaron lo que a su derecho corresponde en relación al pedido de intervención coadyuvante y apersonamiento de la SUNAT (técnicamente no se opusieron), y, en segundo lugar, que las instancias judiciales han venido tratando a la indicada entidad como si formalmente se hubiere admitido su intervención.

1.5. En ese contexto, tenemos que, de acuerdo al texto del artículo 97° del Código Procesal Civil, la intervención coadyuvante se presenta cuando un tercero tiene “(…) con una de las partes una relación jurídica sustancial, a la que no deban extenderse los efectos de la sentencia que resuelva las pretensiones controvertidas en el proceso, pero que pueda ser afectada desfavorablemente si dicha parte es vencida, puede intervenir en el proceso como coadyuvante de ella”; y, en cuanto a su trámite, el artículo 101° del mismo cuerpo legal , regula que: “Los terceros deben invocar interés legítimo. La solicitud tendrá la formalidad prevista para la demanda, en lo que fuera aplicable, debiendo acompañarse los medios probatorios correspondientes. El juez declarará la procedencia o denegará de plano el pedido de intervención (…)”.

1.6. Del recuento de hechos y actos procesales que aparecen descritos en los apartados 1.1 a 1.4 de esta resolución, se advierte que técnicamente ninguna de las instancias de mérito ha admitido formalmente la intervención coadyuvante de la SUNAT, y menos aún la sala de apelación consideró los términos de la absolución de la apelación que denunciaba la presunta inválida intervención de dicha entidad, por lo que en ese estado de cosas, en principio, se ha producido una omisión que podría conllevar a una nulidad de actuados; sin embargo, no puede soslayarse que los órganos de instancia han actuado considerándola como apersonada (como una tercera legitimada), dando cuenta de los escritos que dicha entidad ha presentado, configurándose así una situación tácita de aceptación (o convalidación) por las referidas judicaturas de instancia, así como de los propios sujetos procesales, por lo que en ese escenario y en interpretación sistemática de los artículos VI del Título Preliminar del Código Civil y I del Título Preliminar del Código Procesal Civil, debe considerarse el marco normativo contemplado en el último párrafo del artículo 171° del acotado Código Procesal, en cuanto establece que: “Cuando la ley prescribe formalidad determinando sin sanción de nulidad para la realización de un acto procesal, éste será válido si habiéndose realizado de otro modo, ha cumplido su propósito”.

1.7. En esa línea argumentativa, si bien normativamente la tramitación de la intervención coadyuvante requiere que la judicatura declare su procedencia, la omisión de esa actividad no aparece sancionada con nulidad, por lo que deviene aplicable el principio de trascendencia de la nulidad contemplado en el texto transcrito del artículo 171° del Código Procesal Ci vil, más todavía cuando la solicitud de intervención coadyuvante planteada por la SUNAT y los anexos que acompaña, evidencian el interés de dicha entidad en participar en la presente causa judicial, al contar a su favor con una medida de embargo en forma de inscripción dictada en el procedimiento de ejecución coactiva seguido contra la codemandada Universidad Particular de Ciencias y Tecnología (UPACITEC), como así lo informa el asiento 02 del rubro D) Gravámenes y Cargas de la Ficha Registral N° 001442 del Registro de la Propiedad Inmueble de la Oficina Registral Regional “Los Libertadores Waru”, obrante a fojas seiscientos treinta y seiscientos treinta y dos del expediente principal.

1.8. En mérito a lo glosado y habiendo el Juzgado Civil Transitorio de la Provincia de Ica de la Corte Superior de Justicia de Ica admitido el apersonamiento de la SUNAT, debe continuarse con la evaluación del recurso de casación dirigido contra la sentencia de vista emitida en virtud del recurso de apelación interpuesto por la antes mencionada entidad, teniéndose además la legitimidad que para ello le otorga el artículo 355° del Código Procesal Civil, según e l cual: “Mediante los medios impugnatorios las partes o terceros legitimados solicitan que se anule o revoque, total o parcialmente, un acto procesal presuntamente afectado por vicio o error” (sin subrayado en el original).

Referencias principales del proceso judicial

SEGUNDO.- Establecida la legitimidad para actuar de la SUNAT y antes de la absolución de las denuncias, es pertinente contextualizar el caso a través del sucinto recuento de las principales actuaciones vinculadas con el desarrollo de la presente causa judicial. Así tenemos:

2.1. Materialización del ejercicio del derecho de acción

El veintinueve de mayo de dos mil siete Agro Meca Sociedad Anónima (en adelante Agro Meca), acudió al órgano jurisdiccional interponiendo demanda sobre prescripción adquisitiva de dominio, obrante de fojas sesenta y seis a ochenta y dos del expediente principal, planteando como petitorio la declaración judicial de propiedad del predio rústico que ha formado parte del predio denominado “Santa Rita”, de un área de 25.95 hectáreas, no comprendido en los alcances de la Resolución Ministerial N° 0184-95-AG del dos de mayo de mil novecientos noventa y cinco, identificado con Unidad Catastral N° 12692 , ubicado en el Sector Villacuri, distrito de Salas, provincia y departamento de Ica, con inscripción de la propiedad en los Registros Públicos de Ica, la cancelación del asiento de dominio a favor de la Universidad Particular de Ciencias y Tecnología (en adelante UPACITEC) y el pago de los costos y costas del proceso.

Sustenta el petitorio argumentando que: a) la posesión del predio les fue transmitida por Juan Felipe Parodi Morales y su esposa, mediante escritura pública de fecha dieciocho de mayo de dos mil, quien ha venido desarrollando actividad agraria desde fecha anterior a mil novecientos ochenta y siete, habiendo la recurrente continuado con la posesión de modo pacífico, publico, continuo y sin oposición de persona alguna, destinando el bien al cultivo permanente de jojoba, el mismo que ha sido integrado a la unidad de producción conformada por diversos predios rústicos de propiedad del mismo grupo económico, al cual pertenece la recurrente, y que por razón de cantidad de producción cuentan con planta de procesamiento industrial y con venta en el mercado internacional; b) el bien ha sido objeto de contienda judicial a través del expediente N° 125-9 4 sobre reivindicación seguido, por UPACITEC, declarándose improcedente la demanda, al no haber acreditado la citada demandante su condición de titular de dominio y por tratarse de terreno eriazo de propiedad del Estado, según sentencia de vista de fecha diez de febrero de mil novecientos noventa y cinco; c) en el proceso de reivindicación se actuaron los expedientes sobre usurpación e interdicto de retener, seguidos en el año de mil novecientos noventa, en los que fue parte Juan Felipe Parodi Morales, demostrándose así la antigüedad en la posesión por parte de quien le transfirió la posesión del predio en cuestión, tiempo que es posible adicionar al plazo de posesión de la recurrente, de acuerdo al artículo 898° del Código Civil; d) la posesión continua de su inmediato transferente, reconocida por el Ministerio de Agricultura, sirvió para obtener la adquisición del área incorporada al dominio del Estado, de la porción del predio Santa Rita (41.7500 hectáreas, Unidad Catastral N° 11822) de que trata la Resolución Ministerial N° 01 84-95-AG, inscrita en el Asiento C-2, Ficha N° 01498-010108 de los Registros Público s de Ica; y, e) la posesión directa, pacífica, pública y continua como propietaria de la recurrente resulta mayor a cinco años, si se atiende a que la transferencia de posesión se origina en escritura pública del dieciocho de mayo de dos mil, y superior a diez años con la adición que autoriza el artículo 898° del Código Civil, concurriendo la posesión buena fe y justo título.

2.2. Formulación de los contradictorios

2.2.1. La codemandada UPACITEC, a través del curador procesal nombrado en autos, mediante escrito presentado el treinta de mayo de dos mil ocho, corriente de fojas doscientos treinta y dos a doscientos treinta y cinco del expediente principal, absuelve la demanda, argumentando principalmente que: a) no ha existido una posesión pacifica, pública y continua por parte de la demandante, desde que han existido procesos judiciales en los que se ha discutido la propiedad del predio materia del proceso; b) es contradictorio sostener que los terrenos en litigio son eriazos, cuando también se señala que los mismos fueron incorporados a la actividad agrícola; y, c) para que su representada obtenga la primera inscripción de dominio ha exhibido títulos por un periodo ininterrumpido de cinco años, conforme al artículo 2018° del Código Civil, y además resultaría de mala fe la transmisión de la posesión celebrada con Juan Felipe Parodi Morales y la actora, por cuanto se estaba transmitiendo un bien debidamente registrado, cuya publicidad, legitimación y fe registral lo desautorizaban.

2.2.2. El Organismo de Formalización de la Propiedad Informal (en adelante COFOPRI) ex PETT3, mediante escrito presentado el veinte de noviembre de dos mil ocho, obrante de fojas doscientos cincuenta y dos a doscientos sesenta y tres del expediente principal, absuelve el traslado de la demanda, afirmando que: a) según la Ficha Registral N° 0001442, el predio sujeto a materia se encuentra a nombre de la UPACITEC, por lo que la demanda debería ser dirigida solo contra aquélla; b) no se ha probado el tiempo de posesión que alega la demandante pues no existió buena fe al conocer la actora que el predio se encontraba inscrito a favor de UPACITEC y no de su transferente, siendo además que la actora en la medida que reconoce el derecho de propiedad del Estado al estar inscrito el inmueble a favor de una entidad estatal, carece del animus domini; c) la posesión ejercida por los transferentes, Juan Felipe Parodi Morales y Adela Adalguisa Huayanca Granados, no fue pacífica por diversos procesos judiciales como usurpación y reivindicación, procesos con los que también se interrumpió la posesión, por lo que dicho lapso no podría ser considerado para la prescripción solicitada; y, d) no se ha probado que la demandante se encuentre en posesión por más de diez años, pues la memoria descriptiva, la declaración jurada de autoavalúo de dos mil seis, el certificado expedido por el Gerente Municipal del veintiuno de diciembre de dos mil seis, la Resolución Ministerial N° 184-95-AG, el Contrato de Suministro de energía eléctrica y la Resolución Administrativa N° 136-200 1-CTAR-DRAG/ATDRI del doce de noviembre de dos mil uno, no acreditan la actuación de la parte actora como propietaria.

2.3. Primera sentencia de juzgado y primera sentencia de vista

Primera sentencia de Juzgado: mediante resolución número cuarenta y siete de fecha veintiséis de mayo de dos mil once, corriente de fojas cuatrocientos setenta y nueve a cuatrocientos ochenta y cuatro del expediente principal, el Cuarto Juzgado Civil Transitorio de la Provincia de Ica de la Corte Superior de Justicia de Ica, emitió fallo declarando fundada la demanda de autos.

Consulta: elevado los autos en consulta, la Segunda Sala Civil de la referida Corte Superior de Justicia, mediante resolución número cincuenta y siete de fecha treinta de mayo de dos mil doce, obrante de fojas quinientos treinta y uno a quinientos treinta y cinco del expediente principal, expidió sentencia de vista declarando nula la sentencia consultada, argumentando que es incorrecta la afirmación del juez en cuanto señala que el predio sujeto a materia se encuentra inscrito en la Partida Registral N° 001442, pues en ésta aparece inscrito el predio con Unidad Catastral N° 11822 y no el predio con Unidad Catastral N° 126 92, por lo que debió pedirse informe a Registros Públicos o a la Municipalidad Provincial de Ica, a efectos de determinar si se trata de un mismo bien o no; asimismo, precisa que el contrato privado de transferencia de posesión y la escritura pública de transferencia de posesión no son justos títulos, dado que de acuerdo a la Partida Registral N° 01442, el propietario es la UPACITEC, considerando además que no puede señalarse que ha existido buena fe cuando hubieron una serie de procesos entre la demandada y Juan Felipe Hernán Parodi y que habiendo la actora señalado desconocer el domicilio de la UPACITEC, debieron acudirse los medios necesarios para determinar su domicilio, más cuando el curador procesal no ha cumplido con sus funciones, causándole indefensión a la citada demandada, ya que ni siquiera interpuso recurso de apelación contra la venida en consulta.

2.4. Segunda sentencia de primera instancia

Mediante resolución número ochenta y ocho de fecha trece de septiembre de dos mil diecisiete, corriente de fojas setecientos setenta y dos a setecientos ochenta y uno de los autos principales, el Juzgado de Trabajo Transitorio – Sede Santa Margarita de la Corte Superior de Justicia de Ica, emite nueva sentencia de primera instancia, declarando fundada la demanda y, en consecuencia, que Agro Meca Sociedad Anónima es propietaria, por prescripción adquisitiva de dominio, del predio denominado “Santa Rita” de 25.9500 hectáreas, identificado con la Unidad Catastral N° 11822, cuya Unidad Catastral N° 12692 pertenece a la referida Unidad Catastral N° 11822, ubicado en el Sector Villacurí, distrito de Salas, provincia y departamento de Ica, inscrito en la Ficha N° 001442 del Registro de Propiedad Inmueble.

Se funda la decisión en los siguientes argumentos principales: i) de la Partida Registral N° 001442, se desprende que el predio den ominado “Santa Rita”, signado con la Unidad Catastral N° 11822, tiene un área de 67.7000 hectáreas, del cual el Estado ha independizado un área de 41.7500 hectáreas, y de la Partida Registral N° 001498 se aprecia que en mérito a la independización se inscribe el predio denominado “Santa Rita”, signado con Unidad Catastral N° 11822, con 41.7500 hectáreas, siendo su tracto sucesivo la venta a favor de Juan Felipe Hernán Parodi Morales y cónyuge Adela Adalguisa Huayanca Granados, y luego la venta que estos últimos realizan a favor de la demandante, señalando que son legítimos poseedores del terreno rústico denominado “Santa Rita, con Unidad Catastral N° 12692 y una extensión de 25.9500 hectáreas; ii) con la explicación del informe pericial y las declaraciones testimoniales vertidas, se aprecia que el predio materia del proceso está plenamente identificado y se encuentra inmerso dentro de un predio de mayor extensión, que también está en posesión de la empresa accionante, sembrado con cultivo de jojoba; iii) el contrato privado de transferencia de posesión celebrado por la demandante con Juan Felipe Hernán Parodi respecto del predio sujeto a materia, así como la escritura pública de transferencia de posesión, constituyen documentos que sí tienen características de ser un acto traslativo de dominio, los que no han sido materia de cuestionamiento probatorio, por lo que mantienen su eficacia y valor probatorio; y, iv) del plano catastral del Ministerio de Agricultura se tiene que el predio rural tiene asignada la numeración 11822, al igual que el predio interior (con el mismo número 11822), no observándose de dicho plano que exista predio que lleve la numeración 12692, siendo el mismo inmueble que corre inscrito en la Ficha Registral N° 001442, en el que aparece inscrito el predio con Unidad Catastral N°11822.

2.5. Ejercicio del derecho a la impugnación

La Procuraduría Pública de la SUNAT, mediante recurso presentado el veinticinco de septiembre de dos mil diecisiete, corriente de folios setecientos ochenta y cuatro a setecientos noventa y dos del expediente principal, interpone apelación contra la sentencia de primera instancia.

Se expone como principales agravios que: a) el juzgador desvía la pretensión intentada en la demanda, ya que el petitorio es que se declare propietario por prescripción adquisitiva del predio denominado “Santa Rita” de 25.9500 hectáreas, identificado con la Unidad Catastral N° 12692, que corre inscrito en la Ficha N° 001442, siendo que en el fallo se establece que el predio objeto del proceso tiene la identificación con Unidad Catastral N° 11822; b) la sentencia apelada no contiene una motivación adecuada y suficiente, desde que no se sustenta en la valoración conjunta y razonada de los medios probatorios aportados al proceso, tales como los antecedentes registrales, la escritura pública de transferencia de posesión del dieciocho de mayo de dos mil y lo actuado en el expediente N° 125-94, sobre reivindicación e indemnización, seguido por UPACITEC contra Juan Felipe Hernán Parodi Morales y otros, en el que se da cuenta de la existencia en el año mil novecientos noventa de procesos de usurpación e interdictos de retener, en el que es parte el citado demandado, por lo que no puede hablarse de posesión pacífica; c) no se ha valorado que conforme a la Ficha Registral N° 001442 aparece inscrito el embargo en forma de inscripción con fecha quince de noviembre de dos mil dos y a mérito de la Resolución Coactiva N° 10307012204, respecto al procedimiento de ejecución coactiva seguido por la apelante contra UPACITEC, con anterioridad a la interposición de la demanda, sin valorarse asimismo que en la Partida Electrónica N° 40014337 – Ficha N° 01442, aparece inscrito el predio “Santa Rita” con Unidad Catastral N°11822, y en donde también se inscribe la medida cautelar de anotación de demanda del proceso seguido por Agro Meca contra UPACITEC sobre prescripción adquisitiva, señalándose en la sentencia que las hectáreas que declara como propietaria a Agro Meca están identificadas con la Unidad Catastral N°11822, siendo que las hectáreas de esta unidad catastral son un total de 41.7500 hectáreas; y, d) en el informe pericial no se señala si las 25.9500 hectáreas están dentro de la extensión mayor llena de cultivos de jojoba referidos a las 41.7500 hectáreas, o si son diferentes a estas hectáreas.

2.6. Segunda sentencia de vista

La Segunda Sala Civil de la Corte Superior de Justicia de Ica, mediante resolución número noventa y cinco de fecha cinco de enero de dos mil dieciocho, obrante de fojas ochocientos cuarenta y cuatro a ochocientos cuarenta y nueve de los autos principales, revoca la sentencia apelada y, reformándola, declara infundada la demanda de autos.

La decisión superior sostiene principalmente que: i) en el peritaje no se informa como conclusión que la Unidad Catastral N° 12692 pe rtenece a la Unidad Catastral N° 11822, como se sostiene erróneamente en la parte resolutiva de la apelada, pues en las copias literales adjuntadas con la demanda y en las adjuntadas por la Superintendencia Nacional de los Registros Públicos (SUNARP), se anota que la Unidad Catastral N° 12692 pertenece a la Unidad Cat astral N° 11822, de lo cual se desprende que la empresa no tiene la posesión del predio denominado “Santa Rita” signado con la Unidad Catastral N° 11822, concluyéndose que no se ha demostrado que la empresa venga poseyendo como propietaria el predio registrado en la Ficha N° 001442, porque este predio tiene la Unidad Catastral N° 11822, anotado en la Partida N° 40014337, que es distinto al predio reclamado con Unidad Catastral N° 12692, el que no aparece registrado en ninguna de las copias literales; ii) en la demanda no se ha señalado que el predio con Unidad Catastral N° 12692 pertenece a la Unidad Catastral N° 11822, por lo qu e no se debatió si aquella estaba incluida en esta última, y si bien el informe pericial indica que el predio materia del proceso está inmerso dentro del predio de mayor extensión en posesión también de la actora, sin embargo lo afirmado es difuso e impreciso, no pudiéndose inferir que la Unidad Catastral N°12692 pertenezca a la Unidad Catastral N°11822, ya que el perito no lo ha verificado en el mismo lugar y tampoco se ha comprobado con las copias literales ni otra prueba actuada; y, iii) no habiéndose acreditado que la actora conduzca el predio inscrito en la Ficha N° 001442, con Unidad Catastral N° 11822, registrado a nombre de UPACITEC, con ánimo de propietaria, carece de objeto examinar los demás presupuestos legales, como la posesión continua, pacífica y pública por más de diez años, pues estos deben concurrir en forma conjunta.

Anotaciones acerca del recurso de casación

TERCERO.- Contextualizado el caso, es pertinente traer a colación algunos apuntes acerca del recurso extraordinario de casación que delimitan la actividad casatoria de esta Sala Suprema.

3.1. El recurso de casación tiene por fines la adecuada aplicación del derecho objetivo al caso concreto y la uniformidad de la jurisprudencia nacional por la Corte Suprema de Justicia de la República, conforme lo precisa el artículo 384° del Código Procesal Civil. En materia de casación es factible el control de las decisiones jurisdiccionales, con el propósito de determinar si en ellas se han infringido o no las normas que garantizan el derecho al proceso regular, teniendo en consideración que éste supone el cumplimiento de los principios y garantías que regulan al proceso como instrumento judicial, precaviendo sobre todo el ejercicio del derecho a la defensa de las partes en conflicto.

3.2. El recurso extraordinario de casación tiene por objeto el control de las infracciones que las sentencias o los autos puedan cometer en la aplicación del derecho, partiendo a tal efecto de los hechos considerados probados en las instancias de mérito y aceptados por las partes, para luego examinar si la calificación jurídica realizada es la apropiada a aquellos hechos. No basta la sola existencia de la infracción normativa, sino que se requiere que el error sea esencial o decisivo sobre el resultado de lo decidido. Así también, habiéndose acogido entre los fines de la casación la función nomofiláctica, debe precisarse que ésta no abre la posibilidad de acceder a una tercera instancia ni se orienta a verificar un reexamen del conflicto ni la obtención de un tercer pronunciamiento por otro Tribunal sobre el mismo petitorio y proceso, constituyendo antes bien un recurso singular que permite acceder a una Corte de Casación para el cumplimiento de determinados fines, como la adecuada aplicación del derecho objetivo al caso concreto y la uniformidad de la jurisprudencia nacional por la Corte Suprema de Justicia de la República.

3.3. Por causal de casación se entiende al motivo que la ley establece para la procedencia del recurso4, debiendo sustentarse en aquellas previamente señaladas en la ley, pudiendo por ende interponerse por apartamiento inmotivado del precedente judicial, por infracción de la ley o por quebrantamiento de la forma. Se consideran motivos de casación por infracción de la ley, la violación en el fallo de leyes que debieron aplicarse al caso, así como la falta de congruencia de lo decidido con las pretensiones formuladas por las partes y la falta de competencia. Los motivos por quebrantamiento de la forma aluden a infracciones en el proceso5, por lo que en tal sentido si bien todas las causales suponen una violación de la ley, también lo es que éstas pueden darse en la forma o en el fondo.

3.4. De otro lado, considerándose que en el caso concreto se ha declarado procedente el recurso de casación por causales de infracción normativa procesal (de orden constitucional y legal) y material, corresponde en primer lugar proceder con el análisis de la infracción de normas de carácter procesal, desde que si por ello se declarara fundado el recurso, su efecto nulificante implicaría la anulación de lo actuado hasta donde se advirtiera el vicio, con disposición, en su caso, de un nuevo pronunciamiento por el respectivo órgano de instancia, en cuyo supuesto carecerá de objeto emitir pronunciamiento sobre las infracciones normativas materiales invocadas por la parte recurrente en el escrito de su propósito; y, si por el contrario, se declarara infundada la referida infracción procesal, corresponderá emitir pronunciamiento respecto de las infracciones materiales.

3.5. Debemos incidir señalando que la infracción procesal se configura cuando en el desarrollo de la causa no se han respetado los derechos procesales de las partes, se han soslayado o alterado actos del procedimiento, la tutela jurisdiccional no ha sido efectiva y/o el órgano judicial deja de motivar sus decisiones o lo hace en forma incoherente, en evidente quebrantamiento de la normatividad vigente y de los principios procesales.

Evaluación de la causal de naturaleza procesal

CUARTO.- Al constituir principio de la función jurisdiccional la observancia del debido proceso, entendiéndose doctrinalmente que el debido proceso es un derecho complejo al estar conformado por un conjunto de derechos esenciales y garantías de las cuales goza el justiciable, entre ellas el de motivación de las resoluciones judiciales, congruencia procesal y valoración de los medios probatorios, los mismos que sustentan la procedencia del recurso como se indica en el acápite a) y parte del acápite b), del apartado 2 de la Sección I de este pronunciamiento -Infracción normativa de los numerales 3 y 14 del artículo 139° de la Constitución Política del Perú y artículos I y III del Título Preliminar y 197° del Código Procesal Civil-, se partirá con evocar, a manera ilustrativa, algunos apuntes legales, doctrinales y jurisprudenciales sobre los principios constitucionales implicados, que permitirán una mejor labor casatoria de este Supremo Tribunal. Así tenemos:

4.1. El debido proceso (o proceso regular) es un derecho complejo, desde que está conformado por un conjunto de derechos esenciales que impiden que la libertad y los derechos de los individuos perezcan ante la ausencia o insuficiencia de un proceso o procedimiento o se vean afectados por cualquier sujeto de derecho -incluyendo el Estado- que pretenda hacer uso abusivo de éstos. Como señala la doctrina: “(…) por su naturaleza misma, se trata de un derecho muy complejamente estructurado, que a la vez está conformado por un numeroso grupo de pequeños derechos que constituyen sus componentes o elementos integradores, y que se refieren a las estructuras, característica del Tribunal o instancias de decisión, al procedimiento que debe seguirse y a sus principios orientadores, y a las garantías con que debe contar la defensa”6. Dicho de otro modo, el derecho al proceso regular constituye un conjunto de garantías de las cuales goza el justiciable, que incluyen el derecho a ser oportunamente informado del proceso (emplazamiento, notificación, tiempo razonable para preparar la defensa), derecho a ser juzgado por un juez imparcial que no tenga interés en un determinado resultado del juicio, derecho a la tramitación oral de la causa y a la defensa por un profesional (publicidad del debate), derecho a la prueba, derecho a ser juzgado sobre la base del mérito del proceso y derecho al juez legal.

4.2. Así también, el derecho al debido proceso, consagrado en el inciso 3 del artículo 139° de la Constitución Política del Perú 7, comprende a su vez, entre otros derechos, el de motivación de las resoluciones judiciales, esto es, el de obtener una resolución fundada en derecho mediante decisiones en las que los jueces expliciten en forma suficiente las razones de sus fallos, con mención expresa de los elementos fácticos y jurídicos que los determinaron, dispositivo que es concordante con lo preceptuado por el inciso 3 del artículo 122° del Código Procesal Civil 8 y artículo 12° del Texto Único Ordenado de la Ley Orgánica del Poder Judicial9. Además, la exigencia de motivación suficiente prevista en el inciso 5 del artículo 139° de la Carta Fundamental 10, garantiza que el justiciable pueda comprobar que la solución del caso concreto viene dada por una valoración racional de la fundamentación fáctica de lo actuado y la aplicación de las disposiciones jurídicas pertinentes, y no de una arbitrariedad de los magistrados, por lo que en ese entendido es posible afirmar que una resolución que carezca de motivación suficiente no solo infringe normas legales, sino también principios de nivel constitucional11.

4.3. El proceso regular en su expresión de motivación escrita de las resoluciones judiciales, entiende que una motivación defectuosa puede expresarse en los siguientes supuestos: a) Falta de motivación propiamente dicha: cuando se advierte una total ausencia de motivación en cuanto a la decisión jurisdiccional emitida en el caso materia de conflicto, sea en el elemento fáctico y/o jurídico; b) Motivación aparente: cuando el razonamiento en la sentencia sea inconsistente, sustentado en conclusiones vacías que no guardan relación con el real contenido del proceso; c) Motivación insuficiente: cuando se vulnera el principio lógico de la razón suficiente, es decir que el sentido de las conclusiones a las que arriba el juzgador no se respaldan en pruebas fundamentales y relevantes, de las cuales éste debe partir en su razonamiento para lograr obtener la certeza de los hechos expuestos por las partes y la convicción que lo determine en un sentido determinado, respecto de la controversia planteada ante la judicatura; y, d) Motivación defectuosa en sentido estricto: cuando se violan las leyes del hacer/ pensar, tales como de la no contradicción (nada puede ser y no ser al mismo tiempo), la de identidad (correspondencia de las conclusiones a las pruebas), y la del tercio excluido (una proposición es verdadera o falsa, no hay tercera opción), entre otros, omitiendo los principios elementales de la lógica y la experiencia común.

4.4. Asimismo, el derecho a la motivación de las resoluciones judiciales tiene como una de sus expresiones al principio de congruencia, el cual exige la identidad que debe mediar entre la materia, las partes, los hechos del proceso y lo resuelto por el juzgador, en virtud a lo cual los Jueces no pueden otorgar más de lo demandado o cosa distinta a lo pretendido, ni fundar sus decisiones en hechos no aportados por los justiciables, con obligación entonces de pronunciarse sobre las alegaciones expuestas por las partes, tanto en sus escritos postulatorios como, de ser el caso, en sus medios impugnatorios, de tal manera que cuando se decide u ordena sobre una pretensión no postulada en el proceso, y menos fijada como punto controvertido, o a la inversa, cuando se excluye dicho pronunciamiento, se produce una incongruencia, lo que altera la relación procesal y transgrede las garantías del proceso regular. En el sentido descrito, se tiene que la observancia del principio de congruencia implica que en toda resolución judicial exista: 1) coherencia entre lo peticionado por las partes y lo finamente resuelto, sin omitir, alterar o excederse de dichas peticiones (congruencia externa); y, 2) armonía entre la motivación y la parte resolutiva (congruencia interna), de tal manera que la decisión sea el reflejo y externación lógica, jurídica y congruente del razonamiento del juzgador, conforme a lo actuado en la causa concreta, todo lo cual garantiza la observancia del derecho al debido proceso, resguardando a los particulares y a la colectividad de las decisiones arbitrarias, conforme a lo establecido por el Tribunal Constitucional en el fundamento jurídico número once de la sentencia número 1230-2003-PCH/TC. Es en el contexto de lo indicado que este supremo colegiado verificará si se han respetado o no en el asunto concreto las reglas de la motivación.

4.5. Ahora bien, debe evaluarse que la exigencia de motivación suficiente garantiza que el justiciable pueda comprobar que la solución del caso concreto viene dada por una valoración racional de la fundamentación fáctica de lo actuado y la aplicación de las disposiciones jurídicas pertinentes, facilitando así la crítica interna y el control posterior de las instancias revisoras12, todo ello dentro de la función endoprocesal de la motivación. Paralelamente, permite el control democrático de los jueces que obliga, entre otros hechos, a la publicación de la sentencia, a la inteligibilidad de la decisión y a la autosuficiencia de la misma13. En tal virtud, los destinatarios de la decisión no son solo los justiciables, sino también la sociedad, en tanto los juzgadores deben rendir cuenta a la fuente de la que deriva su investidura14, todo lo cual se presenta dentro de la función extraprocesal de la motivación.

Por ello, la justificación racional de lo que se decide es interna y externa. La primera gravita en comprobar que el paso de las premisas a la conclusión es lógicamente – deductivamente- válido, sin importar la validez de las propias premisas. La segunda, justificación externa, gravita en controlar la adecuación o solidez de las premisas15, lo que admite que las normas contenidas en la premisa normativa sean normas aplicables en el ordenamiento jurídico y que la premisa fáctica sea la expresión de una proposición verdadera16. En esa perspectiva, la justificación externa requiere: a) que toda motivación sea congruente, por lo que no cabe que sea contradictoria; b) que toda motivación sea completa, debiendo motivarse todas las opciones; y, c) que toda motivación sea suficiente, siendo necesario expresar las razones jurídicas que garanticen la decisión17.

4.6. Finalmente, tenemos que el contenido constitucionalmente protegido del derecho a la motivación se concretiza logrando su vigencia efectiva, siempre y cuando se vislumbre una adecuada argumentación jurídica del órgano jurisdiccional: i) delimitando con precisión el problema jurídico que se derive del análisis del caso concreto; ii) desarrollándose de modo coherente y consistente la justificación de las premisas jurídicas aplicables, argumentando respecto a la aplicación e interpretación de dichas normas al caso; iii) justificando las premisas fácticas derivadas de la valoración probatoria; y, iv) observando la congruencia entre lo pretendido y lo decidido. Al evaluar la justificación interna del razonamiento en la motivación de las resoluciones judiciales, se incide en el control del aspecto lógico de la sentencia18, consistente en la evaluación del encadenamiento de los argumentos expuestos, esto es verificando el vínculo y relación de las premisas normativas y su vinculación con las proposiciones fácticas acreditadas que determinará la validez de la inferencia, lo que implica el control de la subsunción, o ponderación, que culminará en la validez formal de la conclusión en la resolución judicial.

El control de las decisiones jurisdiccionales y el debido proceso en su expresión de motivación de las resoluciones judiciales aplicados al caso concreto

QUINTO.- Desarrollados los supuestos teóricos precedentes, corresponde ahora determinar si la resolución judicial recurrida ha transgredido el derecho a la tutela jurisdiccional efectiva, el debido proceso en su elemento medular de motivación, defensa y valoración probatoria y, para ello, el análisis debe efectuarse a partir de los propios fundamentos o razones que sirvieron de base a la misma, por lo que cabe realizar el examen de las razones o justificaciones expuestas en la resolución materia de casación, no sin antes dejar anotado que la función de control de este Tribunal de Casación es de derecho y no de hechos, precisando además que las demás piezas procesales o medios probatorios del proceso sólo pueden ser evaluados para contrarrestar las razones expuestas en la resolución acotada, más no pueden ser objeto de una nueva evaluación o análisis. En tal virtud para la absolución de las infracciones denunciadas se acude a la base fáctica fijada por las instancias de mérito, así como a los argumentos esgrimidos en la sentencia impugnada, requiriendo dicha labor identificar el contenido normativo de las disposiciones constitucionales para establecer si los numerales 3 y 14 del artículo 139° de la Constitución Política del Perú y los artículos I y III del Título Preliminar y 197° del Código Procesal Civil han sido vulnerados, para cuyo efecto este Supremo Tribunal debe verificar si el paso de las premisas fácticas y jurídicas a la conclusión arribada en la Sentencia de Vista recurrida en casación, ha sido lógica o deductivamente válido, sin devenir en contradictoria.

5.1. Encaminados al logro del propósito aludido, debemos partir señalando que el presente proceso judicial es uno de prescripción adquisitiva de dominio, que constituye una forma originaria de adquirir la propiedad de un bien, basada en la posesión del mismo por un determinado lapso de tiempo y cumpliendo con los requerimientos exigidos por la ley, conllevando ello a la conversión de la posesión continua en propiedad y en el que se constituye como sus elementos el tiempo y la posesión de un bien determinado. Precisamente este último elemento determina que la procedencia de la usucapión se dará cuando necesariamente la posesión reúna determinados requisitos, con los que se construye una verdadera categoría de posesión; en ese sentido se orientan los artículos 950° y 951° del Código Civil 19, distinguiendo dos clases de prescripción: a) la ordinaria (corta); y, b) la extraordinaria (larga), requiriéndose en ambos casos lo siguiente: i) la posesión, sea continua, pacifica, publica y como propietario; y, ii) el tiempo, el que difiere según en qué clase de prescripción nos encontremos, ya que para la prescripción extraordinaria de bienes inmuebles se necesitan diez años y para bienes muebles cuatro años, en tanto que para la prescripción ordinaria de bienes inmuebles se necesitan cinco años y para bienes muebles dos años. La prescripción ordinaria de bienes muebles o inmuebles, necesita además de los requisitos de que la posesión sea continua, pacifica, publica y como propietario, los requisitos especiales de contar con justo título y la buena fe, lo que no ocurre con la prescripción extraordinaria, que no requiere de estos dos últimos requisitos, dado que por ilegítima que sea la posesión vale prescribir, siempre que se cumplan los plazos previstos en los artículos invocados.

5.2. Efectuadas las precisiones legales y conceptuales que anteceden, tenemos que en el caso concreto, de acuerdo a la lectura integral de la demanda, la empresa Agro Meca Sociedad Anónima acude al órgano jurisdiccional a efectos que se le declare propietaria del área rústica de 25.9500 hectáreas que ha formado parte del predio denominado “Santa Rita”, no comprendida en los alcances de la Resolución Ministerial N° 0184-95-AG de fecha dos de mayo de mil novecientos noventa y cinco, que declara incorporado al dominio del Estado 41.7500 hectáreas de dicha unidad matriz y dispone su inscripción en la Ficha N° 001498, área identificada con Unidad Catastral N° 12692, ubicada en el Sector Villacurí, Distrito de Salas, Provincia y Departamento de Ica, señalando que viene poseyéndolo por más de cinco años e, inclusive más de diez años, al haber adquirido su posesión en virtud de un acto jurídico, como se desprende particularmente de las siguientes transcripciones: “(…) cuya posesión nos a (sic) sido transmitida por Dn. Juan Felipe Parodio Morales y esposa, mediante escritura pública del 18 de mayo del 2000 (…) III.6.- La posesión directa, pacifica, publica y continua como propietaria por parte de la actora, resulta mayor a 5 años, si se atiende a que la transferencia de posesión se origina en escritura pública de 18 de Mayo del 2000; y superior a 10 años con la adición a que autoriza el artículo 898° del C.C. (… ) IV.5.- En nuestra posesión concurre buena fe y justo título (…) Esta buena fe de nuestra parte, como poseedor consiste en la creencia de que la persona de quien hemos recibido el bien en cuestión era dueño de ella, y podía transmitir su dominio”20.

5.3. Se aprecia entonces que de acuerdo a los hechos que sostiene la parte accionante, estamos frente a la prescripción adquisitiva ordinaria de bien inmueble, en la que no solo se debe cumplir con los requisitos generales de la posesión (ser pacífica, continua, pública y como propietario), sino que además se suman los requisitos de justo título y buena fe, lo que se precisa aquí debido a que el órgano de primera instancia, en la Audiencia de Conciliación del veinticuatro de mayo de dos mil diez21, no lo indicó al fijar los puntos controvertidos, y la Sala Superior de origen parece entender que lo planteado en la demanda es la prescripción adquisitiva larga, según se aprecia del fundamento 5.3 de la sentencia de vista.

5.4. Ahora bien, tenemos que las infracciones normativas procesales resumidamente se han basado en señalar que la Sala Superior ha vulnerado el debido proceso, al aplicar recortadamente el artículo 197°del Código Procesal Civil, circunscribiéndose a la interpretación errada del contenido de los certificados literales de dominio, separados de las demás pruebas aportadas, que ésta sola valoración vulnera los derechos de tutela jurisdiccional efectiva, debido proceso y defensa, dado que al no haber aplicado adecuadamente el citado precepto legal se estaría perjudicando el derecho de propiedad, considerando además que no se cumple con la finalidad contemplada en el artículo III del Título Preliminar del ordenamiento procesal civil, que busca la verdad histórica, lo que hace forzoso la valoración de las pruebas de manera conjunta.

5.5. Como se desprende de la sentencia de vista recurrida en casación, la línea argumentativa de la Sala de Apelación ha tenido como primer nivel de análisis determinar si concurren en forma copulativa los requisitos previstos en el artículo 950° del Código Civil, partiendo con establecer si se ha probado que la parte demandante se encuentran poseyendo el bien inmueble materia del proceso. Para ello refiere haber examinado los medios probatorios admitidos y actuados en el proceso, afirmando en los fundamentos 5.5, 5.6 y 5.7 que del examen de lo actuado, en particular del documento de transferencia de posesión22, inspección judicial e informe pericial23, se ha probado que la accionante ha venido ejerciendo la posesión del terreno materia del petitorio desde el año dos mil, que corresponde a la fecha de traslación de posesión que la sociedad conyugal integrada por Juan Felipe Parodi Morales y Adela Adalguisa Huayanca Granados le otorgara respecto del predio con Unidad Catastral N° 12692 de 25.9500 hectáreas, señalando además que en el informe pericial actuado no se concluye que la Unidad Catastral N° 12692 pertenece a la Unidad Catastral N° 11822, como tampoco se desprende de las copias literales de dominio, considerando que no se ha probado la posesión del predio con Unidad Catastral N° 11822 inscrito e n la Ficha N° 1442-010108 y que en la demanda no se ha precisado que la Unidad Catastral N°12692 pertenece a la Unidad Catastral N° 11822, por lo que ello no ha sido objeto de debate; asimismo, afirma la Sala Superior que si bien en el informe pericial se concluye que el predio materia del proceso está inmerso dentro de uno mayor, ello es difuso e impreciso.

SEXTO.- Frente a las argumentaciones expuestas por la instancia superior, considerando además las explicaciones que despliega la actora en la demanda y atendiendo a los medios probatorios admitidos y actuados en el transcurso de la causa, se hace necesario esclarecer las razones que evidencian la afectación del derecho al debido proceso, en su vertiente a la debida motivación de las resoluciones judiciales, ésta última en sus expresiones de congruencia procesal y derecho a la prueba, efectuando las siguientes precisiones:

El derecho a la prueba y la valoración probatoria

6.1. El derecho a la prueba, en el contexto del artículo 188° del Código Procesal Civil, tiene por finalidad conseguir el convencimiento del órgano jurisdiccional respecto del asunto jurídico debatido; en caso contrario, si el juzgador no valora o no toma en consideración los resultados probatorios, se falla al no hacer efectivo el precitado derecho constitucional, convirtiéndolo en una garantía ficticia y meramente ritualista24.

6.2. La valoración o apreciación de la prueba judicial es considerada en doctrina como una operación mental que realiza el juez para conocer el mérito o valor de convicción que pueda deducirse de su contenido. En nuestro ordenamiento procesal civil la actividad probatoria es regulada en el artículo 197° del Código Procesal Civil, estableciendo que todos los medios probatorios son valorados por el juez en forma conjunta, utilizando su apreciación razonada. En otras palabras, todos los medios probatorios deben ser apreciados como un todo, bajo el entendido que la prueba actuada pertenece al proceso y como tal debe ser examinada y valorada por el juzgador en forma conjunta, confrontando uno a uno los diversos medios de prueba, puntualizando su concordancia o discordancia, para que a partir de dicha evaluación el órgano judicial se forme una cabal convicción respecto al asunto litigioso, precisando también el precepto legal invocado que en la resolución sólo serán expresadas las valoraciones esenciales y determinantes que sustentan su decisión.

6.3. En relación a la violación a las reglas relativas a la actividad probatoria que contempla el artículo 197° del Código Procesal Civil, también es pertinente anotar que dicha labor se encuentra concatenada con el Principio de motivación de las resoluciones judiciales, desde que la verificación de una debida motivación sólo es posible si en las consideraciones de la sentencia se expresan las razones suficientes que sustentan la decisión y que justifiquen el fallo, las cuales deben ser razonadas, objetivas, serias y completas, cuyas conclusiones deben extraerse de la evaluación de los hechos debidamente comprobados, lo que presume una adecuada valoración de los medios probatorios.

6.4. Marcelo Sebastián Midón, en relación al principio de motivación conjunta de los medios probatorios, sostiene que: “(…) en el caso del derecho a la prueba, este contenido esencial se integra por las prerrogativas que posee el litigante a que se admitan, produzcan y valoren debidamente los medios aportados al proceso, con la finalidad de formar la convicción del órgano judicial acerca de los hechos articulados como fundamentos de su pretensión o de defensa. El derecho a la adecuada valoración de la prueba se exhibe, entonces, como manifestación e ineludible exigencia del derecho fundamental a probar. Si el poder de probar tiene por finalidad producir en el juzgador convicción suficiente sobre la existencia o inexistencia de los hechos litigiosos, este se convertiría, alerta Taruffo, en una garantía ilusoria, en una proclama vacía, si el magistrado no pondera o toma en consideración los resultados obtenidos en la actuación de los medios probatorios (…) el derecho a probar se resiente, y por consiguiente, también la garantía del debido proceso, si el juzgador prescinde de valorar algún medio probatorio admitido; o lo hace de manera defectuosa, invocando fuentes de los que se extraen las consecuencias aseveradas como fundamento de la sentencia, o atribuyendo valor de la prueba a la que no puede tener ese carácter (sea por desconocimiento de una norma legal que predetermina la valoración de la prueba o por conceder eficacia a pruebas ilícitas o por violar proposiciones lógicas, u observaciones de la experiencia)”25.

SÉPTIMO.- En la demanda de autos se ha precisado que la prescripción adquisitiva de dominio está referida al área de 25.9500 hectáreas del predio matriz denominado “Santa Rita”, con Unidad Catastral N° 12 692, no comprendido en los alcances de la Resolución Ministerial N° 0184-95-AG , que dispone incorporar al dominio del Estado, de la mencionada matriz, 41.7500 hectáreas, inscribiéndose en la Ficha N° 001498-010108 del Registro de Propiedad Inmueble de los Registros Públicos de Ica. Se alega además, entre otros hechos, que la posesión se adquirió de Juan Felipe Parodi Morales y cónyuge, según escritura pública del dieciocho de mayo de dos mil26, ofreciendo y recopilando como parte de las pruebas acopiadas el plano de ubicación y perimétrico autorizado por el Proyecto Especial de Titulación de Tierras y Catastro Rural-PETT, copia literal de dominio de la Partida completa del bien, Ficha N° 1442-010108, certificación expedido por la Municipalidad Distrital de Salas, Informe Técnico N° 690-98-CTAR-DRAG-I-PET T-CR, copia literal de dominio de la Ficha N° 1498-010108, Resolución Administrativa N° 136-2001- CTAR-DRAG-I/ARDRI27, los actuados penales sobre usurpación acompañado, expediente N° 257-90, teniendo como denunciante a U PACITEC y como denunciados a Juan Felipe Parodi Morales, Carlos Hernán Parodi Huayanca y Guillermo Alberto Parodi Morales, y los actuados civiles sobre reivindicación también acompañado, expediente N° 125-94, seguido por UPACITEC contra los denunciados en el proceso penal, proceso en el que se emitió la Casación N° 92- 95, declarando improcedente el recurso de casación interpuesto por UPACITEC28.

7.1. Los citados documentos públicos fueron admitidos como medios probatorios, de acuerdo al contenido del acta de audiencia de conciliación de fecha veinticuatro de mayo de dos mil diez29, y, en ese sentido, deben formar parte del caudal probatorio objeto de valoración por los órganos jurisdiccionales de mérito, confrontando uno a uno, puntualizando su concordancia o discordancia, para que a partir de dicha evaluación el órgano judicial se forme una cabal convicción respecto del asunto litigioso y, particularmente, aquellos que de manera directa e indirecta colaboren con la obtención de la verdad de las premisas fácticas fijadas en autos, haciendo uso, en su caso, de los mecanismos que sobre el particular el ordenamiento procesal ha diseñado, como los sucedáneos de los medios probatorios regulados en el artículo 275° del Código Procesal Civil30, tales como el indicio y la presunción previstos en los artículos 276° y 277° del acotado cuerpo procesal31.

7.2. De la lectura analítica de la sentencia de vista aparece que la confrontación valorativa de los medios probatorios, no obstante lo señalado en el fundamento 5.332, se ha limitado a evaluar la diligencia de inspección judicial, el dictamen pericial y las copias literales de dominio adjuntadas con la demanda y las remitidas por la SUNARP, actividad que no satisface, en estricto, los parámetros de la valoración probatoria diseñado en el artículo 197° del Código Procesal Civil, al no haberse considerado los demás medios probatorios actuados que se han precisado en la parte introductoria del presente considerando, ni expuesto las razones por las que no forman parte de su razonamiento, las mismas que a la luz del fundamento central por el cual el Colegiado Superior desestima la demanda -no se ha acreditado que el predio con U.C. N° 12692 pertenec e al predio con U.C. N° 11822, por lo que no está probada la posesión inmediata invocada por la actora-, contienen hechos que se vinculan con el predio objeto de usucapión, atendiendo a que: i) el plano y memoria descriptiva aparecen visados por el PETT; ii) la certificación municipal ha sido emitida por la Municipalidad Distrital de Salas Guadalupe y no por la Municipalidad Provincial de Ica, quien a través del Oficio N° 0635-2016-DGOPC-GDU-MPI33 informó al juzgado que carecían de información sobre el predio con Unidad Catastral N° 12692, lo q ue resulta entendible desde que la jurisdicción que comprendería el inmueble materia del proceso sería la municipalidad distrital mencionada, por lo que en ese escenario devenía pertinente solicitar información a ésta última comuna edil, así como al Ministerio de Agricultura, para definir el predio ocupado por la actora identificado con Unidad Catastral N° 12692; iii) en el Informe Técnico N° 6 90-98-CTAR-DRAG-S-PETT-CR se opina por la transferencia a favor de Juan Felipe Hernán Parodi Morales (inmediato transferente de la demandante) de 69.98 hectáreas del fundo denominado “Santa Rita”; y, iv) la Resolución Administrativa N° 136-2001-CTAR- DRAG-I/ATDRI, por la que la Administración Técnica del Distrito de Riego de Ica autoriza la colocación de un pozo tubular en el predio “Santa Rita”, dentro del predio con Unidad Catastra N°11822.

7.3. En esa medida, la información contenida en tales medios probatorios no puede soslayarse en su valoración, debiendo por el contrario examinarse con el resto de las pruebas actuadas, con el propósito de obtener información suficiente y completa que permita establecer la debida identificación del predio con Unidad Catastral N° 12692, que viene poseyendo la empresa pretensora/casante, y, sobre todo, si éste se desprende del predio matriz independizado que continua siendo registrado como Unidad Catastral N° 11822, y/o, como se sostuvo en la primera sentencia de vista, corriente de fojas quinientos treinta y uno a quinientos treinta y nueve: “(…) 8.1.- Conforme la pretensión del actor, este solicita la prescripción adquisitiva del predio denominado ‘Santa Rita’, signado con la U.C. N° 12692, ubicado en el Distrito de Salas Guadalupe, Provincia y Departamento de Ica, tiene un área de 25.9500 hás, entonces, el A-quo mediante la venida en consulta no puede afirmar que dicho predio se encuentra inscrito en la Partida Registral N° 001442, por cuanto en dicha partida se encuentra inscrita un predio con U.C. N° 11822, para lo cual, en todo caso debió pedir informe a Registro Públicos o la Municipalidad Provincial de Ica, si se tratan de un mismo bien o no” (subrayo último nuestro), que fue uno de los motivos que generaron la entonces nulidad declarada, y que no se advierten esclarecidos hasta el momento.

7.4. En cuanto a las copias literales de dominio presentadas con la demanda34 y los antecedentes dominiales presentadas por la SUNARP35, se desprende que ellas corresponden a las Partidas Registrales N°s 4001433 7 (antes Ficha N° 1442) y 11011129 (antes Ficha N° 1498), apreciándose que en ambos registros se hace referencia, en común, a la independización a favor del Estado peruano – Ministerio de Agricultura, de 41.7500 hectáreas, recogiendo la inscripción de actos traslativos tanto a favor de UPACITEC como a favor de Agro Meca, e infiriéndose que dichas partidas registrales estarían aludiendo a un mismo predio que a razón de la mencionada independización originó la apertura de la Partida N° 11011129, lo que no ha sido evaluado (o en todo caso esclarecido) por el Tribunal de Apelación, a lo que se suma que de acuerdo a la sentencia de Sala Superior del diez de febrero de mil novecientos noventa y cinco36, emitida en el Expediente N° 125-94, se precisa que al inmediato transferente de UPACITEC, Ronald Sosa Hernández, solo se le reconoció la posesión de 5.5000 hectáreas, según Certificado de Posesión N° 0324 del año de mil novecientos setenta y cinco.

7.5. Asimismo, se observa que la sala de apelación precisa que el dictamen pericial actuado no concluye que el predio con Unidad Catastral N° 12692 pertenece a la Unidad Catastral N° 11822, ni las copias literales de dominio informan en tales términos; sin embargo, no aprecia el colegiado superior que la labor del órgano de auxilio judicial es técnica y no jurídica, siendo además que el peritaje no tuvo como objeto establecer si la Unidad Catastral N° 12692 s e desprende de la Unidad Catastral N° 11822 y, como bien refiere la propia S ala Superior, no fue tampoco planteado en la demanda ni fijado como punto controvertido37, por lo que no podría admitirse como un argumento válido del colegiado para desestimar la pretensión de la demanda.

7.6. Esa misma línea de inconsistencia se presenta en torno al razonamiento por el cual el Tribunal Superior afirma que si bien en el dictamen pericial se precisa que el inmueble inspeccionado se encuentra dentro de un predio de mayor extensión también en posesión de la actora, sin embargo ello es difuso e impreciso; sobre el particular, se aprecia que no se otorgan las razones que motiven tal afirmación, más todavía cuando del mismo documento pericial en el punto 5.1 de las “conclusiones”, se anota que el predio “Santa Rita” de U.C. N° 12692 de 25.95 hectáreas, fue plenamente identificado con ayuda de un equipo satelital, describiendo sus áreas, linderos, medidas perimétricas y colindancias.

7.7. Asimismo, en las líneas finales del fundamento 5.6, la Sala Superior afirma genéricamente que no puede inferirse que la Unidad Catastral N° 12692 pertenece a la Unidad Catastra N° 11822 porque “(…) tampoco está corroborado con las copias literales adjuntadas, ni con otras pruebas actuadas en el proceso”; sin embargo, no precisa cuáles son estos medios probatorios a los que alude y menos aún brinda las razones de por qué no formaron parte de la valoración probatoria (justificación insuficiente), cuando los lineamientos fijados en el artículo 197° del Código Procesal Civil así lo exige, conforme al desarrollo que sobre el particular se ha realizado en la presente ejecutoria suprema.

7.8. De otro lado, fluye del recurso de casación que la recurrente denuncia que la Sala Superior ha omitido pronunciarse respecto a su solicitud de recalificación del concesorio de apelación, que efectuó a través de los escritos del dos de octubre y diecisiete de noviembre de dos mil diecisiete38, siendo a través de este último absuelve el traslado del recurso vertical. Sobre ello, es cierto que tal reclamo referido en estricto a la falta de legitimación de la SUNAT no fue contestado; sin embargo, debe considerarse que la omisión del colegiado superior no es trascendente, toda vez que no hubo oposición a su apersonamiento y se ha establecido en este pronunciamiento supremo, como “cuestión previa”, que tal asunto ha sido superado fáctica y normativamente, por lo que carece de la consistencia debida.

OCTAVO.- En la secuencia argumentativa desarrollada, se advierte con meridiana claridad que la Sala Superior no ha efectuado una suficiente valoración probatoria en los términos establecidos por el artículo 197° d el Código Procesal Civil, afectando con ello el derecho al debido proceso, a la defensa y a la debida motivación de las resoluciones judiciales, reconocidos en el artículo 139° incisos 3, 5 y 14 de la Constitución Política del Estado, así como los derechos contenidos en los artículos I y III del Título Preliminar del acotado Código, ello en la apreciación que la fundamentación del Colegiado de mérito se ha basado en una inadecuada e insuficiente apreciación de los medios probatorios, deviniendo la causal procesal examinada en fundada.

NOVENO.- Por último, al generarse el reenvío de la causa a la instancia superior de mérito, no es posible emitir pronunciamiento sobre las infracciones normativas restantes denunciadas en el recurso casatorio, conforme lo previsto en el inciso 1 del artículo 396°del Código Procesal Civil, correspondiendo también precisar que lo decidido de modo alguno comporta la apreciación negativa o positiva por parte de este Supremo Tribunal de Casación respecto a la pretensión contenida en la demanda de autos, sino que éste simplemente se limita a sancionar con nulidad la resolución recurrida, por las razones ya anotadas.

III.- DECISIÓN:

Por tales fundamentos y de acuerdo a lo regulado además por los artículos 171° y 395°del Código Procesal Civil, RESOLVIERON:

PRIMERO.- DECLARAR FUNDADO el recurso de casación interpuesto por la empresa demandante Agro Meca Sociedad Anónima.

SEGUNDO.- DECLARAR NULA la sentencia de vista contenida en la resolución número noventa y cinco de fecha cinco de enero de dos mil dieciocho, corriente de fojas ochocientos cuarenta y cuatro a ochocientos cuarenta y nueve de los autos principales, expedida por la Segunda Sala Civil de la Corte Superior de Justicia de Ica, y en consecuencia, SE ORDENA que la citada Sala Superior emita nuevo pronunciamiento con atención a lo expuesto en la presente ejecutoria suprema.

TERCERO.- DISPONER la publicación de la presente resolución en el diario oficial “El Peruano”, conforme a ley; en los seguidos por la demandante Agro Meca Sociedad Anónima contra los demandados Universidad Particular de Ciencia y Tecnología- UPACITEC y otros, sobre prescripción adquisitiva de dominio; y los devolvieron; interviene como ponente el señor Juez Supremo Yaya Zumaeta.-


1 Según los cargos que obran de fojas 643 vuelta a 644 vuelta del expediente principal, el conocimiento conferido a la demandante, respecto del pedido de intervención coadyuvante de la SUNAT, se dio a conocer a todos los sujetos procesales.
2 Debe precisarse que la Sala Superior ha errado en insertar primero la resolución N° 94 y luego el escrito de pedido de uso de la palabra presentado por la SUNAT.
3 Mediante Resolución N° 11 del 25 de julio de 2008, obrante en copia certificada a fojas 241 y 242 de los autos principales, se declaró la extromisión del Ministerio de Agricultura y se integró a la relación procesal, en representación del Estado, al Procurador Público Ad Hoc titular encargado de los asuntos judiciales del Ex Proyecto Especial de Ttitulación de Tierras y Catastro Rural-PETT.
4 Monroy Cabra, Marco Gerardo, Principios de Derecho Procesal Civil, Segunda Edición, Editorial Temis Librería, Bogotá Colombia, 1979, página 359.
5 De Pina Rafael, Principios de Derecho Procesal civil, Ediciones Jurídicas Hispano Americanas, México D.F, 1940, página 222.
6 Faúndez Ledesma, Héctor, “El Derecho a un juicio justo”. En: Las garantías del debido proceso (Materiales de Enseñanza) Lima. Instituto de Estudios Internacionales de la PUCP y Embajada Real de los Países Bajos, página 17.
7 Artículo 139° inciso 3) de la Constitución Política del Perú.- Son principios y derechos de la función jurisdiccional:
(…) 3. La observancia del debido proceso y la tutela jurisdiccional.
8 Artículo 122° inciso 3) del Código Procesal Civil.- Las resoluciones contienen: (…) 3. La mención sucesiva de los puntos sobre los que versa la resolución con las consideraciones, en orden numérico correlativo, de los fundamentos de hecho que sustentan la decisión, y los respectivos de derecho con la cita de la norma o normas aplicables en cada punto, según el mérito de lo actuado.
9 Artículo 12° del Texto Único Ordenado de la Ley Orgánica del Poder Judicial.- Todas las resoluciones, con exclusión de las de mero trámite, son motivadas, bajo responsabilidad, con expresión de los fundamentos en que se sustentan. Esta disposición alcanza a los órganos jurisdiccionales de segunda instancia que absuelven el grado, en cuyo caso, la reproducción de los fundamentos de la resolución recurrida, no constituye motivación suficiente.
10 Artículo 139° inciso 5) de la Constitución Política del Perú.- Son principios y derechos de la función jurisdiccional:(…) 5. La motivación escrita de las resoluciones judiciales en todas las instancias, excepto los decretos de mero trámite, con mención expresa de la ley aplicable y de los fundamentos de hecho en que se sustentan.
11 El Tribunal Constitucional en el Expediente N° 1480-2006-AA/TC ha puntualizado que: “(…) el derecho a la debida motivación de las resoluciones importa que los jueces, al resolver las causas, expresen las razones o justificaciones objetivas que los llevan a tomar una determinada decisión. Esas razones, (…) deben provenir no sólo del ordenamiento jurídico vigente y aplicable al caso, sino de los propios hechos debidamente acreditados en el trámite del proceso. Sin embargo, la tutela del derecho a la motivación de las resoluciones judiciales no debe ni puede servir de pretexto para someter a un nuevo examen las cuestiones de fondo y decididas por los jueces ordinarios”.
12 ALISTE SANTOS, Tomás Javier. La Motivación de las resoluciones judiciales. Marcial Pons. Madrid-Barcelona-Buenos Aires. Página 157-158. Guzmán, Leandro. Derecho a una sentencia motivada. Editorial Astrea, Buenos Aires-Bogotá 2013, páginas 189-190
13 IGARTUA SALAVERRÍA, Juan. El razonamiento en las resoluciones judiciales. Palestra-Temis, Lima-Bogotá 2014, página 15.
14 La motivación de la sentencia civil. Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación. México 2006, páginas 309-310.
15ATIENZA, Manuel, “Las razones del Derecho. Sobre la justificación de las decisiones judiciales. En http://razonamientojurídico.blogspot.com.
16 MORESO, Juan José y Vilajosana, Josep María. Introducción a la Teoría del Derecho. Madrid, Marcial Pons Editores, página 184.
17 IGARTUA SALAVERRÍA, Juan. Ob. Cit., página 26.
18 En: Martínez, David (2007) Conflictos constitucionales, ponderación e indeterminación normativa. Marcial Pons, Madrid, página 39, “Una decisión está internamente justificada si y sólo sí entre las premisas utilizadas y la conclusión del razonamiento existe una conexión lógica (la conclusión se deduce lógicamente de las premisas, mediante un razonamiento válido).
19 Artículo 950° del Código Civil
La propiedad inmueble se adquiere por prescripción mediante la posesión continua, pacífica y pública como propietario durante diez años. Se adquiere a los cinco años cuando median justo título y buena fe.
Artículo 951° del Código Civil
La adquisición por prescripción de un bien mueble requiere la posesión continua, pacífica y pública como propietario durante dos años si hay buena fe, y por cuatro si no la hay.
20 Folios 69, 71, 73 y 75 del expediente principal.
21 El Acta de Audiencia de Conciliación corre inserta de fojas 371 a 373 del expediente principal.
22 De fojas 14 a 16 del expediente principal corre el Contrato Privado de transferencia a favor de la empresa demandante, de fecha 12 de mayo de 2000, por el que se transfiere a favor de la actora la posesión del terreno rústico denominado “Santa Rita”, correspondiente a la Unidad Catastral N° 12692, con una extensión de 25.9500 hectáreas, y Escritura Pública que lo contiene de fecha 18 de mayo de 2000, inserta de fojas 17 a 19 y reverso del mismo expediente.
23 El Acta de inspección judicial corre inserto de fojas 448 y el Informe pericial obra de fojas 453 a 459.
24 Casación N° 2558-2001-PUNO, publicada el 01 de abril de 2002.
25 Marcelo Sebastián Midón. Derecho Probatorio. Parte General. Buenos Aires, Ediciones Jurídicas, Cuyo, 2007; páginas 167 y 168.
26 Inserta en copia legalizada notarialmente de fojas 17 a 19 y reverso del expediente principal.
27 Insertos a fojas 6-7, 8-9, 13, 20-21, 27-28 y 63-64 del expediente principal.
28 Los mencionados expedientes judiciales y demás documentos también han sido ofrecidos en su totalidad y en parte por los demandados, como se desprende de sus escritos de absolución a la demanda, que incluye al curador procesal de la codemandada UPACITEC
29 Inserta de fojas 371 a 373 del expediente principal.
30 Artículo 275° del Código Procesal Civil
“Los sucedáneos son auxilios establecidos pro la ley o asumidos por el Juez para lograr la finalidad de los medios probatorios, corroborando, complementando o sustituyendo el valor o alcance de éstos”.
31 Artículo 276° del Código Procesal Civil. Indicio
“El acto, circunstancia o signo suficientemente acreditados a través de los medios probatorios, adurieren significación en su conjunto cuando conducen al Juez a la certeza en torno a un hecho desconocido relacionado con la controversia”.
Artículo 277° del Código Procesal Civil. Presunción
“Es el razonamiento lógico-crítico que a partir de uno o más hechos indicadores lleva al Juez a la certeza del hecho investigado. La presunción es legal o judicial”.
32 La Sala Superior en el fundamento 5.3 expresa: “(…) se tendrá que examinar los medios probatorios admitidos y actuados, con la finalidad de determinar si se encuentra acreditado, que la parte demandante se encuentra poseyendo el bien inmueble materia de litis, (…)”.
33 Inserto a fojas 718 del expediente principal.
34 Insertas a fojas 8 y 9 y de fojas 27 a 30 del expediente principal.
35 Inserta de fojas 601 a 611 del expediente principal.
36 Inserto de fojas 321 a 323 del acompañado.
37 De acuerdo al Acta de Audiencia de Conciliación, de fojas 371 a 373, se fijaron como puntos controvertidos. “1. Determinar si procede o no declarar la prescripción adquisitiva del predio rústico denominado ‘Santa Rita’ de un área de 25.9500 hectáreas no comprendido en la Resolución Ministerial N° 0184-95-AG inscrita en la Ficha N° 001442-010108 (…). 2. Determinar si como consecuencia de ello procede ordenar la inscripción del bien inmueble antes referido en el Registro de Propiedad Inmueble como de propiedad de la demandante cancelando el asiento de dominio a favor de la demandada UPACITEC. 3. Determinar si la posesión ha sido pacifica, continua y pública durante el periodo establecido en la ley”.
38 Insertos a fojas 803 y fojas 830 a 836 del expediente principal, advirtiéndose similar denuncia en el escrito obrante de fojas 807 a 809 del mismo expediente.

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